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Impuesto al béisbol

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Quizás no sepa de qué le estoy hablando, pero se trata de un impuesto que en algún momento hemos pagado yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos cada vez que un muchachito parte un vidrio de un pelotazo. Con lo cual entendemos que los verdaderos patrocinantes de la carrera de un peloterito no son sus familias, sino los vecinos. Por eso propongo que dicho gasto sea formalmente reconocido mediante una ley llamada “Impuesto al Béisbol”.

Pues si usted saca la cuenta, el gasto por reponer ventanas, tejas, materos, adornos, parabrisas y bombillos quebrados por niños jugando béisbol, representa el 99 % del PIB anual en sitios como La Sabana o San Pedro de Macorís. Una cifra que además avala la ANVPU (Asociación Nacional de Vecinos de los Pisos Uno).

¿Cuántas madres de peloteritos no se verían beneficiadas descontando de sus impuestos la cantidad de vidrios que tienen que pagar por culpa de sus hijos? ¿Cuánto dinero no se ahorrarían los vecinos de los pisos uno si en su declaración anual presentasen las facturas de esos vidrios que terminaron pagando porque “nadie fue”?

Así mismo propongo que, en dicha ley, todo pelotero recién firmado reparta su bono de miles de dólares de la siguiente manera: 5 % al entrenador que lo formó, 5 % a la madre que lo parió y 35 % al vecino que lo padeció. Y en caso de llegar al Salón de la Fama, que nombre a todos los vecinos en su discurso.

Incluso podría considerarse que los scouts no solo firmen a los peloteros basándose en esas cinco herramientas clásicas de fildeo, brazo, contacto, poder y velocidad, sino también en otras nuevas como:

  • Número de batazos que partieron cosas en el vecindario.
  • Porcentaje de rabia de sus vecinos.
  • Promedio de abaratamiento de los inmuebles que rodean el sitio de las partidas.
  • El WAR (o “Windows Almost Replaced”).
  • Velocidad de pique al oír el “¡Plan!” de un vidrio quebrándose.

Eso nos permitiría entender que el primer cazatalentos de un beisbolista no es el scout de un equipo de Grandes Ligas, sino ese vecino que ha tenido que reponer todas sus ventanas por culpa del peloterito.

Aunque nunca falta un extremista que diga: “¿Y por qué no hacemos una ley que prohíba jugar pelota en la calle?”. Una medida práctica, sin duda, pero que también podría dejar en la quiebra a vidrierías, fabricantes de parabrisas, vendedores de tejas, jardineros que arreglan materos, toderos que pintan paredes manchadas por pelotas y psicólogos especializados en personas con instintos asesinos hacia carajitos que juegan béisbol.

Por eso, la próxima vez que usted sea víctima de un vecinito que le rompa algo por estar jugando pelota, alégrese: podría estar ante la próxima estrella mundial de las Grandes Ligas… (o ante el hijo del dueño de una vidriería que busca enriquecer a su papá).

@ReubenMoralesYa

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Paro de educadores se cumplió en un 80% según gremios 

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En un 80% se cumplió el paro nacional de docentes convocado este miércoles 10 de junio por la Federación Venezolana de Maestros, según informó su presidenta, Carmen Teresa Márquez. 

“Aun con las amenazas que debieron enfrentar los maestros, con la presencia de policías en las escuelas. Los docentes no tienen miedo y para eso tienen un sindicato que los va a defender, denunciamos el acoso laboral, pero no tenemos miedo”, dijo Márquez. 

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, dijo el líder gremial.

Márquez indicó que en estados como Vargas, Apure y Zulia reportaron presencia policial en las escuelas. 

La dirigente sindical expresó que luego de evaluar los resultados de este 10J vendrán nuevas acciones.

Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), indicó que la paralización se cumplió en un 95% en alrededor de 20 universidades nacionales. 

Ambos sectores piden la dignificación del salario y el reinicio de las discusiones de las contrataciones colectivas, además de pago de cesta ticket y la revisión del Bono de Responsabilidad Profesional. 

En Miranda, René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) para la seccional Tuy-Guaicaipuro, dijo que más del 75% de las escuelas se sumaron a paro.

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, amplió el líder gremial.

En Monagas, miembros del magisterio denunciaron que varios docentes fueron amenazados con suspensión de sus respectivos sueldos si acataban el paro: “Este régimen no respeta el derecho legítimo a la protesta pacífica, garantizado en el artículo 68 de la Constitución”.  

“Sin sueldo no hay paraíso”, decía una pancarta en Carabobo, donde el gremio docente igualmente reportó un acatamiento masivo a la convocatoria de paro.  

En el estado Zulia, Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad, aseguró que el paro se cumplió en 60 %. Manifestó que un 20 % estuvo en un paro parcial y que el otro 20 % sí acudió a las aulas. 

“Hubo mucha presión de las autoridades con persecución, amedrentamiento y amenazas. Decían que al que asista le descontarán el día, pero eso no importa porque el día de sueldo está en 0,70 dólares. Amenazaron con que abrirán expedientes por violentar el derecho del niño a la educación, pero resulta que el maestro luchando por sus derechos, también enseña”, expuso.

Por su parte, en el estado Anzoátegui, Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), afirmó que en promedio de cada 20 maestros, solo acudieron dos a trabajar.  

“En Barcelona, escuelas como la Celestino Farrera hubo baja asistencia de educadores y niños. Lo mismo en la Rafael Marcano Rodríguez o la José Luis Arreaza de Puerto La Cruz”, agregó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Piden atención médica urgente para el preso político Juan Carlos Marrufo

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La vida y la integridad física del preso político Juan Carlos Marrufo se encuentran en una situación de peligro por la falta de atención médica especializada y oportuna dentro de su centro de reclusión, El Rodeo I. Ante esta situación, Amnistía Internacional emitió un alerta pública dirigida a Larry Devoe y a las autoridades correspondientes del Estado venezolano, con el fin de exigir que se garantice el derecho a la salud y a la asistencia médica inmediata para el detenido.

A este reclamo también se le unieron familiares y personas interesadas en el caso, quienes alertaron que a pesar de haber sido evaluado por un médico forense, Marrufo todavía no recibe el tratamiento requerido para ayudar sus dolencias actuales.

De acuerdo con las declaraciones de su suegra durante una concentración de familiares de presos políticos realizada en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, la condición física de Marrufo se ha deteriorado debido a una inflamación severa en la próstata, la cual le genera dolores agudos, además de los cuadros diabéticos que el ingeniero ha tenido que enfrentar en su día a día estando recluido. 

Detención arbitraria

El caso de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado de Marrufo, su esposa, comenzó el 19 de marzo de 2019 cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) los detuvieron la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. 

Las investigaciones y denuncias del entorno familiar presumen que el arresto se ejecutó porque los cuerpos de seguridad buscaban al hermano de María Auxiliadora, quien se encontraba fuera del territorio nacional y al no poder dar con su paradero, el DGCIM  procedió a privar de libertad a la pareja bajo las acusaciones de terrorismo y asociación para delinquir. Durante esa primera detención, estuvieron ncomunicados en la sede del cuerpo de seguridad en Boleíta, Caracas.

A pesar de que el 6 de mayo de 2019 un tribunal ordenó la liberación bajo medidas cautelares, el DGCIM no cumplió la orden de inmediato. El proceso se alargó hasta el 2 de octubre de ese mismo año, cuando finalmente se disponían a regresar a su hogar tras la excarcelación pero fueron interceptados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para proceder con una segunda captura. Las autoridades revocaron la orden previa y los imputaron por traición a la patria, homicidio frustrado y homicidio con alevosía por su supuesta participación en el ataque con los drones en la avenida Bolívar en Caracas.

La separación

El proceso continuó el 16 de febrero de 2021 cuando el tribunal encargado ratificó la medida privativa de libertad y ordenó el pase formal a la fase de juicio. Tras debates y sin presentar pruebas concluyentes, el 9 de diciembre de 2022, los esposos Marrufo Delgado recibieron una condena definitiva de 30 años de prisión, lo que representa la pena máxima establecida dentro de la legislación penal venezolana. Desde entonces, la pareja permanece separada en distintos centros de reclusión, donde se enfrentan a condiciones de confinamiento severas que han ido deteriorando su salud.

Actualmente, Juan Carlos Marrufo, se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, un lugar donde sus complicaciones de salud no cuentan con el monitoreo clínico necesario. Por su parte, María Auxiliadora Delgado, permanece privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), y al igual que su esposo, presenta patologías crónicas como hipertensión y episodios de descompensación que ponen en riesgo su vida.

Un grito de auxilio

Los familiares insisten en que la sentencia carece de sustento legal y que la condena tan prolongada solo profundiza el sufrimiento de las familias Marrufo Delgado. De este modo, el llamado urgente de Amnistía Internacional y de los familiares se centra en lograr que las autoridades permitan el ingreso de personal médico para evaluar la condición urológica del señor Marrufo antes de que se generen daños mayores e irreversibles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Yosvet Lozada murió en el Rodeo III en precarias condiciones de salud desatendidas

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El observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte bajo custodia del Estado de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, en el Internado Judicial El Rodeo III.

Según el OVP, Lozada de 32 años, presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que no podía reconocer a sus seres queridos.

La organización señaló que a pesar de que su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y que solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa, sus familiares nunca recibieron respuesta.

EL OVP ha venido denunciando que cientos de presos recluidos presentan enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.

La víctima 22

Con la muerte de Yosvet Lozada Rojas sube a 22 la cifra de fallecidos en custodia del estado desde abril de 2026.

El OVP ha documentado los fallecimientos de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y Víctor Alfonso Rivero.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. Por ello, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

La organización destaca que la omisión estatal viola de forma sistemática el artículo 43 de la Constitución el cual establece que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, obligando a las autoridades a proteger a cualquier ciudadano bajo su custodia. Asimismo, el Estado vulnera el artículo 46, numeral 2, al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida.

Cabe mencionar que ni el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han pronunciado sobre las muertes bajo custodia registradas en las últimas semanas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familiares de presos políticos a John Barrett: “¡Escúchanos!”

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Familiares de los presos políticos, apostados en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, enviaron un mensaje al encargado de negocios de estados Unidos en Venezuela, John Barret.

Con carteles, fotografías y consignas, los manifestantes —en su mayoría mujeres— enviaron un mensaje directo al diplomático: «¡John Barrett, escúchanos!», se leía en uno de los afiches sostenidos por las familias.

En el mensaje posteado por el periodista Seir Contreras denuncian que mientras los familiares exigen la presencia de Barret, un vehículo oficial graba videos.

Vigilia bajo vigilancia

Los familiares de los presos políticos se encuentran pernoctando en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos desde la noche del pasado domingo 7 de junio. Esperan ser recibidos por Barret para que interceda en la liberación de los detenidos.

Con carpas, alimentos no perecederos, agua envasada y todos los enseres necesarios; los familiares, en su mayoría mujeres, se mantienen firmes pese a las condiciones climáticas.

Un video publicado por el periodista Jesús Gutiérrez Andúz muestra cómo duermen sobre colchonetas y cartones, resguardándose como pueden mientras esperan una respuesta de la Embajada.

La protesta ocurre cinco meses después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de detenidos.

Según cifras de la ONG Foro Penal, organización que defiende los derechos de los privados de libertad por motivos políticos, más de 400 personas siguen detenidas.

Estados Unidos ha mantenido en los últimos años una postura crítica frente a las detenciones por motivos políticos y ha condicionado parte de su política hacia Venezuela a avances en materia de derechos humanos.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la vigilia hasta obtener una respuesta formal de la Embajada.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el cierre de El Helicoide 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles 10 de junio el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como El Helicoide, luego de emitir un fallo en el caso de la detención y reclusión en ese lugar de Jorge Rojas Riera   

“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, indicó en un comunicado la CorteIDH.

En la sentencia, el organismo internacional indicó que constató que varios organismos internacionales, los cuales monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela, han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“La Corte concluyó que El Helicoide no cumple con los requisitos materiales mínimos para el tratamiento digno de las personas privadas de la libertad, por lo que determinó que la permanencia en ese centro constituye per se un trato violatorio del derecho a la integridad personal”, expuso el manifiesto.

La CorteIDH recordó que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas.

La instancia declaró responsable al Estado venezolano por restringir la participación de Rojas en una protesta pacífica, así como violar su libertad de pensamiento y expresión. Rojas fue detenido durante un operativo policial realizado por agentes de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira de Caracas, en el marco de una jornada de protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez.

“Rojas fue objeto de actos de tortura, golpeado en distintas partes de su cuerpo, objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución”, expuso el comunicado de la instancia internacional.

En agosto de 2004, un tribunal venezolano sentenció a Rojas a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. La defensa legal de Rojas presentó recursos de apelación, pero fueron declarados inválidos por la Corte de Apelaciones. En junio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Tribunal marítimo venezolano decidirá sobre el hundimiento del buque pesquero Canaima

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Durante la madrugada del 15 de mayo de 2024, el buque atunero venezolano Canaima, que realizaba faenas de pesca en aguas del océano Pacífico, fue impactado por la embarcación Ría de Aldán, de bandera ecuatoriana. La colisión ocurrió en las cercanías de las Islas Galápagos, Ecuador, a unas 240 millas de Punta Pitt, en la isla San Cristóbal.

Como consecuencia del siniestro, el Canaima sufrió daños de gran magnitud en la popa, lo que ocasionó su rápido hundimiento. De sus 25 tripulantes, 24 fueron rescatados, mientras que el biólogo marino venezolano Faustino Riveiro Cabrera desapareció tras el incidente. Su cuerpo no pudo ser recuperado.

Dos años después de ocurrido el hecho, se celebrará el juicio ante el Tribunal Marítimo venezolano, con sede en Caracas y presidido por el Dr. Marcos Armas. Este órgano judicial tiene competencia exclusiva para conocer controversias, demandas y medidas cautelares —como el embargo preventivo de buques— derivadas del tráfico, el comercio marítimo y la navegación.

Durante el juicio, que comenzará en próximos días, se debatirá la posible responsabilidad del buque Ría de Aldán, así como las consecuencias que este hecho provocó para uno de los pocos barcos que aún integraba la flota pesquera nacional. El atunero Ría de Aldán, proíedad de la empresa viguesa Wofco, se vio implicado en el accidente marítimo a 240 millas de Isla San Cristóbal, en Galápagos (Ecuador), con el buque de bandera venezolana.

Este proceso judicial constituye uno de los primeros casos por naufragio de un buque que conocen los tribunales marítimos especializados del país, creados a comienzos de la década de 2000, lo que le otorga especial relevancia dentro del ámbito jurídico marítimo venezolano.

Violencia digital contra mujeres: una estrategia que busca deslegitimar el feminismo y los derechos humanos

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Las dinámicas de interacción humana han cambiado con la era digital y, lamentablemente, las formas de violencia también. El informe “Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica” reveló que uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres en X contiene algún tipo de agresión. El estudio señaló que, a nivel global, el 85% de las mujeres ha experimentado violencia en línea.

El informe fue publicado a finales de 2025 y fue elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM). La investigación se realizó de la mano de herramientas de inteligencia artificial, ofreciendo un enfoque de género y de derechos humanos.

La violencia digital contra la mujer es definida como cualquier acto u omisión que, basándose en su género, les cause daño o sufrimiento (ya sea físico, psicológico, moral, sexual o económico) o que las perjudique de forma desproporcionada, incluyendo entornos digitales.

México en el primer puesto de violencia digital contra la mujer

La investigación tuvo como muestra a 351 perfiles de mujeres con cargos públicos en ocho países: Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Se analizaron 581 440 interacciones en la red social X. Los resultados arrojaron que el 20% de los mensajes recibidos buscaban dañar a las mujeres.

Las categorías analizadas fueron: subestimación de capacidades, comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad, ataques basados en la identidad, ataques por afiliación política y compromiso cívico y amenazas. En esta última categoría se incluye el doxing, una práctica que recopila información privada sin el consentimiento de la persona.

De los países analizados, México registró las cifras más altas de violencia con un 40,6%; le sigue Bolivia con el 39,9%; Andorra con 6,7%; y República Dominicana con 5,2%. La investigación resaltó que uno de los hallazgos más importantes es la confluencia de violencias: el 15% de las interacciones combinan dos o más categorías. La dupla ganadora fue subestimación de capacidades y ataques por afiliación política, presente en el 77% de los casos.

Una estrategia que busca silenciar la lucha feminista

Según el estudio, esto refleja una estrategia que busca deslegitimar las causas que representan las mujeres (feminismo, derechos humanos e igualdad), además de atacarlas como personas. Los ataques suelen estar dirigidos hacia mujeres con alta visibilidad, como periodistas, políticas y activistas. Estos ataques combinan el menosprecio profesional con estereotipos sexistas. En este sentido, la violencia digital limita la participación, la organización y la autonomía de las mujeres, además de debilitar los fundamentos de la democracia.

Por otro lado, se confirma el uso de “ejércitos de trolls” y cuentas organizadas que operan con una intención dañina. El 41% de las cuentas que interactuaron con los perfiles estudiados generaron al menos una publicación violenta. El informe explica que esta tendencia de violencia digital se enmarca en un rechazo hacia los avances feministas que buscan restaurar las jerarquías tradicionales. La violencia digital actúa como una herramienta para silenciar a las defensoras de la igualdad.

Estas acciones digitales tienen repercusiones reales en las víctimas: ansiedad, aislamiento, miedo, abandono de cargos públicos, autocensura y suicidios.

Las medidas actuales no son suficientes

Existen avances importantes en cuanto a penalización de delitos digitales. Países como México y Argentina han aplicado la “Ley Olimpia”, que tipifica la violencia digital y telemática. Sin embargo, el estudio señala que no es suficiente, pues persisten brechas como la falta de datos sistemáticos, protocolos de denuncia ineficaces y una articulación escasa entre los Estados y las plataformas digitales.

La investigación asegura que la violencia digital no es un simple problema de internet, sino que implica un problema de democracia y derechos humanos. Ante esto, se recomienda actualizar las leyes con enfoque de género, interseccional e intercultural; incluir el tema en planes nacionales de prevención de violencia; crear sistemas de monitoreo con indicadores específicos; y exigir corresponsabilidad a las plataformas digitales.

El llamado de las organizaciones presentes en el estudio es claro: “la violencia digital contra las mujeres ya no puede ser ignorada”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.