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Cuidado, profesor, no les dé pulmón

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El ensayo del profesor Fernando Mires –Venezuela: LA TRANSICIÓN BLOQUEADA [abril 4, 2026], posee la virtud del buen manejo metodológico histórico-materialista —que exhibe un hilo argumental ordenado— referencias reconocibles y voluntad interpretativa, pero tropieza en lo sustantivo —aunque de manera elegante— con comparables que se resisten a la realidad.

La Venezuela de hoy, como veremos en el desarrollo del presente análisis, no es la España de Adolfo Suárez, la Polonia de Walesa, la Sudáfrica de Mandela y, mucho menos, el Chile entre Pinochet y Patricio Alwin.

Su tesis central —que la transición venezolana estaría frenada principalmente por la negativa de la oposición liderada por María Corina Machado a “construir puentes” con un supuesto sector aperturista del régimen— descansa sobre una cadena de supuestos discutibles, analogías históricas defectuosas y una lectura selectiva de la política contemporánea. Silogismos de cuatro patas, que por falaces no aplican a la medida. Veamos.

No es ruptura vs. apertura. Es extracción y miedo creíble

Mires propone que la transición venezolana es un proceso inducido externamente determinado en buena medida por la política de EE. UU., en particular por Donald Trump. Pareciera restarle mérito a la crisis interna provocada por una ciudadanía que lo arriesgó todo por años, incluso la vida, para demostrar la fuerza y certeza del voto. Esa evidencia desnudó ante el mundo un régimen usurpador.

Es verdad que sin el patrocinio y tutelaje de EE. UU. [consecuencia] no es viable el quiebre de la coalición dominante. Pero la evidencia empírica va más allá de un reduccionismo geopolítico. La sociedad venezolana ha sido la verdadera causa de su destino. El clímax de su lucha fue el 28-J-2024. Y sin 28-J-24 no existía 3-E-26.

Es decir, al tutelaje norteamericano le preceden más de 5 lustros de resistencia ciudadana —desde “con mis hijos no te metas”, pasando por el 11A, por el Gobierno interino, hasta llegar a María Corina y Edmundo. Historia viva que dan contenido y legítima defensa a la diplomacia de enforcement de la Casa Blanca.

Nos comenta el profesor Mires: “En todos los casos, aunque no siguiendo siempre el mismo orden ha tenido lugar una dialéctica entre tres instancias: ruptura del régimen, apertura política y construcción de un puente entre la oposición y los sectores aperturistas de la dictadura. Ahora bien, esa triada es la que no observamos frente a los eventuales procesos de democratización que podrían tener lugar en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. El argumento se fundamenta en un factor determinante: voluntad de negociación y apertura política como factores esenciales de transición.

El problema con esta tesis es que apertura y voluntad de diálogo del lado opositor ha habido sobradamente. Pero ha sido respondido con plomo y gas del bueno. Quien sistemáticamente dinamitó la democratización fue el régimen, incluido el 28-J. La operación de extracción [3-E26] no condujo a un quiebre natural del régimen, ni a construir puentes [que el chavismo ni quiere ni ha querido]. El régimen no se abre oficiosamente. Es un juego suma-cero. Le hacen obedecer. O lo hace o van por los que quedan. Aquí la dinámica no depende de partes en conflicto, ni de polarización.

Es imposición, saneamiento, estabilización y democratización

En Venezuela cabalgamos hacia una transición política que —es verdad— al igual que en la guerra fría, Europa o Latinoamérica comenzaron esencialmente como resultado de dinámicas internas: crisis de legitimidad, fracturas en las élites, movilización social sostenida.

Así ocurrió en la Europa del Este con figuras como Lech Wałęsa; en Sudáfrica con Nelson Mandela o en América Latina Argentina, Perú, Uruguay o Chile. Pero en el caso venezolano el factor de concreción fue un acto externo de fuerza provocado por la evidencia de un narcoestado que además arrebató una elección a una sociedad que expresó de forma inequívoca su voluntad de cambio. La intervención de EE. UU. obliga al régimen a decantar su propia dinámica. No es negociación, es una orden.

Cuando Mires afirma que “Delcy Rodríguez, está cumpliendo un triple papel: salvadora del chavismo originario ‘traicionado’ por Maduro, representante de los intereses geoestratégicos de los EE. UU. e iniciadora de una apertura que, eventualmente, podría llevar hacia una transición política”, nos induce a valorar una tesis falaz:

  1. Delcy no salva ningún chavismo originario porque solo busca salvarse a sí misma;
  2. Delcy no representa un chavismo sin Chávez o Maduro, solo representa un bote salvavidas donde entran pocos;
  3. Si Delcy traicionó a Maduro [Mires dixit] eso no es apertura, es colaboración a conveniencia; y
  4. Delcy no representa intereses de EE. UU. ni se “abre” a una transición. La disimula y “sonríe” [sin quererlo] una apertura.

No se trata, Mires, de “pragmatismo kissingeriano” o estabilidad a secas. EE. UU. va por más: redemocratizar el país. Y eso no es poco. Entonces María Corina no es un “puente roto”. Es un factor fundamental de salto transicional donde la apertura no depende de ella, sino del agente externo, que utiliza a Delcy por fases. Tanto no es verdad que María Corina rompe puentes, que igual no regresa a Venezuela hasta que las circunstancias lo permitan. Y esa circunstancia se llama EE. UU., no Delcy.

Aquí reposa la segunda debilidad estructural del planteamiento de Mires: presentar a Rodríguez como una líder originaria capaz de representar un “tercer chavismo” [pos Chávez y Maduro] y encarnar una apertura política que predica. Del volteo no surgen liderazgos sino acomodos. Lo que sí ocurre es una decantación de las fuerzas radicales del régimen que ni la propia Delcy podría hacerlo sin una amenaza creíble.

Mal puede hablarse de apertura si no ha habido desmantelamiento del aparato represivo, ni reforma del sistema electoral, ni restitución de la independencia judicial, ni reconocimiento de la oposición como actor legítimo con capacidad de alternancia.

Lo que existe, en el mejor de los casos —insistimos— es una adaptación táctica [inevitable, forzada]. Una estrategia de supervivencia que combina concesiones limitadas con control estructural. Confundir esto con una “apertura” es caer en una ilusión óptica: ver movimiento donde en realidad hay huida, obediencia y sumisión para conseguir saneamiento, estabilidad y democratización.

Nada de lo ocurrido en Venezuela fue lo que pasó en la España pos Franco, en la Polonia poscomunista [caída del muro de Berlín] o en la Chile de Pinochet. En estos casos las fuerzas internas generaban la apertura. En el caso venezolano, las fuerzas de oposición generaron la deslegitimación del régimen. Pero el agente externo es quien abre el cambio y desnuda la dictadura.

El centro no existe. Solo la antítesis procura la conclusión

Más problemática aun es la caracterización de la oposición venezolana, y en particular de María Corina Machado, como un actor “mesiánico”, “extremo” o “insurreccional”. Si alguien no desea convertirse en una nueva versión de los reyes de la baraja, un caudillo, un mesías o un taita a caballo, es María Corina.

Su oferta política de orden liberal, democrática, moderna y descentralizada supone no solo el desmontaje de estructuras criminales sino la recomposición de un estado nuevo y posmoderno. Frente al centralismo totalitario e ideológico, no existe centro o medias tintas.

Ese lenguaje insurreccional al que apela Mires no es analítico, sino valorativo. Revela una toma de posición que debilita su pretensión de objetividad. La estrategia de Machado, guste o no, se ha articulado en torno a tres ejes clásicos de las luchas democráticas contemporáneas: movilización ciudadana, exigencia de condiciones electorales reales y presión internacional. No hay en ello nada que la historia de las transiciones considere excepcional o inapropiado en sentido negativo.

Pretender que la moderación discursiva es condición previa para la democratización equivale a invertir la secuencia histórica: en la mayoría de los casos la moderación es el resultado de una negociación genuina y seria. Y recordamos, aquí nunca hubo una negociación real. Ellos ahora moderan como resultado de una acción de fuerza. Del otro lado siempre ha habido protesta pacífica y voluntad de diálogo, amén de organización ciudadana. Todo fue reprimido con tanquetas, cárcel y tortura.

Mires confunde centro, moderación y tolerancia con una facilitación política ilusoria por inhabilitada. Entonces es a ellos a quienes no le queda más que moderar como resultado de una acción. A la oposición lo que le toca es organizar nuevas elecciones justas. Y esperar, vigilante y disciplinadamente. No es moderarse. Es reagruparse, inteligente, eficaz y noblemente.

La noción que una oposición “centrista” puede construir un puente hacia la democracia frente al totalitarismo, es un argumento voluntarista. La idea de un centro político articulador resulta atractiva. Pero la práctica no funciona frente a una tiranía.

Nadie que ensaye una posición centrista en Venezuela tiene espacio político porque rápidamente es neutralizado ferozmente o se obliga a una coexistencia alacranada que el pueblo olfatea de lejos y repele de cerca. Ya ocurrió.

Los puentes no se construyen en el vacío

Quizás la afirmación más discutible del ensayo de Mires es aquella según la cual no existen transiciones en contextos de alta polarización. El tema es que en Venezuela la polarización no existe. Ha cedido frente a la ruina moral, la represión y la miseria. No existe debate ideológico ni programático.

Nos dice Mires: “… el puente que llevaría eventualmente a la democracia, necesita de sujetos. Uno sería el gobierno de Rodríguez. El otro, de acuerdo a la mayoría que obtuvo el 28-J, sería la oposición liderada por María Corina Machado. Pero el problema es que la oposición encabezada por la mesiánica líder no está interesada en construir un puente con el gobierno en busca de un tránsito hacia la democracia”.

Lamento esta afirmación del catedrático chileno. Ni María Corina, ni ningún líder de la oposición ha evitado la cárcel, la clandestinidad o el exilio después de intentar poner la primera piedra de un puente. Lo cierto es que hoy:

  1. Rodríguez no representa un gobierno sino un protectorado tutelado por un menú table d’hote [cartilla fija];
  2. Machado no solo lidera una mayoría producto de un evento electoral, sino como consecuencia de un movimiento sociopolítico fenomenal, profundamente ciudadano y espiritual [premio Nobel de la paz] que va más allá de una expresión de poder: es una esperanza civilista abrumadora;
  3. María Corina no es un mesías que destruye puentes, es una mujer en la que el pueblo cree y reconoce como pariente, como madre, que abona caminos de reencuentro, liberación y regreso a casa.

El problema no es la polarización —que no la hay— sino la ausencia de mecanismos institucionales que permitan canalizar la liberación. En Venezuela lo que opera es una mayoría ciudadana que desea paz, prosperidad, libertad y vida vs. la negativa del status quo a aceptar reglas.

Mires atribuye a Washington —y en particular a una figura como Donald Trump— un diseño sostenido de apoyo a un “neochavismo” que busca petróleo y beneficios, y no necesariamente democracia. La verdad es que para EE. UU. el “neochavismo” es un factor mucho más desechable de lo que puede anunciar. Una coalición minada de corrupción y criminalidad tan fugaz como lo será al día siguiente de haberse concretado las reformas y la depuración necesaria [electoral, militar, normativa, económica] para dar el salto a la democracia.

La idea de que EE. UU. preferiría una estabilidad autoritaria a una transición democrática en Venezuela, ignora el discurso público y las acciones concretas de distintos actores dentro del sistema político estadounidense. No se trata de idealizar esa política sino de evitar caricaturizarla.

Las declaraciones de Rubio, congresistas republicanos, comandos estratégicos y el Pentágono no obedecen a una convivencia pactada con quienes saben sus verdugos. Es control. Y EE. UU. va por una transición democrática que, al final, es lo más rentable y sostenible… para ellos, para nosotros y para la región.

En el fondo el ensayo de Mires parece responder a una preocupación legítima —la dificultad de imaginar una salida ordenada a la crisis venezolana— pero la resuelve desplazando la responsabilidad hacia el actor equivocado, es decir, hacia María Corina et al.

Al hacerlo diluye la responsabilidad del poder autoritario, verdadero factor de la perpetuación del conflicto. Esta inversión causal es problemática no solo desde el punto de vista analítico, sino también normativo: coloca en el mismo plano a quienes detentan el monopolio de la coerción y a quienes buscan competir políticamente en condiciones desiguales.

Los puentes en la historia de las transiciones no se construyen en el vacío. Surgen cuando ambas partes reconocen que no pueden imponerse completamente y que el costo de no negociar es mayor que el de hacerlo.

Los puentes los vuelan los que destruyen papeletas. No Machado.

La historia comparada enseña, en efecto, que las transiciones son procesos complejos, no lineales, llenos de incertidumbre. En Venezuela lo que existe es una sociedad que ha expresado su voluntad de cambio y un poder que busca administrarla sin ceder lo esencial.

El desafío, Mires, no es moderar a la oposición hasta hacerla aceptable para el poder, sino generar las condiciones que obliguen al poder a aceptar la competencia democrática y abandonar el poder si así lo decide la gente.

Mires apunta: “[…] Si en algo está interesada esa oposición es derrotar cuanto antes al gobierno Rodríguez, ya sea por la vía electoral o por cualquier otro medio que no pase por la vía transicional”.

Y agrega: “El proyecto del movimiento de Machado es tumbar el gobierno neochavista, hacer saltar los puentes por los aires, e iniciar un proceso de transición no dialogado”. ¿No será al revés respetado profesor? ¿Acaso más de una docena de mesas, diálogos y negociaciones [arbitradas y luego reprimidas] no fueron voladas por el régimen? ¿Por qué ahora obedecen y están bajitos? ¿Piensa Ud. seriamente que “Machado quiere tumbar a Rodríguez? ¿Lo necesita? ¿Puede hacerlo? ¿No fue la papeleta del 28-J la evidencia que “tumbó” al régimen? ¿Un narcoestado hace gobierno?

Por supuesto que la transición es dialogada, pero con condiciones reales de cumplimiento. Entonces no es que María Corina sea la que no dialoga o es subversiva o insurrecta. Es que el pueblo ya habló. La revolución realmente ciudadana ya fue hecha.

Mires afirma: “Léanse por ejemplo las proclamas que emiten en las RRSS dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa, Andrés Velásquez u Omar González. Son subversivas, insurreccionales, confrontativas. […] Pues bien, esa oposición extrema que encabeza Machado es a la vez la que necesita el chavismo para mantenerse en el poder, incluso ante los ojos de Trump. Para esa oposición ‘la verdadera’ se autodenomina – parece rezar el lema: antes de transitar hay que derrocar…”.

Para responder a esta etiqueta seremos más puntuales: quien derroca es aquel que defrauda e irrespeta la voluntad popular representada en más de un 70 % de sus ciudadanos [sin agregar a la diáspora impedida de votar]. El resto es retórico.

Las rupturas transitan irremisiblemente a la democracia cuando el poder defraudado de la voluntad popular se impone. Así sucedió en la Rumanía de Ceausescu [1989], la Checoslovaca de Václav Havel y la Revolución púrpura de 1989 o en la Revolución naranja de Ucrania 2004/2005, donde ganó Yúschenko y la CSJ ucraniana hizo respetar la elección. Ahí los puentes los volaron quienes pretendieron timar la voluntad popular; los que asaltaron, quemaron, ocultaron o destruyeron papeletas. Y los sacaron del poder.

Venezuela va camino a una transición inédita. Lo invito respetuosamente profesor, tenga cuidado. No les de pulmón, aunque doy por descontado que lo hace involuntariamente.

Nota final: escribiendo este artículo me entero de la injusta y súbita partida del líder político, académico, científico y amigo venezolano, el profesor Vladimiro Mujica. Donde hayas ido de la mano de Dios querido Vladimiro, sé que no darás descanso a tu alma hasta que brille la luz de la libertad en Venezuela, tu patria por la que tanto luchaste y nunca apartaste de tu mente y de tu corazón. Te extrañaremos. Reposa guerrero.

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Activista de DD. HH.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Hogar Bambi: 30 años reconstruyendo el derecho a tener un hogar seguro

Hace treinta años el futuro de miles de niños venezolanos comenzó a cambiar por un proyecto dentro de las aulas de la Universidad Metropolitana, que inició como una tesis de grado de la fundadora, Erika Spillmann, motivada por una sensibilidad compartida con su padre sobre la desprotección infantil en Venezuela. Esta propuesta pasó de ser una idea académica para convertirse en una realidad. Hoy, ese pequeño proyecto estudiantil es Hogar Bambi, un conjunto de cinco casas en la urbanización de San Bernardino que ha servido de refugio y familia para más de 5000 niños que necesitaban una segunda oportunidad.

Este 28 de abril, la institución no solo celebra un aniversario de tres décadas, sino que conmemora el impacto en la vida de todos los niños que encontraron en sus sedes una protección en medio de entornos de riesgo para ellos.

Hogar Bambi empezó con una sede en Antímano bajo un convenio de uso y evolucionó rápidamente a una organización autónoma y privada que, actualmente, es un ejemplo de la protección integral en el país.

Un modelo que crece junto a los niños

Hogar Bambi no se centró únicamente en el cuidado básico, aunque originalmente fue concebido para atender solamente la primera infancia (de 0 a 6 años). La realidad del país llevó a la institución a expandir sus horizontes ya que ahora la organización cuenta con acompañamientos a los niños desde sus primeros días de nacidos hasta el camino hacia la adultez.

Al día de hoy, 100 niños y adolescentes residen en sus casas que están divididas estratégicamente para atender las necesidades propias de cada rango de edad. En Bambi 5 se recibe a los más vulnerables, con capacidad solo para 30 pequeños que van desde recién nacidos hasta los 3 años de edad, mientras que Bambi Enlace se levanta como la sede más grande que puede hospedar a 46 niños entre los 4 y 11 años. Finalmente, el complejo de hogares cuenta con Bambi 2 y 4 que son espacios exclusivamente para adolescentes, donde el equipo de la institución se enfoca en prepararlos para la juventud adulta y sus futuros.

Estos espacios no son solo logística, sino que permiten que el equipo de expertos y los psicólogos puedan aplicar modelos de atención personalizada a cada uno de los jóvenes para restaurar poco a poco los derechos que les fueron vulnerados antes de asentarse en estos hogares.

La esperanza sigue viva

El equipo de trabajo es quien mantiene en pie a la organización. Uno de ellos es Carlos Mendoza, quien desde hace seis años entiende que su labor como conductor es, en realidad, un compromiso con el futuro para asegurar que cada niño llegue a clases a ejercer su derecho de aprender.

De la misma forma, Iris Pacheco -desde el área de mantenimiento- ve su oficio como parte de algo “extraordinario” que permite apoyar y mejorar el entorno donde estos jóvenes reciben ayuda psicológica necesaria para sanar.

El estudiante de Derecho de la UCV, Marcos Barrios, durante su estadía como pasante, comentó que el refugio funciona como una escuela de “esperanza activa”, donde la empatía transforma la visión al aprender a cuidar a cada niño con el cariño que se le daría a un hijo propio.

Más que un aniversario, un legado

Cumplir 30 años en Venezuela es una prueba de ardua constancia, pero el desafío de la sostenibilidad es permanente ya que al ser una organización sin fines de lucro, el mantenimiento de los espacios depende exclusivamente del compromiso de la sociedad civil y del sector privado.

Hogar Bambi funciona como un lugar de acogida temporal de calidad donde los niños no solo reciben techo y comida, sino que cumplen rutinas, asisten a clases, participan en actividades y logran crear vínculos afectivos mientras se trabaja en soluciones para sus situaciones legales y familiares.

“Proteger a la infancia vulnerable es asegurar el futuro de nuestro país”, afirma Erika Spillmann.

En un contexto como Venezuela, donde la crisis suele ocultar a los más afectados, Hogar Bambi asegura que mientras un niño esté bajo su cuidado, su realidad puede ser transformada. Es así como estos 30 años son la prueba de que, con resiliencia y profesionalismo, las historias de cada pequeño pueden reescribirse como historias de segundas oportunidades.

Con información de Nota de Prensa

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

18 ONG exigen una ruta electoral “clara” para reinstitucionalizar el país

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Un grupo de 18 ONG, activistas y defensores de derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan el establecimiento de una vía electoral definida para Venezuela. El documento surge tras los eventos políticos del pasado 3 de enero y califica la situación actual como un escenario de “excepcionalidad institucional”.

Las organizaciones firmantes sostienen que el país atraviesa una ruptura del orden constitucional y que es imperativo diseñar un cronograma que permita una transición democrática. Según el comunicado, las elecciones deben ser el eje central para la estabilización del Estado:

“Reafirmamos que las elecciones libres, competitivas y verificables no constituyen un evento aislado, sino el mecanismo fundamental para armonizar las fases de estabilización, recuperación y transición que hoy demanda el país”, señala el comunicado.

Para las ONG, la confianza en el sistema depende directamente de la reestructuración del ente rector. El texto enfatiza que la “sustitución de la autoridad electoral en ejercicio es una condición indispensable” para dotar de credibilidad a cualquier convocatoria futura.

“Su recomposición debe realizarse bajo criterios transparentes e integrales, evitando esquemas de reparto político y asegurando la idoneidad de sus integrantes en todos los niveles”, añaden.

Finalmente, enumeranuna serie de requisitos técnicos y políticos que consideran esenciales para que los comicios funcionen como una “válvula de escape democrática”. Entre los puntos destacados se encuentran:

  • Independencia plena de la autoridad electoral.
  • Garantías efectivas de pluralismo político.
  • Registro electoral confiable y garantía del voto en el exterior.
  • Auditorías integrales, independientes y verificables al sistema automatizado.
  • Observación electoral nacional e internacional calificada, así como asistencia técnica electoral.
  • Acceso equitativo a información pública y cobertura por medios de comunicación independientes

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Rodeo I impone una “ejecución en cámara lenta” contra presos políticos por falta de atención médica

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El centro de reclusión El Rodeo I se ha convertido en el escenario de una crisis que los familiares de presos políticos allí recluidos califican como una “ejecución en cámara lenta”. Las autoridades han impuesto un régimen donde la salud no es un derecho, sino una herramienta de presión.

Los familiares de los presos políticos de El Rodeo I cumplieron el lunes, 27 de abril, 109 días de vigilias ininterrumpidas y, desafiando la lluvia y las adversidades del clima. Así lo señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en sus redes sociales.

Testimonios del desamparo

Margareth Baduel alza la voz por su hermano, Josnars Adolfo Baduel, quien sobrevive a crisis respiratorias crónicas provocadas por las secuelas de la tortura. Tras semanas de aislamiento total, Josnars relató cómo la falta de aire lo dejó inconsciente. Hoy, su vida depende de una asistencia médica que el penal se niega a suministrar.

“Josnars presenta crisis respiratorias crónicas y persiste en la negativa de asistencia médica especializada y oportuna a las patologías generadas en reclusión por las secuelas de tortura”, denunció Margareth Baduel en un video difundido en redes sociales el 28 de abril, donde además alertó que su hermano “vive en una celda 2 x 2, sin las mínimas condiciones humanas, sin hidratación regular, sin alimentación adecuada, sin medicación”.

En una situación igual de crítica se encuentra Miguel Ángel Ibarreto. A pesar de haber sobrevivido a un infarto y a un ACV que le paralizó la mitad del cuerpo en reclusión, las autoridades le niegan el traslado a un hospital. Su hija, Shakira Ibarreto, denuncia que su padre padece una infección severa que lo mantiene deshidratado, mientras el sistema judicial ignora su boleta de excarcelación.

“He presentado las pruebas en todos los entes competentes, en el Tribunal, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en la Comisión para la Amnistía y aún así fue declarada sin lugar su amnistía, aun cuando presenté todas las pruebas que demuestran que efectivamente él está siendo juzgado dos veces por el mismo hecho”, denunció la hija del preso político.

La cadena de responsabilidades

La abogada Tamara Sujú señala una estructura jerárquica responsable de este sufrimiento. Según Sujú, la cadena de mando inicia en la cúpula política con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, y se ejecuta a través de funcionarios como Larry Lavoe y el Coronel Alexander Martínez Endeiza.

De acuerdo con una infografía publicada por la abogada, en la operatividad del penal, el jefe médico Eleazar Barroso Amaya juega un rol determinante al impedir el acceso a especialistas. “Todos, desde Delcy Eloína, hasta el Jefe del Servicio Médico, son responsables del grave deterioro físico y avance de enfermedades que no tendrán vuelta atrás”, alertó Sujú.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Fe de vida confirma el delicado estado de salud de Josnars Baduel

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Margareth Baduel, activista de derechos humanos y hermana del preso político Josnars Baduel, denunció este 28 de abril que su familia recibió una fe de vida que confirma el precario estado de salud de su hermano y el riesgo que corre su vida.

Tras veintiún días de incomunicación, los familiares de Josnars Adolfo Baduel —recluido en el internado judicial El Rodeo I y condenado a 30 años de prisión— recibieron una fe de vida en la que se advierte sobre el peligro inminente que este enfrenta. Su hermana denunció, mediante un video publicado en Instagram, que su hermano ha sido víctima de recientes episodios de violencia y tortura dentro del centro penitenciario, que lo habrían dejado incluso inconsciente.

La negativa persiste y el silencio también

La activista denunció las condiciones de extrema vulnerabilidad a las que está sometido: aislamiento prolongado, falta de atención médica, alimentación insuficiente, hidratación irregular y ausencia total de garantías mínimas de dignidad.

“Vive aislado en una celda de dos por dos, sin las mínimas condiciones humanas (…) Esto solo se traduce en una ejecución en cámara lenta”, afirmó.

Según Baduel, las autoridades de El Rodeo I se han negado a brindarle tratamiento médico a su hermano, quien padece crisis respiratorias crónicas como consecuencia de las múltiples torturas sufridas durante su reclusión, lo que evidencia un patrón sostenido de abuso. “En El Rodeo I se violan sus derechos humanos y los de todos los presos políticos que están allí”, aseguró en el audiovisual difundido.

“Está en riesgo su vida”

Las hermanas de Josnars Baduel han hecho múltiples denuncias sobre el estado de salud del preso político. La más reciente fue el pasado 14 de abril, cuando se alertó sobre el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades en El Rodeo I. En un video difundido en redes sociales se escucha la voz de su hermano, quien expresó el temor de perder la vida, como su padre, debido al uso excesivo de gas al que fue sometido que agravó su situación respiratoria.

Margareth Baduel insisitó en que no basta con documentar y observar los hechos, sino que es necesario tomar acciones contundentes al respecto. “Porque cuando el Estado calla y niega, lo que está en juego no es solo la justicia, sino la vida”, expresó a través de su cuenta en X.

Asimismo,responsabilizó al gobierno encargado de Delcy Rodríguez por cualquier daño que pudiera sufrir su hermano durante su reclusión. “Le pedimos al mundo que no mire hacia otro lado. Libertad para todos los presos políticos en Venezuela”, exigió.

Josnars Baduel fue detenido originalmente en mayo de 2020 y sentenciado formalmente en 2024 a 30 años de prisión por su presunta participación en la “Operación Gedeón”, una incursión marítima fallida contra el gobierno venezolano.

Su traslado al Rodeo I se produjo en abril de 2024 “bajo engaño”, según asegura su familia, y su permanencia allí ha estado marcada por graves denuncias sobre el deterioro de su salud y torturas.

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“Nos faltan más de 500”: Convocan a protesta mundial por presos políticos venezolanos el #3May

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El Comando con Vzla anunció la convocatoria a una protesta mundial el próximo 3 de mayo para exigir la libertad de todos los presos políticos de Venezuela. Bajo el lema “Nos faltan más de 500”, conminaron a participar en esta manifestación en distintas ciudades del mundo, sin especificar por lo pronto cuáles serán.

Aseguran que la negativa de libertad para estas personas deja a su paso “más de 500 familia rotas, 500 voces que claman justicia y 500 historias que ameritan ser escuchadas”

Comando Con Vzla hizo asimismo un llamado urgente a la comunidad internacional a “no apartar la mirada y atender esta realidad”.

“El mundo no puede ignorar esta situación. La libertad es un derecho que no puede ser negado“, insistieron.

En su último reporte del 21 de abril, Foro Penal cifraba en 473 los presos políticos, mientras que en su balance de este 28 de abril la ONG Justicia, Encuentro y Perdón reveló que registraba para la fecha 667 presos políticos en Venezuela, un grupo diverso que abarca desde miembros de la sociedad civil y dirigentes políticos hasta menores de edad.

Y de un plumazo eliminaron la amnistía

La semana pasada, la encargada del país con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, puso fin prematuramente a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026.

A juicio de Rodríguez la ley “ya cumplió su ciclo”. Con esa afirmación, cerró el paso para nuevas amnistías, a pesar de que la norma fue aprobada apenas dos meses antes.

Esta decisión fue calificada de inconstitucional por distintos expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que dejó en el limbo a más de 670 presos políticos.

El abogado Joel García opinó que además de ser un error político, la decisión de Rodríguez fue un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostuvo con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.

Según la Teoría General de la Ley, una norma mantiene su vigor pleno mientras no exista un acto legislativo derogatorio o una cláusula de caducidad expresa, facultades que el Ejecutivo no posee. Al pretender trasladar los derechos subjetivos de la ley a “programas de convivencia”, el Estado intenta sustituir la justicia jurisdiccional por una concesión política, lo que constituye una desviación de poder y una vía de hecho administrativa que ignora la jerarquía normativa, explica el jurista.

Por su parte, el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, apeló al rigor del Artículo 218 de la Constitución para recordar que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas por referendo.

Subrayó asimismo que la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional en su función legisladora y que, al no tener una “fecha de caducidad” en su texto, su vigencia es indefinida.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

EGU regresó del reposo médico con estos cuatro dardos sobre la situación del país

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El dirigente opositor Edmundo González Urrutia anunció este martes, 28 de abril, que hace unos días recibió el alta médica tras haber estado hospitalizado para recibir seguimiento por una cirugía que le realizaron durante el mes de marzo. González Urrutia volvió con todo recordando que la situación política y económica en Venezuela es crítica.

“Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo. Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela”, señaló González Urrutia en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, se refirió a cuatro realidades que apremian en el país y que demandan su atención y acción, señalando: “Estoy de vuelta, que no haya dudas”.

  • “Ahí veo una inflación que sigue devorando el salario de los venezolanos”.
  • “Veo una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas, y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos”.
  • “Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer, porque nunca fue su intención que viviera”.
  • “Y veo la tragedia de nuestros presos políticos, que están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”.

El salario frente a la amenaza de la hiperinflación

El primer dardo de Edmundo González Urrutia apunta directamente al bolsillo del ciudadano. Al afirmar que la inflación “sigue devorando el salario”, el líder opositor valida las alarmas encendidas recientemente por expertos y organismos financieros.

Aunque las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) intentan mostrar una ralentización —con una inflación del 13,1% en marzo frente al 32,6% de enero—, la realidad estructural es mucho más agresiva. El contexto es crítico: la inflación acumulada del primer trimestre de 2026 ya alcanza el 72%, y la cifra anualizada trepa hasta un escalofriante 650%.

Este escenario, que el economista Asdrúbal Oliveros ya califica técnicamente como el regreso de la hiperinflación, es el “enemigo invisible” al que González Urrutia hace referencia.

El poder adquisitivo de los venezolanos se sigue pulverizando, convirtiendo cualquier intento de recuperación salarial en un esfuerzo débil si no se implementa un plan económico urgente. En ese contexto, para este jueves, 30 de abril, se tiene previsto que trabajadores y sindicalistas realicen una marcha hacia el Palacio de Miraflores para exigir un aumento salarial.

Fondos públicos para defensas privadas

El segundo dardo de González Urrutia apunta a una reciente y controvertida decisión judicial: el uso de recursos del Estado para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los tribunales de Nueva York. El dirigente opositor calificó este hecho como una “factura” que el liderazgo oficialista pretende endosar a todos los ciudadanos para resolver “sus propios problemas”.

La base de esta crítica reside en la reciente licencia emitida por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual autoriza al Estado venezolano —actualmente bajo la gestión de Delcy Rodríguez— a utilizar fondos públicos para pagar a bufetes de élite en el país norteamericano.

Para EGU, resulta inaceptable que, mientras el país clama por inversión en servicios básicos y salud, se priorice el pago a abogados de alto perfil, como Barry J. Pollack, con dinero que pertenece a la nación.

La “clausura” de la Ley de Amnistía: un golpe a la institucionalidad

El tercer dardo de González Urrutia denuncia lo que considera una simulación política: el cierre prematuro de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Con la frase “murió antes de nacer”, señala la falta de voluntad real del Ejecutivo para avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional.

Este reclamo surge tras la reciente declaración de Delcy Rodríguez, quien, actuando como presidenta interina bajo el aval de EE. UU., decretó la clausura definitiva de dicha ley alegando que “ya cumplió su ciclo”.

El análisis de González Urrutia coincide con el de expertos constitucionalistas: la extinción de una ley no es una facultad que pueda ejercer el Ejecutivo de forma administrativa, sino que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

La deuda pendiente: 473 dramas humanos

El cuarto y último dardo de González Urrutia apunta al corazón de la crisis institucional: la persistencia de la persecución política. Describió la situación de los detenidos por motivos de conciencia como una “tragedia” que marca su agenda diaria.

Según el balance más reciente del Foro Penal, actualizado al 20 de abril de 2026, Venezuela mantiene tras las rejas a 473 presos políticos. La radiografía de este dardo es dolorosa: 427 hombres y 46 mujeres que permanecen en centros de reclusión, incluyendo a 187 militares y 286 civiles.

González Urrutia reafirma que el retorno a la “normalidad” política es imposible mientras la libertad siga siendo una ficha de cambio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El futuro de la atención del VIH en Venezuela podría estar en su pasado exitoso

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¿Hay más futuro en el pasado de Venezuela que en su presente? Al menos en lo que respecta a la atención médica de calidad para las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), todo apunta a que sí.

Personas que viven con VIH, activistas y especialistas coinciden en que ante el retroceso de los últimos 20 años, el desafío no es solo avanzar: es recuperar un modelo de atención integral que Venezuela tuvo y perdíó.

A finales de los noventa y principios de los 2000, la atención pública para esta población era referencia regional: abordaje multidisciplinario, protocolos modernos, seguimiento de calidad. Ese logro fue fruto de la sociedad civil organizada: en 1997, una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia obligó al Estado a garantizar el acceso gratuito a antirretrovirales como derecho constitucional, convirtiéndose en una de las primeras victorias judiciales latinoamericanas en materia de derecho a la salud.

La realidad de Pablo

Desde hace dos años, Pablo (nombre ficticio a petición del entrevistado) no va a consulta con su médica infectóloga. No acude por falta de voluntad, sino ante la imposibilidad de costear la cita —de carácter privado— ni los exámenes previos que requiere cada control

“De todas formas, sigo tomando mi tratamiento antirretroviral como corresponde.”

— Pablo, 37 años, Estado Aragua

Pablo es empleado público con un sueldo que alcanza para lo indispensable. Acudir a consulta cada tres a seis meses es lo recomendable para su condición. Además, requiere al menos dos exámenes críticos — carga viral e inmunofenotipaje linfocitario (CD3, CD4, CD8) — cuyos costos en divisas superan los 90 dólares cada uno. Son los mismos exámenes que determinan si el tratamiento está funcionando y que, en el sistema público, no siempre están disponibles.

“Creo que en Caracas hay mayor disponibilidad de reactivos, sobre todo en el Hospital Universitario, pero en el interior del país hay mayor dificultad, y existen los laboratorios privados, pero los costos son elevados.”

— Pablo

¿Qué pasa con los laboratorios?

Para la segunda mitad de 2024, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de la ONG Médicos por la Salud calculó que, en 40 hospitales del país, solo el 49% de los laboratorios presta servicio todos los días — sin que eso garantice disponibilidad de reactivos —; el 46% opera de forma intermitente y el 6% está totalmente inoperativo. En 2018, el punto más crítico de la emergencia, el 100% estaba inoperativo.

Entre 2016 y 2018 el desabastecimiento de antirretrovirales llegó al 84%, según ONUSIDA. No hay cifras oficiales de fallecimientos por esa escasez. Para ese mismo período, se estima que al menos 7.700 personas que viven con VIH emigraron del país en busca de tratamiento. (Fuente: ONUSIDA / EFE, octubre 2024.)

Más que laboratorios operativos

Tener acceso al fármaco no es suficiente. César Pacheco, director de la unidad de respuesta de VIH de Acción Solidaria, describe el sistema actual como “una mera farmacia dispensadora de medicamentos”: el tratamiento está, pero la atención integral no.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 83) y la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA (2014) establecen la obligación del Estado de garantizar atención integral, gratuita y universal, incluyendo suministro de antirretrovirales, exámenes de monitoreo y atención especializada sin discriminación.

“Se atiende a la infección pero no se atiende a la persona.”

— Leonel Arcia, activista LGBTIQ+ y persona que vive con VIH

En 1999, cuando inició el Programa Nacional de VIH/SIDA, la persona acudía al servicio médico con especialistas formados y sensibilizados, y recibía un control integral: no solo del VIH, sino también del descarte de otras infecciones oportunistas. Eso, relata Pacheco, es exactamente lo que se ha perdido.

El apoyo internacional sostiene lo que el Estado no garantiza

Desde 2019, la compra de antirretrovirales en Venezuela recae sobre el Fondo Mundial para la Tuberculosis, la Malaria y el VIH. El ciclo 2024-2026 contempla USD $21,7 millones para la respuesta al VIH y la tuberculosis. Solo en 2024, el Programa Nacional garantizó el acceso al tratamiento para cerca de 70.000 personas en los 24 estados del país, sin rupturas de stock reportadas.

“Por un lado, existe acceso gratuito al tratamiento gracias a programas apoyados por organismos internacionales. Por otro lado, la experiencia real dentro del sistema de salud está llena de obstáculos: fallas en los laboratorios, personal que no siempre está sensibilizado, falta de reactivos, interrupciones en la atención y una infraestructura deteriorada. Muchas veces el tratamiento está, pero el seguimiento no, y eso también es una forma de abandono.”

— Leonel Arcia

La experiencia de Andrés

Después de recibir su diagnóstico, pasaron siete meses hasta que Andrés (nombre ficticio) pudo acceder a su primera consulta en el Hospital Universitario de Caracas. En ese tiempo, su estado de salud era delicado.

“Ahora voy dos veces al año para mi control, pero para quienes acuden por primera vez, las citas son cada vez más lejanas. Mi infectólogo me explicó que ellos quisieran atender a muchos más, pero no tienen la capacidad.”

— Andrés

Cada día, el servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas atiende entre 10 y 12 personas en consulta, más cinco por triaje, con solo dos especialistas y dos residentes. El Hospital Universitario es el centro que mayor número de personas con VIH atiende a escala nacional: según estimaciones de Acción Solidaria, tiene registradas unas 7.000 personas, y un estudio de 2024 sobre 1.998 registros clínicos confirmó tasas de supresión viral superiores al 90% entre quienes mantienen adherencia. (Fuente: Estudio HUC 2024, PMC12560526.)

El déficit de especialistas es estructural. Según la Academia Nacional de Medicina (febrero 2025), el 40% de los médicos venezolanos — aproximadamente 24.000 profesionales sobre una base estimada de 60.000 — han emigrado. La Federación Médica Venezolana (FMV) maneja una cifra de 42.000. En enfermería, la pérdida es del 70%. (Fuentes: Academia Nacional de Medicina, febrero 2025; FMV, marzo 2024.)

La labor de las ONG

Freddy Salazar, médico infectólogo y cofundador de PP Foundation, sostiene que para dar continuidad y ampliar el alcance del trabajo de las organizaciones es indispensable contar con financiamiento adecuado y, sobre todo, con el respaldo del Estado. Solo así será posible articular esfuerzos y avanzar en la construcción de mejores políticas públicas.

“La idea es trabajar engranados sin competitividad.”

— Dr. Freddy Salazar, médico infectólogo, cofundador PP Foundation

En los últimos años, el testeo, las campañas de prevención y el acompañamiento a personas que viven con VIH han recaído casi por completo en las ONG, que operan con recursos limitados y en articulación con la cooperación internacional.

Iniciativas como el Proyecto VIHvos y VIHsibles son un ejemplo concreto de ese modelo: más de 9.000 pruebas rápidas de VIH y Sífilis realizadas bajo estándares internacionales; consejería pre y post prueba; orientación y facilitación de la ruta de acceso a PrEP; kits informativos y preventivos (preservativos y lubricantes). Acompañamiento psicosocial para personas que están afrontando las primeras etapas tras un diagnóstico; y una plataforma digital propia —VIHvosApp— que gestiona de manera organizada y controlada las citas, garantiza el registro del expediente del usuario y permite el seguimiento continuo de la cascada de atención. Su eje no es solo el tamizaje: es engranar a cada persona diagnosticada con el Programa Nacional de VIH, la red hospitalaria de expendio de antirretrovirales y las rutas de atención clínica, para que nadie se pierda en el camino.

Aún queda por hacer en materia de sensibilización

Andrés valora el trato recibido en el Hospital Universitario. Nunca se ha sentido discriminado. Pero activistas como Pacheco advierten que esa experiencia no es universal.

“Hay personas HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) que van a consultas médicas y no revelan su orientación sexual por temor a discriminación, o trabajadoras sexuales que no revelan su trabajo porque perciben estigma o prejuicio por parte del personal de salud.”

— César Pacheco, Acción Solidaria

En qué estamos al día

Aproximadamente 73.000 personas reciben hoy tratamiento antirretroviral. (Fuente: ONUSIDA, 2024.) Otro avance concreto es la disponibilidad de PrEP oral gratuita en consultas de infectología de varios hospitales públicos — en Caracas, directamente en la Secretaría de Salud del Distrito Capital — y su comercialización en farmacias privadas desde 2024. La PrEP reduce el riesgo de infección por VIH en más del 99% mediante relaciones sexuales y en 74% en usuarios de drogas inyectables. El acceso existe; el problema es que muchas personas aún no saben que existe. (Fuente: Valenzuela; OMS/ONUSIDA.)

“En materia de esquemas antirretrovirales de primera línea, estamos al día.”

— Patricia Valenzuela, infectóloga, expresidenta Sociedad Venezolana de Infectología

Podemos estar mejor

“¿Qué podríamos estar mejor? Definitivamente.”

— Valenzuela

Las fallas persisten en la disponibilidad de medicación para infecciones oportunistas, que al no estar en la salud pública representan un gasto adicional que muchas personas no pueden costear. Y la capacidad para realizar cargas virales — esenciales para el tercer eslabón del 95-95-95 — sigue restringida.

“En este momento también contamos con reactivos para cargas virales, pero a veces necesitamos hacer más y no siempre se puede. Siempre hay alguna restricción.”

— Valenzuela

Aún queda mucho por hacer

Entre las peticiones de las ONG al Estado venezolano: mayor atención psicológica, más campañas de diagnóstico, descentralización de servicios y atención diferenciada para mujeres, poblaciones clave, HSH, trabajadoras sexuales y personas trans.

“Vivimos en una especie de contradicción: avances médicos, pero un sistema que no siempre los acompaña.”

— Leonel Arcia

A ello se añade una demanda específica sobre la PrEP: permitir su expendio controlado a través de espacios habilitados — no solo hospitalarios —, garantizando siempre que exista consejería, expediente documentado y trazabilidad del insumo. No se trata de entregar sin criterio: se trata de ampliar los mecanismos de prevención disponibles con rigor, consciencia y seguimiento. El insumo existe; lo que falta es llevar la información y la estructura donde están las personas.

El llamado que no cambia

En un contexto donde la cooperación internacional sostiene lo que las políticas públicas aún no garantizan, el desafío sigue siendo el mismo que fue a finales de los noventa: articular al Estado, a los agentes cooperantes y a la sociedad civil en torno a un modelo de atención integral, sostenido y centrado en las personas que viven con VIH.

“El llamado de nosotros siempre ha sido a sentarnos los tres sectores (Estado, agentes cooperantes y organizaciones de la sociedad civil), porque nadie puede solo.”

— César Pacheco, Acción Solidaria