Conatel anunció este viernes, 9 de octubre, que aprobó “la Habilitación General HGTS-00639 y siete Concesiones Generales en la banda Ku” a favor de la sociedad mercantil SPACEX VZ, S.C.A, con lo que Starlink, el servicio de internet satelital propiedad de Elon Musk, queda autorizado legalmente para operar en Venezuela.
El ente lo informó a través de su cuenta en X y argumentó que la decisión es parte de las políticas del Estado venezolano para “democratizar el acceso a la tecnología y garantizar la conectividad a la población”.
Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por parte de fuerzas militares estadounidenses, la empresa Starlink hizo una concesión y otorgó banda ancha gratuita al pueblo venezolano hasta el 3 de febrero. Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo y que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la administración de Donald Trump, reposteó el mensaje con una frase de apoyo “al pueblo de Venezuela”.
Desde hacía años algunos venezolanos hacían uso de este servicio de manera informal. Según estimó el periodista especializado en tecnología, William Peña, para enero existían unos 60.000 ciudadanos con antenas de Starlink en el país. Los usuarios dependían del plan itinerante regional o global. Es decir, registraban los equipos utilizando direcciones de facturación y cuentas en países donde el servicio sí era oficial, como Colombia o Estados Unidos, y al activar la función de roaming las antenas recibían internet porque la red de satélites también emite señal sobre el territorio venezolano.
El 8 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sería una pieza clave de la agenda legislativa de este año, plan que la Asamblea Nacional recogió en su agenda 2026-2027. Se trató de una admisión de que el marco regulatorio necesitaba cambios mientras el servicio satelital empezaba a llegar a más hogares.
El 4 de febrero de 2026, Starlink pasó de la gratuidad a la venta. En ese entonces el servicio quedó disponible por dos vías: la compra de kits nuevos en distribuidores autorizados o el cambio de clientes con plan itinerante a un plan residencial con descuento. La empresa identificó como distribuidores a Daka, Multimax y SoyTechno, y estableció que cada cuenta venezolana solo podía tener un kit. También indicó que a partir del 6 de marzo las nuevas activaciones residenciales podrían incluir un recargo único por demanda que variaría según la dirección del servicio. Conatel, sin embargo, nunca emitió una declaración sobre el tema.
Un negocio montado a la vista de todos
Mientras el marco legal estaba en pausa, el negocio se organizaba y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela daban un giro de 180 grados para fortalecerse. Multimax pasó a presentarse como la marca oficial y autorizada de Starlink en Venezuela, y anunció que los primeros kits ya estaban disponibles en sus 47 tiendas en todo el territorio nacional.
El líder del acuerdo era el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group, quien lo calificó como una meta cumplida y prometió “respaldo, seguridad y garantía”. También se anunció que los usuarios podían pagar la mensualidad del servicio de Internet directamente en bolívares a través del Banco de Venezuela.
Es decir, se establecieron distribuidores, tiendas, un banco público como canal para pagar y la demanda comenzó a aumentar. Sin embargo, se había ignorado todo el marco legal que regula su actividad.
William Peña explicó a Runrun.es en marzo que las operaciones hasta ese momento eran opacas. Recordó que la normativa venezolana vigente exigía una habilitación para explotar servicios de internet y concesión para usar el espectro radioeléctrico, “so pena de ser sancionada penalmente y administrativamente”.
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, quienes estén interesados en prestar estos servicios al público, deben solicitar la habilitación presentando la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante incluyendo los nombres y apellidos, domicilios y los documentos de identificación. El instrumento también establece que los prestadores de servicios deben pagar impuestos.
En ese entonces, al preguntar por una oficina comercial en Venezuela, el asistente del Centro de Ayuda en la página web oficial de la empresa respondió que Starlink operaba principalmente a través de su sitio web y que no tenía información sobre oficinas físicas en el país.
El 25 de junio, un día después de los terremotos que devastaron el país, Starlink anunció en su página web que ofrecería su servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.
En su anuncio de este miércoles, Conatel cita esa acción como un “antecedente de cooperación técnica” y asegura que durante ese período “se probaron con éxito tecnologías de mensajería D2D y capacidad satelital en zonas afectadas”. Lo que no aclara es que Starlink ya tenía meses funcionando en el país fuera de ley. El ente gubernamental insistió en que, con este permiso, ratifica su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de la innovación y la inclusión digital en el país.
Tomando en cuenta que según el Índice de Speedtest Venezuela ocupó para agosto de 2026 el puesto 96 entre 149 países, cualquier oferta de conexión estable encuentra una demanda inmediata.
La legalización de las operaciones de Starlink este 9 de octubre resuelve el estatus de la empresa, pero abre otro debate: la autoridad se hizo la vista gorda durante meses y de eso no hay rendición de cuentas. Para los usuarios, el cambio puede traducirse en mayor certeza sobre su servicio. Para el país, la pregunta es si las reglas del sector valen igual para todos los operadores o dependen de quién llegue y con qué respaldo.
