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Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

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La circunstancia ―no es fatalidad sino drama, en búsqueda de una solución― que hoy interpela a Venezuela, reducida al Pent House de una república de utilería, ha de encontrar correcciones prontas y oportunas. Está en riesgo de toparse con otra frustración, obra de un teatro de ficcionar y hacerle fraude a la democracia, reinstalando entre los venezolanos el mito de Sísifo. Ello me obliga a insistir sobre una cuestión vertebral a riesgo de repetirme. Me refiero a la importancia de aprender a “vivir en la verdad”, tema pendiente para una nación como la nuestra, históricamente preterida, sujeta a la tutela de la república desde las guerras por la Independencia y urgida de reencontrarse con sus raíces libertarias extraviadas.

Alude esto a la cuestión de la reconstrucción de la confianza como institución invisible de la libertad, cuya verdad ―no el interés ni los intereses que en la “circunstancia” hoy transan las élites del poder― es la única que le puede darle soporte firme a un proyecto de país viable y al andamiaje que luego la exprese orgánicamente. Es la búsqueda agonal de una forma legítima de reconocernos en lo que somos, reintegrarnos y a partir de ello forjar un poder genuino, auténtico, verdaderamente comprometido con la garantía de la libertad de todos y para todos, que sea favorecedora de nuestra experiencia democrática como derecho.

Nunca más cabe digerir al poder como instrumento para la renovación de sus formas de tutela o de secuestro de la voluntad y la conciencia de nación, presentes hasta el momento.

Mi opinión al respecto no es el producto de un vano ejercicio teórico, menos ingenuo. Bien entiendo que sin Derecho con mayúscula desaparecen la libertad y los derechos de las personas. Lo sabemos los venezolanos. Y sin un poder constituido que los asegure, aquél y éstos terminan como catecismo de buenos propósitos. Pero he aquí lo que sí cabe advertir, a saber, que en esta materia el orden de los factores altera al producto. Y ese orden lo determina una premisa, la verdad y, repito, la voluntad de una nación a la que se busca secuestrar otra vez y como antes, a manos de las elites de un poder ilegítimo y coludido, tanto político como económico, de vocación expoliadora.

Llegó a mis manos, recién, una encuesta que reduce el favor popular que otras encuestas de fechas cercanas le acreditan a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, empeñada en orientar y acompañar el proceso de reconstrucción venezolana desde el ángulo y la perspectiva del ciudadano. El encuestador de marras, practicante de un oficio muy devaluado en América Latina ―que lo digan los brasileños y los colombianos― afirma que los venezolanos ―quienes “están felices” según el inquilino de la Casa Blanca― nos encontramos en la disyuntiva de pavimentarle el camino a otro liderazgo emergente.

La banalidad “republicana” de ese constructo, que estima a nuestra nación como frívola y voluble, atado por lo demás a una lógica utilitaria similar a la que administraban los partidos políticos desde la agonía de estos en el siglo XX hasta las elecciones primarias de 2023, está al desnudo. Basta con advertir que, cifras más adelante, el encuestador reconoce el daño antropológico sufrido por el pueblo venezolano durante los últimos 26 años; que este resiente el mal absoluto padecido y sueña con su final, con su vuelta desde el ostracismo. El reencuentro, el restablecimiento de la empatía, de nuestros hilos de confianza recíproca destruidos, aparece como lo vital y existencial, solo entendible desde el ángulo de lo sociológico y no conjugable, cabe advertirlo, desde la lógica del poder o de la ciencia política.

A Venezuela se la ha visto solo desde el atalaya del poder institucional y de sus inútiles mesas de diálogo entre sordos, nutridas por la generosidad de los odios y las traiciones; todavía más en un país ―el nuestro― que se encuentra constitucionalmente desmaterializado, desde 1999, cuando se impuso la Constitución Bolivariana y se la transformó en una gran mentira constitucional.

Se ha dejado de lado la otra perspectiva, la veraz y real: la que se alcanza desde la periferia. La que se mira en los ojos de una nación, la venezolana, ya madura para valerse por sí misma y a la que se busca apresarse una vez más para sostenerla como víctima irredenta, tan olvidada como las víctimas del doble terremoto y las que permanecen en las ergástulas del Rodrigado para ser usadas como monedas de cambio. La república que queda atrás y la que se negocia mejor se parece a una casa de apuestas. No es importuna, inoportuna o impertinente, por lo mismo, la pregunta crucial que hemos de hacernos y que en su momento se hiciese Vaclav Havel, artesano de la transición checoslovaca tras el régimen comunista que esclavizó y silenció a su pueblo: ¿Es posible construir un Estado desde la verdad?

He aquí, pues, las dos cuestiones que deben interpelarnos a todos los venezolanos: ¿Seguiremos sobre el camino de Eudomar Santos: cómo vaya viniendo iremos viendo? ¿A tropezones iremos resolviendo aquí y allá, sin reparar en un proyecto de vida estable, decente y digno para todos, rindiéndole culto a lo presente, a lo instantáneo, de suyo a la mentira como fisiología de la existencia? ¿O asumimos, en el marco de un debate sincero, el desafío de construir una realidad social e institucional que sea el resultado de una clara conciencia de nación, testimonio auténtico de nuestra voluntad como pueblo, y reparadora del sufrimiento padecido, a través de la memoria y la verdad?

Por lo pronto, tras el 3 de enero y la extracción de Nicolás Maduro y de su socia de empresa criminal, Cilia Flores, hay que decirlo sin ambages, lo único visible es el sostenimiento del territorio de Venezuela como plaza de remate de sus activos y en pública almoneda, bajo una república sin nación, que apenas frisa casi dos centurias como andamiaje militar con intersticios civiles y que se hizo fantasma durante ese día icónico.

De la cosmética del poder a la reconstrucción de una nación libre

Nuestra realidad material, sin reparo en los efectos espirituales que se le siguen irrogando a la nación en su conjunto, sigue siendo vista como el botín que se le arranca a la fuerza a un déspota desalmado y que pasó de manos, como prenda de guerra, a otra potencia extranjera. Ayer lo fue Cuba y luego Rusia, China e Irak. Ahora es el Pentágono, suerte de empresario petrolero aliado con la buhonería empresarial y una burocracia virreinal de partidos franquicias, presta para la distribución de canonjías que permitan estabilizar a una república imaginaria. Esas tenemos. Y vayamos con las valoraciones ético-políticas que estos hechos ameritan.

Jürgen Habermas, un izquierdista serio, intentando elaborar el pensamiento renovado de la izquierda tras el final del comunismo ―nada que hacer con la colcha de retazos del socialismo del siglo XXI y la demencial corruptela en que esta sumió a sus seguidores de manos de Fidel Castro y Luiz Inacio Lula da Silva― desde el ángulo europeo y atendiendo a las revoluciones ocurridas en la Europa del Este, vincula la idea de “vivir en la verdad” con el rechazo de un sistema basado en la mentira.

Se refiere a lo que compartían, a su vez, los comunistas con los fascistas italianos, tocándose ambos desde las colas. No por azar, Piero Calamandrei, lo cito por enésima vez y no me canso, describió lo que conociese bajo el régimen de la mentira como fisiología del poder instalado por Benito Mussolini, que no era otro que el fraude continuo y sistemático a la legalidad, la legalización de la ilegalidad, para normalizar al engaño constitucional. De allí que Habermas reparase, como necesario y al respecto, en el indispensable y necesario encuentro de los fundamentos prepolíticos del Estado constitucional de Derecho. Es aquello que mejor enseñan la Patrística y Emmanuel Kant cuando se refieren a la búsqueda de la verdad, más allá de lo que indica el mundo sensible y de las emociones ―esas que exacerban los algoritmos― y que se ha de encontrar, antes bien, en el interior de cada hombre, en su alma.

En el devenir de la fallida y, al parecer, olvidada transición democrática que emprendieron los partidos de la llamada Unidad en 2019, que estos mismos entierran tras un pedido de Nicolás Maduro a la Administración Biden con vistas a los Acuerdos de Barbados, sus autores anunciaron que regresarían a la vigencia de la Constitución a partir de sus mismas normas, desconocidas y violentadas por la dictadura y que aún sigue en pie.

No obstante, le dieron vida a un Leviatán sin relación ni tradición alguna con el devenir republicano de Venezuela, ajeno al mismo texto constitucional que afirmaban defender. Forjaron un gobierno parlamentario colegiado, de distribución de cuotas clientelares entre los partidos y, antes que cumplir con lo mandado por la Constitución ante la falta de un presidente electo, es decir, convocar a elecciones presidenciales, optaron por gobernar sin límite de tiempo, sobre un pequeño pedazo de los activos de la república: aquellos que lograba quitarle Estados Unidos al régimen de Maduro, mediante sus sanciones.

Ese intento culminó en un ajuste de cuentas, en 2022, sobreviviéndole una mera “sindicatura de la quiebra”, necesaria para la disposición sucesiva de esos activos por la Casa Blanca. Mas llegado el año 2026, como si los poderes republicanos no tuviesen límites temporales en las democracias teatrales o autoritarismos electorales del siglo XXI, son resucitados a dedo diputados miembros de la fenecida Asamblea opositora para que departan y dialoguen con otra Asamblea ilegítima, la de 2026. Su propósito fijado es, a través de un sincretismo de laboratorio, restablecer los fueros de la libertad, de manos de jueces y rectores electorales forjados por una suerte de doctor Frankstein. Lograr que la ilegitimidad y su maldad connatural, den lugar a otro estadio, de legitimidad ¿simulada, atenuada, transada?

La legitimidad que a posteriori se logró construir en América Latina y en Venezuela desde dictaduras precedentes, fue posible al hacerse presente la nación, que debe respetarse y cuya dignidad ha de ser respetada. Empero, los artesanos del despropósito actual forjan mataburros electorales, pues estiman a la nación venezolana como impreparada para el sufragio. Entierran, y se empeñan en diluir para la memoria, la experiencia del 28 de julio de 2024, la elección de Edmundo González Urrutia, que ahora copian otras naciones del hemisferio para blindarse de la corruptela electoral y sus cortapisas tecnológicas.

Servir o no a la verdad, en suma, es el verdadero dilema de Venezuela. No es otro y tampoco es el de la cosmética del poder. Eso lo entendieron a cabalidad los alemanes tras el Holocausto y como premisa del orden que debían construir, para dejar atrás al mal absoluto. Se convencieron de que lo apriorístico ―volvamos a Havel y a Habermas― reside en esa regla, en esa idea, en esa norma connatural a partir de la que registramos y leemos al mundo de lo sensible, sea el político, el relativo al poder y a sus manifestaciones varias, incluidas las mercaderiles o dinerarias, para valorarlas a tiempo y rectificar, cada uno, su camino personal y como sociedad. Esas reglas “son algo apriorístico, en lo cual el hombre, frente al mundo y su experiencia, se demuestra superior, libre, y autónomo”. Hace valer su dignidad inalienable como persona y como ciudadano.

El problema o el dilema venezolano es que, así como en la Alemania que hubo de superar al nazismo, su nación sujetó a la república a una prescripción constitucional situada en su pórtico, a cuyo tenor “la dignidad humana es intangible, y respetarla y protegerla es obligación de todo poder”, entre nosotros, antes bien, la Constitución bolivariana dispone que nuestro patrimonio moral y valores residen en el pensamiento de Simón Bolívar, el Libertador. Para este el poder es vitalicio, y la nación un conjunto de seres impreparados para el bien de la libertad. 

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Educadores y personal de salud marcharán el #13Oct a Miraflores por sus derechos laborales

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La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó este 9 de octubre que se unirá a la manifestación convocada por Federación de Trabajadores de la Salud en Venezuela (Fetrasalud) el próximo 13 de octubre para exigir reivindicaciones laborales.

La manifestación se hará principalmente en Caracas, en la Avenida Universidad, desde el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación en Venezuela (Ipasme) hasta el Palacio de Miraflores.

Dentro de las exigencias de los gremios se encuentran el derogar la Plataforma Patria como método de pago, tener instructivos de pagos transparentes, elevar el salario mínimo de 130 bolívares (equivalentes a 0,15 dólares mensuales según la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026) y la transparencia con respecto a los bonos de responsabilidad profesional

«Ya basta de ofrecimientos y no de realmente atender a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales que no son atendidas por los ministros», dijo Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, durante una rueda de prensa.

Márquez recalcó que la marcha será a nivel nacional: cada delegación regional se concentraría en cada gobernación para entregar a cada institución un documento donde se le exige a la administración pública el debido respeto a los derechos civiles y laborales de los trabajadores venezolanos.

Sueldos congelados

Por su parte, el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, destacó que el Gobierno venezolano, dirigido por el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), ha «congelado» el salario desde el 2022. La inamovilidad del sueldo mínimo ha impactado negativamente en los jubilados y los trabajadores: el pasaje de ida en el Metro de Caracas cuesta 160 bolívares, representando el 123 % de un sueldo mínimo (mensual).

También denunció que los trabajadores no tienen ningún incentivo para mantener sus trabajos formales.

«Cuando llegan las épocas escolares, le pagan por becas y útiles escolares 12,50 bolívares [equivalentes a 0,014 dólares a la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026]. Esa es la política pública económica del Gobierno que nosotros creemos que no representa progreso para los trabajadores venezolanos», afirmó Zambrano.

En abril de 2026, la presidencia encargada de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos aumentó el salario integral —la suma del salario mínimo más ciertas bonificaciones que ofrece el PSUV— en 240 dólares. Sin embargo, la Canasta Alimentaria Familiar calculada por la FVM para el mes de agosto de 2026 se ubicó en los 755,36 dólares estadounidenses [equivalentes a 662 292 bolívares según la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026].

Foro Penal: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas

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La ONG venezolana Foro Penal publicó este 10 de octubre su estadística más reciente: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas. De ese grupo, al menos 31 son extranjeros o tienen una doble nacionalidad.

Los datos de Foro Penal corresponden a la primera semana de octubre de 2026. En el mismo periodo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó 424 personas detenidas arbitrariamente y que siguen tras las rejas en Venezuela. La diferencia entre ambas instituciones radica en su metodología para documentar la persecución política que usa el Gobierno del Partido Socialista Unidos de Venezuela.

Dentro de los datos de Foro Penal, al menos 308 presos políticos son hombres y 14 mujeres. Además, 182 privados de libertad arbitrariamente son civiles (56,5 %) y 140 son militares.

Entre el primero y el 5 de octubre de 2026 la ONG contó cinco excarcelaciones. Entre ese grupo se encuentran Guillermo López y Luis Camacaro, dirigentes del partido Vente Venezuela acusados de terrorismo bajo el caso «Brazalete blanco».

Aun así, Foro Penal destacó que 152 personas (47,2 %) han sido condenadas y 170 (52,8 %) permanecen sin condena.

Nueve meses continuos de protesta

El censo se publicó mientras los familiares de los presos políticos cumplen nueve meses manifestando pacíficamente por la liberación de todos los presos políticos en el país.

«Si bien han podido presenciar algunas excarcelaciones puntuales que han traído alivio a ciertos hogares, los familiares recalcan con firmeza que el camino aún es largo y que la justicia plena está incompleta», destacó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en sus redes sociales.

Cada noche, más de 15 personas hacen vigilia en la Cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, esperando a que liberen a sus seres queridos.

Cuando el Gobierno Interino de Venezuela, avalado por la administración pública estadounidense, aprobó la Ley de Amnistía en febrero de 2026, Foro Penal había contado a 687 presos políticos que estaban tras las rejas. De ese grupo, al menos 58 tenían una nacionalidad extranjera.

La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, una asociación civil conformada por activistas y familiares de presos políticos, denunció el pasado 9 de octubre que el retardo procesal del sistema de justicia venezolano mantiene a al menos 60 presos políticos sin atención médica oportuna y con enfermedades graves y a un mínimo de 36 personas con boletas de excarcelación firmadas desde hace varias semanas sin salir de las celdas.

Suiza retira a Marleny Contreras y Jorge Arreaza de la lista de congelamiento de bienes vinculados a Maduro

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El Gobierno de Suiza retiró a Marleny Contreras, esposa del ministro Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza de la lista de personas vinculadas a Nicolás Maduro cuyos bienes mantiene congelados de forma preventiva. Al mismo tiempo, incorporó a seis nuevos nombres, entre ellos empresarios y personas señaladas en investigaciones judiciales por presuntos delitos financieros relacionados con Venezuela.

Con la actualización, el número de personas incluidas en el listado pasó de 37 a 41. La medida se enmarca en el mecanismo de bloqueo cautelar que Suiza activó en enero de este año, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, para impedir que posibles activos de origen ilícito fueran transferidos fuera del país mientras avanzan las investigaciones sobre su procedencia.

La decisión se produce dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, quien está al frente del Ejecutivo. Washington ya había retirado a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados en abril.

Alex Saab y otros señalados se incorporan al listado

Entre las seis personas incorporadas por Suiza figuran el empresario Alex Saab, quien se declaró culpable de blanqueo de capitales en Miami en septiembre, y Álvaro Pulido, bajo custodia de la justicia estadounidense desde el 11 de octubre.

También fue incluido José Vicente Amparan Croquer, abogado al que la justicia estadounidense señala como presunto lavador profesional de dinero en el caso Money Flight, relacionado con el desfalco de 1.200 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esta trama comparte protagonistas con las investigaciones que permanecen abiertas contra Alejandro Betancourt en Suiza y España.

Otro de los nuevos nombres es Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario que, según el anexo suizo, mantiene vínculos con Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano. La Fiscalía estadounidense lo identificó como presunto testaferro de los hijastros de Maduro en la misma trama financiera.

La actualización también alcanza a familiares de antiguos funcionarios del sector eléctrico. Se trata de Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos y socia de su empresa Ingespre, y de María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa. Ambos ex viceministros ya figuraban en el listado suizo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La perla de Nicolás Maduro Guerra: «La Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país»

Durante una entrevista al medio televisivo Globovisión, el diputado de la Asamblea Nacional de 2025, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que la Ley Contra el Odio fue una herramienta «para pacificar» a la población venezolana, pese a que su aplicación acarreó «excesos» por parte del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Ojalá haya sectores que pudieran reconocer también que la Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país, porque esa ley nace por una ola de violencia y de odio impulsada por un sector de la población que quería un cambio político a través de la violencia”, destacó el parlamentario.

La Ley contra el Odio fue creada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un ente donde perteneció Maduro Guerra y cuyas funciones opacaron la Asamblea Nacional del 2015 conformada por legisladores de la oposición al PSUV. Para ese entonces, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social había registrado 9787 protestas ciudadanas antigubernamentales para derogar legalmente a Nicolás Maduro Moros de la presidencia venezolana.

Las protestas fueron reprimidas por el ejército y cuerpos de seguridad comandados por el PSUV. El saldo de la represión gubernamental se estima en al menos 163 muertos, 2 977 heridos y 1 351 detenidos arbitrariamente, según ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón.

La Ley Contra el Odio impuso penas hasta de 30 años de cárcel para cualquier mensaje que el PSUV asumiera como crítico a su partido, documentó la ONG Espacio Público. La sociedad civil venezolana documentó más de 900 detenciones arbitrarias relacionadas a la Ley del Odio, incluyendo 118 adolescentes.

«Ha habido excesos»

Maduro Moros, hijo del mandatario capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, aseguró que «ha habido excesos» en la aplicación de la Ley Contra el Odio, pero afirmó que no derogarán la normativa.

«Yo diría [que hay que] agregar, de repente, algunos artículos que si se comete algún exceso, ese exceso sea castigado también y proteger al ciudadano, pero también proteger a la víctima del odio», manifestó Maduro Moros. «Sin lugar a duda esta ley debe tener un carácter educativo».

Destacó que la Asamblea Nacional del 2025, conformada principalmente por el PSUV, ha estado desde el 7 de octubre en conversaciones para reformar la Ley. Explicó que se pretende cambiar el nombre y «suavizar» algunas penas.

«La gente está obstinada del conflicto político», dijo Maduro Moros.

La reforma de la Ley Contra el Odio se propicia en el marco de una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional del 2025 y miembros de la Asamblea Nacional del 2015, avalado por el Gobierno de Estados Unidos. Se espera que el tercer encuentro entre los representantes se concrete el próximo 14 de octubre de 2026.

Reducción de la brecha cambiaria no frena presión sobre el dólar

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La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se redujo hasta uno de sus niveles más bajos del año al cierre de septiembre, pero eso no significó una recuperación del bolívar. El tipo de cambio oficial siguió aumentando y, en los primeros días de octubre, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse. 

La menor oferta de divisas coincide con este comportamiento y, según una estimación de la firma Ecoanalítica, el Gobierno liquidó cerca de 1.400 millones de dólares en septiembre, 37% menos que en julio. En este contexto, la reducción de la brecha no necesariamente llevó a una mayor estabilidad del mercado cambiario. 

El jueves, durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la reducción de la brecha cambiaria y la atribuyó a las medidas de su Gobierno para aumentar la oferta de divisas y estabilizar el mercado. Según cifras publicadas por Banca y Negocios, el Banco Central de Venezuela colocó 7.738 millones de dólares en el mercado cambiario durante el primer semestre de 2026, frente a 4.496 millones de dólares en el mismo período de 2025, un incremento de 72,11%. 

La intervención del BCV ha tenido un peso determinante en la oferta de divisas durante 2026. Hasta el 4 de septiembre, el sistema cambiario había movilizado 12.531,84 millones de dólares, de los cuales 11.093,15 millones correspondieron a la intervención del instituto emisor, lo que equivale a 88,5% del total. 

El volumen muestra la magnitud del esfuerzo oficial para abastecer el mercado cambiario. Sin embargo, el peso de esa intervención genera dudas acerca del sostenimiento de esta política, sobre todo cuando la oferta disminuye. 

Oferta del BCV es una incertidumbre

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, calculó que el mercado necesita alrededor de 1.500 millones de dólares mensuales para cubrir la demanda asociada a las importaciones no petroleras. Según esa estimación, la oferta de dólares de septiembre habría cubierto 93% de ese requerimiento, sin contar remesas de utilidades, servicios ni las compras de dólares como protección ante la depreciación del bolívar. 

Para las empresas, la menor disponibilidad de divisas encarece la reposición de inventarios y dificulta la planificación de compras e inversiones. Aunque la brecha cambiaria se reduzca, la dependencia de la oferta del BCV mantiene la incertidumbre sobre el acceso a dólares y obliga a las compañías a ajustar sus pedidos, revisar precios o postergar inversiones. 

Los ajustes de las empresas también llegan al consumidor a través de los precios o de una menor oferta de productos. Que la brecha cambiaria se reduzca no significa que los precios vayan a bajar, sobre todo si el dólar oficial sigue subiendo y reponer la mercancía cuesta más. 

Sin corregir los desequilibrios 

Para el economista Manuel Sutherland, una de las razones de la reducción de la brecha es que el ente emisor ha permitido que el tipo de cambio oficial aumente de forma gradual. Ese movimiento acorta la distancia con el paralelo, aunque no implica una recuperación del bolívar. La convergencia responde, en parte, al deslizamiento de la tasa oficial y no necesariamente a una estabilización del mercado, explica. 

Sutherland también relaciona el comportamiento de la brecha con las restricciones al crédito. A su juicio, las limitaciones al financiamiento frenan la expansión de las empresas y restringen el consumo, lo que puede moderar la demanda de divisas. 

El economista cuestiona que el Gobierno celebre la reducción de la brecha sin corregir el esquema cambiario. A su juicio, mantener tipos de cambio distintos genera oportunidades de arbitraje. «El gobierno mantiene la brecha porque todavía es un negocio seguir con un tipo de cambio sobrevaluado, esa bicicleta cambiaria ha destruido al país en los últimos 25 años», afirma. 

La elevada participación del BCV en la oferta de divisas y el retroceso de las liquidaciones estimadas para septiembre muestran que la convergencia sigue expuesta a cambios en la disponibilidad de dólares. La dependencia de la intervención oficial no ha logrado contener la presión cambiaria, pese a la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. 

Conatel legaliza la Starlink de Elon Musk tras ocho meses de operación fuera de ley

Conatel anunció este viernes, 9 de octubre, que aprobó “la Habilitación General HGTS-00639 y siete Concesiones Generales en la banda Ku” a favor de la sociedad mercantil SPACEX VZ, S.C.A, con lo que Starlink, el servicio de internet satelital propiedad de Elon Musk, queda autorizado legalmente para operar en Venezuela. 

El ente lo informó a través de su cuenta en X y argumentó que la decisión es parte de las políticas del Estado venezolano para “democratizar el acceso a la tecnología y garantizar la conectividad a la población”.

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por parte de fuerzas militares estadounidenses, la empresa Starlink hizo una concesión y otorgó banda ancha gratuita al pueblo venezolano hasta el 3 de febrero.  Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo y que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la administración de Donald Trump, reposteó el mensaje con una frase de apoyo “al pueblo de Venezuela”. 

Desde hacía años algunos venezolanos hacían uso de este servicio de manera informal. Según estimó el periodista especializado en tecnología, William Peña, para enero existían unos 60.000 ciudadanos con antenas de Starlink en el país. Los usuarios dependían del plan itinerante regional o global. Es decir, registraban los equipos utilizando direcciones de facturación y cuentas en países donde el servicio sí era oficial, como Colombia o Estados Unidos, y al activar la función de roaming las antenas recibían internet porque la red de satélites también emite señal sobre el territorio venezolano.


El 8 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sería una pieza clave de la agenda legislativa de este año, plan que la Asamblea Nacional recogió en su agenda 2026-2027. Se trató de una admisión de que el marco regulatorio necesitaba cambios mientras el servicio satelital empezaba a llegar a más hogares. 

El 4 de febrero de 2026, Starlink pasó de la gratuidad a la venta. En ese entonces el servicio quedó disponible por dos vías: la compra de kits nuevos en distribuidores autorizados o el cambio de clientes con plan itinerante  a un plan residencial con descuento. La empresa identificó como distribuidores a Daka, Multimax y SoyTechno, y estableció que cada cuenta venezolana solo podía tener un kit. También indicó que a partir del 6 de marzo las nuevas activaciones residenciales podrían incluir un recargo único por demanda que variaría según la dirección del servicio. Conatel, sin embargo, nunca emitió una declaración sobre el tema.

Un negocio montado a la vista de todos

Mientras el marco legal estaba en pausa, el negocio se organizaba y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela daban un giro de 180 grados para fortalecerse. Multimax pasó a presentarse como la marca oficial y autorizada de Starlink en Venezuela, y anunció que los primeros kits ya estaban disponibles en sus 47 tiendas en todo el territorio nacional. 

El líder del acuerdo era el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group, quien lo calificó como una meta cumplida  y prometió “respaldo, seguridad y garantía”. También se anunció que los usuarios podían pagar la mensualidad del servicio de Internet directamente en bolívares a través del Banco de Venezuela. 

Es decir, se establecieron distribuidores, tiendas, un banco público como canal para pagar y la demanda comenzó a aumentar. Sin embargo, se había ignorado todo el marco legal que regula su actividad.

William Peña explicó a Runrun.es en marzo que las operaciones hasta ese momento eran opacas. Recordó que la normativa venezolana vigente exigía una habilitación para explotar servicios de internet y concesión para usar el espectro radioeléctrico, “so pena de ser sancionada penalmente y administrativamente”. 

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  quienes estén interesados en prestar estos servicios al público, deben solicitar la habilitación presentando la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante incluyendo los nombres y apellidos, domicilios y los documentos de identificación. El instrumento también establece que los prestadores de servicios deben pagar impuestos. 

En ese entonces, al preguntar por una oficina comercial en Venezuela, el asistente del Centro de Ayuda en la página web oficial de la empresa respondió que Starlink operaba principalmente a través de su sitio web y que no tenía información sobre oficinas físicas en el país.

El 25 de junio, un día después de los terremotos que devastaron el país, Starlink anunció en su página web que ofrecería su servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.

En su anuncio de este miércoles, Conatel cita esa acción como un “antecedente de cooperación técnica” y asegura que durante ese período “se probaron con éxito tecnologías de mensajería D2D y capacidad satelital en zonas afectadas”. Lo que no aclara es que Starlink ya tenía meses funcionando en el país fuera de ley. El ente gubernamental insistió en que, con este permiso, ratifica su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de la innovación y la inclusión digital en el país.

Tomando en cuenta que según el Índice de Speedtest Venezuela ocupó para agosto de 2026 el puesto 96 entre 149 países, cualquier oferta de conexión estable encuentra una demanda inmediata.

La legalización de las operaciones de Starlink este 9 de octubre resuelve el estatus de la empresa, pero abre otro debate: la autoridad se hizo la vista gorda durante meses y de eso no hay rendición de cuentas. Para los usuarios, el cambio puede traducirse en mayor certeza sobre su servicio. Para el país, la pregunta es si las reglas del sector valen igual para todos los operadores o dependen de quién llegue y con qué respaldo.