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Laboratorio de Paz: Venezuela avanza hacia una “zona gris”, no necesariamente hacia la democracia

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A un mes del inicio del proceso de transición anunciado para Venezuela, la ONG Laboratorio de Paz difundió un nuevo análisis sobre los cambios registrados en el país y planteó una interrogante central: ¿hacia dónde está conduciendo esta transición?

Laboratorio de Paz señaló que durante este primer mes se han producido cambios relevantes: una mesa de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición, acuerdos para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), negociaciones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), excarcelaciones de presos políticos y una mayor tolerancia hacia algunas expresiones críticas.

Son hechos que deben ser observados y valorados. Sin embargo, ninguno garantiza por sí mismo una democratización del país.

¿Toda transición conduce a la democracia?

En el informe Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia?, Laboratorio de Paz retoma el concepto de “zona gris” desarrollado por el politólogo estadounidense Thomas Carothers, que describe a países que abandonan parcialmente el autoritarismo sin convertirse en democracias funcionales.

En estos contextos pueden coexistir elecciones, partidos de oposición y nuevas instituciones, mientras persisten déficits graves de Estado de derecho, independencia judicial, representación ciudadana y alternancia real en el poder.

Por ello, advierte la organización, salir del autoritarismo no implica necesariamente avanzar hacia la democracia.

El riesgo no se limita a un eventual fracaso del proceso. También existe la posibilidad de que surja un país más abierto y plural, pero con estructuras de poder incompatibles con una democracia plena.

Apertura política no significa todavía democratización

El análisis identifica dos señales de alerta que deberán observarse durante los próximos meses.

La primera es el “pluralismo ineficaz”: la posibilidad de contar con instituciones aparentemente más plurales, pero que continúen siendo débiles y dependientes de acuerdos entre élites, sin traducirse en garantías efectivas para el ejercicio de los derechos de la población.

La segunda es la “política del poder dominante”: un sistema en el que existe oposición y competencia electoral, pero donde el oficialismo conserva ventajas estructurales derivadas del control del Estado, la justicia y los recursos públicos.

Esta advertencia resulta especialmente importante ante las discusiones sobre la renovación del TSJ y del CNE.

“Cambiar autoridades puede representar un avance, pero la verdadera transformación dependerá de que existan reglas capaces de garantizar independencia institucional, transparencia y capacidad de actuación, incluso cuando las decisiones contradigan los intereses de quienes participaron en los nombramientos”, se lee en el informe.

La transición también depende de la sociedad civil

La democratización de Venezuela no será únicamente consecuencia de los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación.

La sociedad civil, los movimientos ciudadanos, sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias, estudiantes y defensores de derechos humanos también tienen un papel fundamental en la construcción de las capacidades democráticas que el país necesitará. Por ello, proponemos aprovechar los espacios que pueda generar la actual apertura política para avanzar simultáneamente en cuatro tareas:

  • Recuperar la confianza entre actores fragmentados por años de polarización y represión.
  • Fortalecer el músculo organizativo de sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias y movimientos estudiantiles.
  • Construir una agenda propia de la sociedad civil que no dependa exclusivamente de las prioridades de quienes negocian.
  • Incidir sobre las decisiones públicas mientras el proceso continúa abierto.

La democracia también se construye mientras ocurre la transición

Uno de los principales riesgos del momento actual sería que la ciudadanía delegara completamente la iniciativa política en las negociaciones entre Washington, Miraflores y las élites venezolanas.

Una transición democrática requiere instituciones independientes, elecciones auténticamente competitivas y garantías para el ejercicio de derechos, pero también necesita una ciudadanía organizada con capacidad para participar, vigilar, proponer y exigir rendición de cuentas.

“La democracia no será solamente el resultado de lo que acuerden quienes hoy negocian. También dependerá de las capacidades que la sociedad venezolana consiga reconstruir mientras esas negociaciones ocurren”.

A un mes del inicio de este proceso, la discusión no debería limitarse a determinar si Venezuela está cambiando. La pregunta decisiva es qué tipo de sistema político está surgiendo de esos cambios y si estos están transformando efectivamente las relaciones de poder y ampliando las posibilidades de ejercer derechos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

AN se alinea sin titubeos: respalda con mayoría calificada el nuevo convenio energético entre Venezuela y EE. UU.

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Este martes, 1 de septiembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada el Proyecto de Acuerdo en Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y los Estados Unidos de América, una iniciativa presentada en sesión ordinaria por el diputado Miguel Pérez Abad.

“Queda aprobado por mayoría calificada evidente, el proyecto de acuerdo en Respaldo al Convenio Energético Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América”, informó la AN a través de su cuenta en X.

Con el convenio firmado, el gobierno norteamericano obtiene el control económico y la gobernanza de más de 65 mil millones de barriles de reservas de petróleo.

“Estamos hablando de 22% de las reservas comprobadas sin ceder la propiedad de las reservas”, dijo el diputado Pérez Abad.

Se desconoce el alcance

Pese a que el Parlamento respaldó el convenio, este no fue leído en la sesión extraordinaria y hasta el momento de publicación de esta nota se desconoce el contenido del mismo, pues no ha sido difundido públicamente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aclaró que el acuerdo binacional “no ha sido consignado por quienes deben hacerlo”, que son EEUU y Venezuela y enfatizó que el Parlamento está “acordando respaldar el anuncio de la binacional”. Dijo que cuando se firme el acuerdo entre los gobiernos será debatido para conocer los beneficios.

Rodríguez insistió en que lo que viene “es producción petrolera a unos niveles nunca vistos. Lo que viene es la recuperación y el bienestar”. El diputado también amenazó que quien se robé uno de esos dólares “figurativamente, les vamos a quemar las manos y los vamos a meter en la cárcel”.

Según Pérez Abad, el acuerdo petrolero se traducirá en beneficios para los venezolanos. Enumeró: alrededor de 3,6 millones de empleos directos e indirectos, planes de inversión, fortalecimiento del bolívar y mayores reservas internacionales tras las inversiones. Enfatizó que además logrará “estabilizar el tipo de cambio y declinar la inflación”.

El diputado Luis Emilio Rondón celebró el acuerdo, pero no lo respaldó en nombre de su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad. Señaló: “No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”.

*Con información de TC

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | La nueva ley de arrendamiento suma otro canon de vulnerabilidades

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La ONG venezolana Acceso a la Justicia emitió este primero de septiembre un balance sobre el impacto en los derechos humanos de la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, publicada recientemente en la Gaceta Oficial extraordinaria n° 7.065 (con fecha del 7 de agosto de 2026).

De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de 2025, Jorge Rodríguez, esta nueva ley busca revitalizar el mercado inmobiliario. «Hay unas 200 000 viviendas en Venezuela que no están alquiladas, porque la gente las resguarda, en virtud de que la ley con la que contamos es retrógrada», declaró Rodríguez el pasado 11 de julio.

Ahora, el país atraviesa una nueva crisis inmobiliaria: según las cifras del Gobierno interino, casi 18 000 personas han perdido sus hogares por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026.

En Runrun.es te traemos cuatro claves que resumen el balance hecho por Acceso a la Justicia:

La neuva ley no deroga las normativas anteriores

Hasta el momento, ni la nueva Ley de Arrendamiento ni ninguna institución pública han derogado la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (publicada en noviembre de 2011) ni la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (publicada en mayo de 2011). 

Tanto Acceso a la Justicia como la Cámara Inmobiliaria de Venezuela han afirmado en años anteriores que el mercado de la vivienda en el país se ha visto distorsionado por la desconfianza que los propietarios les tienen a las leyes de 2011.

Según el artículo 2 (numeral 1) del nuevo instrumento, quedarían excluidos de la nueva ley todos los inmuebles destinados a vivienda que crearon una relación arrendataria antes de emitirse la Gaceta Oficial extraordinaria n° 7.065. Por lo tanto, las relaciones arrendatarias que surgieron antes del 7 de agosto de 2026 seguirán bajo la regulación de las normativas publicadas en 2011.

Una puerta para la desigualdad

La ley de arrendamiento de 2011, en su artículo 21, le daba potestad a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) para auditar los contratos y controlar el canon de arrendamiento. Mientras tanto, la nueva ley, en su artículo 9, establece que el contrato puede ser Mientras tanto, la nueva Ley permite que los contratos de arrendamiento sean presentados ante una notaría o ser suscritos de manera privada. 

En cuanto al canon de arrendamiento, los artículos 12, 13 y 14 establecen que las partes de la relación de arrendamiento fijen un monto a conveniencia, siempre y cuando el monto quede reflejado en el contrato. Además, el valor de ese canon puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera (incluido el equivalente en bolívares a la tasa de cambio vigente del Banco de Venezuela).

«Otro aspecto llamativo es el relacionado con las reparaciones», agrega la ONG. «En el artículo 15 [de la nueva ley] se establece claramente que los propietarios deberán asumir las reparaciones que superen el 30 % del canon, salvo aquellas originadas “por daños ocasionados por la conducta negligente, imprudente o la impericia de la arrendataria o el arrendatario”. Por su parte, los arrendatarios deberán correr con aquellas cuyo monto no supere el 30 %».

Además, la nueva ley, en su artículo 19, establece que el arrendatario deberá costear los servicios de la vivienda; mientras tanto, el arrendador deberá asumir los gastos de condominio y los impuestos sobre inmuebles, a menos que lleguen a un acuerdo.

Trato diferenciado ante la ley

«Esta peculiar situación abre las puertas a la confusión y también a un trato diferenciado entre dos tipos de arrendadores y arrendatarios, pues la orientación y disposiciones de los textos de 2011 van en direcciones opuestas a los de 2026», advierte Acceso a la Justicia. «En un caso prácticamente se deja a unos propietarios sin derecho a reivindicar su bien; mientras que, en el otro caso, con el incumplimiento de tres cánones se puede exigir la devolución del inmueble, por lo que la diferencia de las consecuencias jurídicas es de tal magnitud que resulta en un trato manifiestamente violatorio del derecho igualdad ante la ley».

Además, mientras en la vieja legislación la Sunavi tiene participación en la resolución de las peticiones de desalojo, la nueva normativa no lo contempla y permite que las partes de la relación arrendataria aborden las disputas por medios alternativos de resolución de conflictos (mediación, conciliación y arbitraje).

«¿A qué se debe esto? Los legisladores en el debate asambleario lo achacaron al principio de no retroactividad de la ley, aunque en el texto finalmente aprobado ese término no se encuentra», explica la ONG. «Ciertamente, el artículo 24 constitucional establece que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo”, pero acto seguido matiza: “Excepto cuando imponga menor pena”. […] La norma recién aprobada establece condiciones más claras y expeditas para alquilar, que favorecen tanto a arrendadores como a arrendatarios que las vigentes desde 2011, las cuales las propias autoridades además califican de “anacrónicas”».

Ley vieja, acciones nuevas

La ONG reiteró que la existencia de las tres leyes al mismo tiempo genera discriminación y desigualdad ante el sistema de justicia.

«Mientras el propietario sujeto al régimen anterior enfrenta importantes obstáculos para recuperar su inmueble, incluso ante el incumplimiento del arrendatario, quien celebre un contrato bajo la nueva ley podrá exigir su devolución, entre otros supuestos, ante la falta de pago de tres cánones de arrendamiento. La magnitud de esta diferencia de trato, basada únicamente en el momento en que se celebró el contrato, puede resultar discriminatoria y contraria al derecho a la igualdad ante la ley», explica la institución.

Aun así, Acceso a la Justicia destacó que se puede distinguir la fecha de la creación del contrato y las acciones que se hagan después de emitirse ese contrato.

«El supuesto de hecho, como la celebración de un contrato, queda definitivamente regido por la ley vigente al momento en que se perfecciona. En cambio, sus efectos pueden prolongarse en el tiempo y desarrollarse bajo la vigencia de leyes posteriores», asevera la ONG. «Por ello, aunque un contrato de arrendamiento haya sido celebrado antes de la entrada en vigor de la nueva ley, cuestiones futuras como las reparaciones, la devolución del depósito, las causales de terminación anticipada, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o los procedimientos de desalojo podrían quedar sometidos a la nueva normativa. Esto no implica retroactividad, ya que no se altera la existencia ni la validez del contrato, sino únicamente los efectos que se producen después de la entrada en vigor de la nueva ley».

La ONG no disminuye el trato diferenciado entre ambas poblaciones: las que se benefician de una nueva ley —más flexible— y las que se mantienen bajo el escrutinio de las leyes de 2011. Afirman que el problema se puede solucionar si el legislador (la Asamblea Nacional) incorpora mecanismos transitorios, como regímenes de adaptación gradual o sistemas de conversión voluntaria al nuevo marco legal, pero la opacidad del proceso legislativo dificulta las acciones gubernamentales.

Advierten que defensa de Maduro y Flores presentarán moción para reclamar inmunidad

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De acuerdo al abogado Nizar El Fakih, la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores presentarán en las próximas horas una moción formal para reclamar la inmunidad de los acusados y alegar que la Corte Federal de Nueva York carece de jurisdicción para procesarlos.

“Sin embargo, su presentación apenas dará inicio a una etapa que producirá varias semanas de importantes novedades procesales antes de que el asunto quede sometido a decisión del juez”, escribió el profesional del derecho en su cuenta de X

Para el abogado venezolano resulta curioso que la defensa presente la moción ocho meses después de la captura y no la haya expuesto en enero inmediatamente después de que detuvieron a la pareja en Venezuela y la llevaran a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de terrorismo, narcotráfico y empleo de armas de guerra.  

El Fakih dijo que la Fiscalía se encuentra preparando sus argumentos para responder a la defensa cuando esta presente la moción. 

Maduro y Flores ya fueron presentados en una corte en Nueva York, donde este primero dijo en las primeras de cambio que se encontraba secuestrado y se consideraba un “prisionero de guerra”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Familiares de presos políticos exigen ejecución inmediata de las boletas de excarcelación

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Este martes, 1 de septiembre, los familiares de los presos políticos protestaron frente al Ministerio de Servicio Penitenciario para exigir la ejecución inmediata de las boletas de excarcelación pendientes.

Parientes de los detenidos se concentraron para reclamar la libertad de los 328 presos políticos, el respeto a los derechos humanos y el cese de los tratos crueles en los centros de reclusión.

Los manifestantes advirtieron que, no se retirarán del lugar, hasta ser atendidos por el ministro y recibir respuestas sobre la situación de sus familiares detenidos.

Jessica Castro, activista venezolana y representante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, rechaza que el presidente Donald Trump negocie con criminales y deje en segundo plano a los detenidos por razones políticas.

“No estamos en contra de las negociaciones con el petróleo, pero no podemos olvidar a nuestros presos políticos (…). No vamos a permitir que este gobierno se siga burlando de nosotros porque ni siquiera han podido sacar una lista de los 130 excarcelados el 14 de agosto porque la mitad no son presos políticos”, expresó.

¿Cuánto petróleo vale un preso político?

La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos señaló que ellos (el Gobierno) prefieren abrir una fosa para enterrar a los presos políticos que abrir los candados para su libertad.

“¿Por qué se tiene la fuerza para impulsar negociaciones del 20% de nuestras reservas y no para liberar los presos políticos?”, cuestionó la Alianza.

La organización Foro Penal, que defiende los derechos de los privados de libertad, informó en su último balance que la cifra actual de presos político se ubica en 328; de ellos, 317 son hombres y 11 son mujeres. 183 son civiles y 415 militares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El sainete como forma de hacer política: la farsa del acuerdo petrolero

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Donald Trump ha anunciado un acuerdo petrolero de 100 años (un comentarista lo llamó el acuerdo de “cien años de soledad”) que le daría acceso a parte de las reservas petroleras de Venezuela. Ellas pasarían a formar parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos. La presidenta tutelada de Venezuela ha confirmado que existe un acuerdo petrolero con EE. UU. El partido del régimen, el PSUV fundado por Hugo Chávez, quien se llamaba antiimperialista, dice que apoya el acuerdo en un comunicado donde ha dado una voltereta histórica pasando de la revolución a la sumisión.

Aunque los detalles no son del todo conocidos, el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el gobierno tutelado de los Rodríguez-Cabello ha sido fuente de controversia entre venezolanos que discuten en X. Como expresión de la opinión pública, estos debates revelan un punto de encuentro en la política venezolana: los que apoyan a Trump y los que apoyan a Delcy Rodríguez coinciden, a ambos les encanta el anunciado acuerdo.

Aunque X no sea una expresión confiable de la opinión de los venezolanos, sí revela una tendencia que se ha ido apoderando de las redes cuando se trata de la Venezuela post 3 de enero. Después del día que las tropas de EE. UU. sacaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores del país y los pusieron detrás de los barrotes, la gran discusión es si Trump realmente quiere la democracia o solamente entró allí para apoderarse del petróleo y los minerales. La verdad es que el retorno a la democracia en Venezuela queda pospuesto. La prioridad es el petróleo. Y eso, extrañamente, agrada tanto a seguidores de Trump y de la tutelada Rodríguez.

Trump está vendiendo el acuerdo como un gran logro que le daría control de 65 000 millones de barriles. Pero el asunto no es nada transparente. Algunos medios dicen que se trata de contratos de producción de campos “verdes” (más fáciles de explotar) donde una empresa del Pentágono pone una garantía con acceso a “opciones” (eventuales ganancias sin riesgo), y en la que participaría una pequeña petrolera creada por Alejandro Betancourt López (acusado, aunque no condenado, por corrupción en negocios eléctricos en Venezuela). Lo mejor que he podido leer al respecto lo escribió (en inglés) Lionel C Johnson. Se dice igualmente que la empresa creada por Betancourt, que contaría con el respaldo de la garantía del gobierno de EE. UU. (una novedad en la historia petrolera), disfrutaría de precios de compra con descuentos y ventajas fiscales. Sin embargo, se trata de especulaciones, pues nadie ha visto el acuerdo o contrato alguno.

Lo que sí parece claro es la motivación política del anuncio en estos momentos. El presidente norteamericano necesita con urgencia mostrar algún éxito internacional después de sus fracasos en Irán y en Ucrania. El anuncio podría ayudar a aliviar la presión sobre los precios del petróleo y, eventualmente, reducir el costo del galón de gasolina, cuyo incremento está golpeando los bolsillos de los electores estadounidenses. Trump ya no es un presidente popular. Las elecciones de medio término en noviembre para renovar la cámara de representantes y el senado no pintan bien para los republicanos.

Sainete político

Los venezolanos conocemos bien el género teatral del sainete, una comedia corta en tono de farsa. Hemos tenido buenos autores de tales piezas burlescas (Rafael Guinand, Aquiles Nazoa, y, a su manera, Miguel Otero Silva y Andrés Eloy Blanco). Hugo Chávez introdujo el sainete en la política venezolana. El maestro de Sabaneta ha dejado escuela. Probablemente uno de sus aventajados alumnos haya sido el exfiscal general Tarek William Saab (TWS). Con su cuidado maquillaje y cultivada musculatura, TWS hacía ruedas de prensa que se movían entre el esperpento y el sainete. Basta recordar aquella que organizó para informar sobre el asesinato del líder chavista Carlos Lanz y el papel que los cochinos “papeados” (Saab dixit) jugaron en tan horrible crimen.

Trump no se queda atrás como producto de la televisión que es. Su paso por The Apprentice, donde jugaba el papel del “jefe malo” lo lanzó a la popularidad. Fue su plataforma para dar el salto en política. Como figura de la cultura popular, ha sabido usar los códigos del entretenimiento para atraer seguidores. Es una mezcla de estética kitsch (basta ver su decoración dorada de la oficina oval) y grotesca (¿quién no recuerda su jactancia de “agarrar” a las mujeres por sus partes íntimas?). Trump sabe cacarear los huevos que pone. Vive de anuncio en anuncio (a los venezolanos les recuerda a otro presidente muy mediático). Pasa de la guerra comercial con Canadá al “gran acuerdo” petrolero con Delcy Rodríguez. Todo para captar la atención de su electorado descontento.  ¿Bastará el sainete para subir su popularidad, y así evitar una mayoría demócrata en la cámara baja y en el Senado? Las elecciones de noviembre nos darán el veredicto.

Corrupción nada cómica

A Chávez los venezolanos le rieron los chistes no solo por su carisma sino por su populista forma de repartir dinero en tiempos de bonanza petrolera (CADIVI y los dólares a precio preferencial ayudaron mucho al respecto). A Maduro, nada carismático, no le salían bien los chistes ni la bailadera con su amada Cilia. Mientras movía el esqueleto por televisión, sus fuerzas represivas le disparaban a la gente, asesinaban a venezolanos, ponían presos a los que protestaban y torturaban en sus cárceles.

La verdad es que la negativa herencia que recibió de Chávez (destrucción de PDVSA, deudas multimillonarias, expropiaciones, debilitamiento de la producción nacional, corrupción, parasitismo cubano) hizo que los resultados económicos de Maduro fueran un desastre. Ni con el mejor sainete del mundo, el expresidente ahora preso en Nueva York hubiera ganado una elección justa y democrática. Solo pudo robárselas con el apoyo de los serviles consejo electoral y tribunal supremo.

Con Trump pasa un poco lo mismo. Su sainete resultaba simpático mientras prometía acabar con la élite política de Washington, arreglar la economía y sacar a EE. UU. de conflictos externos. No solo no logró arreglar la economía (tanto las políticas de aranceles como de persecución a inmigrantes han tenido consecuencias negativas), sino que metió a los EE. UU. en una guerra con Irán sin lograr la victoria prometida. Tampoco ha podido traer la paz a Ucrania (otra vaga promesa del presidente sainetero). Y los ciudadanos de EE. UU. tienen que pagar más cara la gasolina y muchos otros productos.

Otro asunto en el que coinciden el populismo chavista y el MAGA es la corrupción. En ambos casos la política es un vehículo para favorecer a círculos cercanos al poder. Las sospechas sobre los negocios de la familia de Trump al resguardo de la presidencia se han incrementado, y el presidente, en vez de asumir una postura prudente, se jacta de que recibe regalos millonarios como el avión presidencial que le obsequió Qatar. En el caso del chavismo las pruebas están a la vista: el empresario preferido de Maduro, Alex Saab, está en la cárcel en Miami; cuatro expresidentes de PDVSA están acusados de robarse dinero de la petrolera (el más emblemático es Tareck El Aissami por sus “cripto negocios”), y tantos otros han sido condenados o han llegado a acuerdos con la justicia para no terminar en prisión en Estados Unidos y en otros países.

Mientras, el sainete de anuncios petroleros y debates en X siguen como si nada. Los pro-Trump se arrastran casi besándole los pies al nuevo “libertador” de Venezuela. Los pro-Delcy deliran alegres con el entreguismo y la sumisión de la tutelada. Ambos grupos, enceguecidos por sus favoritismos, y en algunos casos, como los lobistas petroleros, por el dinero que perciben, no son capaces de ver lo obvio. Trump y la fiebre MAGA pasarán si la democracia funciona, como se espera ocurra en EE. UU. No sabemos si el chavismo saldrá del poder, y menos ahora con las migajas que Trump les deje robarse gracias al “mejor acuerdo del mundo”. La gran mayoría de los venezolanos sigue esperando por un futuro más promisorio que tarda mucho en llegar.

Instagram: @santiagodeoviedo

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Cómo el Tren de Aragua planificó el asesinato de Ronald Ojeda 

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Mucho se ha hablado del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Para el próximo 20 de octubre está programado el inicio del juicio por el secuestro con homicidio. Se realizará más de dos años después del crimen, ocurrido el pasado 21 de febrero del 2024. 

El pasado viernes 28 de agosto llegaron extraditados a Chile dos de los más importantes acusados por este caso. Se trata de Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua”, quien fue detenido en Estados Unidos. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría tenido un rol de liderazgo y coordinación en la organización del secuestro de Ronald Ojeda.

El segundo imputado es Luis Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”, fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de ese país en 2025, tras una alerta roja de Interpol. El proceso investigativo lo vincula a la estructura operativa de “Los Piratas de Aragua” y a la etapa de ocultamiento del cuerpo de la víctima, el que fue enterrado en un campamento de Maipú. 

Pero no son los únicos. Hasta ahora son cerca de 10 los sujetos que serán enjuiciados por su rol en el crimen de Ojeda. Cada uno con su rol establecido. 

De acuerdo a la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso Emol, los hechos se registran así.

– Los días previos al secuestro de Ojeda, integrantes del Tren de Aragua, liderados por Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, y Rafael Enrique Gamez Salas, apodado el “Turko”, recibieron instrucciones de la cúpula de la organización, a cambio de una alta suma de dinero, para secuestrar y posteriormente matar al refugiado venezolano.

-Ambos comenzaron a planificar el delito. “El Turko” creó un grupo de WhatsApp, en donde seleccionó e incorporó a quienes iban a participar del secuestro. Incluye en el grupo a Yolvi González Arcaya, Dayonis Junior Orozco Castillo, Wimmer Rivas Olivares, Johnny José López Mendoza, un sujeto identificado como “Monito” y José Narciso Bracamante Montillo, apodado “Morocho”. Instruyó a sus subalternos, a reunirse en la casa de Rivas, ubicada en la “Toma Santa Marta” de Maipú. 

-González Arcaya fue el encargado de ubicar los chalecos antibalas para hacerse pasar como falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Además de vehículos, armamentos y vestimenta que les iban a permitir simular ser funcionarios, seleccionaron un lugar donde mantener cautivo a Ojeda y otro donde ocultar su cuerpo, así mismo obtener información de la víctima y distribuir las funciones de quienes participarían en el delito. 

– Se informó que el 19 de febrero del 2024, Benítez Rubio entregó a la banda el vehículo Nissan Versa color gris que fue usado en el atraco. 

– Un día después, Villegas Rodríguez y Castellano Rodríguez montaron un punto de vigilancia en las cercanías del domicilio de Ojeda con la finalidad de prestar cobertura. 

-A las 3 de la tarde del 20 de febero llegaron al lugar otros cinco partícipes, entre ellos los imputados Walter Rodríguez Pérez, Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale” o “Gordo Conce”, Jhonny José López Mendoza, apodado “Mudo”, y José Carlos Valverde Araujo, a bordo del vehículo Nissan con una baliza de color azul y portando armas de fuego. Ingresaron al hall del edificio, mostraron una orden falsa al conserje de turno y subieron hasta el piso 14 del edificio. 

-Seguidamente rompen la puerta del departamento y sacan a la fuerza a Ojeda, quien dormía junto a su pareja y a su hijo menor de edad, “al que intimidaron mediante la exhibición de armas de fuego y esposaron sus manos por la espalda, sustrayendo además dos teléfonos celulares, lo trasladaron contra su voluntad al exterior del departamento, donde los esperaban Villegas y Castellano, quienes grabaron con un celular la salida de Ojeda, para enviarle la evidencia a sus superiores y cumplir la primera parte de la misión”. 

-Se retiraron en dos vehículos y uno de estos tuvo problemas mecánicos, por lo que se subieron a un tercero que los esperaba en la localidad de Renca. De acuerdo a la carpeta investigativa, Ojeda fue llevado a una casa en Maipú. “La víctima permaneció privada de libertad, para posteriormente ser asesinada mediante asfixia por suspensión, con el fin de ocultar el cuerpo excavaron un hoyo en el interior del domicilio donde habitaba Jordán Ernesto Soto Fuenzalida, enterraron el cadáver al que introdujeron previamente en una maleta con cal, y cubriendo la superficie con cemento, destinada a dificultar el hallazgo del cuerpo y ocultar cualquier tipo de evidencia de lo ocurrido”.

La Fiscalía Metropolitana Sur prepara su exposición y tiene determinadas las penas que solicitará. En el caso del “Turko” y el “Gocho”, como arribaron hace poco a Chile, aún no está especificado la condena que se les solicitará. A ellos se suma “Bobby”, que tiene una solicitud de extradición cursada en Colombia. 

También aún quedan prófugos, sin detener. Uno de ellos es José Carlos Valverde Araujo, integrante de “Los Piratas” y apuntado por el Ministerio Público como uno de los que secuestró a Ojeda, al igual que Walter Rodríguez Pérez y Jhonny López Mendoza

Por su parte, Kevin Hernández Ramos, también de “Los Piratas”, es señalado como uno de los participantes en la muerte de Ojeda, Anthony Alejandro Liendo Canto, conocido como “Cagua” habría prestado cobertura y Leonal Sanz Brito tendría la misión de ocultar el cuerpo de Ojeda.

Para el resto si hay peticiones

Wimner Jesús Rivas Olivares, “Titi”: Presidio Perpetuo Calificado + 5 años + 10 años y 1 día 

– Alfredo José Henríquez Pineda, “Gordo Ale”, “Gordo Conce”: Presidio Perpetuo Calificado + 10 años 

Julián Andrés Iglesias Hoyos: Presidio Perpetuo Calificado + 5 años 

Julio César Iglesias Pereira, “Barranquilla”: Presidio Perpetuo Calificado + 5 años 

Edgard Javier Benítez Rubio: Presidio Perpetuo Calificado + 5 años (receptación) + 5 años (asociación) 

Yolvi Miguel González Arcaya, “Yolvi”, “Yolvito”: Presidio Perpetuo Calificado + 10 años y 1 día + 5 años + 10 años + 5 años 

Héctor Osvaldo Soto Maureira: 15 años y 1 día de presidio mayor grado máximo

Con información de Emol 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Exigen detener la censura en Venezuela con un manifiesto firmado por más de 100 organizaciones y medios 

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Una agrupación de 38 medios de comunicación, 63 organizaciones, asociaciones, gremios y movimientos, además de las firmas de 164 personas, apoyaron el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, el cual fue difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa este 31 de agosto. Esta iniciativa busca unir una serie de exigencias orientadas a deshacer la censura, frenar la persecución contra comunicadores y recuperar las garantías indispensables para el periodismo y el libre acceso a la información en el país. 

Los participantes sostienen que las restricciones que han sido impuestas han vulnerado de forma constante y sistemática el derecho de los ciudadanos de opinar e informarse. Por esto mismo, el manifiesto plantea una ruta con propuestas específicas que están dirigidas a restablecer el marco legal y operativo que rige a los medios de comunicación y al país en general.

Libertad plena

El documento demanda la liberación inmediata de todas las personas que se encuentran detenidas por razones relacionadas al ejercicio de la libertad de opinión, al igual que exigen el cierre definitivo de los procesos judiciales abiertos contra periodistas y la restitución de los pasaportes que han sido anulados a comunicadores.

Entre las medidas que fueron planteadas en materia laboral, el manifiesto pide la revisión de las licencias que han sido revocadas a distintos medios, la devolución de los bienes que fueron expropiados a empresas de comunicación, y la implementación de procesos transparentes y auditables para la adjudicación de nuevas frecuencias.

Fin del bloqueo

Por otro lado, en las comunicaciones digitales, las organizaciones y los periodistas piden el levantamiento inmediato de los bloqueos impuestos contra sitios web y plataformas en internet ya que los firmantes del manifiesto enfatizan que el buscar, recibir y difundir información de manera libre constituye un derecho que no debe estar sometido a bloqueos ni restricciones de ningún tipo.

El documento también contempla la necesidad de anular el marco que restringe o penaliza la libertad de expresión en el país y en específico se solicita la revocación de la Ley contra el Odio, la Ley RESORTE, la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo. Esta propuesta plantea cambiar estas normas por un enfoque jurídico que esté enfocado en garantizar y proteger la libertad de expresión.

Transformación de instituciones

Finalmente, el manifiesto incluye exigencias con respecto al cambio estructural en los organismos y plataformas del Estado. Es así que, en cuanto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el documento señala que se debe dejar de operar como un instrumento de control censura para poder transformarse en una organización bajo criterios de transparencia.

Al igual que se abordan el papel de los medios de comunicación del Estado y se señala que estos deben de estar al servicio de toda la población venezolana y garantizar una cobertura completa, donde la cobertura pública debe cesar de forma inmediata su uso para la propaganda partidista, la persecución, la estigmatización o cualquier forma de discriminación contra sectores de la sociedad. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.