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La mayoría de los venezolanos continúa en situación de inseguridad alimentaria severa

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La crisis alimentaria en Venezuela ha dejado de ser una coyuntura económica para convertirse en una sistemática vulneración de los derechos humanos. El “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, presentado este 14 de mayo, documenta cómo el derecho a la seguridad alimentaria (consagrado en el artículo 305 de la Constitución) enfrenta un deterioro estructural que no se puede ocultar con la nueva narrativa de recuperación. 

Mientras el oficialismo celebra el crecimiento en la exportación, la realidad en las masas venezolanas, según Hum Venezuela, es de una pobreza extrema en el 56,8% de los hogares y una inflación en alimentos que en 2025 escaló al 259,3.

Para el venezolano de a pie, la falta de dinero es el primer obstáculo que denuncia la ONG. En 2025, el Ingreso Mínimo Integral resultó ser insuficiente para poder cubrir una dieta básica ya que la caída del salario fue drástica: pasó de 3,3 dólares en 2024 a apenas 1,1 dólares en 2025. Estos datos sitúan a gran parte de la población en umbrales de inseguridad alimentaria severa, pues la capacidad de compra en los hogares a duras penas alcanzó para costear el 7,3% de una canasta alimentaria valorada en 565,35 dólares.

El documento detalla que en 2025, la brecha entre los salarios y el costo de la Canasta Básica evidencia una “vulneración sistémica”: en los hogares venezolanos el gasto alimentario absorbe la totalidad de los ingresos, lo que se traduce en “privaciones severas en salud y educación para evitar el hambre, rompiendo la estabilidad mínima necesaria por hogar”.

Este capítulo del informe de Provea describe que aunque en el primer semestre de 2025 en el primer semestre de 2025 se observó una desaceleración en los precios,desde julio del año pasado comenzó un “ciclo de deterioro acelerado” en este aspecto que terminó pulverizando aún más el poder adquisitivo de los trabajadores “y exacerbó la desigualdad, situando el costo de la vida muy por encima de los
ingresos promedio y consolidando una tendencia de encarecimiento agresivo hacia el cierre del año”.

Salarios que no alimentan

La investigación detalla que ante la pérdida del poder de compra, el 32,5% de las familias se vio en la obligación de canjear trabajo por comida, mientras que un 9,9% tuvo que recurrir a empleos riesgosos para poder alimentarse. Este fenómeno de “oficios precarios” se agrava con la disminución de las remesas, las cuales disminuyeron un 13,9% con respecto a 2024, lo que dejó a muchos hogares sin su principal salvavidas monetario.

Provea refiere datos de reportes de Cáritas Venezuela que documenta otras medidas de “supervivencia crítica” a las que recurren los venezolanos para poder comer: 76% liquida sus ahorros para adquirir alimentos, 59% se priva de alimentos en cantidad y calidad, 54% recurre al endeudamiento y 32% “debe pedir apoyo o mendigar para comer”.

“Estas cifras confirman que, aunque el suministro de alimentos ha mejorado en los anaqueles, la exclusión económica mantiene a la mayoría de la población en una situación de inseguridad alimentaria severa”, concluye Provea.

En medio de esta fragilidad económica parte de la población mantiene una dependencia forzada a programas como el CLAP. Sin embargo, Provea destaca que este proyecto también ha mostrado una caída: de beneficiar al 54,5% de los hogares en 2024 pasó apenas a beneficiar al 39,5% en 2025.

Un sector muy vulnerable en cuanto al tema de la alimentación es el de los adultos mayores. Las estadísticas indican que 9 de cada 10 no pueden costear su alimentación básica, pues sus ingresos apenas pueden cubrir entre 9% y 23% de la canasta alimentaria.

El colapso de los servicios

Alimentarse en Venezuela también implica enfrentar el suplicio de los servicios públicos. Según el estudio, el 68% de la población sufrió interrupciones eléctricas en horas productivas con un promedio de 14 horas sin suministro. Esta situación impacta directamente en la seguridad alimentaria por la pérdida de la cadena de frío y el daño de los electrodomésticos.

El acceso al agua potable muestra también una brecha profunda. Según un monitoreo de Cedice Libertad, el 86% de los hogares posee conexión por tuberías, el 63% presentó restricciones graves para su acceso, y el 86% de los usuarios calificó el agua como “fétida y sucia”. Sin agua salubre el derecho a la alimentación se rompe y se expone a los ciudadanos a enfermedades, en un sistema hospitalario que tampoco tiene garantizado el servicio.

Signos del “hambre oculta”

En Venezuela, el hambre tiene una cara invisible que no siempre se refleja en la pérdida de peso, sino en el colapso de los valores sanguíneos. La anemia ferropénica es la manifestación más extendida de la llamada “hambre oculta”, una crisis silenciosa provocada por la imposibilidad de acceder a proteínas animales, vegetales verdes y frutas.

Provea explica que a diferencia de la emaciación, o pérdida de peso, este déficit puede pasar desapercibido sin pruebas de laboratorio, pero sus efectos son devastadores: fatiga crónica y complicaciones críticas durante el embarazo y el desarrollo del feto.

La gravedad del problema es sistémica. Según el informe SOFI, casi una de cada cuatro mujeres en edad fértil en el país padece anemia (24,2% en 2024). Estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo del fracaso de las políticas de fortificación alimentaria y del sistema de salud pública.

“Esta crisis compromete el capital humano futuro, pues madres anémicas suelen tener hijos con deficiencias cognitivas e inmunológicas.
Urge garantizar nutrición y salud dignas para que las mujeres aseguren una generación de relevo sana”, advierten.

Respecto a los índices de desnutrición, las estadísticas de Cáritas reportan hasta un 9,1% en comunidades vulnerables frente al 1,2% que indican las cifras oficiales.

Dinero que no se traduce en más y mejores platos

Existe un contraste en el crecimiento de las exportaciones y el hambre en el país. En el informe se señala que sectores como el café y el cacao registraron incrementos notables en sus ventas: el café creció un 500% en mercados externos, pero estos ingresos en divisas no se traducen en soluciones alimentarias para la dieta básica.

Por el contrario, sectores básicos para la dieta nacional, como las caraotas, presentan un retraso crítico: el 75% del consumo depende de importaciones.

En la investigación también se detalla que aunque la producción nacional logra cubrir 98% de la demanda interna de carne de res, el sector enfrenta una fase de “estancamiento estructural, como bajo consumo per cápita, con una ingesta de apenas 12 kg anuales (aproximadamente 250 gramos semanales por persona), cifra que refleja una profunda brecha de accesibilidad económica”.

Provea advierte que el modelo económico que intenta emerger en el país está priorizando el capital y las exportaciones por encima de la justicia social.

Sugerencias para la recuperación

El Estado venezolano enfrenta la urgencia de rescatar la producción nacional de rubros estratégicos como el maíz y el arroz, que hoy dependen de las importaciones en un 50% y 32%, respectivamente. Para revertir esta vulnerabilidad, Provea recomienda implementar medidas financieras que fortalezcan a los pequeños y medianos productores, garantizándoles acceso a insumos, servicios básicos confiables e infraestructura adecuada.

Sin embargo, la producción es solo una parte de la ecuación: el informe destaca que es imperativo nivelar el ingreso mínimo con el costo de la canasta alimentaria, que en 2025 promedió los 565 dólares. Actualmente, el ingreso promedio apenas cubre el 7,3% de esta necesidad básica y condena a más de un tercio de los venezolanos a estrategias de supervivencia de alto riesgo.

Más allá del acceso económico, la seguridad alimentaria exige un entorno que permita el aprovechamiento biológico de los alimentos, lo que implica estabilizar urgentemente los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico.

Provea insta asimismo a ejecutar programas nutricionales focalizados en grupos prioritarios como la población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas bajo tutela del Estado, especialmente privados de libertad.

Finalmente, el informe subraya que cualquier solución sostenible requiere transparencia: el Estado debe publicar cifras oficiales actualizadas y garantizar seguridad jurídica a las organizaciones humanitarias que operan bajo el enfoque de “triple nexo” (emergencia, desarrollo y paz) para transitar de la asistencia inmediata al desarrollo real.

Lea el informe completo aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 15 de mayo: El eclipse de la Constitución en 2025 y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 15 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo:

El “eclipse” de la Constitución: informe anual de Provea documenta una crisis estructural de DDHH

La organización no gubernamental Provea presentó este jueves, 14 de mayo, su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. El evento, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), congregó a activistas, víctimas, académicos y miembros del cuerpo diplomático para analizar el estado de las garantías fundamentales en el país durante el último año y los primeros meses de 2026.

La presentación contó con un panel de expertos y voces de la sociedad civil que abordaron la crisis desde distintas dimensiones. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien ofreció el contexto político y los retos de la transición; Lissette González, coordinadora de Investigación de la organización, quien detalló los hallazgos estadísticos sobre derechos sociales y civiles; la historiadora Margarita López Maya, que tuvo la responsabilidad de analizar el nuevo escenario geopolítico tras los eventos de enero de 2026; Javier Tarazona, director de Fundaredes y expreso político, quien brindó un testimonio sobre la tortura y la judicialización; y Lis Hernández, lideresa indígena que denunció la devastación ambiental en el sur del país.

Recién salido del horno: otras noticias

Claves | El colapso de los de los derechos civiles y políticos durante 2025 según informe de Provea

Las perlas de Marco Rubio sobre Venezuela: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”

Sumar o restar magistrados: las maromas del gobierno en el TSJ según la necesidad

Proponen plan nacional de emergencia eléctrica para recuperar y estabilizar el servicio

Ligia Bolívar: Los logros en DDHH no son por “mendigar” al poder

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

“Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable. La sociedad civil debe exigir que este proceso no se dé a espaldas de la gente”, investigadora Christi Rangel.

Lo que rompe en redes

John Barrett, encargado de Negocios de EEUU, informó este jueves 14 de mayo que se reunió con el Ministro de Energía, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional. «El plan de tres fases del Presidente de los EEUU y del secretario Marco Rubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con EEU», publicó la cuenta de X de la embajada estadounidense en Caracas.

Azuquita pa’l café

Este viernes, 15 de mayo, se realizará una misa en honor a Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y cuyo deceso fue revelado casi 10 meses después. Familiares y amigos acompañarán a la señora Carmen Teresa Navas en la Iglesia La Candelaria a las 10:00 de la mañana para rendir homenaje a su hijo.

La ñapa (recomendamos…)

Reestructuración de deuda externa solo será exitosa con legitimidad democrática 

Como una “pésima” noticia para el país calificaron algunos expertos en materia económica, el anuncio hecho este miércoles 13 de mayo por el Ejecutivo de reestructurar la deuda externa pública y la de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).    

El economista y profesor de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB), Omar Zambrano, sostuvo que llevar a cabo esta misión es cuesta arriba para un gobierno sin legitimidad democrática, estadísticas macroeconómicas, deudas creíbles, programa formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un plan de estabilización coherente. 

De acuerdo con Zambrano, para llevar a cabo una reestructuración exitosa se necesitan cifras auditables, legitimidad, apoyo multilateral y un plan macro creíble. 

“El gobierno interino tiene cero de cuatro”, escribió el economista en su cuenta de X. 

El profesor universitario agregó que sin un análisis de sostenibilidad de deuda refrendado por el FMI no hay manera técnica de defender una reestructuración.  

“Sin ancla multilateral, puede haber un descuento, pero este será negociado sobre la inferencia que hagan los acreedores sobre la capacidad de pago de un soberano débil”, dijo Zambrano.

El economista también apuntó que está latente la posibilidad de caer nuevamente en default en pocos años porque sin la presencia de un árbitro multilateral, los acreedores impondrán sus plazos de pago y periodos de gracia.  “Por lo que habrá menos tiempo para que el flujo de caja externo se recupere”.

El especialista agregó que la reestructuración solo de bonos no tiene sentido técnico.  

“Reestructurar solo los bonos, que son unos $100 mil millones, subestima la verdadera carga de la deuda externa y no resuelve el problema integral, por lo que el alivio efectivo será marginal y la sostenibilidad post acuerdo seguirá estando comprometida”, amplió

Zambrano añadió que lo anunciado por el gobierno de Rodríguez constituye un proceso opaco, parcial, apresurado, sin contrapartes técnicas y respaldo multilateral: “Va a producir un acuerdo lesivo para los intereses económicos de Venezuela y para la recuperación que viene”.

Reestructuración limitada 

Para el director y fundador de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, es importante acotar que la Licencia General 58 emitida recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) a Venezuela no permite ejecutar transacciones financieras.

“Permite contratar asesores legales, bancos de inversión y consultores para preparar una eventual negociación. Se pueden diseñar propuestas y escenarios de reestructuración, pero no intercambiar bonos, cerrar acuerdos ni ejecutar operaciones sin autorización explícita de las autoridades estadounidense”, escribió en su cuenta de X.  

Para Grisanti antes de cualquier negociación seria de la deuda, Venezuela debería avanzar a una normalización institucional y estadística.

“Aunque el BCV volvió a publicar cifras macroeconómicas, el propio instituto reconoce que los datos desde 2018 son provisionales, y persisten debilidades importantes en recolección y procesamiento estadístico”, dijo el economista. 

Grisanti consideró indispensable la intervención de una misión técnica del FMI para revisar cifras oficiales e indicó que ese proceso podría fácilmente consumir un año. 

“Las experiencias internacionales muestran que las reestructuraciones más rápidas toman alrededor de dos años, mientras que los procesos complejos consumen cuatro años o más”, agregó. 

Para el director de Ecoanalítica acelerar el proceso sin suficiente institucionalidad puede terminar generando más riesgos que soluciones.

Por su parte, el economista José Guerra dijo que para reestructurar la deuda es necesario publicar cifras oficiales, constituir un grupo de expertos financieros independientes, acudir al FMI para obtener apoyo y asesoría técnica para la renegociación y solicitar una licencia a la OFAC para poder renegociar la deuda.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Profesores de la UCV ratifican llamado a paro de 24 horas

Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificaron un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 19 de mayo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) informó que la medida se lleva a cabo por la grave crisis salarial y la falta de respuesta del Ejecutivo Nacional a las demandas del sector universitario.

A pesar de que el pasado 30 de abril el Ejecutivo informó un anuncio salarial, para los profesores el aumento no representó novedad alguna. Los docentes exigen salarios dignos y mejoras en las condiciones laborales.

En el documento denunciaron que el salario mínimo se aproxima a cero dólares y que el aumento reciente en el “Bono de Guerra” es insuficiente y no tiene incidencia en las prestaciones sociales.

Las 24 horas de paro serán acatadas por todas las instituciones públicas de país, incluyendo personal docente, administrativo y obrero.

“Rechazamos el llamado a paro”

El Ministerio de Educación Universitaria, bajo la gestión de Ana María Sanjuan, rechazó el llamado a paro, calificándolo de “incomprensible” e instó a continuar con el diálogo.

“Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro? Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro”, escribió Sanjuan en su cuenta en X.

En el comunicado, el Ministerio de Educación Universitaria “lamentó” las “visiones unilaterales” que desconocen los “esfuerzos” del Ejecutivo para proteger el ingreso de los trabajadores universitarios a través de los beneficios “temporales” de bonificación.

Para la Apucv resulta incomprensible que el Ministerio de Educación Universitaria manifieste su asombro ante la convocatoria a un paro de 24 horas.

“La realidad es que el 30 de abril solo hubo el incremento de $50 dólares del denominado Bono de Guerra. El Bono de Responsabilidad Profesional que, unilateralmente el Gobierno decidió pagar solo al 25% de los profesores universitarios”, afirmó la Apucv.

Los profesores reiteraron que llevan más de una década trabajando de manera gratuita y financiando la educación superior pública. Agradecieron las mesas de trabajo que se han realizado con representantes del Estado para tratar asuntos puntuales como el HCM, seguro funerario y atención primaria de salud; sin embargo, aclararon que en dichas reuniones no se ha tratado el tema central que es el aumento del salario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | El colapso de los derechos civiles y políticos durante 2025 según informe de Provea

La ONG Provea presentó un balance de la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela durante 2025, el cual revela una profundización del control estatal y la desarticulación progresiva de las garantías ciudadanas.

Estos hallazgos forman parte del “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, presentado el 14 de mayo. La organización detalla el estado de vulnerabilidad de la población frente al poder público.

La sección correspondiente a los derechos civiles y políticos explica la magnitud del retroceso institucional: el uso de los tribunales como herramienta de castigo, la persistencia de la letalidad policial, el repunte de las desapariciones forzadas, el deterioro de la integridad en los centros de reclusión y la anulación de la participación política.

Derecho a la justicia: Un sistema subordinado

El informe describe un Poder Judicial que no solo padece de falta de independencia, sino que actúa activamente en la persecución. Durante 2025, el sistema se caracterizó por la vulneración sistemática del debido proceso y la criminalización de la disidencia.

Provea destaca que la proclamación de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031 se realizó al margen de los estándares de transparencia, sumiendo al país en una “crisis de legitimidad sin precedentes”.

En este contexto, el informe advierte sobre la propuesta de Reforma Constitucional que busca instaurar el “Estado Comunal”, alertando que dicho modelo pretende sustituir la democracia representativa por instancias de control político vertical, lo que contraviene el deber del Estado de facilitar las condiciones para la práctica participativa ciudadana.

Asimismo, se documenta un patrón de impedimento a la defensa privada: “A los detenidos se les impuso defensores públicos que, lejos de tutelar sus derechos, actuaron como facilitadores de la condena política”.

Por otra parte, alertan que existe un 89% de opacidad en los Tribunales Ordinarios: 85.945 decisiones publicadas frente a 781.403 anunciadas en la apertura judicial.

Derecho a la vida: Letalidad policial y militar

A pesar de la disminución de las protestas masivas, la letalidad de los cuerpos de seguridad se mantuvo en niveles alarmantes. En 2025, un total de 336 personas fueron asesinadas por efectivos de seguridad estatales. El informe revela que el 54% de las víctimas fueron jóvenes de entre 18 y 30 años, habitantes de sectores populares.

Asimismo, destaca un dato crítico: el 42% de los fallecidos no pudo ser plenamente identificado en los registros oficiales iniciales, lo que fomenta la impunidad. El Ministerio Público no investigó estas muertes. La Defensoría del Pueblo guardó silencio. 

Sobre la responsabilidad, el informe exige el “establecimiento de responsabilidades penales no solo para los autores materiales, sino también para las cadenas de mando intermedias y superiores”.

Libertad personal: El auge de la desaparición forzada

Si bien las violaciones al derecho a la libertad personal bajaron un 77,4% con respecto a 2024 (sumando 596 casos), Provea explica que el foco cambió hacia la desaparición forzada. En 2025 se registraron 160 víctimas de desaparición forzada, un incremento del 196% comparado con las 54 del año anterior. 141 de los casos (23,7%) corresponden al patrón de detenciones individuales, lo que representa un descenso de 44,6% respecto a 2024.

Según la organización, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue responsable del 43% de las detenciones arbitrarias. La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estuvo involucrada en el 25% de los casos. 2025 fue el segundo año con más detenciones políticas en el registro histórico de Provea con 513 víctimas.

Además, recuerdan casos que siguen sin respuesta, como el de Alcedo Mora, activista popular de izquierda, detenido desde el 27 de febrero de 2015, y el de Hugo Enrique Marino Salas, desaparecido el 20 de abril de 2019 y que fue visto por última vez en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.

Estas acciones buscan el aislamiento total del detenido. El informe define el año como uno “signado por la criminalización de la disidencia y el cierre definitivo del espacio cívico”.

Integridad personal: Tortura y tratos crueles

El informe registra 659 denuncias de violaciones a la integridad personal y 42 víctimas directas de tortura. La organización utiliza el concepto de “muerte institucional” para explicar fallecimientos bajo custodia, como los de Osgual González y Lindomar Bustamante (este último en Tocorón, mayo de 2025).

Sobre las condiciones de reclusión, el texto señala que el Estado venezolano contraviene el artículo 43 de la Constitución, el cual le otorga el rol de garante de la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su autoridad.

Para Provea es crucial de “avanzar en la definitiva puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

La organización también señaló que al menos 463 privados de libertad por razones políticas, denunciaron haber sido víctimas de tratos crueles, tras la negación de servicios de salud y acceso a contacto con sus familias.

Participación ciudadana y libertad de asociación

Durante 2025, Provea documentó 2219 manifestaciones, lo que representa una caída del 86,7% en comparación con 2019. El informe advierte que este descenso es producto de un entorno de inhibición y criminalización de la protesta.

La ONG manifiesta su preocupación por la “crisis de legitimidad por la cual atraviesa el Poder Electoral” y el hostigamiento a la sociedad organizada, refiriendo ataques contra la sociedad civil como la registrada el 7 de agosto de 2025 contra madres en una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De acuerdo con el informe, lejos de facilitar las condiciones para este derecho, el Estado ha profundizado una estructura de exclusión y vigilancia sobre la sociedad organizada. Provea indica que los comités de víctimas de violaciones de derechos sufrieron 12 incidentes represivos en 2025 por su campaña pacífica de exigencia de libertad para presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa de ARI con la Luz | Muerte de Quero evidencia el patrón de ataque generalizado del Estado

Para Martha Tineo, directora de la ong Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la desaparición y posterior muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado, el 24 de julio del 2025, según lo anunciado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, pone en contexto un patrón de ataque sistemático, que ha sido implementado como política de Estado, dirigido a grupos de la sociedad civil en Venezuela. 

Según Tineo este caso forma parte de un patrón de persecución generalizado, que se califica como crimen de lesa humanidad. 

“No es solo el caso de Víctor Quero”, aseguró la abogada durante su intervención del domingo 10 de mayo de 2026 en La Conversa ARI con la Luz, el programa de debate de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en el que participaron Ronna Rísquez, coordinadora de ARI; César Batiz, director de El Pitazo, Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es; y Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, que 

La abogada sostuvo que desde 2014 la ong ha documentado, al menos, 27 muertes de presos por razones políticas bajo custodia del Estado. Precisó que todas las muertes ocurrieron como consecuencia de torturas, negación a servicios de atención médica o a las condiciones de reclusión. “De otros privados de libertad por motivaciones distintas son muchísimos más”, aseguró Tineo.

“Cuando vemos que en el 2014, 2016 o como en el 2020 o 2026, esto se repite (…) te das cuenta que pasa a ser una política de Estado. Ya no estaríamos hablando de una violación a los derechos humanos (DD.HH.), que se refiere a cuando efectivamente hay responsabilidad del Estado (…). Este caso, en cambio, hace parte de, al menos, 27 que desde el 2014 han ocurrido en Venezuela”. 

Un caso que debe ser incorporado a la investigación de la CPI

Para Tineo, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, es un crimen de lesa humanidad, que debe añadirse al proceso de investigación Venezuela I, que adelanta la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017. 

“Entre los crímenes que precisamente se están investigando en la fiscalía de la CPI está el de ‘persecución por razones políticas’ y el de ‘detenciones arbitrarias’. En el caso de Víctor Quero esto ocurre como parte de una política de persecución contra disidentes y se ejecuta a partir de una detención arbitraria que fue continuada a una desaparición forzada, y finalmente con este desenlace terrible. Definitivamente podríamos enmarcar este caso en uno de esos que debería ser incorporado a la investigación que cursa ante la fiscalía de la CPI”, dijo. 

No hay expectativas para encontrar justicia en Venezuela

De acuerdo a una investigación de la Alianza Rebelde Investiga, la muerte de Víctor Hugo Quero involucra, al menos, a 12 funcionarios del Estado que integran el sistema de justicia en Venezuela.

Los señalados directamente son Julio García Zerpa, ministro de Asuntos Penitenciarios; Alexander Martínez, director del El Rodeo I; Dionita Coronado; defensora III de la Defensoría delegada del Área Metropolitana de Caracas; Alfredo Ruíz, defensor del pueblo en ese momento; Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público en ese momento; Luis Felipe Cádiz; fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas; Carlos Liendo; juez del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo y Daniel Ramírez, defensor público general.

También están involucrados de manera indirecta Diosdado Cabello; ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Douglas Rico, director general del Cicpc; Lisset Moreno, directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y Luis Montaño Hernández, director del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”.  

Para Martha Tineo no hay expectativas de que haya justicia en Venezuela. “Este caso ilustra todas las violaciones a los derechos humanos, que durante al menos dos décadas se han denunciado en Venezuela, cuando se ejerce la persecución política por vía judicial”. 

De acuerdo con la abogada, el sistema de justicia venezolano a través de todos sus órganos se ha conjugado para “perseguir, castigar y criminalizar por vía judicial a la disidencia”. Tineo detalló que, hasta que Venezuela “no avance en un proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, todas las expectativas de las víctimas están puestas en los sistemas internacionales”. 

El acompañamiento colectivo como herramienta para documentar casos de violaciones a DD.HH.Durante el programa, la abogada dió orientaciones para los familiares de víctimas de casos de violaciones de derechos humanos, que ante el miedo de denunciar, pueden apoyarse en periodistas, abogados, organizaciones y defensores de derechos humanos que les permitan documentar su proceso, lo cual es fundamental para que haya justicia, garantía de no repetición y reparación integral a las víctimas. “Ante el miedo, acompañarnos y hacer una documentación exhaustiva”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El “eclipse” de la Constitución: informe anual de Provea documenta una crisis estructural de DDHH

La organización no gubernamental Provea presentó este jueves, 14 de mayo, su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. El evento, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), congregó a activistas, víctimas, académicos y miembros del cuerpo diplomático para analizar el estado de las garantías fundamentales en el país durante el último año y los primeros meses de 2026.

La presentación contó con un panel de expertos y voces de la sociedad civil que abordaron la crisis desde distintas dimensiones. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien ofreció el contexto político y los retos de la transición; Lissette González, coordinadora de Investigación de la organización, quien detalló los hallazgos estadísticos sobre derechos sociales y civiles; la historiadora Margarita López Maya, que tuvo la responsabilidad de analizar el nuevo escenario geopolítico tras los eventos de enero de 2026; Javier Tarazona, director de Fundaredes y expreso político, quien brindó un testimonio sobre la tortura y la judicialización; y Lis Hernández, lideresa indígena que denunció la devastación ambiental en el sur del país.

Un sistema democrático en eclosión

Óscar Murillo inició su intervención contextualizando la gravedad del retroceso institucional. Según el coordinador de la ONG, el año 2025 estuvo marcado por el desconocimiento de procesos electorales y una respuesta estatal basada en la “represión histórica”. Murillo explicó que Venezuela es un caso de estudio sobre cómo líderes populistas autoritarios logran socavar los contrapesos democráticos desde el interior de las instituciones.

Sobre el panorama actual de 2026, Murillo señaló que los hechos del 3 de enero abrieron un proceso de “enorme incertidumbre y altas expectativas”. Sin embargo, advirtió sobre los peligros de una estabilización cosmética.

“Existe un riesgo real en que la estabilización se centre únicamente en brindar garantías para las inversiones extranjeras, dejando de lado la justicia, la memoria, el estado de derecho, los DDHH y la democracia”, expresó Murillo.

Para Provea, el “aparato represivo” sigue intacto y el marco normativo que lo sustenta continúa vigente.

El riesgo de la “tecnocracia“

Óscar Murillo manifestó su preocupación por el modelo económico que intenta emerger bajo la nueva gestión gubernamental tras los sucesos del 3 de enero enero. El coordinador general de Provea alertó sobre la posibilidad de que se consolide un modelo de “liberación económica” despojado de derechos ciudadanos.

Sobre la política de pacificación, advirtió que la Ley de Amnistía no ha cumplido su objetivo primordial. “La Ley de Amnistía, desafortunadamente, no fue suficiente porque ha excluido a muchísimas personas y su aplicación ha sido discrecional y arbitraria”, sentenció.

Asimismo, señaló que las decisiones económicas actuales marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más democrático. Advirtió que este camino puede derivar en una “tecnocracia autoritaria” que priorice el capital sobre la justicia social.

La deuda social: Salarios ínfimos y colapso de servicios

Lissette González presentó los resultados de la investigación de Provea, enfatizando que la deuda social creció exponencialmente en 2025. Los datos revelan un estancamiento del salario mínimo en 130 bolívares desde el año 2022, lo que para diciembre de 2025 representaba apenas 0,45 dólares al mes. González explicó que este ingreso no ocurre en el vacío, sino bajo una inflación en alimentos que alcanzó el 260% el año pasado.

La investigadora vinculó la precariedad económica con la vulneración de derechos básicos. En el área de salud, el monitoreo independiente registró más de 94 000 denuncias por violaciones al derecho a la salud. Los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales citados en el informe son preocupantes: “89% de los centros hospitalarios no contaba con insumos suficientes, 88% no contaba con medicamentos”. Además, se reportó un incremento en el cobro de servicios en centros de salud que legalmente deberían ser públicos y gratuitos.

En materia educativa, González destacó que, aunque hubo intentos por aumentar la escolaridad, el 30% de los niños en Venezuela no asistió a clase los cinco días de la semana durante 2025 debido a barreras económicas. Según la experta, la educación en Venezuela está dejando de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio que depende del origen socioeconómico de los padres.

Represión focalizada y desapariciones forzadas

El informe de Provea detalla un cambio en la dinámica represiva del Estado. Si bien las detenciones masivas disminuyeron en comparación con el pico inusitado de 2024 en el contexto poselectoral, la violencia se volvió más selectiva. González reportó 596 violaciones a la libertad personal en 2025, con un enfoque dirigido hacia dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Uno de los puntos más críticos fue el aumento de las desapariciones forzadas, con 160 víctimas registradas el año pasado. El informe también documenta 42 víctimas de tortura y 336 violaciones al derecho a la vida.

“54% de estas víctimas son jóvenes entre 18 y 30 años. Continúa allí vigente un patrón de etiquetamiento y criminalización de los jóvenes pobres”, afirmó González, denunciando además que el Ministerio Público no investigó ninguna de estas muertes.

González enfatizó que la crisis no es solo estadística, sino que se manifiesta en el deterioro físico de las nuevas generaciones. Según el informe, diversas organizaciones registraron un aumento drástico en la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria en los hogares durante 2025. A esto se suma el colapso del sistema preventivo: “La baja cobertura de las vacunaciones nos muestra una situación de salud también muy complicada que viene siéndolo desde la pandemia”, explicó la investigadora.

El fin de una época y el “tutelaje” internacional

La investigadora e historiadora Margarita López Maya presentó el capítulo especial del informe, donde analiza la trayectoria del chavismo y el madurismo hasta la crisis actual.

La historiadora ofreció una distinción técnica sobre la degradación del poder en Venezuela. Explicó que mientras en la primera etapa se vivió una “democracia iliberal” donde se respetaban las formas electorales pero no las instituciones, a partir de 2015 el modelo mutó hacia un autoritarismo abierto.

Según la experta, el gobierno de Nicolás Maduro, al reconocerse como una minoría electoral tras las parlamentarias de ese año, optó por desmantelar los residuos democráticos para gobernar bajo estados de excepción permanentes, lo que culminó en el “eclipse” constitucional que documenta Provea.

En ese sentido, sostiene que el ciclo que se inició con grandes expectativas de participación protagónica terminó degradándose en un régimen autoritario abierto que, tras los sucesos del 3 enero de 2026, que resultaron en la captura del exgobernante Nicolás Maduro, ha entrado en una fase de “tutelaje” por parte de los Estados Unidos.

López Maya agregó que las directrices del Ejecutivo Nacional en Venezuela son ahora supervisadas o impuestas por el gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump. Esta situación genera un escenario complejo: “Se abrió la posibilidad de un escenario en el cual nosotros sigamos dentro de un régimen autoritario modificado para adaptarse a los intereses de los Estados Unidos”.

Asimismo, la experta enfatizó que mientras el interés de Washington parece centrarse en la reactivación económica y la estabilidad para las inversiones, el anhelo de la sociedad venezolana es recuperar la institucionalidad democrática y el acceso a derechos básicos.

El testimonio de la tortura y la luz del activismo

Javier Tarazona, director de Fundaredes, ofreció un testimonio vívido sobre su experiencia tras cuatro años y siete meses de cautiverio. Tarazona describió los centros de detención como lugares de “mucha oscuridad” y relató los tratos degradantes sufridos: “47 días pasé sin bañarme, donde me servían la comida de donde defecaba”.

Para Tarazona, la Constitución venezolana se ha convertido en un “escudo roto” y el eclipse actual representa la imposición de la arbitrariedad sobre la dignidad. Sin embargo, su mensaje se centró en la necesidad de transformar el dolor en acción ciudadana.

“Si el poder ha usado la ley para oprimir, nosotros usaremos la verdad para liberar”, declaró, instando a los presentes a no ser simples espectadores del “eclipse” político y a trabajar en la formación de una ciudadanía que ejerza sus derechos en lugar de mendigarlos.

A pesar de su presencia en el auditorio de la UCV, Tarazona recordó que su proceso judicial no ha terminado. “Salgo de aquí, voy al tribunal a audiencia de juicio. Porque se pretende callar la verdad”, denunció.

Minería y abandono de los pueblos indígenas

La lideresa indígena Lis Hernández denunció la situación en el municipio Gran Sabana y las zonas mineras. Hernández describió una crisis de inseguridad provocada por la minería ilegal y la presencia de grupos armados, que ha derivado en un aumento de enfermedades como la malaria y afecciones de transmisión sexual.

Hernández señaló que el Estado ha fallado en su rol de protector. Denunció que el 18 de febrero de 2026 la sede del Consejo de Caciques Generales fue atacada por grupos armados pese a la presencia de 11 cuerpos de seguridad en la zona.

Además, denunció que la nueva normativa minera se aplica sin la consulta previa, libre e informada que exige la Constitución. Señaló que el concepto de “minería responsable” del gobierno es inexistente en la práctica de las comunidades.

“El Estado o el gobierno donde menciona en su nueva ley que va a ser una minería responsable, ellos han fallado en su rol de protector”, sentenció la lideresa.

Finalmente, alertó de la inacción de los cuerpos de seguridad frente a grupos armados extranjeros que explotan las tierras indígenas. La lideresa denunció que estos grupos obligan a hombres y mujeres indígenas a practicar la minería ilegal como única vía de subsistencia ante el abandono total de servicios básicos por parte del Estado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Las perlas de Marco Rubio sobre Venezuela: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este miércoles 13 de mayo a la situación venezolana . En alusión a la fragilidad del proceso político en curso, advirtió: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.

Durante una entrevista con Sean Hannity a bordo del Air Force One, en el vuelo que trasladó al presidente Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping, Rubio aseguró que la administración estadounidense ha trabajado para “normalizar” a Venezuela luego de años de crisis.

Explicó que ahora los ingresos provenientes de las ventas de petróleo venezolano están siendo depositados en una cuenta bancaria en Nueva York, auditada por la firma KPMG, pero reconoció que aún queda “más trabajo por hacer”.

A continuación las perlitas de Rubio sobre Venezuela

  • “Venezuela es un mejor lugar hoy de lo que era hace cuatro meses”.
  • “Estamos tratando de normalizar ese lugar. Este era un país con una riqueza increíble, pero toda esa riqueza estaba siendo robada, no iba a beneficiar al pueblo venezolano”.
  • “A medida que avanzamos en este proceso, tendremos que llegar a una etapa de transición donde tendrán que normalizar su gobierno, tendrá que haber un proceso legítimo, con presidencia, elecciones y cosas de esa naturaleza”.
  • “Ese momento tiene que llegar. No queremos esperar demasiado, queremos ver que suceda. No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.
  • “Todo el dinero que obtienen del petróleo ahora va a una cuenta bancaria en Nueva York, es auditada por KPMG y se está utilizando para pagar los salarios de maestros, bomberos, oficiales de policía y profesores universitarios”.
  • “Por primera vez en más de una década, la riqueza del país está beneficiando realmente a los ciudadanos de Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.