A Ruth Garzón, de 63 años, le hicieron un trasplante de riñón el 14 de octubre de 2025, luego de nueve meses en diálisis. Garzón es la cuarta trasplantada de su familia y conoce de cerca las dificultades que hay en el país con el sistema de donación de órganos.
Pero ella se siente bendecida. Reconoce que en medio de la trágica situación contó con mucha suerte porque su proceso, en comparación con otras personas que llevan años esperando trasplante, “fue rápido”.
Aunque agradece a los médicos y a la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) por atender su caso, Ruth lamenta que el proyecto de trasplantes se haya paralizado a partir del 3 de enero y 17 personas hayan quedado en el limbo.
“Yo era la trasplantada 221 del programa Fundavene que comenzó en 2022. Todo iba viento en popa hasta ese día. ¿Por qué paralizar un proyecto tan lindo y dejar a la gente en el aire con todos sus exámenes listos en donde no solo invirtieron dinero, tiempo sino que además juegan con la vida y la salud de las personas”, cuestionó Garzón.
Para Ruth, vivir siendo trasplantado en Venezuela no es nada fácil; por el contrario, es una situación muy dura porque los tratamientos son “sumamente costosos” y no solo debe invertir en medicinas, también en una alimentación rigurosa.
La vida de Ruth Garzón cambió cuando supo que sus riñones no estaban funcionando bien. Sabía el largo camino que tenía por recorrer y los riesgos que implica la enfermedad en Venezuela porque dos familiares tuvieron que emigrar para ser trasplantados en Europa.
Según cifras de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), al rededor de 7000 personas en Venezuela reciben diálisis, de estos 40% son candidatos para recibir un trasplante de riñón.
La intermitencia es el día a día
Para el coordinador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), Reymer Villamizar, la situación de los trasplantados en Venezuela sigue siendo la misma de hace años y la califica de “intermitente” con respecto a la entrega de medicamentos.
Villamizar explica que el Estado es responsable de suministrar medicamentos de alto costo en casos de enfermedades crónicas y que precisamente esa intermitencia ha obligado a muchos pacientes a asumir el costo del tratamiento antes de que su salud se deteriore y el cuerpo comience a rechazar el órgano.
El coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela rechaza que sea solo Caracas la única ciudad que toman en cuenta a la hora de abastecer a las diferentes farmacias de alto costo en el país.
“Esta situación lleva años, incluso antes de bloqueos y sanciones. Desde más de diez años persiste la falta de medicamentos y la entrega oportuna de los mismos por parte del Seguro Social sobre todo en el interior del país”, dijo Villamizar.
Los pacientes trasplantados en Venezuela no solo tienen que lidiar con la intermitencia de los fármacos, también deben vivir con la incertidumbre de no saber si mensualmente van a poder contar con el tratamiento. Villamizar comentó que las personas llegan de madrugada a las farmacias de alto costo, incluso pernoctan en las calles, para así asegurar los medicamentos.
El alto costo de mantener un órgano funcionando
El tratamiento farmacológico para un paciente trasplantado es costoso. El mismo requiere del uso de inmunosupresores —medicamentos que se utilizan para prevenir el rechazo en receptores de órganos— de por vida.
El artículo 83 de la Constitución establece que el Estado está en la obligación de suministrar medicamentos esenciales como parte del derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos. La Ley Orgánica de Salud establece, además, que el Estado debe garantizar el tratamiento para enfermedades crónicas.
Villamizar también es paciente trasplantado. Explica que en Venezuela existen siete inmunosupresores de los cuales solo dos o tres son los más utilizados, pero debido a la intermitencia de medicamentos muchos pacientes recurren a la subdosificación, es decir, reducen la dosis para ahorrar.
“Si la persona se tiene que tomar cuatro pastillas, se toma dos, si se toman dos, se toman una, de manera tal de poder rendir la medicina, mientras llega de seguro, o ellos consiguen como comprarlo de manera privada”, indicó Villamizar.
Como consecuencia de esta subdosificación, Villamizar indicó que puede generar que el paciente rechace el nuevo órgano debido a que los inmunosupresores no están cumpliendo con el trabajo de inhibir el sistema inmunológico y este ataca como medida de defensa, situación que puede derivar en la pérdida irreversible del mismo y también de la vida.
Sobre el alto costo de los tratamientos, Villamizar utilizó su caso para detallar el gasto mensual que tiene que realizar un trasplantado, aunque cada caso es distinto y va a depender de la combinación de fármacos que indique el médico, pero que por lo general el monto mensual puede estar cerca de los mil dólares.
“Yo tomo sirolimus, 10 tabletas valen 120 dólares y necesito 60 al mes, eso hace un total de $720. A eso se le suma que el micofenolato tiene un costo de $300, el gasto supera los mil dólares. Hay pacientes que usan combinaciones más económicas como micofenolato con prednisona, pero aún así el precio puede rondar los 500 dólares mensuales”, precisó Villamizar.
Medicamentos de la India: calidad en duda
Ruth Garzón y Reymer Villamizar coinciden en que uno de los mayores problemas que enfrentan los trasplantados en Venezuela actualmente es la importación de medicamentos provenientes de la India.
Según Villamizar, estos medicamentos han causado en algunos pacientes reacciones adversas que no sucedían con otros laboratorios. Cuestiona que el Seguro Social siempre esté cambiando de laboratorio.
El coordinador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela, comentó que debido a la intermitencia de los medicamentos —cuando llegan—, ninguno es igual al anterior.
Explicó que tanto él como un gran número de trasplantados no están en contra de los medicamentos de la India: “A nosotros lo que nos interesa es que el medicamento sea eficaz, como los que tomábamos antes. Lastimosamente, hay casos de pacientes que han reportado que el medicamento no cumple con la eficacia necesaria”.
Los medicamentos de la India no solo están afectando la salud de los trasplantados, el bolsillo de los pacientes también está padeciendo los embates de no contar con el tratamiento fijo y tener que invertir por fuera.
Villamizar profundizó en los efectos del cambio constante de laboratorio y explicó que el médico, cuando observa alguna falla o desmejoría en el paciente, manda a hacer una serie de exámenes —que rondan los $100— para determinar ciertos niveles en el organismo con el fin de saber cómo está el medicamento en el cuerpo del trasplantado.
“Una vez que ese paciente se hace esos niveles y el doctor ajusta la dosis, a la semana tiene que volver a repetir los exámenes para ver si subió o bajó el medicamento en el cuerpo”, explicó.
Ante la intermitencia y la llegada de marcas distintas, los médicos y pacientes recurren al cambio de un medicamento por otro para garantizar la continuidad con el mismo laboratorio.
9 años de derechos vulnerados
El pasado 1 de junio, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y la ONG Prepara Familia denunciaron que se cumplieron nueve años de la suspensión del programa de trasplantes de cadáver a vivo.
Desde el año 2021, en Venezuela solo se realizan trasplantes de donante vivo, una decisión que margina a la población pediatrica y los condena a muerte.
En entrevista para Runrun.es, Katherine Martínez precisó que el balance de estos nueve años sin el sistema de procura de órganos de cadáver a vivo “es muy grave” y que los pacientes pediátricos son los más afectados.
Martínez recalca que la responsabilidad de la situación recae completamente en el Estado. Lamentó conocer casos de niños que ahora ya son adolescentes, lo que significa que han pasado toda su vida esperando una respuesta que nunca llega.
La directora de la ONG comenta que en el caso de los niños, niñas y adolescentes que están a la espera de un trasplante —o que ya fallecieron esperando por la operación— “sus derechos han sido ampliamente vulnerados”, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal el derecho a una vida digna y el derecho de protección especial de personas con enfermedades crónicas.
La Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de la Organización Mundial de la Salud establecen también que los trasplantados son considerados una población vulnerable y por tal razón el Estado debe asegurar la disponibilidad de fármacos para preservar la vida y bienestar de estos pacientes.
En Venezuela ser paciente trasplantado o estar a la espera de una operación es, prácticamente, una sentencia a muerte. Casos como el de Ruth, Reymer y los miles que aguardan en las unidades de diálisis son el recordatorio de que la vida no puede depender de decisiones gubernamentales, mucho menos del azar ni la intermitencia.
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