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HRW: La jurisdicción universal puede ser un camino a la justicia en Venezuela 

Con la posibilidad de extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles a Argentina se abre una vía hacia la justicia fuera de Venezuela expuso la organización Human Rights Watch (HRW). 

La justicia argentina solicitó a España la extradición de Verdú Torelles, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la muerte de Geraldine Moreno Orozco, ocurrida en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014. 

“Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras. Ahora corresponderá al tribunal español decidir si se procede o no con la extradición”, dijo Michelle Reyes Milk, asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch.

El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, señaló a Human Rights Watch que las autoridades españolas han notificado a Verdú Torrelles sobre el proceso de extradición y el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional. 

La solicitud de extradición de Verdú Torelles deriva de una denuncia presentada ante los tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, organización de derechos humanos que representa a familiares de personas que fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la GNB durante 2014.

En septiembre de 2024, un juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención contra Verdú Torrelles y otros 13 oficiales de la GNB para interrogarlos sobre la denuncia presentada en su contra. 

De ser extraditado, Verdú Torrelles sería la primera persona en este caso en comparecer personalmente ante tribunales argentinos y se convertiría en la persona de más alto rango hasta la fecha en comparecer ante un tribunal en cualquier país por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, de acuerdo a Human Rights Watch (HRW).

Por separado, el juez también citó y emitió órdenes de detención contra Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Otra denuncia separada y paralela fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en enero de 2023 contra Maduro y Cabello. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno constituían crímenes de lesa humanidad. 

En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“La persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos. La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo”, dijo Reyes Milk de HRW. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Denuncian que a José Faustino Hermoso quieren cambiarle la identidad para mantenerlo detenido 

Familiares de José Faustino Hermoso García denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto a fiscales del Ministerio Público, pretenden que este se cambie el nombre y declare culpable para mantenerlo preso, en un caso descrito como sin precedentes por organizaciones civiles venezolanas. 

“Mi hijo se llama José Faustino Hermoso y lo están obligando a declararse culpable, lo están culpando de un crimen que no ha cometido, a aceptar una identidad que no corresponde, de un tal Fausto Malavé. Por lo que pueda pasarle a mi hijo responsabilizo a la jueza tercera de control, Yulimer Mariana Hernández Prieto, a la fiscal, Mirtha Lugo y al Comando 11 de la GNB en el estado Zulia”, dijo en un video publicado en la cuenta de X  del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, Yajaira García, madre de Hermoso García. 

García denunció que su hijo ha sido víctima de torturas e hizo un llamado a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. 

Hermoso García es hijo de Bernardo Hermoso, sobrino de Carlos Hermoso y primo de Jesus Noel Hermoso, conocidos dirigentes políticos y luchadores sociales del partido Bandera Roja, de acuerdo a la cuenta del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

El comité denunció que por no tener identidad, a Hermoso García lo han tenido retenido por más de un mes, trasladado al estado Zulia bajo desaparición forzada y sin derecho a ser visto por abogado alguno ni familiar. 

El abogado y expreso político, Eduardo Torres, denunció que Hermoso García fue detenido por un problema personal el pasado 30 de abril por funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. 

Torres dijo además que los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus. 

“Este no es un caso político. Es un caso doméstico de un joven trabajador que tuvo un altercado con un funcionario policial y que lamentablemente lo amenazó y le dijo: ‘Donde te vea te voy a reventar’”, comentó el abogado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Insalubridad y represión son los carceleros de la gestión de García Zerpa

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Detrás de los discursos oficiales de humanización y las promesas de transformación radical, el sistema carcelario de Venezuela atraviesa uno de sus capítulos más críticos y opacos. Durante los últimos meses, la gestión del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, se ha visto sacudida por una seguidilla de motines, muertes bajo custodia, traslados forzados y el ocultamiento deliberado de información.

Lo que se vende en los canales gubernamentales como un orden estricto basado en disciplinas modernas contrasta con los testimonios que escapan de los muros de Yare III, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y los penales del occidente del país. 

Las denuncias recabadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y los relatos de decenas de familiares dibujan un panorama donde la insalubridad y la represión institucionalizada se han convertido en la norma.

El pasado 20 de mayo, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió la renuncia del ministro Julio García Zerpa por considerar que su gestión “se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela”.

Lejos de asumir la responsabilidad política e institucional que le corresponde, para la organización, el funcionario ha optado por minimizar las tragedias carcelarias y justificar, mediante el silencio o la represión, masacres internas como la de Yare III.

Gestión manchada desde el inicio

Julio García Zerpa llegó al despacho Penitenciario en junio de 2024 por designación del exgobernante Nicolás Maduro. Al momento de ser designado prometió construir “un nuevo sistema penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”. Pero su gestión ha sido todo lo contrario.

En el año 2024, al comenzar la represión poselectoral, Maduro ordenó adecuar las cárceles de Tocuyito y Tocorón –centros que ya habían sido cerrados por el Estado– para recluir a más de 2,000 presos en las protestas. García Zerpa acató muy bien la orden, porque hasta 2026 ambas estuvieron funcionando para recluir presos políticos.

Tras las protestas poselectorales, familiares de presos políticos denunciaron que en las cárceles, bajo la gestión de García Zerpa, sus parientes no tenían acceso a una adecuada alimentación, atención médica y vivían en condiciones completamente insalubres.

La gestión carcelaria del antes diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, y quien llegó también a desempeñarse como vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, concentra una alta cantidad de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado. Cuando debieron ser protegidos, el Estado no les garantizó el respeto a sus derechos humanos en prisión.

Un caso a destacar es el de Edwin Santos, activista de Voluntad Popular en el estado Apure. Tanto el partido como varios testigos denunciaron que habría sido detenido el 23 de octubre de 2024 y que estuvo bajo custodia hasta el 24 de octubre en la tarde. Un día después, fue encontrado muerto en El Nula el 25 de octubre, en las cercanías del puente por el que había pedido reparaciones. 

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), negó las acusaciones y afirmó que la muerte de Santos se produjo por un accidente de tránsito cuando chocó un árbol mientras conducía su motocicleta, y que las lesiones provocadas incluían una fractura en el cráneo.

Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desde el año 2015 hasta el 2025 fallecieron 26 presos políticos bajo custodia del Estado.

El infierno de Yare III: cinco muertos en motín

El lunes 20 de abril de 2026 se convirtió en un punto de quiebre para el Centro Penitenciario Región Capital Yare III por la muerte de cinco reclusos, tras suscitarse una situación de violencia que al día de hoy no ha sido esclarecida.

Los discursos estatales intentaron despachar el conflicto inicial bajo la vieja etiqueta de una “riña entre internos”. No obstante, las investigaciones independientes y los llamados de los familiares revelaron que las celdas se habían transformado en un hervidero debido a la falta de condiciones básicas de subsistencia.

La indignación de la población carcelaria se desbordó tras pasar varios días consecutivos sin recibir agua potable ni raciones de comida. A este panorama de inanición se sumaron las requisas violentas que, lejos de mantener la paz interna, profundizaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos.

Los fallecidos fueron identificados como Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.

A más de un mes de ocurrida la masacre de Yare III, el panorama institucional que rodea el caso es el de un silencio sepulcral. El Ministerio Público, que inicialmente abrió una investigación formal, no ha arrojado un solo resultado concreto, ni ha señalado a los autores materiales e intelectuales de los disparos. 

Los familiares de las víctimas se congregaron a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas exigiendo que la fiscalía investigue a las autoridades, pero la respuesta del despacho de Julio García Zerpa consistió en aplicar la política de la dispersión.

Para disolver los focos de protesta y neutralizar a los testigos directos de los asesinatos, el despacho penitenciario ordenó el traslado masivo de reclusos de Yare III hacia otros penales del país.

El caso Quero Navas: La burocracia del olvido y el silencio

La opacidad institucional bajo la presente administración encontró su reflejo más crudo en la historia de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que se encontraba recluido en el Internado Judicial El Rodeo I.

Víctor Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 tras haber sido trasladado de emergencia a un centro hospitalario militar debido al deterioro severo de su salud. Sin embargo, el Estado guardó absoluto silencio sobre su deceso durante casi diez meses. No fue sino hasta el pasado 7 de mayo cuando el Ministerio emitió un polémico comunicado oficial admitiendo el fallecimiento.

En la misiva oficial, la institución pretendió eximirse de culpa alegando que en el momento de su reclusión, el ciudadano no había aportado datos filiatorios completos y que supuestamente “ningún familiar se presentó para solicitar visitas formalmente”. Esta versión fue desmentida de inmediato por el OVP y por las redes de apoyo a los presos políticos.

Se comprobó  públicamente que la señora Carmen Navas, madre de Víctor, asistió de manera recurrente a las instalaciones del Rodeo I acompañada por familiares de otros detenidos políticos. En cada una de esas visitas, las autoridades penitenciarias le negaron sistemáticamente el acceso al recinto y se negaron de forma a proporcionarle cualquier información sobre el paradero o el estado de salud de su hijo. 

Según una investigación publicada por Runrun.es, la culpabilidad en torno a la muerte de Quero Navas corresponde a una cadena de mando cuyo eslabón más alto lo ocupa precisamente el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por Julio García Zerpa, muy cercano a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.

La señora Carmen Navas murió nueve días después de saber que su hijo había fallecido casi 10 meses atrás. Nunca pudo conocer el resultado de la investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a la muerte de su hijo. Esta información llegó el 2 de junio, cuando el órgano judicial informó que se realizó la exhumación y posterior autopsia del cadáver, asegurando que los estudios forenses evidenciaron una data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año. 

De acuerdo con el dictamen de la necropsia y los estudios histológicos y toxicológicos complementarios, el deceso se produjo por un “tromboembolismo pulmonar”. La Fiscalía aseguró que no se evidenciaron “lesiones traumáticas en el cadáver”, pero a juicio de organizaciones como Laboratorio de Paz y Justicia, Encuentro y Perdón, el comunicado del Ministerio Público solo busca confirmar la versión del ministerio que dirige Zerpa y dejó de lado investigar las responsabilidades por la muerte bajo custodia de Quero así como el ocultamiento reiterado a la señora Navas del desenlace fatal de su hijo.

Internado Judicial de Barinas: Abusos y traslados forzados

El 24 de mayo de 2026 en el Internado Judicial de Barinas, conocido popularmente como INJUBA, más de 1200 hombres y un centenar de mujeres reclusas tomaron las azoteas del establecimiento, declarándose formalmente en conflicto abierto frente a las autoridades del penal.

El motivo del alzamiento tenía nombre y apellido: Elvis Macuare Guerrero, un director nombrado bajo la gestión de García Zerpa. Los reclusos denunciaron que la gestión de Macuare se caracterizaba por la aplicación sistemática de torturas físicas, golpizas severas a los internos en régimen de aislamiento y la eliminación arbitraria de las visitas familiares.

La respuesta militar no tardó en llegar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon el perímetro y lanzaron una ofensiva con gases lacrimógenos. Los químicos afectaron gravemente el anexo femenino de la prisión, generando cuadros de asfixia, pánico y desmayos masivos entre las internas.

Durante la madrugada, un contingente trasladó de manera secreta a 112 mujeres hacia rumbos que el Ministerio se negó a especificar a sus abogados y familiares directos. Pocas horas después de sofocar la protesta y tras verse obligados a remover al cuestionado director para calmar los ánimos, el ministerio aplicó el mismo guión represivo ensayado semanas atrás en Yare III: un traslado masivo que afectó a más de 900 reclusos.

Los internos fueron hacinados en autobuses y enviados con destino a cárceles de otras regiones geográficas. Testigos presenciales informaron que durante los largos trayectos por carretera, los custodios obligaron a mantener las ventanas cerradas y las cortinas abajo. El objetivo era claro e inhumano: ocultar los rostros de los prisioneros.

El saldo de la desidia: 19 reclusos fallecidos entre abril y mayo

El monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela que, entre abril y mayo de 2026, al menos 19 privados de libertad fallecieron en diversos penales, incluyendo centros de reclusión emblemáticos como Uribana, El Marite, Rodeo III, Rodeo IV, Tocuyito y Fénix.

Las causas detrás de estas muertes, además de los motines reportados, son la desnutrición severa y la falta de atención médica oportuna. Las condiciones de salubridad y alimentación dentro de los centros administrados por Julio García Zerpa rozan los límites de la supervivencia humana.

La crisis del agua es otro factor crítico. Los privados de libertad se ven en la necesidad de consumir agua sucia e insalubre, la cual debe ser reutilizada posteriormente para labores de aseo personal, limpieza de las celdas y evacuación de las letrinas improvisadas, lo que acelera la propagación de infecciones y enfermedades gastrointestinales que terminan siendo mortales.

Ante la acumulación de evidencias, muertes y motines provocados por el hambre, el clamor de las organizaciones es unánime: exigen de forma perentoria la renuncia inmediata del ministro Julio García Zerpa, señalándole de demostrar una profunda ignorancia en el ejercicio de sus funciones.

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Alertan sobre presuntos traslados arbitrarios de presos políticos de El Helicoide

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) alertó que la tarde de este miércoles, 3 de junio, se estaría iniciando un proceso de traslado de detenidos, incluidos presos políticos, desde El Helicoide, en Caracas.

Denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos alertaron en horas de la tarde que observaron un fuerte despliegue policial con efectivos de la PNB custodiando los accesos del centro de reclusión; sin embargo, no fueron informados ni notificados de tal procedimiento.

“Familiares se mantienen en incertidumbre y exigen información oficial sobre el paradero, estado de salud y destino de las personas que estarían siendo trasladadas!, posteó el Clippve en su cuenta en X.

El comité convocó de manera urgente a acompañar en una vigilia a las familias de los presos políticos, quienes están siendo nuevamente revictimizadas ante la posibilidad de que se concreten estos traslados.

La organización recordó que después de 147 días de excarcelaciones incumplidas, “el Estado continúa jugando con el dolor, la incertidumbre y la angustia de las familias, sin respuestas claras ni garantías reales”.

Represión para ocultar la verdad

La ONG Un Mundo Sin Mordaza informó que de acuerdo a testimonios de familiares que se encuentra afuera del Helicoide, la orden de los traslados obedece a “represalias directas” por parte de las autoridades del centro de reclusión, luego de que los propios allegados desmintieran públicamente la matriz de opinión oficial sobre el supuesto cierre de este centro de torturas.

La ONG exigió el “cese inmediato” de los traslados y el levantamiento de los castigos colectivos contra las familias. Denunció, además, la represión implementada para “ocultar la verdad dentro de El Helicoide”.

Un Mundo Sin Mordaza solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos ante el recrudecimiento del hostigamiento carcelario en Venezuela.

Entre las víctimas de los traslados arbitrarios se encuentra el preso político Ricardo Cariel, quien ya suma tres años secuestrado por motivos políticos; su hermano, Jean Carlos Cariel, se mantiene en la exigencia activa de respuestas sobre su integridad.

Familiares de Cariel responsabilizaron de la salud de todos los detenidos al director de El Helicoide, Alexis Rodríguez Cabello; al Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“El Helicoide no se ha cerrado”

Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían alzado antes su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.

El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familia de Víctor Quero cuestiona el mal manejo del Ministerio Público sobre la investigación de su muerte

Horas después de que el Ministerio Público difundiera los resultados de la autopsia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, su familia, a través de su hermano Gabriel José Quero Navas, cuestionó al organismo de utilizar una “fuga de información”

Para la familia Quero Navas, el reporte de la Fiscalía descontextualiza un expediente dirigido por la Fiscalía 80 con competencia nacional, para la investigación de los hechos, circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación. En su réplica, exponen varios puntos que el Ministerio Público omitió en su comunicado.

Especifican que el documento no dice nada sobre las circunstancias en las que se produjo el arresto de Víctor Quero, “ni sobre la responsabilidad penal de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que participaron en dicho arresto arbitrario”.

Asimismo, el comunicado tampoco evalúa la responsabilidad legal de los funcionarios del propio Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría Pública que “se prestaron para convalidar dicho arresto arbitrario, que avalaron su situación de indefensión permanente o que se negaron a suministrarnos, durante más de un año, información sobre su destino o paradero”.

El texto también denuncia la materialización de una “fuga de información sobre una investigación que está en curso y aún se mantiene en fase preparatoria”, lo cual revictimiza a la familia y compromete la objetividad e imparcialidad del Ministerio Público.

Además, advierte que podría estar dirigida “a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos” cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento bajo custodia de Quero Navas y, posteriormente, al fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, “tras haberla sometido a más de un año de tratos crueles e inhumanos en la búsqueda infructuosa de su hijo, al que se le mantuvo en situación de desaparición forzada tras su arresto arbitrario en enero del año 2025″.

La familia considera “sumamente grave” que, sin haberles permitido intervenir, con el apoyo de médicos independientes, en los exámenes médico-forenses que se realizaron sobre los restos de Víctor Quero tras su exhumación, y sin permitirles revisar y evaluar las conclusiones a las que se llegó en dichos exámenes, se hayan divulgado, sin autorización ni concurso, “como parte involucrada en la investigación sobre la muerte potencialmente ilícita de Víctor Hugo Quero Navas, los resultados de estos peritajes forenses como si ya fuesen concluyentes o finales”.

“Tampoco se menciona en dicho comunicado nada que indique que se están considerando, como parte de la investigación penal en curso, las responsabilidades legales que corresponden a los funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de Víctor Hugo Quero Navas, siendo autores, cómplices o encubriendo su fallecimiento bajo custodia del Estado hace aproximadamente un año”, denuncia la familia en el comunicado.

Ante esa situación, exigieron al Ministerio Público y, en particular de la Fiscalía 80º con Competencia Nacional a cargo de la investigación, “el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en las graves situaciones antes descritas”, y también que, con base en las leyes vigentes y en los parámetros establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, “se adelanten las investigaciones pertinentes respetando a las víctimas y con ética, objetividad, imparcialidad y transparencia”.

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Mundial 2026, la “fiesta de la paz” en un mundo en guerra

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Por Leonardo Oliva | CONNECTAS

El Mundial 2026, el máximo evento deportivo del planeta, está a la vuelta de la esquina. Pero los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, siguen protagonizando cruces diplomáticos, que enrarecen el ambiente previo. Y en otras partes del globo, los conflictos no dejan de sembrar dudas sobre su realización sin incidentes.  

Las 48 selecciones que disputarán la Copa equivalen a una cuarta parte de la ONU y sumarían alrededor del 60% del PIB mundial. Allí aparecen casi todos los países del G7, excepto Italia, y Europa es el continente más numeroso, con 16 equipos. Pero la todopoderosa FIFA, que tiene más miembros que las Naciones Unidas (211 contra 193), ha decidido acrecentar la representación de otras regiones con peso en plataformas como el G20 y los BRICS. Así, América Latina y el Caribe pisarán fuerte con 19 países, así como África y Oriente Medio (9).

En el peor momento de la ONU en sus 80 años de historia, con conflictos bélicos y desafíos políticos que han puesto en duda su efectividad, la FIFA se muestra como muestra de que el multilateralismo no ha muerto, así no sea en la política. “Pasamos mucho tiempo hablando de lo que nos divide, pero nos dimos cuenta de que, cuando reúnes a un grupo de personas, son muchas más las cosas que las unen que las que las separan”, dijo hace pocos días su presidente Gianni Infantino en la mismísima sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  

El camaleónico titular de la FIFA no solo se mueve como pez en el agua en los centros de la diplomacia internacional. También en los escenarios de alta visibilidad pública, como en las carreras de Fórmula 1 o los festivales de música pop. En todos lados se destaca su inconfundible cabeza calva y su sonrisa ganadora; ya sea para regalar pelotas a niños descalzos en un barrio pobre de Kenia, para darle un inexplicable “Premio de la Paz” a Donald Trump, o para firmar un multimillonario patrocinio con Aramco, la petrolera del régimen saudita. Así es la geopolítica de la FIFA, en la que conviven –en partes iguales– el fútbol, la diplomacia y los millones.

Pitazo inicial

El Mundial empieza el 11 de junio, poco después del inicio de la difícil renegociación del T-MEC, el tratado de libre comercio entre los tres países organizadores. El acuerdo vence el 1 de julio, en pleno desarrollo de los partidos decisivos del torneo. “La imagen que vamos a ver en junio es la de tres banderas en el cartel del torneo mientras los gobiernos negocian en paralelo sus acuerdos comerciales desde posiciones muy enfrentadas, muy hostiles”, analiza Ángel Badillo Matos, experto en gobernanza global de la Universidad de Salamanca.

 “Es una contradicción que no tiene precedentes en la historia de los Mundiales. Y si alguien se pregunta si el fútbol puede convivir con la política, la respuesta es que puede intentarlo, aunque los telones de fondo son muy complicados. Pero sobre todo desde el punto de vista geopolítico, el elemento que yo creo que es más explosivo (en este Mundial) es el de los vetos migratorios”, agrega.

El experto español menciona así uno de los aspectos escondidos detrás de la inefable sonrisa de Infantino. Estados Unidos, donde se disputarán el 65% de los partidos del Mundial, ha impuesto restricciones a ciudadanos de 50 países, entre ellos cuatro que competirán: Costa de Marfil, Haití, Senegal e Irán.

El caso de la nación persa es el más sensible: a casi dos semanas del inicio del campeonato continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que no solo ha dejado miles de muertos iraníes y de otros países de la región, sino que también ha puesto patas para arriba a la industria petrolera, justo una de las mayores patrocinadoras de la FIFA.

Pero esto tiene más aristas. “Desde el punto de vista medioambiental, va a ser un Mundial tremendamente contaminante”, explica Badillo Matos. Debido a las distancias récord que deberán recorrer las delegaciones y los hinchas (por ejemplo, hay 4.000 kilómetros entre la Ciudad de México y Vancouver, dos de las sedes), se generará la mayor huella de carbono de todos los mundiales disputados hasta el momento.

“Al mismo tiempo, la FIFA firma un acuerdo con la petrolera estatal saudí Aramco, que es la mayor emisora de gases contaminantes del mundo. Y unos meses después ese país es elegido como la sede del Mundial 2034”, agrega el entrevistado.

Millones en juego

Y es que sus dimensiones y trascendencia social no pueden ocultar verdades impresentables. “La FIFA es uno de los organismos más corruptos del mundo”, dice Alejandra Marmolejo, doctora en Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Para esta académica mexicana, detrás de la sede del Mundial 2026 hay un objetivo económico: conquistar el público que consume la NFL (la liga de fútbol americano).

“La FIFA e Infantino tienen la intención de acaparar el mercado estadounidense, o sea, lo que pretenden es tener más presencia en Estados Unidos, es un trasfondo más económico que diplomático”, sostiene Marmolejo. Y el polémico Premio de la Paz entregado a Trump está en el fondo de este objetivo. “La FIFA le otorgó un reconocimiento asociado a la paz, o al entendimiento internacional, en medio de una etapa marcada por discursos expansionistas, endurecimiento fronterizo y estrategias de presión continental. Este gesto se interpretó como un movimiento político para buscar aprobación del gobierno estadounidense, y que el círculo cercano de Trump le otorgara un voto de confianza a la FIFA para administrar los recursos financieros en torno al Mundial”, analiza la experta.

Según cifras estimadas, la Copa le generará a la entidad liderada por Infantino ingresos de 10.900 millones de dólares, 56% más que la edición anterior de Qatar 2022. Y el doble que el Mundial de Rusia 2018.

GRAFICO INGRESOS MUNDIALES

Pero en esta diplomacia de intereses, Trump también necesita a la FIFA. Como dice Marmolejo, en un contexto donde el republicano busca reinstalar “la idea hemisférica de poder estadounidense”, el Mundial le sirve “como una plataforma para escenificar liderazgo regional sin recurrir de manera directa al lenguaje de la coerción. La organización de la Copa permite presentar a Estados Unidos como protagonista del continente, nodo de seguridad, negocio y entretenimiento, mientras México y Canadá aparecen como los países subordinados de los Estados Unidos”.

FIFA, Conmebol y AFA

“El mundo se detendrá y todos los ojos estarán puestos en Norteamérica”, se jactó Infantino en el mencionado discurso en la ONU el 23 de mayo. El mandamás de la FIFA confía en que, cuando la pelota empiece a rodar en las canchas de México, Canadá y Estados Unidos, la agenda de conflictos globales pasará a un segundo plano. Es la metáfora del globo terráqueo convertido en balón de fútbol, un deporte que líderes como Trump, Claudia Sheimbaum y el canadiense Mark Carney nunca practicaron, como tampoco el nuevo ayatolá iraní, Mojtaba Jamenei.

Todos dejarán los conflictos de lado mientras se dispute la Copa, o al menos los disimularán detrás del multilateralismo futbolístico. Una estrategia que no siempre resulta: ahí está aún fresco el fracaso de Infantino en el más reciente congreso de la FIFA en abril, cuando no logró que los representantes de Israel y Palestina se dieran la mano.  

Tampoco desaparecerán los nubarrones que cubren a la dirigencia del fútbol mundial debido a los malos manejos financieros en varias federaciones. Por ejemplo la Conmebol, la entidad que rige al fútbol en Sudamérica. Una investigación del New York Times acaba de denunciar a su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, por haber recibido millones de dólares procedentes de fondos recuperados del FIFA-Gate, el extenso escándalo que afectó a sus directivos en 2015. Y otro dirigente, Claudio Tapia —titular de la muy influyente federación argentina— enfrenta causas judiciales por enriquecimiento en su país.

Ambos no han perdido oportunidad en los últimos meses de mostrarse codo a codo con Infantino, como para demostrar que cuentan con su respaldo. “La FIFA legitima a dirigentes que pueden ser cuestionados, como en el caso de Domínguez o el de Tapia”, analiza el abogado y periodista Juan Pablo Zaracho, que desde Asunción sigue el día a día de la Conmebol. Asegura que tanto el paraguayo como el argentino son hoy leales a Infantino, a pesar que en un momento no fueron tan cercanos. Y que ahora lo hacen porque “saben que estar cerca del poder es lo que los mantiene en sus cargos”.

Es decir, aplican las lecciones de la geopolítica del fútbol. Que como afirma Zaracho, consiste en “adaptarse y acomodarse al poder sin importar lo que pase; sin criticar, sin cuestionar. Ha sido una constante dentro de la historia de la FIFA”. Ahí están como ejemplos históricos Mundiales tan polémicos como los de Italia ‘34, Argentina ‘78 y hasta Rusia 2018, donde la FIFA (y sus presidentes) prefirieron mirar para el costado y, en lugar de plantear disidencias, hacer lugar a su lema: “El fútbol une el mundo”. Al menos para las fotos.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace. 

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Gremios piden a la Embajada de EE. UU. interceder para mejorar condiciones laborales y liberar presos políticos

Miembros de la Coalición Sindical y del movimiento estudiantil marcharon este miércoles, 3 de junio, hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas para consignar peticiones y exigencias en torno a la situación económica de los trabajadores, pensionados y para abogar por las personas detenidas por motivos políticos.

La concentración inició a media mañana en la Plaza Brión de Chacaíto y se desplazó por toda la avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta. En la manifestación también estuvieron presentes algunos dirigentes opositores como Wilmer Azuaje y Richard Blanco, quienes retornaron esta semana al país tras varios años de exilio forzado.

Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes denunciaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) grabaron a los participantes. “Asesinos”, gritaban las personas a los funcionarios que tomaron imágenes de la actividad, algo que se ha documentado en muchas protestas de este año como un método de intimidación.

Alí Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros seccional Portuguesa, señaló que el gremio solicita ante la Embajada de EE. UU. su intervención y apoyo para que el interinato de Delcy Rodríguez respete lo que está establecido en las leyes. “Consideramos que es necesaria su intervención para que cese la persecución contra los trabajadores de la educación en Venezuela”, expresó Acosta, quien además cuestionó el anuncio del aumento del ingreso integral, que no es suficiente ni acorde con lo que debería ser un salario digno.

Por su parte, Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, criticó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “se está burlando de los Estados Unidos” al no producirse las liberaciones de presos políticos que anunció la semana pasada. Además, señaló que el próximo 9 de junio se realizará otra protesta, el 10 de junio un paro y el 3 de julio una gran manifestación en Caracas.

En representación de los familiares de presos políticos detenidos en el Fuerte Guaicaipuro Mayra Morales pidió a representantes de la sede diplomática que revisen la carpeta y la información entregada sobre la situación de presos políticos en distintas cárceles. Señaló que en el caso de su hermano, uno de los 32 condenados por la operación Gedeón, no se revisan expedientes desde 2022.

“En el Fuerte Guaicaipuro están siendo cruelmente torturados, estuvieron 15 días desnudos, los conseguimos desnutridos, en condiciones inhumanas, desorientados (…) En el Rodeo tienen condiciones inhumanas, todo lo que le han hecho a esos muchachos, los desaparecidos ahí en el Rodeo, les pedimos que nos ayuden”, denunció Morales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“El Helicoide no se ha cerrado”: Exigen a Marco Rubio escuchar realidad de las víctimas

Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) alzaron su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), a través de su cuenta en X, publicó un mensaje en donde Fabiana Vera, hermana de Jackson Vera —detenido en esa prisión desde 2022— denunció que se le ha negado la Ley de Amnistía y que sigue injustamente detenido en dicho centro de reclusión.

La misma situación enfrenta Ricardo Cariel: su hermano Jean Carlos Cariel defiende su inocencia, asegura que ha sido víctima de juicios injustos, que no se le ha respetado el debido proceso y que sufrió desaparición forzosa desde su detención, el 5 de agosto de 2022.

Los familiares piden a Marco Rubio que “escuche la realidad de las víctimas y que constate que El Helicoide aún alberga a presos políticos, quienes llevan años detenidos y sin acceso a un abogado privado”.

Otro hecho que desmiente que El Helicoide esté cerrado es que familiares de los detenidos llevan más de 145 días pernoctando en sus adyacencias orando por la libertad de todos los presos políticos y denunciando que sus familiares han sido víctimas de tortura tanto física como psicológica.

Principal centro de torturas

El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció en enero que el recinto penitenciario sería cerrado y propuso transformar las instalaciones en un centro social y deportivo, pero esto no se ha materializado.

La ONG Realidad Helicoide también se pronunció por las declaraciones de Rubio y ratificó que el Helicoide es un centro de torturas que sigue operando activamente como centro de torturas y tratos crueles e inhumanos.

Sumó que en el recinto siguen albergando a decenas de presos políticos, quienes a diario son sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos.

“Exigimos la liberación de todos los presos políticos y el cierre real, definitivo e inspeccionado de todos los centros de tortura en Venezuela”, pidió la organización.

Piden a la comunidad internacional que siga vigilante

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos.

Asimismo, solicitó a las autoridades correspondientes transparencia sobre el estatus real del recinto y la atención prioritaria a la situación jurídica de las 25 personas que aún se encuentran bajo su custodia.

JEP explicó que aunque comprende que las declaraciones internacionales se basan en los compromisos e informaciones institucionales previas, la realidad de los derechos humanos exige contrastar los anuncios con la situación de las personas afectadas.

“Detrás de cada cifra hay familias que hoy siguen esperando respuestas; por ello, no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”, advirtió la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.