Inicio Blog Página 207

Ni pensionados ni retirados: la vejez en Venezuela se mantiene activa por necesidad

0

David José González tiene 82 años y ha trabajado toda su vida como buhonero. A pesar de su avanzada edad, se levanta todos los días a las cinco de la mañana para viajar desde Petare (este) hasta el Mercado de Catia (oeste), un trayecto que en transporte público -camioneta y metro- le toma más de una hora. El abuelo David José es un luchador incansable, siempre está activo, enérgico y presto al trabajo. La venta de ropa, paños de cocina y chucherías le han permitido asegurar el sustento que la pensión por vejez le ha negado durante años. 

Desde hace varios años, la vejez en Venezuela dejó de ser considerada una etapa en donde los adultos mayores se retiran de sus labores para descansar y disfrutar de lo que construyeron. Ahora es un período marcado por la necesidad y la obligación de seguir trabajando para poder costear necesidades básicas como alimentos y medicinas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la vejez activa como una etapa de bienestar, participación y autonomía de toda persona mayor de 65 años. Desde 2015, este concepto se ha ido desfigurando en el país para convertirse en vejez activa forzada, producto de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja.

La situación del abuelo David José se repite en muchos espacios. Es muy común ver adultos mayores trabajando como vigilantes, choferes, personal de aseo, atención al público o de manera informal porque la situación económica no le da tregua a ningún cuerpo así tenga canas, surcos en la piel y un caminar pausado.

Economía que empuja a los mayores 

Rosa Rosa Perdomo tiene 68 y todavía sigue activa en el mercado laboral. Para ella es satisfactorio sentirse útil, aunque lo que percibe no le alcanza. Aseguró que seguirá trabajando en su kiosko “hasta que Dios le dé la fuerza”. 

Los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2025, estiman que en Venezuela 1 de cada 7 habitantes es adulto mayor. Según estos cálculos, el 14.29% de la población supera los 60 años. De este grupo, un tercio se mantiene activo en labores formales o informales. 

Desde hace varios años, la Encovi viene advirtiendo que Venezuela perdió su bono demográfico como consecuencia directa de la migración. Esto se traduce en que los millones de jóvenes venezolanos en edad productiva abandonaron el país reduciendo el relevo generacional y aumentó el peso relativo de los adultos mayores en la sociedad. 

El envejecimiento acelerado que viene reportando la Encovi ocurre en un escenario adverso para todos los adultos mayores: el acceso a la salud pública es precario, no existe un sistema de protección social que responda ante una emergencia y los servicios básicos funcionan de manera deficiente.

A juicio de Victoria Tirro, investigadora y psicogerontóloga –especialista en temas de vejez- todos los adultos mayores venezolanos, en su gran mayoría, quieren seguir siendo útiles y mantenerse activos, pero advierte que en Venezuela hay un componente de obligatoriedad marcado por la situación económica del país. 

Actualmente, las personas de la tercera edad cobran una pensión de 130 bolívares -menos de un dólar a la tasa oficial-, un ingreso que permaneció congelado durante cuatro años. Aunque el pasado 30 de abril el Ejecutivo Nacional anunció un aumento del bono para los pensionados, hasta el momento el mismo no ha sido publicado en Gaceta Oficial. 

La extrema vulnerabilidad de los adultos mayores venezolanos también se refleja en su imposibilidad para adquirir la Canasta Alimentaria Familiar que, según estimaciones del Cendas-FVM se ubicó en $730 dólares para el mes de abril. La ONG Hum Venezuela reportó pobreza extrema en el 56,8% de los hogares venezolanos y una inflación en alimentos que en 2025 escaló al 259,3%. 

El “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia” destacó que un sector vulnerable en cuanto al tema de la alimentación es el de los adultos mayores. Las cifras estiman que  9 de cada 10 no pueden costear su alimentación básica.

La lucha emocional 

Haydee Josefina Ovalles lleva 18 años jubilada del Ministerio de Educación y lleva el mismo tiempo trabajando en un local donde vende bisutería. A pesar de que tiene una hija en el exterior y un compañero con el que comparte los gastos, reconoce que aún así debe seguir trabajando porque no le alcanza: “La pensión por jubilación es casi inexistente, ya ni sé cuánto es, pero eso no sirve para nada”, comentó.

La psicogerontóloga explicó que en el adulto mayor ocurre una mezcla de emociones que van desde la frustración hasta la ansiedad cuando la persona analiza que, en vez de descansar y disfrutar el tiempo que le queda de vida, debe trabajar.

“Hay un trasfondo de tipo psicológico de que ya no hay opción para el descanso,aquí la libertad de escoger si se trabaja o no pasa a un segundo plano porque hay que hacerlo sí o sí”, explicó Tirro.

La experta resaltó que en las consultas con adultos mayores es frecuente escuchar algún tipo de malestar asociado a la “ruptura ideal de retiro”, pues los planes de vivir de un alquiler o de la jubilación se vieron truncados o simplemente nunca se materializaron. 

Tirro aclaró que la frustración de una vejez que no llegó como se tenía planeado suele manifestarse en el cuerpo con enfermedades propias de la edad que empeoran cuando los adultos mayores realizan oficios que exigen mucha fuerza o simplemente las condiciones no son las más ideales: calor, largas jornadas y poco tiempo para el descanso. 

Victoria Tirro destaca que el adulto mayor de hoy es muy distinto al de hace 30 años. El de ahora es mucho “más activo, busca soluciones y defiende su autonomía”, pero es precisamente esa autonomía la que ha convertido a muchos ancianos en pilares familiares y sostenes de hogar.

Aunque no reveló cifras por falta de investigaciones, la psicogerontóloga alertó que en su consulta ha aumentado el número de casos de violencia filioparental (de hijos adultos a padres mayores) precisamente por temas económicos.

Vejez en desventaja 

Mientras que en la mayoría de los países de América Latina los sistemas de Gobierno tratan -aún con grandes fallas- de garantizar un ingreso básico que satisfaga las necesidades, en Venezuela los adultos mayores son los más olvidados del sistema. 

En una comparación con países como Chile, Colombia y México se evidencia el rezago en materia de seguridad social y derechos humanos para los mayores de 60 años. 

Chile ofrece pensiones no contributivas y un Aporte Previsional Solidario que complementa los ingresos de quienes no cotizaron lo suficiente. El pensionado chileno puede recibir mensualmente $206. 

Colombia, por su parte, combina el sistema público (Colpensiones) con el privado (fondo de pensiones), el subsidio promedio varía entre $250 y $350 mensuales para quienes cotizaron. El programa Colombia Mayor, para ancianos en pobreza extrema, otorga entre $20 a $40 mensuales el cual varía por municipio. Cabe destacar que el sistema de salud público colombiano ofrece una alta cobertura universal.

México ofrece la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para todos los mayores de 65 años independientemente del historial laboral. Aunque el monto de $175 es insuficiente para cubrir todos los gastos, el ingreso es estable.

Uruguay es uno de los países que tiene el sistema de pensiones más sólido. La pensión mínima es de 550 dólares con ajustes periódicos y una cobertura amplia.

Oscar Cartaya tiene 57 años y trabaja desde los 13. Actualmente se desempeña como vigilante en un centro empresarial. Aunque no se considera un adulto mayor, sabe que deberá seguir trabajando porque la pensión no le alcanzaría ni para cubrir lo más básico. Su historia es la de miles de venezolanos que envejecen sin tener la garantía ni la protección del Estado y sin la posibilidad de elegir entre jubilarse o descansar después de décadas de esfuerzo. 

La deuda externa llega al corazón de venezolanos 

0

El principal problema de los muchos que tiene Venezuela hoy es una deuda externa que se calcula entre $160.000 y $180.000 millones y que está en moratoria. Un gobierno mala paga dejó colgado a miles de acreedores, y ahora, cuando el país está postrado y necesita miles de millones de inversión extranjera para hacer despegar la economía, este esqueleto en el armario es un abominable obstáculo.

Bajo la tutoría de Estados Unidos, el gobierno de Delcy Rodríguez ha dado el primer paso para buscar reestructurar esa deuda y promete presentar en junio los números sobre el estado de la economía, y “un análisis de sustentabilidad financiera de la deuda”. Se prevé que este primer diagnóstico servirá de punto de partida para iniciar largas negociaciones.

“Venezuela va a proceder con urgencia para alcanzar una resolución rápida, consensuada  e integral, el mejor beneficio del pueblo de Venezuela”, dice un reciente comunicado de la vicepresidencia de Economía, en el que anuncia que contrata a la firma de Estados Unidos Centerview Partners  para moverse rápidamente hacia una completa reestructuración de la deuda.

El objetivo final es que le perdonen buena parte de esas acreencias, le den mejores condiciones de pago, a tono con la capacidad real de la economía y la producción petrolera, y buscar que el cumplir estos compromisos no afecte la gerencia pública y su obligación para cumplir las responsabilidades sociales con la población del país.

Pero el proceso no será ni rápido ni expedito.

Muchos acreedores y una negociación que será larga

“No sabemos la magnitud del problema en forma total, tal vez ni el gobierno lo sabe”, señala desde Wall Street el economista Jorge Piedrahita, un operador con papeles de la deuda venezolana.

Piedrahita, asesor del fondo Copérnico, que maneja unos 600 millones en bonos de la deuda venezolana, no ve que un complejo proceso como este se complete antes de 2028. Además, cree que solo será posible con un gobierno democráticamente electo.

En efecto, el gobierno chavista, con sus 27 años en el poder, es el principal artífice de este problema, aunque ahora intente culpar a Estados Unidos y a las sanciones.

Mientras tanto, el mono sigue creciendo, al igual que los problemas de los venezolanos comunes.

Data de Bloomberg Finance da cuenta que para el 13 de mayo, solamente en capital e intereses de bonos vencidos o por vencer, los reclamos de pago ya habían llegado a $101.384 millones.

Esto incluye 43.843 millones de PDVSA y 56.411 millones de la República, más un añadido de bonos de la malograda Elecar (Electricidad de Caracas).

Pero eso no es todo. Cálculos resumidos en un informe de expertos vinculados a la Unión Europea, estiman que hay al menos $20.803 millones pendientes de laudos arbitrales, perdidos por Venezuela por las confiscaciones y expropiaciones de activos en el clímax de la ola populista socialista de Hugo Chávez. El militar despachó como a peón de fábrica a trasnacionales que eran aliadas del chavismo en la explotación de oro, petróleo y hasta cemento. 

Estas empresas demandan a Venezuela en el Ciadi, que es un tribunal de arbitrajes del Banco Mundial. Este multilateral es el principal prestamista global cuando se trata de financiar proyectos de infraestructura y servicios, como los que demanda urgentemente Venezuela para que cesen los apagones o llegue el agua a los chorros.

Si no pagas no hay más plata

Se sabe que también se le debe otros millones  al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y a la CAF, el banco regional. Estos organismos, también especializados en financiar obras de alto impacto social, no pueden prestar más hasta tanto comiencen a pagarles créditos viejos.

Como en cualquier banco. Si usted tiene el crédito hipotecario en mora, no espere que le aumenten  el límite de su tarjeta de crédito.

El informe  de los europeos además estima otros $12.500 millones pendientes de pago con empresas mixtas y contratistas, incluyendo los de PDVSA.

Hay además unos $16.916 millones en deuda con China, que es el principal acreedor bilateral de Venezuela. Pero pocos saben en realidad qué pasó con ese Fondo Pesado que  recibió $62.000 millones. China simplemente se cobraba con petróleo barato, lo que ahora no puede hacer.

El monto real de toda esa deuda es el secreto mejor guardado del Caribe. En parte porque el chavismo contrajo buena parte de esos compromisos de manera ilegal, o sin pasar por  los canales regulares, y en parte  porque ese dinero simplemente desapareció, nunca llegó a invertirse en nada firme en Venezuela, o los proyectos fueron paralizados, olvidados, tirados al óxido y al olvido, como el Metro de Guarenas, o la represa de Tocoma y las termoeléctricas, o el Tren de Aragua, hospitales y proyectos agrícolas.

Pero a fin de cuentas, si tomamos la estimación más baja, de $160.000 millones de dólares de saldo, tenemos que cada venezolano de dentro o fuera del país, o cada uno que nace, debe unos $5.000.

Al salario mínimo mensual, como bien apunta el periodista Luis Ernesto Blanco, harían falta unos 20.192 meses, o 1.682 años para que cada venezolano pagara su parte.

Una deuda de novela

Exageraciones pedagógicas aparte, con fines ilustrativos, esto es una novela de la vida misma de cada persona de esta tierra de gracia.

La protagonista es una joven y bella heredera, rica en hacienda. Posee vastas extensiones de tierras, minas, ingenios, trapiches, fábricas, caudalosos ríos, mares y yacimientos de minerales valiosos.

La heredera tenía mucha plata en efectivo y mucha más enterrada en los patios de sus haciendas, repartidas por todos sus dominios.

Pero se enamora de un tipejo sin porte ni preparación que le promete el cielo por asalto. Ya tenía este hombre una mala reputación de pendenciero y en un pasado muy reciente había reventado a cañonazos los edificios democráticos del pueblo. Un charlatán pico de plata, que enredaba en su discurso hueco a quien estuviera dispuesto a oírlo. Pero la chica le entregó todos sus haberes al paisano de verbo florido y se dejó llevar. Cosas del amor mal entendido.

El tipejo con pretensiones de galán de esquina se apropió de la administración de esos recursos con el cuento de que era el único capaz de hacerlo bien.

Pero resultó ser malo, muy mal administrador. Puso a sus amigotes cuanto más incapaces mejor, a manejar varias propiedades y dilapidó lo que había. Y eso que los precios del ganado, de los bosques, de las cosechas y minerales del suelo se habían disparado por esos años, de modo que en las arcas de la familia debía, pero no había, haber mucho dinero, como diría Cantinflas.

 Después, endeudó hasta el modo de caminar, inclusive con préstamos ilegales y puso como garantía hasta las joyas de la heredera y de su familia.

Endeudó todo, sumió a La familia en la miseria, destruyó los trapiches, mató el ganado, dejó perder maquinarias, galpones y plantas de producción, dejó destruir los puentes de acceso a las haciendas, ingenios y minas. Dejó destruir escuelas y hospitales del pueblo.

Sin rendirle cuentas a la mujer, a los hijos ni a la familia manejó la plata como Le dio la gana, se iba de farra con los amigotes, gastó todo el dinero que había y encima pidió prestado, emitió pagarés, hipoteca la casa y las haciendas, minas y fábricas sin rendir cuentas de para dónde iba ese dinero ni qué resultados daba.

Ahora,  arruinado y acosado por acreedores, con una familia hambrienta,  después de haber hipotecado la casa y todas las propiedades, pide clemencia. Quiere renegociar esa deuda, que le perdonen al menos la mitad y que sean sus hijos quienes la paguen, sin tampoco rendir cuentas ni tener el poder legal notariado para tener ese derecho y comprometer a los hijos, nietos y tataranietos, que son los verdaderos dueños de la riqueza empeñada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Defensoría para la Sexodiversidad opera como una “estructura fantasma” a un lustro de su creación

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denunció este viernes, 22 de mayo, que la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad, creada hace más de cinco años, opera actualmente como una “estructura fantasma”.

Mediante un comunicado, la organización condenó que a pesar de que el Estado venezolano anunció la creación de esta Defensoría con “bombos y platillos” en noviembre de 2020, bajo la Gaceta Oficial N° 42.007, la institución ha fallado en cumplir sus promesas fundamentales.

Tras más de cinco años desde su fundación, el Observatorio señala que la falta de voluntad política mantiene este despacho en la sombra, lo que deja a la comunidad LGBTIQ+ en un estado de indefensión total frente a la violencia y la discriminación.

Lo que no están haciendo

El diseño institucional de la Defensoría del Pueblo asigna atribuciones críticas a esta oficina, pero el Observatorio alerta que tales mandatos son hoy “letra muerta”.

La Defensoría Especial, según la organización, omite el diseño de políticas públicas y proyectos que promuevan y vigilen los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esta inacción institucional profundiza la impunidad en un país donde el Observatorio documenta anualmente “cientos de incidentes de violencia y discursos de odio sin respuesta estatal”.

Asimismo, el organismo incumple su deber de brindar asesoría técnica especializada a las distintas dependencias del Poder Ciudadano. Al no ejercer esta función de manera transparente ni articular esfuerzos con la sociedad civil independiente, el funcionariado público venezolano continúa reproduciendo prejuicios sociales, “revictimizando a quienes denuncian y desconociendo las identidades de las personas trans y no binarias”.

La denuncia también resalta que la delegada especial ignora su obligación de exigir garantías tanto a organismos públicos como a instancias privadas. Mientras esta oficina permanece paralizada, la población LGBTIQ+ sufre expulsiones de espacios públicos, despidos arbitrarios en sus lugares de trabajo y tratos discriminatorios en centros de salud.

Respuestas, no burocracia

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ exige al Estado respuestas inmediatas y rechaza lo que define como “burocracia vacía”. Los activistas solicitan claridad sobre la gestión de la Defensoría, demandando un presupuesto real, un plan de trabajo que sea auditable y un enfoque interseccional en todas sus acciones. Además, instan a la apertura de un canal seguro para la recepción de denuncias y una rendición de cuentas exhaustiva sobre las tareas ejecutadas desde el año 2020.

“Basta de usar nuestras identidades para simular progresos ante la comunidad internacional. La Defensoría del Pueblo debe asumir su rol constitucional y active con urgencia, idoneidad y transparencia las competencias que nos debe desde el año 2020”, finaliza la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Mariano de Alba: reinstitucionalizar Venezuela y recuperar la democracia depende de los venezolanos

El abogado, experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba, abordó el tema de “Venezuela, EE.UU., el 3E y cómo Europa puede incidir”, pero dejó claro que el papel de la UE está limitado por la guerra en Oriente Medio, Rusia y sus intereses en África y que Latam ha dejado de ser un punto álgido en su agenda. Además, hizo hincapié en que velar por la recuperación de la democracia solo depende de los venezolanos. 

Durante el programa Claves Democráticas, conducido por Andrés Cañizalez y Piero Trepiccione, sostuvo que “Después del 3 de enero no podemos seguir pensando que la solución a nuestra crisis venga de afuera”, al tiempo que agregó que reinstitucionalizar el país y recuperar la democracia es un trabajo arduo que se debe hacer desde adentro. 

La conversación se transmitió por el canal de YouTube de Medianálisis en alianza con la Fundación Centro Gumilla y durante la hora de programa de Alba analizó el papel de Europa en relación a Venezuela y afirmó que a pesar de que no reconocían la legitimidad de Maduro decidieron mantener activa la diplomacia para tratar de presionar por una salida consensuada de la crisis nacional. 

Por otra parte, señaló que los lazos históricos entre Venezuela y España son un punto clave por lo que España podría ayudar a que se sienten las bases para la transición democrática en la que evidentemente estará el chavismo. Sostuvo que pensar que el chavismo desaparecerá no es sensato y que así sea con poca popularidad tienen que seguir teniendo un espacio en la política nacional como está visto con el gobierno de Delcy Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Federación de Maestros activa jornada de acción sindical y conflicto laboral en todo el país

Las Federaciones Nacionales del Magisterio Venezolano anunciaron el inicio de una jornada nacional de acción sindical y conflicto laboral entre el 25 y el 29 de mayo, en respuesta a los atropellos e injusticias que padecen a diario los trabajadores de la educación.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los gremios denunciaron que desde octubre de 2018 el Ejecutivo Nacional dejó de cumplir los incrementos salariales establecidos en la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria 2018-2020, acumulando una deuda cercana al 280 %. Aseguran que esta omisión constituye una violación directa al derecho constitucional de la contratación colectiva.

Asimismo denunciaron también que el Gobierno ha reducido de manera sostenida el salario base del magisterio, ubicando a docentes activos, jubilados y pensionados en niveles de ingreso “insuficientes e incompatibles con la dignidad humana”. Actualmente, los educadores perciben alrededor de 2,30 dólares mensuales, cifra que los gremios califican como un indicador de pobreza extrema.

A ello se suma la eliminación de beneficios contractuales ocurrida el 15 de marzo de 2022, cuando —según las federaciones— fueron reducidas o suspendidas primas y conquistas laborales vigentes en la II Convención Colectiva.

“A pesar de los reiterados esfuerzos realizados por estas Organizaciones Sindicales para buscar soluciones mediante el diálogo y la conciliación, el Gobierno Nacional ha negado sistemáticamente la posibilidad de acuerdos y por el contrario han recrudecido su accionar contra las trabajadoras y los trabajadores, sus familias y contra el movimiento sindical organizado”, se lee en el comunicado.

Las federaciones hicieron un llamado a la unidad del sector educativo, advirtiendo que este no es un momento para divisiones internas. “La historia registrará quiénes defendieron la dignidad del magisterio y quiénes guardaron silencio”, afirmaron.

Las organizaciones reiteraron que continuarán agotando las vías institucionales y legales, pero también ejercerán las acciones sindicales necesarias, amparadas en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Venezuela. “Esta lucha es colectiva, por nuestras familias, nuestros hijos y el futuro de la educación venezolana”, concluyeron.

Cronograma de acción sindical en mayo

Lunes 25: Visitas a medios de comunicación nacionales y regionales para exponer la situación salarial y social del magisterio.
Martes 26: Conversatorios en centros educativos con docentes, personal administrativo, obreros y representantes.
Miércoles 27: Acciones simultáneas frente a las sedes del IPASME en todo el país, con entrega de documentos exigiendo respuestas a la crisis de salud y previsión social.
Jueves 28: Asambleas regionales simultáneas a las 9:00 a.m. para informar sobre la situación sindical, contractual y salarial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cuando vivir con VIH se entremezcla con pobreza y violencia de género

0

En los pensamientos de Ana permanece el recuerdo de una bebé que murió a principios de mayo. Nació en diciembre de 2025 con un peso de poco más de dos kilos. Cuatro meses después, al momento de fallecer, solo había aumentado 200 gramos. La madre, una mujer de unos 26 años de edad, vive con VIH, padece una discapacidad psicomotriz, es víctima de violencia de género y reside en una zona rural del estado Carabobo.

Aquel caso aún despierta emociones profundas en Ana, una activista por los derechos de las mujeres que viven con VIH y trabajadora de una entidad gubernamental (por lo que prefiere mantener su identidad bajo un nombre ficticio). Aunque no es la primera vez que acompaña casos de extrema vulnerabilidad, la tristeza, la rabia y la impotencia, vuelven a ella cada vez que escucha historias como la de aquella joven.

La joven de aproximadamente 26 años que fue atendida por Ana, camina con bastón debido a su discapacidad motora.

“Lo que más siento es rabia, por el nivel de vulnerabilidad en el que aún vivimos las mujeres, de que todavía tengamos que vivir de un hombre, que sea quien nos mantenga y que tengamos que hacerle caso”, expresa Ana, quien considera que hace falta más ayuda por parte de la sociedad y de las familias hacia las mujeres como esa muchacha.

La falta de información

En los territorios marginados de Venezuela, el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y a consultas médicas especializadas representan un lujo. Andrea Carvajal, co-directora de Transafab y par educadora en el Proyecto VIHvos y Visibles de PP Foundation, explica que, además, los proyectos independientes enfocados en las poblaciones femeninas más vulnerables no son suficientes ni mucho menos logran cubrir el vacío que existe ante la falta de políticas públicas con perspectiva de género.

El hecho de que en las zonas populares la información que llega a las mujeres desde la infancia sea de forma empírica, desde el desconocimiento, desde el miedo y, sobre todo, desde la satanización y el estigma, es de los mayores factores de riesgo que afecta a las mujeres en su adolescencia y adultez al momento de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

Exclusión multifactorial

Una vida marcada por la pobreza, la violencia de género y la estigmatización van formando cadenas de exclusión que se entrecruzan y profundizan la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en Venezuela, un país con una crisis económica y social que se ha prolongado por al menos una década, donde se consuma un feminicidio cada 55 horas (según cálculos de la organización independiente Utopix), y donde la mortalidad infantil viene en ascenso desde 2014.

Sin embargo, a pesar de que no existen cifras oficiales ni registros individuales que aporten mayor luz al respecto, desde la Red Venezolana de Gente Positiva, en Valencia, estiman que al menos dos veces por semana atienden nuevos casos de mujeres con VIH que enfrentan distintos niveles de vulnerabilidad, pero todas atravesadas por la fragilidad.

Esto va de la mano con el aumento de 1,7 % en los diagnósticos de VIH en mujeres entre 2023 y 2024 en Venezuela. Del mismo modo, el diagnóstico tardío del VIH es un problema que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, con tasas que superan el 50 % en países de Europa.

“En el caso de esta muchacha, la pareja es quien la mantiene económicamente. Él también tiene el virus y empezó a recibir el tratamiento antirretroviral (TARV) mucho antes que ella porque él nunca quiso llevarla a ponerse en control, hasta que prácticamente fue obligado”, cuenta Ana.

VIH e inseguridad alimentaria 

Patricia (nombre ficticio en resguardo de su privacidad) vive en lo alto de un terreno inestable en la parroquia La Vega, en Caracas. Su casa está levantada con palos y láminas de zinc, que absorben el calor de las altas temperaturas y apenas resisten la lluvia. Cuando cae un aguacero, el agua se cuela por el techo y empapa todo a su paso, A esto se suma que poco a poco el terreno ha ido cediendo por lo que el riesgo de derrumbe está allí latente. Ser una mujer que vive con VIH es ahora mismo lo que menos le preocupa a Patricia, de 28 años de edad y madre de una niña de seis y un niño de cuatro años.

La casa de Patricia y su familia está sobre un terreno inestable que con cada lluvia cede un poco más

“No tengo que darle de comer a mis hijos, no tengo quién me ayude, tengo que esperar hasta que me caiga el bono (…) Necesito que alguien nos ayude con el tema de la vivienda. Hace poco uno de los niños casi se me va por un voladero, no es un ambiente adecuado para mis bebés. Lo que necesito es un hogar digno”, pide Patricia, quien hace varios años fue censada para optar por una vivienda a través de un programa gubernamental, pero sigue sin recibir respuesta.

Patricia y su pareja reciben el TARV puntualmente y de forma gratuita a través del Programa Nacional de VIH/Sida y otras ITS del Ministerio de Salud, pero ahí termina el apoyo. Mientras tanto, cuando deben elegir entre gastar dinero en pasaje para acudir a una consulta o costear algún examen, porque en los hospitales se mantiene la escasez de reactivos, ambos eligen alimentar a sus hijos.

Vivir bajo la obligación de priorizar una necesidad sobre otra, sin una alimentación adecuada y con el estrés de permanecer en una vivienda que en cualquier momento se puede derrumbar trae consecuencias para la salud. Los mareos, la debilidad y los malestares estomacales se han vuelto cotidianos para Patricia, a pesar de que mantiene “controlada” la infección por VIH.

“La inseguridad alimentaria impacta significativamente la eficacia del TARV a través de mecanismos directos e indirectos, por un lado, la absorción y distribución óptima depende estrechamente de la ingesta calórica y lipídica regular para alcanzar concentraciones terapéuticas. Por otro lado, el consumo de agua o alimentos en condiciones no sanitarias, incrementa el riesgo de afecciones gastrointestinales. Los vómitos y síndromes diarreicos resultantes, alteran drásticamente los parámetros del TARV”, explica Yrene Vásquez, médico internista e infectóloga, magíster en VIH y exvicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología.

Sobre la pobreza en Venezuela

Esta familia de cuatro forma parte del 31,7 % de los hogares venezolanos que viven en extrema pobreza, también del 69 % de las familias que dependen de las ayudas sociales que mensualmente otorga el gobierno, según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025. En la actualidad, ni Patricia ni su pareja tienen empleo. A diario, es ella quien permanece en casa al cuidado de sus hijos, lo que condiciona su búsqueda de empleo.

Con respecto a la comida, el Programa Mundial de Alimentos estima que aproximadamente 15 % de la población en Venezuela (alrededor de cuatro millones de personas) necesita asistencia alimentaria urgente, y 40 % experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa en el país.

“Por un lado, la precariedad económica actúa como un determinante social que, en ocasiones, empuja a conductas de riesgo o de subsistencia. Por otro lado, el estigma estructural y la discriminación institucionalizada actúan como barreras críticas de acceso, alejando a la gestante de los controles prenatales y del TARV oportuno. Esto no solo precipita el fallo terapéutico en la madre, sino que anula las intervenciones profilácticas destinadas a proteger la salud del neonato”, explica la especialista.

La deuda del Programa nacional VIH/Sida con las mujeres embarazadas 

El Programa venezolano de VIH/Sida contempla un Protocolo de Atención Integral en Salud a Niñas y Niños en el Período Neonatal que establece medidas clave para reducir a menos de 2 % las posibilidades de transmisión materno-infantil, que consiste en una cesárea programada, un tratamiento a base de Zidovudina desde las primeras horas de vida y la eliminación de la lactancia materna. 

Ninguno de estos pasos se cumplió en los dos partos de la joven acompañada por Ana. En el caso de Patricia, solo tuvo acceso a la cesárea programada. Aunque no amamantó a sus hijos para reducir el riesgo de transmisión, tampoco pudo garantizarles fórmulas lácteas, debido a que no contaba con los recursos suficientes para costearlas.

Además, desde 2016 el Estado no suministra fórmulas lácteas a los hijos e hijas de mujeres que vivan con esta condición, a pesar de que es su deber hacerlo durante el primer año de vida, según la resolución ministerial SG-0104-99 promulgada en 1999, por lo que son las organizaciones de la sociedad civil las que en muchas ocasiones otorgan donaciones de fórmulas a esta población.

“En su desesperación, al no tener con qué alimentar a sus bebés, hay madres que recurren a la lactancia materna aunque represente un riesgo u optan por ofrecer servicios sexuales en busca de ingresos económicos para comprar alimentos”, dice Ana.

Detrás de cada diagnóstico, puede haber una mujer que trata de sostener a sus hijos, de escapar de una relación violenta o que intenta sobrevivir una y otra vez. Para muchas, el VIH representa solo una capa más entre otras tantas exclusiones. A esto se suma la invisibilidad de la mujer dentro de la respuesta pública y social frente al VIH, bajo el prejuicio de que se trata de una infección que afecta únicamente a hombres que tienen sexo con otros hombres, un estigma que retrasa los diagnósticos y limita el acceso a información.

Es por ello que, especialistas y activistas coinciden en que atender el VIH, sobre todo en mujeres, requiere un abordaje mucho más integral, ya que la pobreza, la violencia de género, la inseguridad alimentaria y la falta de políticas públicas continúan siendo barreras estructurales que cercenan su derecho a la salud.

Lo que trajo el mes de la madres fue una mentada 

En la década de los 90, en una transitada esquina de Caracas había un grafiti que decía “Paren el mundo, me quiero bajar”. lA canción “Cerca de la Revolución” de Charly García tiene un estribillo reza “no es solo una cuestión de elecciones, no elegí este mundo, pero aprendí a querer”. Hoy en día, todo podría englobarse en un meme o un sticker para WhatsApp.

En Venezuela suceden tantas cosas a la vez y de manera tan vertiginosa que ni siquiera hay tiempo de procesarlas, situaciones que además producen un desgaste psicológico porque regularmente no son noticias alentadoras.

Muchos venezolanos pensaban que a estas alturas del año, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y en la víspera de un Mundial de Fútbol, la vibra iba a ser otra, pero no es así.

La confirmación de la muerte de un preso político buscado por su octogenaria madre por meses y el posterior fallecimiento de esta, además de la constante inflación, persistencia de la represión en cualquier protesta, racionamiento de electricidad y una transición a la democracia que no llega son algunas cosas que han sucedido solo en un mes de mayo al que aún le quedan una decena de días. 

Venezuela parece un pasticho con decenas de capas, aderezado con la carne, el sudor y la sangre de los más vulnerables.

Mayo comenzó en abril 

El esperado aumento de sueldo mínimo llegó el pasado 30 de abril en el marco de un meeting en la autopista Francisco Fajardo, una reunión de simpatizantes del chavismo que colapsó la ciudad de Caracas un día laborable. 

La presidenta encargada bajo la tutela de la administración de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, no aumentó el salario básico, lo dejó en 130 bolívares mensuales (menos de 0,20 centavos de dólar), el más bajo de toda la región y quizás del mundo.

En su lugar llevó el ingreso mínimo integral -figura no contemplada en la Constitución que consta de bonos, los cuales no inciden en los pasivos laborales del trabajador- de 190 a 240 dólares. “Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años”, dijo la sucesora del actualmente preso en una cárcel de Nueva York, Nicolás Maduro. 

Cuando la noticia es que un avión aterrice en un aeropuerto

Mientras trabajadores no tenían mayor cosa que celebrar por el pírrico aumento de bonos, por otro lado, globos azules, rojos y blancos, colores de la bandera de Estados Unidos, le servían como arco de bienvenida a unos cuantos privilegiados que ocuparon el primer vuelo directo en siete años entre Estados Unidos y Venezuela.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó la llegada a Maiquetía de un avión de American Airlines como un hecho histórico y destacó la importancia económica para las relaciones entre ambas naciones, además del ahorro de dinero y energía para los pasajeros que debían efectuar un periplo alternativo en vista de la inexistencia de una ruta directa.

Según declaraciones de propios pasajeros, los boletos para mayo rondaban los 1000 dólares, ida y vuelta, es decir, cuatro sueldos mínimos integrales.

Tan negro como el petróleo

Un artículo publicado por el New York Times reveló que pese a las promesas de transparencia de los negocios petroleros entre la administración del presidente Donald Trump y su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez, los venezolanos no tienen ni idea de cuánto dinero está ingresando al erario público.

Según Trump, Venezuela iba a presentar presupuestos mensuales a Washington y en ese sentido contrataron a auditores para comprobarlos. 

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, informó al Congreso americano que el gobierno estadounidense había pactado con la empresa KPMG para auditar las ventas de petróleo en Venezuela. 

El sitio web o Transparencia Soberana solo reporta el ingreso de 300 millones de dólares en marzo, que supuestamente se usó para aumentar el salario mínimo integral.  

Muerte de Quero indignó a todo un país

Después de 16 meses buscando a su hijo, detenido el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela, Carmen Teresa Navas, se enteró a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido por supuestas complicaciones respiratorias en el Hospital Militar de Caracas y enterrado sin su consentimiento en un cementerio de Hoyo de La Puerta.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno ocultó el paradero y la muerte de Quero a su madre, aglutinando a una cadena de mando y responsables que se lavó la manos ante un fallecimiento bajo custodia del Estado. 

Un día antes de que el gobierno reconociera la muerte del hijo de Carmen, el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud para el beneficio de la Ley de Amnistía a Quero, argumentando que este no calificaba para el beneficio. Un hito insólito en la historia del derecho universal.   

El Aissami pide transparencia 

Después de iniciado el juicio Pdvsa-Cripto, el exministro de Petróleo y de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, pidió que el proceso sea transparente. 

“Si este es el robo más grande de la historia del mundo, entonces debería ser también el juicio más transparente y público”, dijo El Aissami en su declaración. 

Después de haber apoyado la censura del chavismo, el exministro solicitó a la juez que abra las puertas de los tribunales a periodistas y ciudadanos comunes. Además responsabilizó al exfiscal general de la República, Tarek William Saab, de haberlo sometido a torturas físicas y psicológicas.    

Apareció Alex Saab, pero en Miami

Después de un misterio que rondaba desde febrero sobre su ubicación, el sábado 16 de mayo el gobierno chavista informó la deportación o extradición del empresario colombiano, Alex Saab, a los Estados Unidos.

Pese a que Venezuela y Estados Unidos, no tienen tratado de extradición, Saab llegó a un aeropuerto de Miami para enfrentar cargos de presunto lavado de capitales.

Es la segunda vez que Saab viste una braga naranja, ya había caído preso por los mismos cargos y fue liberado tras un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Maduro en 2023.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó que Saab sea venezolano y aseguró que usaba una cédula fraudulenta con la que fue ministro, diplomático y hasta votó en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Racionamiento en pleno verano

Cuatro, cinco, seis y hasta ocho horas sin luz pasan los habitantes de algunas ciudades del interior del país debido a un plan de racionamiento aplicado por el gobierno a partir de una aparente sequía y mayor demanda energética.  

Mientras en Caracas hay múltiples fluctuaciones de energía y no hay electricidad en algunas zonas, el interior del país sufre los embates de constantes apagones.  

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, atribuyó las fallas eléctricas a la alta demanda del consumo de electricidad, producto de la compra de electrodomésticos. 

“Las personas tienen mayores ingresos y eso les permite comprar más neveras, televisores y aires acondicionados”, afirmó el funcionario. 

Carmen se fue con Víctor 

A solo nueve días de que le participaran la muerte de su hijo y a escasas horas de acudir a una misa en su memoria en el sector de La Candelaria en Caracas, Carmen Teresa Navas de 83 falleció. 

Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de una cifra “importante” de presos políticos el pasado 8 de enero, la octogenaria nunca flaqueó en su deseo de ubicar a su hijo.

Acudió a todas las instancias y hasta se reunió con la Defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lobato. Días después de su deceso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió una nota de condolencia y prometió una investigación para esclarecer la muerte de Quero Navas. 

Dos décadas tras las rejas

Minutos después de que Jorge Rodríguez dijera que el gobierno iba a excarcelar a 300 presos políticos, salieron a la calle los miembros de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina.

Bolívar, Rovaín y Molina formaban parte del grupo de funcionarios que fueron sentenciados a 30 años de prisión por los sucesos de Puente Llaguno en abril de 2002.

Horas antes, también excarcelaron a la adolescente de 16 años Samantha Hernández y a la madre del capitán Antonio Sequea, Merys Torres.  

De 20 a 32

Para cubrir vacantes por “renuncias y jubilaciones”, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amplía de 20 a 32 el número de magistrados. 

El reordenamiento, sancionado por unanimidad, engorda la Sala Constitucional de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas (Electoral, Penal, Social, Civil y Político-Administrativa) tendrán cinco integrantes cada una, en vez de tres. 

Organizaciones civiles denunciaron que la estrategia responde a una especie de “purga” de magistrados que respondían a los encarcelados Maduro y a Flores y al empeño del “Rodrigato” de controlar el sistema de justicia.

Zapatero remendón

Vinculado al chavismo y frecuente visitante en Miraflores de Maduro, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional por tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra.

Un tribunal acusó al exmandatario de recibir beneficios económicos en secreto por un valor de 2,4 millones de dólares a cambio de ayudar a persuadir a sus sucesores en el gobierno para que otorgaran un rescate financiero a la aerolínea. 

Zapatero negó las acusaciones, mientras que el jefe del actual gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha hecho mayor comentario. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Derecho a la vivienda se vio afectado en 2025 por la falta de transparencia de programas sociales

0

La organización de derechos humanos venezolana Provea presentó un informe sobre el derecho a la vivienda en Venezuela durante enero-diciembre del 2025. El informe recopila una serie de elementos fundamentales para los ciudadanos que no fueron cumplidos con la debida transparencia.

La Constitución estipula en su artículo 82 que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos esenciales. Sin embargo, la ONG documentó fallas en el cumplimiento de este derecho.

Provea afirma que Venezuela acumula un déficit de 2,2 millones de viviendas y que el gobierno prometió construir 400 000 en 2025,, pero según el seguimiento independiente de la ONG,  solo se entregaron 1.415 viviendas nuevas.

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es un programa estatal dedicado a la construcción y asignación de casas a familias vulnerables. La ONG señaló que, pese a la existencia de otros programas sociales vinculados al sector, la información disponible se enfoca principalmente en la GMVV. En este sentido, se suele confundir el programa con la política pública del sector. El informe denuncia el uso de este programa social para ejercer presión sobre los beneficiarios, especialmente en los urbanismos que cuentan con centros de votación.

Los estados con mayor cantidad de viviendas fueron Distrito Capital (303), Apure (146), Monagas (137), Aragua (133) y Miranda (124). El informe señaló que estas cifras se explican porque, en su mayoría, no se trata de viviendas nuevas. El 70 % de las casas son autoconstruidas por el “poder popular” o posibles rehabilitaciones.

Durante el Mensaje Presidencial 2024, Nicolás Maduro hizo referencia a un incremento del 25,9 % en el sector, según proyección del Banco Central de Venezuela. No obstante, esta cifra contrasta con la información suministrada por el sector privado. Según la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), en el segundo trimestre de 2024, se registró un desempeño del -1,2 % en los servicios inmobiliarios.

Un sector que solo puede vender en bolívares

El artículo 23 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda de 2007 establece la prohibición de vender viviendas en moneda extranjera. Ante esto, Francisco Pimentel, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), explicó que una construcción inmobiliaria puede tardar de tres a cuatro años en finalizar, por lo que vender en un contexto de alta inflación y devaluación de la moneda nacional se hace inviable.

Según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el sector privado desde 2016 podría estar construyendo como máximo entre 500 y 1000 viviendas anuales. Provea destacó que, para atender el déficit habitacional, es necesario incluir al sector privado nacional.

Hogares con fallas en servicios

El informe destacó que, en Venezuela, el deterioro de la calidad física de las viviendas motivado por problemas de acceso a servicios públicos es cada vez mayor. En 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1299 protestas relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda. Estas protestas representan el 24,8 % de todas las manifestaciones registradas a nivel nacional.

El reporte de Diagnósticos Comunitarios de HumVenezuela reveló que, en 2024, el 45,6 % de los hogares presentó fallas continuas en el servicio de agua potable, lo que obliga al uso de fuentes alternas de abastecimiento como compra de botellones (51,0 %), uso de tomas públicas (18,6 %), pago de camiones cisterna (15,1 %) o el uso de pozos subterráneos (13,7 %). Respecto a la calidad del agua, el 48,2 % de los hogares reportó señales de contaminación por color, 22,9 % por olor y 22,7 % por sabor.

Provea destacó que Distrito Capital se presentó como uno de los estados presentes en las tres categorías de calidad encuestadas, a pesar de pertenecer a unidades territoriales tradicionalmente privilegiadas por el acceso a servicios en cantidad y calidad suficientes. El 85 % de los encuestados indicó un incremento de enfermedades estomacales como consecuencia de la mala calidad del agua.

En cuanto al saneamiento, HumVenezuela advirtió que el 16,3 % de los venezolanos no dispone de pocetas conectadas a cloacas en sus hogares. Se ven en la obligación de recurrir a otras alternativas tales como poceta con pozo séptico (13,2 %), campo abierto (1,8 %), letrinas con pozo séptico (1,4 %), balde o tobo (0,9 %) o letrina sin pozo séptico (0,5 %). Cedice Libertad reportó que el 69 % de las personas que hacen vida en Caracas aseguraron que, pese al incremento de la frecuencia en la recolección de desechos sólidos, sigue habiendo problemas por la acumulación de desechos en las calles.

Por otro lado, se reportó que el 69 % de los hogares presentan fallas moderadas de electricidad y el 17,1 % fallas o interrupciones severas. Un dato proporcionado por Cedice Libertad presente en el informe señaló que el promedio general de tiempo sin electricidad a nivel nacional fue de 14,9 horas en 2024.

Asimismo, indican que los habitantes se sienten “desesperados” por el problema eléctrico. Según HumVenezuela, menos del 30 % de los hogares en todo el país tienen acceso directo al gas doméstico.

Falta de protección frente a desalojos y otras amenazas

El informe detalló que, en 2024, el Ministerio Público devolvió 3000 inmuebles a sus dueños que estaban ocupados ilegalmente. Estas acciones representan aproximadamente el 31 % de las 9600 denuncias recibidas a nivel nacional. La mayoría de las víctimas son personas mayores. Ante esto, Provea resaltó que la seguridad jurídica de la tenencia debe garantizar protección legal frente a desalojos, acoso u otras amenazas, sin importar cómo se ocupe la vivienda.

La organización también detalló que los bajos salarios, los altos costos de servicios y las dificultades para obtener crédito hipotecario hacen que las familias tengan muchas limitaciones para comprar o alquilar viviendas.

Piden despolitizar derecho a la vivienda

La organización defensora de derechos humanos Provea exigió el cese inmediato de la politización en la gestión habitacional en Venezuela y recomendaron la desvinculación total de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Milicia Bolivariana.

La ONG enfatizó que el acceso a un hogar adecuado es un derecho humano universal que no debe estar condicionado por la filiación política ni ser utilizado como mecanismo de control social.

Además, reiteró que el Estado debe priorizar una inversión masiva en servicios básicos como agua, electricidad, saneamiento y gas, componentes inalienables para que una vivienda sea considerada realmente habitable.

Por otra parte, el documento subraya la urgencia de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos mediante un plan nacional de regularización masiva y simplificada de la tenencia de la tierra. Provea reclama la entrega de títulos de propiedad definitivos, sin discriminación, tanto a los beneficiarios de la GMVV como a los habitantes de zonas populares que autoconstruyeron sus hogares.

A la par de esta seguridad legal, la organización advierte la necesidad de implementar una política preventiva de gestión de riesgos climáticos que reubique oportunamente a familias en zonas vulnerables, trascendiendo la actual respuesta meramente reactiva de los cuerpos de Protección Civil.

Finalmente, para hacer frente al grave déficit habitacional que afecta a las distintas capas sociales del país, Provea recomienda a la Asamblea Nacional emprender reformas legales inmediatas. La propuesta incluye la modificación de normativas que actualmente limitan la inversión, como la Ley del Deudor Hipotecario, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento.

La ONG concluye que la recuperación del sector construcción requiere de una estrategia clara que facilite la participación de la empresa privada para poder atender la demanda de la clase media y los sectores populares.

Lee el informe completo aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.