Cuando comenzó a temblar Patricia Núñez alcanzó a salir del cuarto para llegar a las escaleras de su casa, pero no lograba mantenerse en pie. “Llegó un momento en el que sentí como un vacío”, recuerda sobre el 24 de junio cuando los dos terremotos seguidos de magnitud 7,2 y 7,5 estremecieron al país.
En ese momento, en su vivienda ubicada en la urbanización Palmar Este de la parroquia Caraballeda, en el estado La Guaira, también se encontraba su suegra Dora Monasterios, de 83 años, y un vecino y amigo, Gerardo Aguilar de 90 años. El esposo y la hija de Patricia habían salido a comprar pan para comer esa tarde-noche.
Como pudo, Patricia abrió un hueco en medio de todo el desastre y el polvo, y logró salir de su vivienda. “Ahí fue cuando vi la magnitud de lo que había pasado”. Cuando el resto de la familia llegó todos gritaban: “¡Dora!”, “¡Señor Aguilar!”. También decían “¡Nikita!”, para llamar a su perrita que tampoco había podido salir.
“La ayuda llegó demasiado tarde”
En esas primeras horas, recorrieron las calles en búsqueda de ayuda. Caminaron hasta Tanaguarenas y ahí vieron cómo los ciudadanos, los familiares eran quienes levantaban los escombros de los edificios. “La ayuda llegó demasiado tarde”, dice Patricia. Piensa que si la respuesta de organismos oficiales hubiese sido más rápida muchas personas más habrían tenido la oportunidad de sobrevivir.
A Nikita, que describe como un miembro más de la familia, la habían dado por muerta. De la quinta que antes era su hogar no salía ningún sonido. Sin embargo, el viernes 26 de junio la perra salió de los escombros, aturdida pero sin un rasguño. Para su dueña esto significa que ella estuvo acompañando a su suegra, quien quizás pudo sobrevivir un tiempo después del derrumbe.
Este viernes 3 de junio Patricia acompañaba a una amiga que viajó desde Brasil en búsqueda de su hija y su expareja que fallecieron en la tragedia. Ella se pregunta cuánto tiempo más tendrá que pasar para que puedan rescatar los cuerpos de su suegra y de su vecino de debajo de su casa.
“Nos hemos movido por todos los medios, lamentablemente, nosotros no somos personas adineradas. Yo soy una empleada pública, yo soy docente”, dice para explicar que ellos no pueden costear una maquinaria pesada que vaya a remover los escombros para recuperar los cuerpos.
Durante la conversación, narra que días atrás junto a una amiga se encontraron a un grupo de rescatistas del estado Trujillo y que querían ayudar, pero a quienes los funcionarios de seguridad no dejaban acceder a la parroquia Caraballeda. “¿Por qué no les permitieron el paso?”, cuestiona.
La educadora confiesa que ella y su familia se sienten a la deriva. Su esposo está especialmente afectado. “Él no quiere irse y dejar a su mamá ahí”.
Levantar la infraestructura habitacional dañada en la línea costera de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, costará un mínimo de US$ 2370,6 millones, es decir, entre el 2 % y 3 % del PIB (Producto Interno Bruto) del país. Así lo estima la firma ANOVA Policy Research que publicó este sábado, 4 de julio, un documento (policy brief) que analiza y calcula las pérdidas causadas por el doblete sísmico a través de estimaciones georreferenciadas.
Este costo, dice el reporte, solo incluye la infraestructura residencial y no los daños que se registraron “sobre la infraestructura pública y redes de servicios, ni sobre el stock de infraestructura comercial e industrial. Tampoco incluye las pérdidas por actividad económica”.
“Como es de esperar, el grueso del costo se concentra en las categorías de mayor severidad: las estructuras con daño severo y con daño estructural o colapso acumulan US$ 1591,7 millones, el 67,1 % del total, a pesar de representar poco más de la mitad de las estructuras dañadas”, revela.
El cálculo se hizo a partir “de la base de volúmenes habitacionales dañados“. “La fuente principal de los costos unitarios de construcción es el modelo de inventario residencial para América del Sur de Yepes-Estrada et al. (2017), publicado en Earthquake Spectra (…) Estos se ajustaron por inflación para expresarlos en dólares corrientes. Adicionalmente, se aplicó un factor de hasta 30 % sobre el costo de reposición de la superficie residencial para contabilizar el costo de pasillos de circulación, halls de entrada, áreas comunes y sociales, piscinas, ascensores y estacionamientos, elementos característicos de la tipología multifamiliar de la zona”, señala el informe.
Factores de vulnerabilidad
La investigación —que contó con la colaboración del Microsoft AI for Good Research Lab y combinó la evaluación de daños con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales de Microsoft y el modelo demográfico-poblacional de ANOVA— apuntó que la destrucción se concentró de manera desproporcionada en la franja costera del estado La Guaira debido a factores que influyeron en su vulnerabilidad.
Entre estos elementos que contribuyeron al desastre “están la antigüedad del stock edificado y las deficiencias históricas en la aplicación y fiscalización de la norma sismorresistente venezolana”.
Además, el informe apunta que hay “tipologías estructurales conocidas por su alta vulnerabilidad sísmica”, como edificios de planta baja libre o pisos blandos, “cuyo comportamiento dinámico tiende al colapso por falta de rigidez basal”, lo cual se pudo agravar porque el colapso económico del país ha evitado el mantenimiento preventivo y correctivo de estas edificaciones.
El otro elemento que apunta el estudio es que el riesgo se consolidó con los “suelos blandos presentes en el litoral y la ocurrencia de efectos de licuación sísmica microzonificados”.
“La evidencia comparada muestra que, ante eventos de magnitud similar, la mortalidad y las pérdidas materiales dependen críticamente del nivel de ingreso, de la calidad institucional, de la vigencia efectiva de las normas de construcción sismorresistente y de la capacidad de respuesta del Estado. Si bien los países pobres o institucionalmente debilitados no sufren más terremotos que los países ricos, sí sufren peores consecuencias de estos“, se lee en la introducción del estudio.
Los damnificados y las zonas más afectadas
El estudio indica que 73 524 personas residían en estructuras habitacionales que durante los temblores sufrieron algún nivel de daño observable. Entre estos, hay 37 611 personas cuyas viviendas quedaron con daño severo, estructural o colapsaron. Este es “el segmento de la población que con mayor probabilidad requerirá soluciones habitacionales transitorias o permanentes”, es decir, los damnificados.
Otro hallazgo de la investigación es que la distribución territorial de la afectación es muy heterogénea. En la parroquia Catia la Mar, la más poblada de la franja costera, se concentra la mitad de la población afectada: 37 115 personas (30,6 % de los habitantes de la zona) residían en estructuras que hoy presentan algún nivel de daño.
🔴 #ENVIVO | Habitantes del urbanismo Hugo Chávez, en Catia La Mar, relatan la angustia que viven tras los terremotos, aunque destacan la solidaridad entre vecinos en medio de la emergencia.
🗣️“Estamos unidos entre todos, hay una unión bonita y estamos solventando el problema,… pic.twitter.com/NBdxhNkzK0
En Caraballeda, en el extremo oriental de la cinta costera, el perfil de daño es más severo: allí residían 4415 personas (41 % del total de esa zona) en estructuras que hoy están colapsadas o con daño estructural, un resultado consistente con el colapso de varios edificios residenciales de gran altura reportado en los sectores de Los Corales y zonas aledañas.
En el otro extremo, parroquias como Maiquetía (2,9 % de población afectada) y La Guaira (4,8 %) muestran incidencias comparativamente bajas.
El análisis también se extiende hacia las edificaciones. “De un total de 38 798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, 4958 (12,8 %) presentan algún nivel de daño observable“, apunta.
También indica que, entre estas, hay 1948 estructuras con daño severo y 706 con daño estructural o colapso, para un total de 2654 estructuras (6,8 % del stock total). “Nuevamente, la concentración territorial es notable: Catia la Mar acumula 3449 de las 4958 estructuras dañadas, cerca de 7 de cada 10, incluidas 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural”.
Planificación, financiamiento y nueva oportunidad
El estudio recomienda que la política habitacional posdesastre se planifique para un universo de alrededor de 37 600 personas residentes en estructuras con daño severo, estructural o colapso, junto al de 35 900 personas que viven en estructuras con daño leve, moderado o intermedio. “Dimensionar este universo permite establecer la escala óptima que debe tener la operación de refugios temporales”, añade.
También destaca que la concentración del daño en Catia la Mar (7 de cada 10 estructuras dañadas) y la severidad del daño en Caraballeda “exigen respuestas territorialmente diferenciadas“. Por eso, la reconstrucción debe tomar en cuenta “la heterogeneidad de tipologías y de escalas de daño entre parroquias”.
“Con un espacio fiscal inexistente y sin acceso a mercados de capital, la movilización de financiamiento multilateral será condición necesaria para la reconstrucción. Hacen falta más estimaciones transparentes y verificables en el terreno como un requisito necesario para una estrategia de financiamiento internacional”, reseñó Omar Zambrano, director de ANOVA, en la red X.
Por último, el análisis afirma que la reconstrucción de la línea costera de La Guaira es una oportunidad para reconstruir mejor: “actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente” y hacer un censo público de edificaciones y daños con el que se pueda calcular el riesgo futuro.
La vicepresidenta de Salud, Isabel Iturria, informó que el hospital Periférico de Coche en Caracas tuvo que ser cerrado temporalmente por los daños que sufrió su infraestructura tras el doble terremoto del 24 de junio. De acuerdo con una nota de prensa de su despacho, el hospital Francisco Antonio Rísquez, en Cotiza, también está temporalmente inhabilitado por la misma razón.
En una entrevista para el canal del Estado, Iturria declaró ese 3 de julio que la exigencia al sistema de salud ha bajado considerablemente desde las primeras horas de la emergencia. Indicó que 83 % de los pacientes heridos atendidos en este contexto ya se encuentran en sus hogares.
Sobre los hospitales, indicó que han tenido que interrumpir la recepción de nuevos pacientes en algunas instituciones, pero han garantizado el traslado de los que ya estaban internados bien sea a otras áreas seguras del mismo hospital o a otros hospitales.
Mencionó por ejemplo el caso del principal centro de salud de atención infantil, el Hospital J.M. de los Ríos, que sufrió afectaciones en “cielorrasos y mampostería”, lo que inhabilitó algunas áreas hasta que sean reparadas. Por eso, a los pacientes de ese centro los trasladaron al Hospital Cardiológico Infantil, junto con sus médicos y enfermeras.
Una situación similar ocurrió en la Maternidad Concepción Palacios, donde se movilizó a parte de sus pacientes al Hospital Universitario de Caracas y algunos están siendo referidos al Materno Infantil del Valle o de Caricuao.
La viceministra de Salud aseguró que los hospitales de campaña instalados tras el doblete sísmico también han permitido aliviar la carga de los centros de salud tradicionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su profundo pesar por la muerte de siete colegas periodistas a consecuencia de los dos terremotos que estremecieron al país el 24 de junio pasado.
La organización extendió sus condolencias a los parientes de Adriany Matute, Lissi Contreras, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Oriana Guedez. Señalaron que sus muertes “enlutan a sus familias, compañeros de trabajo y a todo el gremio periodístico”.
“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, dijo el SNTP en un comunicado este sábado 4 de julio.
Por otro lado, señalaron que aún hay cuatro trabajadores de la prensa desaparecidos en este contexto de la emergencia: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti. “El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, agregaron.
De acuerdo con el último balance oficial disponible este sábado, el doblete sísmico contabiliza 2.954 personas fallecidas, 16.592 heridas y al menos 16.309 personas que quedaron damnificadas.
El SNTP aclara que la búsqueda de la colega periodista Mauren Elena Morillo continúa, al igual que la de Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso y Melissa de Sousa Visconti. Nos disculpamos con la familia Morillo. En este momento tenemos confirmación de siete compañeros… pic.twitter.com/p9tCvIhqy9
La búsqueda de Cristina Margarita Ramos Rodríguez se ha difundido en redes sociales luego de que su familia denunciara haber perdido su rastro tras los terremotos del 24 de junio. Esto a pesar de que en esas mismas redes se difundió su rescate en La Guaira y se volvió viral: un socorrista le decía que le gustaban sus uñas para calmarla, mientras intentaba sacarla de los escombros.
Los rescatistas informaron a los familiares que Ramos Rodríguez había sido trasladada con vida a un centro de salud en La Guaira. Pero ahora desconocen su paradero.
En un video publicado este sábado 4 de julio en Instagram, Crisnel Mata, hija de Ramos Rodríguez, explicó que los equipos de rescate le informaron que su madre fue llevada al Centro Médico Naval de Catia La Mar. Sin embargo, aseguró que al acudir al hospital descubrieron que la mujer no aparece en las listas de pacientes y que tampoco existe un registro de la ambulancia que presuntamente realizó el traslado.
Ante la falta de información, la familia pidió la colaboración de cualquier persona que haya visto o atendido a Cristina Ramos Rodríguez para conocer su ubicación y facilitar su reencuentro.
La denuncia se produce en un contexto marcado por el colapso del sistema de atención tras la emergencia sísmica y múltiples reportes de familiares que buscan a personas cuyo rastro se perdió durante los operativos de rescate y evacuación.
Uno de los casos más similares es el de Amaia Landaeta Machado, una niña de seis años cuya familia denunció que fue rescatada con vida el 24 de junio y trasladada desde el puesto de control provisional de Caraballeda hacia un hospital en Caracas. Desde entonces, de acuerdo con la denuncia difundida por familiares y el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, la niña no aparece en los registros de la red pública de salud.
Bajo un patrón similar, también se mantienen alertas ciudadanas para localizar a los niños Isaac Martín Figueira Rivas, Eriany Urruchurto, Josmaily Silano, Josemith Velázquez, Anly Velázquez y Sarah Ysea Caracciolo, quienes fueron vistos por última vez en centros de acopio de Caraballeda antes de perderse el rastro de sus traslados.
Organizaciones como Cecodap han advertido que, en escenarios de desastres, la falta de sistemas centralizados para registrar los traslados y reunificar a las familias incrementa el riesgo de que personas rescatadas permanezcan temporalmente no localizadas.
Esta organización documentó 123 reportes de niños y adolescentes desaparecidos o no localizados tras los sismos, una categoría que incluye menores de edad que quedaron atrapados bajo los escombros, pacientes trasladados sin comunicación con sus familiares y casos de separación durante las evacuaciones.
La incertidumbre también ha sido reflejada por medios internacionales. Reportajes de CNN describen hospitales, morgues y centros de recepción desbordados, además de familias que han recorrido distintos hospitales y puntos de identificación en busca de sus seres queridos debido a la falta de registros unificados sobre personas rescatadas, fallecidas o trasladadas.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre la ubicación de Cristina Ramos Rodríguez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El número de personas que murió a raíz de los terremotos en Venezuela que ocurrieron el pasado 24 de junio se elevó este sábado a 2.954, 309 más que en la jornada anterior, de acuerdo con el registro publicado por el gobierno nacional.
La cantidad de heridos aumentó a 16.592, casi 4.000 más que en el parte que se dio a conocer un día antes. El informe también detalló que 6.462 personas han sido rescatadas en labores en las que han participado 3.281 rescatistas internacionales.
Hasta este sábado, hay 16.309 que se quedaron sin vivienda por los terremotos en Venezuela. Muchas de ellas están distribuidas en los 80 refugios que se han activado en los estados más afectados por los sismos: Aragua, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Carabobo y La Guaira.
Desde el 24 de junio se han producido 942 réplicas, que han dejado 856 edificios afectados y 190 que colapsaron por completo.
El registro gubernamental también señala que durante la emergencia se ha atendido a 22.445 pacientes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una llamada telefónica alertó a Liliana Figueroa en Brasil que acababa de ocurrir un doble terremoto en Venezuela. Minutos antes ella había chateado con su hija María Angelina Guerra Figueroa, de 16 años de edad. De inmediato empezó a enviarle mensajes, pero estos no llegaban. Le escribió al papá de la adolescente, a los amigos, a la tía. Comenzó a ver las noticias, los videos. “Te podrás imaginar la desesperación”, dijo a RunRun.es
Un amigo fue quien le avisó que había reconocido el cuerpo del papá de su hija, Richard Abraham Guerra León, de 49 años de edad, entre los escombros de las residencias Solimar, en Los Corales, avenida La Costanera de La Guaira. Por un momento tuvo esperanzas de que su hija estuviese aún viva, porque a ella no la habían visto. Entonces los primos de una amiga de la joven le confirmaron que ambas estaban juntas y también habían muerto.
Ella tenía que ir a buscarla. No había vuelos así que abordó un autobús. En total fue un viaje de 40 horas interminables. Llegó a Caracas el sábado 27 de junio y estuvo en la morgue de Bello Monte, porque le dijeron que ahí habían trasladado a los fallecidos en el estado La Guaira. “Estuve ahí hasta medianoche y no los encontré”.
Al día siguiente, domingo 28 de junio, logró bajar a la Guaira y llegó a Los Silos, donde el Gobierno instaló una morgue improvisada. Ahí reconoció los rostros de María Angelina y Richard entre un grupo de fotos. Entonces le dieron dos números que les habían asignados a los cuerpos. “Abro las bolsas y no. Donde debería estar mi hija, que era el 212, estaba una señora mayor, y donde estaba el papá, el 216, una persona calcinada”, relató. Ahí revivió la angustia.
“Tuve que buscar con mi hermana entre más de 500 personas fallecidas, cuerpo por cuerpo”, contó.
La mayoría de los cadáveres estaban en un estado deplorable. “Mi hermana tuvo que estar metida en un container buscándolos”. Se hizo de noche y con eso fue más complicada la búsqueda. “Estas personas no tienen nada, no tienen lámparas, tuvimos que alumbrar con mi teléfono”, agregó. Al no encontrarlos, al día siguiente tuvo que repetir el mismo procedimiento. Tras esa jornada la atendió una funcionaria que señala como la directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). La entrevistaron antropólogos y odontólogos forenses.
Al día siguiente volvió y miró más fotos que habían actualizado por el estado en descomposición de algunos cuerpos. Se volvió a encontrar a la funcionaria del Senamecf. “Mi hija usa ortodoncia. En el momento tenía un collarcito que no se lo quitaba. Mi hija usaba uñas acrílicas. El papá tenía una camisa de Venezuela y un short”, describió.
Liliana mencionó que conoció a un funcionario que la ha ayudado en todo este proceso y a quien catalogó como “un ángel”. Fue esa persona quién le dijo la noche del viernes 3 de julio que, según los códigos asignados, los cuerpos estarían en una fosa común. Ella aseguró que irá al lugar este sábado. “Esperemos que me los puedan entregar. Que ellos se vayan en paz, darles su último adiós”.
* Liliana acudió al día siguiente al cementerio La Esperanza donde observó una larga hilera de fosas o tumbas superficiales pero individuales.
Diez días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, la emergencia humanitaria continúa. Miles de personas siguen necesitando asistencia para recuperar condiciones básicas de vida, mientras organizaciones especializadas mantienen sus operaciones en las zonas más afectadas.
Con el propósito de canalizar la solidaridad de manera organizada, transparente y con impacto directo, Alianza por Venezuela, en articulación con ACNUR, presenta la Red de Ayuda a Venezuela, una iniciativa que conecta acciones solidarias desarrolladas en Argentina con organizaciones de respuesta inmediata en territorio venezolano.
De acuerdo con una nota de prensa de la Alianza, la Red invita a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos a crear sus propias campañas de recaudación de fondos, transformando sus comunidades en agentes activos de ayuda humanitaria.
Cada iniciativa es evaluada por el equipo de Alianza por Venezuela para garantizar que cumpla con los principios de transparencia y solidaridad que rigen la Red.
Uno de los pilares de la iniciativa es el principio de intermediación cero. Las donaciones no son administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizan directamente a ACNUR mediante un enlace oficial dispuesto para la campaña, garantizando que los recursos lleguen de manera segura y transparente a la organización responsable de la respuesta humanitaria.
Los fondos recaudados contribuirán a fortalecer las acciones que ACNUR desarrolla en Venezuela en las comunidades afectadas por el terremoto, incluyendo la entrega de refugios de emergencia, mantas, colchones, kits de higiene, artículos esenciales para el hogar, protección a personas en situación de mayor vulnerabilidad y otras intervenciones destinadas a apoyar la recuperación de las familias afectadas.
Además de acompañar a las organizaciones participantes durante el desarrollo de sus campañas, Alianza por Venezuela compartirá periódicamente con los integrantes de la Red información sobre el impacto colectivo alcanzado y las actualizaciones proporcionadas por ACNUR respecto a la implementación de los recursos en territorio venezolano, fortaleciendo así la transparencia y la confianza de toda la comunidad.
“La solidaridad adquiere una dimensión distinta cuando logra movilizar a muchas personas. Con la Red de Ayuda a Venezuela queremos ofrecer una herramienta para que cada empresa, organización o ciudadano pueda transformar una idea en ayuda concreta para quienes hoy más lo necesitan“, señaló Alé Yánez Valarino, presidenta de Alianza por Venezuela.
La participación es abierta y no existe un monto mínimo para colaborar. Las campañas pueden adoptar múltiples formatos, como la donación de un porcentaje de ventas, conciertos, talleres, rifas, actividades deportivas, subastas, colectas comunitarias o cualquier otra iniciativa que permita recaudar fondos de forma transparente.
Las personas y organizaciones interesadas en sumarse pueden conocer el funcionamiento de la Red y presentar su propuesta a través del sitio web: https://alianzaporvenezuela.org/red-de-ayuda-a-venezuela/
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
