Laboratorio de Paz advirtió que los recientes acuerdos petroleros abren una discusión que trasciende la llegada de inversiones y alcanza la legitimidad de las instituciones que suscriben contratos de largo plazo. La organización sostuvo que Venezuela necesita capital nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar su industria petrolera y reconstruir la infraestructura afectada por los terremotos del 24 de junio, pero señaló que la seguridad jurídica requiere autoridades legítimas, instituciones confiables y controles democráticos.
En un comunicado divulgado el 3 de septiembre, Laboratorio de Paz afirmó que el desafío no consiste en impedir la llegada de inversiones, sino en garantizar que estas puedan mantenerse y contribuir de manera sostenible al bienestar de la población.
“Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja”, señaló la organización, al enumerar entre las necesidades del país la recuperación de la industria petrolera, la generación de empleos, el restablecimiento de los servicios públicos y la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto.
Seguridad jurídica y legitimidad institucional
Laboratorio de Paz planteó que cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica y que esta no puede existir plenamente sin autoridades legítimas e instituciones confiables.
La organización sustentó su posición en varios artículos de la Constitución. Recordó que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, mientras que el artículo 6 define al gobierno venezolano como democrático, electivo, alternativo y responsable.
También citó el artículo 137, referido a las atribuciones de los órganos del Poder Público, y el artículo 138, que establece: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
A juicio de Laboratorio de Paz, estas disposiciones tienen implicaciones económicas porque los cuestionamientos sobre el origen y la duración del mandato de quienes ejercen el poder también pueden trasladarse a las decisiones y contratos mediante los cuales se comprometen recursos del país durante décadas.
“Un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible”, sostuvo.
Acuerdos petroleros bajo controles constitucionales
La organización puso especial énfasis en los contratos relacionados con el sector petrolero, al recordar que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público.
Asimismo, mencionó el artículo 150, referido a los controles sobre determinados contratos de interés público, y el artículo 141, que establece principios como transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley para la Administración Pública.
En ese contexto, Laboratorio de Paz afirmó que los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes.
La organización enfatizó que estos mecanismos no deberían entenderse como una barrera para la inversión, sino como una forma de proteger tanto los intereses del país como a quienes decidan invertir en Venezuela.
El desafío de reconstruir tras el terremoto
El planteamiento también fue extendido a la reconstrucción posterior a los sismos. Laboratorio de Paz señaló que el país necesitará inversiones importantes para recuperar viviendas, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura.
Muchos de estos proyectos, advirtió, tendrán horizontes de varias décadas, por lo que quienes participen en ellos necesitarán garantías de que los compromisos asumidos en el presente serán reconocidos en el futuro.
Por ello, la organización consideró que la discusión sobre seguridad jurídica no debe limitarse a los acuerdos petroleros y debería ser tomada en cuenta por los venezolanos, así como por Estados, empresas e inversionistas que evalúen asumir compromisos de largo plazo con el país.
Elecciones como condición para recuperar confianza
Laboratorio de Paz concluyó que la reconstrucción material de Venezuela debe ir acompañada de una recuperación de las instituciones.
“No habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional”, afirmó, al plantear la necesidad de instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular.
En ese sentido, la organización sostuvo que la realización de elecciones presidenciales auténticas, competitivas y creíbles no representa únicamente una exigencia política, sino también una condición para reducir la incertidumbre, recuperar la confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que, según señaló, Venezuela necesita con urgencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un artículo publicado en la página del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el abogado y investigador venezolano, José Ignacio Hernández, dijo que detrás de la magnitud de las cifras que se desprenden de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos aparecen interrogantes sobre su marco jurídico, el papel de la empresa NABEP (Blue Energy Partners) del venezolano Alejandro Betancourt y las decisiones que podría enfrentar un futuro gobierno elegido democráticamente.
Hernández aseveró que el pacto anunciado por Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela contempla concesiones por 100 años sobre 17 campos con reservas probadas de unos 65 000 millones de barriles. Indicó que de concretarse lo firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright y la gobernante encargada, Delcy Rodríguez esta semana en Miraflores, NABEP pasaría a convertirse en la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por volumen de reservas.
El esquema contempla que el gobierno estadounidense tenga una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa. Además, Estados Unidos tendría derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo para la Reserva Estratégica de Petróleo y un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante. Washington también tendría poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva y la mayoría de sus miembros debería ser estadounidense.
Además, NABEP asumiría el control de las operaciones en los 17 proyectos contemplados. El documento advierte que la compañía, fundada hace apenas dos años y con una trayectoria limitada en la industria, podría necesitar asociarse con otras petroleras internacionales para desarrollar los yacimientos.
Interrogantes abiertas
El esquema convierte a NABEP en una suerte de Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) paralela, una situación que -a juicio de Hernández- plantea nuevos interrogantes jurídicos.
-El problema de las concesiones a 100 años: Una de las principales dudas está en la figura jurídica utilizada para entregar los yacimientos. El documento sostiene que las autoridades interinas no tendrían facultades para otorgar concesiones petroleras por un siglo. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026 establece que la estatal venezolana, a través de Pdvsa Petróleos y empresas mixtas, puede celebrar acuerdos específicos de servicios petroleros con compañías privadas, conocidos como contratos de participación en la producción.
Estos contratos no equivalen a concesiones ni transfieren derechos sobre los yacimientos: otorgan derechos contractuales a empresas privadas que actúan por cuenta de Pdvsa. El documento advierte que la indefinición sobre el título jurídico bajo el cual opera NABEP puede aumentar la incertidumbre que ha frenado la inversión privada en Venezuela. También plantea un posible conflicto con el artículo 303 de la Constitución, que reserva a Pdvsa (o a otra entidad estatal venezolana) el control de la industria petrolera.
-El mandato de las autoridades interinas: El acuerdo también queda expuesto a cuestionamientos por el carácter provisional de las autoridades que lo suscriben. Según el documento, los Departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos sostienen que Nicolás Maduro no fue reconocido como presidente debidamente electo y que Delcy Rodríguez tampoco fue una vicepresidenta debidamente nombrada. Además, el plazo de 180 días para que el vicepresidente ejerciera como presidente interino expiró en julio. Estados Unidos reconoció a Rodríguez como jefa de Estado en marzo de 2026 por el control de facto que ejercía sobre el gobierno después de la captura de Maduro. El propio Departamento de Estado considera a la Asamblea Nacional de 2015 como la última entidad democráticamente electa reconocida internacionalmente en Venezuela. ¿Qué ocurrirá con los acuerdos de largo plazo si Venezuela vuelve a tener un gobierno elegido democráticamente?, es una de las interrogantes abiertas por Hernández.
-Una meta petrolera que tomaría tiempo: La recuperación de la producción tampoco sería inmediata. Aunque no existe un registro oficial con la ubicación de los 17 campos, estimaciones independientes citadas en el documento calculan que las tres empresas conjuntas de NABEP podrían producir unos 124 000 barriles diarios durante la última semana de agosto.
Además, ocho de los proyectos contemplados son greenfield, es decir, instalaciones nuevas que requieren tiempo para desarrollarse. A esto se suman problemas de infraestructura, particularmente en los puertos, y el riesgo de fallas en la red eléctrica. Por estas razones, la meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios aparece como una estimación a largo plazo. El consumo promedio de petróleo estadounidense fue de aproximadamente 20,6 millones de barriles diarios en 2025, por lo que el 20% de la producción de NABEP destinado a la Reserva Estratégica tendría un impacto mínimo o nulo en el mercado estadounidense en el corto plazo.
-El dilema para un futuro gobierno venezolano: El análisis no descarta que el acuerdo pueda contribuir a la recuperación de la industria petrolera a mediano plazo. Reducir la influencia de China, Rusia e Irán forma parte de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pero sostiene que desplazar a esos actores no es suficiente, también serían necesarias instituciones estables, creíbles y sólidas.
José Ignacio Hernández también destaca que el acuerdo reconoce que la debilidad institucional contribuyó al colapso petrolero y plantea que la recuperación requiere un sector privado dentro de una transición democrática. Al mismo tiempo, propone un esquema quecalifica como “opaco, frágil y de constitucionalidad cuestionable”, puesto que un futuro gobierno elegido podría verse obligado a decidir qué hacer con un acuerdo que haya sido implementado vulnerando principios constitucionales.
Hernández, investigador asociado sénior (no residente) del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), plantea una alternativa basada en procedimientos públicos, transparencia, rendición de cuentas y acuerdos políticos amplios que incluyan a laAsamblea Nacional de 2015. También propone incorporar mecanismos de caducidad o ratificación que permitan a un futuro gobierno evaluar el acuerdo sin heredar una obligación de largo plazo previamente cerrada.
Cierra con la advertencia de que una estrategia energética duradera entre Estados Unidos y Venezuela difícilmente podría sostenerse sobre una concesión de 100 años no contemplada en la legislación petrolera o sobre un gobierno interino sin mandato democrático.
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La deuda externa de Venezuela es un laberinto enredado y sin salida a la vista. Se habla de un monto de 240 000 millones dólares. Este monto incluye deudas contraídas legalmente, y otras tantas que seguramente serán cuestionadas por ilegales. El anuncio reciente de que el gobierno tutelado de Venezuela habría iniciado un proceso de renegociación de la deuda (del que escribimos aquí) es solo otra cortina de humo más. Se parece a la farsa del acuerdo petrolero anunciado por el gobierno de Donald Trump.
La verdad es que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. autorizó al gobierno tutelado de Delcy Rodríguez para que contratara a asesores que eventualmente participarían en una futura renegociación de la deuda. Lo que sí parece seguro es que esos asesores cobrarán una millonaria suma de dinero. Otro negocio redondo para quienes se enchufan con el régimen chavista.
Los gestores de fondos de bonos soberanos y de PDVSA, bonos que entraron en default desde 2017, están bien posicionados para evaluar qué se puede esperar del futuro de la inmensa deuda venezolana. Llevan mucho tiempo siguiendo este mercado, donde se compran y venden bonos de Venezuela con grandes descuentos a través de contratos privados.
Uno de estos gestores, con quien conversamos recientemente, estima que solamente la deuda de los bonos es de unos 60 000 millones de dólares. Existen indicios que parte del dinero de la corrupción de gente ligada al régimen chavista buscó refugio en los bonos soberanos y de PDVSA. Algunos cálculos establecen que ese dinero sucio convertido en bonos podría representar entre el 15 % y el 20 % del total de esa deuda. La pregunta que queda pendiente es la siguiente: ¿esos bonos usados como lavandería de la corrupción serán reconocidos por un futuro gobierno democrático en una eventual renegociación? Pinta como un asunto contencioso que un gobierno legítimo no podría reconocer.
Baja y sube
El mercado tocó fondo después del default en 2017 cuando el gobierno de Maduro dejó de pagar intereses y capital. Los bonos llegaron a cotizarse entre apenas dos y cinco centavos por dólar en el mercado secundario. En los días que han seguido al anuncio del acuerdo petrolero por parte de Trump, el mercado secundario se ha movido al alza. Uno de los gestores de un fondo de bonos venezolanos nos dijo que ha alcanzado su máximo histórico superior a los 50 centavos por dólar. ¿Esto es bueno? Depende para quién. Para los que venden esos bonos pareciera que sí, pues han ganado mucho si compraron a centavos de dólar. Pero no lo es para una futura renegociación de la deuda externa venezolana. La razón es simple: la quita (o reducción) que podría negociar un eventual gobierno legítimo en la renegociación sería establecida por ese mercado, lo que ahora no favorece al deudor.
El otro asunto que está por verse es cuánto de esa deuda es legítima y cuánto no lo es. Esto en el marco de un conglomerado de endeudamiento que se armó durante los 26 años de chavismo. Aquí hay que sumar los bonos (soberanos y de PDVSA), las promisory notes de la propia PDVSA (obligaciones de pago de la petrolera), las deudas pendientes de CADIVI que todavía están siendo litigadas en tribunales, las deudas bilaterales entre gobiernos, y la deuda multilateral con organismos internacionales. Entran en el paquete las acreencias con China, unos 10 000 millones de dólares. Los chinos deberán ahora ponerse en la fila de acreedores para tratar de recuperar su dinero. Ya no contarán con el privilegio de que el gobierno tutelado les pague con petróleo barato, como lo venía haciendo hasta hace poco.
El gestor de los fondos de deuda venezolana nos dijo que la única manera de poner orden en este laberinto financiero es someterse a un proceso de auditoría y reconciliación. Este proceso tiene que acompañarse de instancias de arbitraje aceptadas por todas las partes. Eso no ocurrirá sin la seguridad jurídica que se deriva de un gobierno elegido de forma legítima y con instituciones sólidas. Por ello, todavía no se puede hablar de una renegociación de la deuda. Todo está en el aire.
¿Se puede salir de este laberinto?
Sí, nos afirmó el gestor de los fondos de deuda. El país cuenta con los recursos petrolíferos, gasíferos y minerales (minerales raros, oro y diamantes). Requiere miles de millones de dólares en inversiones y acceso a nuevos endeudamientos. En unos años el potencial económico del país podría llevar su PIB a 500 000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Colombia, y muy lejos todavía del PIB actual de Venezuela, un poco más de 100 000 millones de dólares según el FMI.
Ese potencial de crecimiento no se dará sin que se cumplan unas condiciones básicas. Venezuela debe lograr atraer grandes montos de inversión para reactivar campos y explotar las reservas que tiene de petróleo pesado y extra pesado en la Faja del Orinoco. Se requieren unos 100 000 millones de dólares de las grandes petroleras como ExxonMobile y ConocoPhillips. Por ahora, ni Chevron, ni la italiana ENI, ni la española Repsol, y menos Nabep (la de Alejandro Betancourt) están en capacidad de hacer esas inversiones. El acuerdo firmado entre el Pentágono y la empresa de Betancourt ofrece una garantía del gobierno de EE. UU. para que el cuestionado venezolano levante capital con el fin de incrementar la producción petrolera en los 17 campos que le otorgaron. ¿Lo logrará? Hay fundadas dudas al respecto, como se lo dijo el experto petrolero Evanán Romero a la periodista Nitu Pérez Osuna.
Si eventualmente la industria petrolera fuera reactivada en todo su potencial, el país estaría en mejor posición para renegociar la deuda externa, lograr condiciones de pago beneficiosas, y, lo más importante, volver a emitir bonos que serían atractivos para los mercados financieros. Esto requiere un cambio en la “cultura de hacer negocios” en Venezuela, como lo observó el gestor de fondos de deuda. La mentalidad cortoplacista y enfocada en el negocio fácil (por ejemplo, la típica comisión que pide el funcionario corrupto) no ayudan a generar la confianza para sacar al país adelante. Por eso el cambio político es tan necesario.
En varias oportunidades, en esta columna y otros espacios de opinión, me he referido al subibaja emocional violento en el que la colectividad venezolana está montada desde el 3 de enero con respecto a los titulares de prensa que salen de Washington, D. C. Un subibaja del que no se quiere bajar. Con el futuro de nuestro país en manos de otro país, la inmensa mayoría de los venezolanos parece por los momentos resignada a un laissez-faire geopolítico por el cual lo que Washington decida es nuestro destino inevitable. Por lo tanto, cada vez que las noticias indican que los norteamericanos pudieran conformarse con dejar en el poder a la élite gobernante por tiempo indefinido, cunde la desesperanza. En cambio, cuando las señales son de que una transición democrática está en marcha, hay entusiasmo eufórico.
“Panglosiano” es el adjetivo que mejor describe esta segunda reacción. Una referencia al personaje de Voltaire que, en la crítica del provocador dieciochesco a Leibniz, encarna la creencia de que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Me parece que miles, quizá millones de venezolanos estaban predispuestos a asumir esa actitud si Estados Unidos intervenía en nuestro país como efectivamente lo hizo a partir del 3 de enero. Que de verdad creían que Washington se encargaría de imponer todos los cambios deseados por la sociedad venezolana en materia de democracia, justicia y prosperidad. ¡Y sin nada a cambio! Definitivamente, las series y películas de Hollywood son el mayor soft power con el que el coloso del norte cuenta. Le han hecho a creer a un gentío que Estados Unidos no solo es el “policía del mundo”, sino además un policía heroico, absolutamente altruista y desinteresado.
En realidad, como Estado que sí tiene intereses propios, siempre cupo esperar que, si se delegaba a Washington el impulso de los cambios que la inmensa mayoría de los venezolanos desea, de una forma u otra habría un costo. Un costo que olía al llamado “excremento del Diablo”, como se apresuró a dejar claro el propio Donald Trump, con su discurso interminable sobre ponerle las manos encima al petróleo de Venezuela. En un principio, no parecía que hubiera algún descontento masivo al respecto. Pero ahora, con la firma de un gigantesco acuerdo entre la Casa Blanca y Miraflores por el que el mismísimo Pentágono interviene en un número importante de pozos petroleros, en condiciones opacas y posiblemente muy onerosas para la República, empiezan a caer en cuenta los ilusos sobre el volumen del costo en cuestión.
Sobre todo, por la posición privilegiada que en este esquema tiene el señor Alejandro Betancourt, un nombre no precisamente popular entre sus connacionales, por razones que es innecesario detallar. La alianza entre Betancourt y los estadounidenses, defendida a capa y espada hasta por Marco Rubio, fue un balde de agua a temperatura bastante bajo cero (finjamos que tal cosa es físicamente posible, solo por la metáfora). La visión idealizada de Estados Unidos se les vino abajo. Resulta que el Capitán América tiene tanta existencia como el Ratón Pérez. El Tío Sam ahora se les ve más como el Mr. Danger de Rómulo Gallegos. Dicen sentirse burlados y traicionados. Si sus nociones sobre geopolítica no hubieran sido un cuento de hadas en el que el héroe arquetípico derrota al villano arquetípico, hoy estarían con mucha razón inquietos por el arreglo petrolero, pero al menos se ahorrarían aquellos términos melodramáticos y hasta pueriles.
Ahora bien, pudiera alguien tratar de llamar a la calma señalando que, si bien el mega acuerdo es indeseable para el país, se pudiera revisarlo en mejores circunstancias futuras, las cuales solo serán posibles si Venezuela vuelve a contar con un gobierno al que le interesa la respublica, cosa que a su vez necesita que el “nuevo momento político” desemboque en la transición democrática prometida. A eso los más decepcionados están respondiendo, a gritos y con llanto a moco suelto, que todo está perdido. Que no habrá ninguna transición. Que Trump impuso la preservación del statu quo ante enero. Lo que yo les preguntaría a esos individuos es: ¿Qué les hace estar tan seguros de ello?
Convengamos en que la transición democrática, por más que Washington la cacareara, nunca fue algo seguro. Aún hoy no lo es. Convengamos también en que el argumento de que los norteamericanos tal vez no quieran que Venezuela tenga un gobierno democrático, pues el mismo pudiera tratar de anular el arreglo petrolero, es razonable. Pero por razonable que sea ese argumento, sigue siendo hipotético. No es un fait accompli.
Mientras, hay en marcha un proceso de reforma de los poderes públicos acordado en la mesa de negociación en la que el Departamento de Estado tiene un peso determinante. Ese proceso no fue suspendido por el acuerdo petrolero. Al contrario, siguió esta semana con la aprobación, por la Asamblea Nacional en segunda discusión, de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que corresponde a la ciudadanía interesada en la transición es estar pendiente de los siguientes pasos, a ver si los cambios son reales y no cosméticos.
A propósito, con el anuncio del acuerdo petrolero, quedó enterrada otra noticia importante que hubo ese mismo día: el regreso al país de Omar González, dirigente de Vente Venezuela. Se trata de una persona que antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024 estuvo, junto a varios correligionarios, confinado a la Embajada de Argentina en Caracas, para así evitar una detención arbitraria. Luego les tocó el exilio. Pero el señor volvió. Sin problemas. Como si nada. Regreso que es parte de una mejora considerable en el clima de libertades civiles y políticas desde enero. La mejora no ha avanzado a paso óptimo (para muestra, los cientos de presos de conciencia que siguen tras las rejas). Pero tampoco ha experimentado un retroceso grave.
Y hablando de Vente Venezuela, no han sido pocos los ciudadanos que se han preguntado si la líder de dicha organización y de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, no va a denunciar públicamente el megaacuerdo petrolero. Algunos señalan que no hacerlo sería una falta de temple y una afrenta a la soberanía del país que Machado aspira a gobernar algún día, más temprano que tarde. El problema es que, si Machado hace tal denuncia, su relación con el gobierno de Trump, ya frágil, se hará añicos.
Trump tendría entonces todos los estímulos para asegurarse de que lo que sea que esté preparando la mesa de negociación excluya a Machado de cualquier oportunidad para obtener el poder por vía del voto. Exclusión que pudiera extenderse a todo opositor prominente del gobierno con el que se hizo el acuerdo. Si Machado y la oposición que ella encabeza no pudieron imponer sus reclamos a la elite gobernante, ¿es razonable creer que podrán hacerlo a la elite gobernante y a Estados Unidos al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Con una población mayoritaria pero que hasta el sol de hoy sigue casi totalmente desmovilizada y que se limita expresar sus quejas en redes sociales? Visto lo visto, pienso que el mejor escenario realista para Machado es insistir en que haya una transición democrática, hacerse con el gobierno mediante elecciones libres y justas, y esperar a que llegue otro ocupante de la Casa Blanca con el que se pueda renegociar el acuerdo.
El petróleo lubricó el subibaja emocional. Este último descenso fue particularmente brusco. Tal vez no será el último. Pero quizá al menos ahora, con una visión más clara sobre lo que el delegado de los cambios busca, las masas sabrán a qué atenerse.
La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, denunció este 4 de septiembre un supuesto plan para afectar el sistema eléctrico nacional mediante la manipulación del suministro de gas destinado a las plantas termoeléctricas y pidió a los trabajadores de Corpoelec y Pdvsa mantenerse “alertas”
Durante su intervención, Rodríguez afirmó que el apagón del pasado sábado en el occidente del país habría sido provocado por la manipulación de las presiones de gas, lo que ocasionó la caída del sistema termoeléctrico en el estado Zulia y, posteriormente, afectó otras zonas de la región occidental.
“Manipularon las presiones de gas para que cayera el sistema termoeléctrico en el Estado de Zulia, y se llevó a Occidente. Anoche, gracias al equipo de PDVSA Gas, detectamos que cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas, las termoeléctricas y caiga el sistema eléctrico nacional, que está tan golpeado por las sanciones, por la demanda de crecimiento eléctrico, y por la demanda derivada de las altas temperaturas”, expresó rodríguez Durante un encuentro con los trabajadores de la industria petrolera en Caracas.
La presidenta encargada no ofreció en la declaración detalles sobre quién habría ejecutado estas acciones, ni presentó elementos técnicos o pruebas que permitan verificar de manera independiente su denuncia. Simplemente, atribuyó las presuntas acciones de saboteo a lo que calificó como “mafias extremistas”.
Rodríguez relacionó además las presuntas acciones contra el sistema eléctrico con las protestas generadas por la firma de acuerdos petroleros.
“En protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano (…) “Nosotros, todos de pie y alerta para defender a Venezuela, para defender a nuestro pueblo”, manifestó.
También, reivindicó la actuación de los trabajadores petroleros, a quienes calificó como “insignia y ejemplo” de la resistencia del país e hizo un llamado específico a los trabajadoresde Corpoelec para que permanezcan atentos ante posibles nuevas acciones contra la infraestructura eléctrica.
Al menos cinco estados quedaron a oscuras
El occidente de Venezuela sufrió un apagón masivo la noche del sábado 29 de agosto de 2026 que dejó completamente a oscuras a cinco estados de la región: Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas
La interrupción general del suministro comenzó aproximadamente a las 8:38 p. m., precedida por dos fuertes fluctuaciones o “bajones” de voltaje que alertaron a los ciudadanos. Aunque en algunas zonas céntricas el servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva después de las 9:00 p. m., múltiples comunidades y sectores andinos permanecieron sin electricidad durante toda la madrugada.
🚨#ÚltimaHora | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el reciente apagón en el occidente del país.
"Detectamos que cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas y las termoeléctricas, y caiga el sistema eléctrico nacional que está tan golpeado por las… pic.twitter.com/UffJ7HpWN7
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Jubilados y pensionados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) se movilizaron este 4 de septiembre para denunciar la suspensión de un bono de 50 dólares, el cual fue anunciado el pasado 30 de abril por Delcy Rodríguez, la presidente interina. Los manifestantes exigieron el pago inmediato de las deudas acumuladas, desde ese mes hasta la fecha, así como la mejora de sus derechos laborales y de salud.
En Caracas, los trabajadores jubilados y retirados de la empresa de telecomunicaciones se reunieron en la Plaza Caracas para poder acudir a la sede delMinisterio del Trabajo y entregar un documento formal del reclamo, el cual busca obtener una respuesta oficial por parte de los directivos del ente frente a la situación económica de los trabajadores.
Suspensión injustificada
El presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de Caracas, Iberto Garrido Ojeda, explicó durante la manifestación los motivos principales que impulsaron esta protesta y el impacto financiero que ha generado en los que eran beneficiados por el bono. Detalló que el bono aprobado por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, fue pagado en abri y mayo, pero luego la empresa suspendió la bonificación.
El líder de este gremio enfatizó que este beneficio equivale a la mayor parte de lo que perciben mes a mes los trabajadores retirados de la empresa telefónica, por lo que su suspensión vulnera la estabilidad económica de los jubilados.
“Hay un acumulado que puede darse como resultado cuando vuelvan a cancelar el bono de 200 dólares, pero es un derecho de nosotros porque ese bono vital, que se llama muy similar al bono de guerra, representa el 75% del ingreso mensual que recibe el jubilado, pensionado y sobreviviente de la empresa”, declaró garrido.
Jubilados, pensionados y sobrevivientes de Cantv denuncian que la empresa dejó de pagarles el bono de 50 dólares asignado por Delcy Rodríguez el 30 de abril, que representa el 75% de su ingreso mensual.
Estas manifestaciones de pensionados y jubilados de Cantv también tuvieron lugar en otros puntos del país. Una de las protestas tuvo lugar en Mérida en donde los afectados demandaron soluciones inmediatas en el ámbito salarial e hicieron énfasis en el deterioro de la atención médica en el país.
Los manifestantes exigieron la restauración de los servicios de salud y que se incluya cobertura en clínicas y farmacias.
#04Sep….Trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes de CANTV-Mérida continúan sus acciones de protesta pacíficas para exigir la serie de peticiones en materia salarial, pensiones y salud pic.twitter.com/Cs6hCylhxj
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Recreada la cuestión de la dignidad de la república, tal como lo hice la pasada semana, sobrevino en lo inmediato una manifestación venida de la Casa Blanca, desde la red personal del presidente Donald Trump este 28 de agosto. Ha escandalizado las mentes sensatas que restan en Occidente. Reza, en trazos gruesos, así: “USA acaba de firmar un acuerdo con Venezuela, ¡el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial!, … ha asegurado el control mayoritario estadunidense de más de 65 000 millones de barriles de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadunidense…”.
Precisa Trump que el logro fue la obra de su secretario de Estado, Marco Rubio y del secretario de Guerra Pete Hegseth –que no el de Energía– “trabajando en estrecha colaboración con la “muy respetada” presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”.
Esta, causahabiente, vicepresidenta que fue de Nicolás Maduro, el gobernante extraído por el mismo Trump mediante una acción de fuerza el pasado 3 de enero bajo el doble alegato de ser un ilegítimo y cabeza de un entramado narcocriminal, ha confirmado y convalidado la noticia: “Venezuela anuncia un histórico acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos… Representa un hito histórico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y los EE. UU. El acuerdo permitirá incrementar la producción de petróleo con la participación de operadores privados”. Al paso, le agradece a Trump y su secretario de Estado “por su disposición en el desarrollo de este acuerdo”, por ser tan generoso.
¿Cómo entender este desenlace que, en lo inmediato, desengaña la esperanza de libertad de los venezolanos? ¿Cómo digerir este pacto fáustico, que las élites políticas y económicas propias y extrañas celebran?
José Rafael Pocaterra, en sus Memorias de un venezolano de la decadencia (1928), al describir la fetidez de su época, en tiempos de Cipriano Castro –al quien también quiso extraer el Departamento de Estado como lo ha hecho con Maduro– y tras sufrir vejámenes y torturas en el Castillo de Puerto Cabello refiere que “los que se han comido la vergüenza y logran digerirla han dado la siguiente definición de quienes prefieren el ayuno: ¡carecen de habilidad política!”.
Les opone la ejemplaridad de Ulises, que si bien se mueve entre la aventura y la destreza y una que otra mentira “regresa a Ítaca a castigar y a reinar… A poner un beso glorioso sobre la honestidad que hila y espera; a consagrar la fe que no desmaya y el hijo que no duda”.
Desandemos, pues, honrando la memoria de nuestros padres fundadores, el trasfondo de esta gresca. De buenas a primera es un monumento a la desfachatez y la corrupción. Presagia comprometer la estabilidad de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, ya que puede despertar un inconsciente que había logrado sosegarse, para bien de todos. Pretende hipotecar el destino de las venideras generaciones de Venezuela, la de nuestros hijos, nietos y biznietos.
Lo primero de saber e identificar, dicen los más cautos, son los nombres tras esos “negocios privados” del gobierno norteamericano sobre 17 campos de petróleo y yacimientos estratégicos. El buenismo sugiere esperar a que se conozcan los contenidos de los documentos que todavía permanecen engavetados, ajenos al escrutinio de la opinión pública o parlamentaria, en ambos países.
En lo personal y acicateado por los años vividos, creo que lo declarado oficialmente se basta. Ha de bastarle a todo espíritu perspicaz. Todavía más cuanto que las más importantes empresas petroleras del mundo han dicho que no invertirán en Venezuela, hasta tanto no reaparezca un cuadro cierto de estabilidad institucional y seguridad jurídica que atenúe los riesgos para las probables y millonarias inversiones requeridas. Se estiman de necesarios unos 100.000 millones de dólares, sin que se cuenten los 50 000 millones de dólares que cuesta la reconstrucción material del país tras el doble terremoto del 24 de junio anterior.
Cuando la geopolítica acaba con la libertad
Bajo el ecosistema imperante desde inicios del siglo, los gobernantes de nuestro tiempo ejercen su poder y dictan sus mandatos a través de las redes digitales; aun cuando predominen en estas la virtualidad y la instantaneidad; lo que les permite a estos cultores de la mentira, cuando se les vuelve fisiología del poder, cambiar a discreción sus dichos o narrativas, sin tener que ruborizarse. La verdad, en los días que no acompañan, es un asunto de imaginación y al detal, tanto para los narcisos de la política como para los emperadores de la soberbia.
Lo objetivo, a todo evento, es que las manifestaciones de Trump y de la Rodríguez tienen un valor para el derecho internacional en vigor. Expresan interpretaciones auténticas de lo que hayan convenido, así sea tras del telón y a medianoche. Se trata de dos gobernantes, uno de estos de facto e ilegítimo. Lo que al paso abre senda a otros asuntos de relevancia. Dejo algunos como interrogantes: ¿el acuerdo de marras, que es la consecuencia de un acto previo de fuerza, está o no viciado desde sus inicios por falta de un libre consentimiento? ¿Puede alcanzarse un acuerdo válido y sostenible en el tiempo con una representación que carece de toda legitimidad, de toda legalidad constitucional, en lo interno como en lo internacional, obviándose la exigencia de su convalidación? ¿Puede disponerse del patrimonio y la riqueza de una nación independiente y soberana mediante un hecho de su gobierno que viole y afecte palmariamente su estatuto fundamental?
Dejo en libertad a los opinadores e internautas para que elaboren, con discernimiento propio, sus respuestas. Yo las tengo. Solo agregaría pocos datos o elemento de juicio, que veo de inexcusables, como la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos de 10 de enero de 2019, que “acordó no reconocer la legitimidad del nuevo período presidencial surgido de las elecciones del 20 de mayo de 2018” en Venezuela. Maduro asumió por la vía de facto el poder y, acto seguido, el 14 de junio de 2019, nombra vicepresidenta a Delcy Rodríguez. La pregunta huelga. ¿Puede contar ella, designada sin cualidad por Maduro, con alguna cualidad o legitimidad como para sucederle?
El grupo mayoritario de miembros de la OEA, incluido Estados Unidos, llegado el 16 de enero de 2025, por segunda vez rechazó a Maduro por ilegítimo y “el acto de investidura presidencial ocurrido el 10 de enero de 2025”. Le exigió “que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, en la que resultó electo y quedó como custodio legítimo de la voluntad popular el embajador Edmundo González Urrutia.
De modo que Rodríguez ha pactado en nombre del Estado venezolano asumiendo como cosa suya la soberanía de este, y ha dispuesto de su patrimonio petrolero, sin cualidad y sin nombramiento válido como jefe del Estado. Que el gobierno de Estados Unidos, regresando sobre sus pies, por razones de fuerza y utilitarias, haya decidido omitir esa realidad incuestionable llamando “respetable” a la dictadora interina de los venezolanos, apenas construye un hecho, pero contrario a derecho.
¿De qué se trata todo esto, entonces, e insisto?
La búsqueda de un paralelo histórico, como lo veo, es lo que mejor puede ilustrarnos y desvelarnos el contexto de lo que urge comprender y se nos muestra incomprensible. Rómulo Betancourt, en su libro seminal Venezuela, política y petróleo, cuyos primeros trazos perdidos los escribe entre 1937 y 1939, desde su clandestinidad evadiendo a la policía política, en su primera edición de 1956 nos regala el astrolabio. Sin circunloquios ni neutralidad ni con “tersa serenidad”, nos explica una disputa similar que le tuvo como cronista.
A pesar de las recomendaciones de sus amigos en contrario, describe los hechos que nos interesan abandonando el “tono profesoral” para no traicionar lo que piensa y lo que siente: “Llevo a Venezuela en la sangre y en los huesos; me duelen los dolores colectivos, y cuando se trata de hablar de ellos, sería un farsante si jugara a la comedia de la imparcialidad”, confiesa. Es el abrebocas para su relato.
Pero vaya antes una observación liminar, para que nuestra sorpresa sea hiperbólica. En la estrategia de seguridad nacional de USA vigente se estableció, así se le llama, el Corolario Trump de la Doctrina Monroe. Los medios la titulan como Monroe 2.0 y significa, precisamente, el “control estadunidense en el hemisferio occidental” usando de su presencia y disuasión permanentes; evitando la presencia de potencias extrahemisféricas, y sumando a su geopolítica las variables económica, tecnológica y militar. Se busca, preferentemente, un espacio –he aquí Venezuela, como anillo al dedo– económicamente integrado a Estados Unidos.
El petróleo deja de ser, así, un recurso exclusivamente venezolano y se vuelve activo estratégico hemisférico, controlado por USA, que se reserva decidir –lo ha confesado Trump y lo practica– quién invierte, quién produce, quién transporta, quién refina, quién compra y hacia qué mercados se dirigirá el petróleo venezolano.
Arthur P. Whitaker, un profesor norteamericano que estudió las relaciones entre USA y nuestra región (The United States and South America, Harvard, 1948), en libro que le prologase el exsecretario de Estado, Sumner Welles, escribe, como en una vuelta de tuerca que se repite, que “a Venezuela, otra nación bolivariana, le correspondió jugar un papel muy importante en el desarrollo de otra expresión del imperialismo… el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe (1904-1905)”. Es la cita que nos ofrece Betancourt y cabe rescatarla de las miserias del pasado, para que nos muestre al trasluz las miserias de la hora corriente.
La traición y la extracción vuelven a repetirse
El Cabito, Cipriano Castro, a inicios del siglo XX, desafiando a Estados Unidos por indignado con la empresa de Filadelfia The New York and Bermudez Company, explotadora del lago de asfalto de Guanoco en el estado Sucre, beneficiaria de una concesión que le fue otorgada a Horacio Hamilton en 1883, demandó ante los jueces de Caracas que la sancionasen por haber financiado la Revolución libertadora. Un infidente, empleado de aquella, Ambrose Horatio Carner, le allegó las pruebas del abuso al presidente. Esperaba su contraprestación, que éste honra con toda liberalidad. Entretanto, el ministro plenipotenciario de USA, el señor Bowen, a quien el propio Castro ha designado como su representante para que le resolviese el enojoso bloqueo de nuestras costas por las potencias europeas, entre 1902 y 1903, luego le armó una conspiración para extraerlo a la fuerza, al igual que a Nicolás.
“El ministro Bowen, el antiguo plenipotenciario de Castro, urgía a la Casa Blanca para que pusiera en ejecución el Plan Parker. Lo había elaborado el agregado militar de la Legación de los Estados Unidos. Era simple y expeditivo: desembarco de los infantes de marina, captura de Castro, ocupación de las aduanas, establecimiento de un gobierno provisional ‘made’ in USA”, reseña Betancourt. Hace evidente, además, el choque de intereses soterrados entre los mismos actores norteamericanos que salivan y compiten para ponerle mano al negocio que les representa Venezuela como botín.
Tal vez más eficaz en sus resultados –agrega el autor, a renglón seguido– fue la intriga desplegada por el mal llamado trust del asfalto de Nueva York [Warner-Quinlan + Venezuelan Mine, adquirentes de los derechos sobre la mina La Felicidad, aledaña a Guanoco, y acusados de ser los testaferros del propio Castro] contra sus rivales de Filadelfia [New York & Bermúdez + General Asphalt Company of America], financistas de la insurgencia de Manuel Antonio Matos] y usufructuarios, estos, del «más grande depósito natural de asfalto del mundo», el Lago de Guanoco, según lo explica Venezuela, política y petróleo. Al término, este grupo, Barber Syndicate, tras su traspiés logra sobrevivir, en tanto que el Warner Syndicate, habiendo logrado posicionarse judicialmente al final retiró su aspiración sobre Guanoco.
Sea lo que fuere, revisemos al presente, con vistas a lo antes ocurrido. El grupo CHEVRON, instalado en Venezuela y relacionado con el sátrapa de Maduro usando para ello a su empleado y confidente de la CIA, Ali Moshiri, en abril de 2026 logra aumentar su participación en Petro Independencia hasta 49 %. Obtiene nuevos derechos sobre la Faja del Orinoco. Sobrevive y se fortalece tras los sucesos del 3 de enero, en los que Moshiri apuesta por la continuidad de la Rodríguez, tras la caída de Maduro, al que todos traicionan a pesar de que negociaba desde antes con el enviado de la Casa Blanca, Richard Grenell. Ayer igualmente se apostaba a Gómez como el provisorio tras la eyección de Castro, en un cruce demencial de ambiciones por el asfalto o el excremento del diablo, como le tildase Juan Pablo Pérez Alfonso.
Las mayores petroleras (ExxonMobil, Conoco Phillips y otras) todavía no deciden arriesgarse en Venezuela. Y allí aparece, como condimento de un caldo que se cocina a fuego lento, la pugna, entre Mauricio Claver-Carone, cabeza o lobbista que favorece a los llamados «wildcatters», a saber, unas compañías independientes pequeñas y medianas –buhoneros del petróleo– ávidas del negocio, interesadas en su ingreso rápido, la recepción de concesiones nuevas mediante contratos agresivos, y una menor dependencia del Estado venezolano.
Es este el marco dentro del que se ubica y aprovecha Alejandro Betancourt de manos de Claver, buscando se olvide la gruesa tajada del tesoro nacional que se engulló con Maduro para luego dejar sin electricidad a los venezolanos; electricidad de la que se necesita estos, casualmente, para la reactivación real de su producción petrolera. Este «bolichico» –paradojas que tiene la vida– es el otro socio “respetable” escogido por la Casa Blanca, junto con la Rodríguez, y con el que aquella ha montado la estructura que, en sociedad con el Pentágono, le asegurará monopolizar la actividad petrolera comprometida.
¿Se trató de una mixtura de intereses entre la CHEVRON y el entramado de «wildcatters», la que propicia la extracción armada en Caracas del pasado mes de enero? ¿Son estos o aquella los autores de la «estabilización» conveniente de la “respetada” Rodríguez? ¿No fue acaso esto lo que hizo el mismo general Gómez al complotar con Estados Unidos para sacar del medio a Cipriano Castro, impidiéndosele regresar al país y dando en pago el control del oro negro por los norteamericanos a lo largo de todo el siglo XX? A buen seguro que la duda será despejada más temprano que tarde, cuando la información de inteligencia se desclasifique o la filtre otra administración norteamericana sucesiva.
El giro de la tuerca sobrevino, es lo que importa para el análisis. Castro, al que la enfermedad le eyecta del poder y le facilita a USA validar la provisionalidad de Gómez, que se extiende desde 1908 hasta su muerte en Maracay, en 1935, vagó por el mundo. Se le cerraron todos los puertos y caminos. Fue víctima de la felonía de su ministro de Relaciones Exteriores, José de Jesús Pául –corre el mes de diciembre de 1908– que le pide a Washington el envío de barcos de guerra a puertos venezolanos.
Pasadas las 48 horas, según la lectura de Betancourt, “zarpa de Hampton Roads el primero de los acorazados norteamericanos que iban a respaldarlo con sus cañones y con su marinería: el Maine. El 23 de diciembre le siguieron otros dos, el Des Moines y el North Caroline. En el último de esos navíos de guerra embarcó, en calidad de Comisionado de Estados Unidos, el Contralmirante W.I. Buchanan”, lo hace constar en su libro cimero.
Habiendo asumido el gendarme necesario su poder, así, el día 19 de diciembre, una figura a la que tanto elogia Laureano Vallenilla Lanz con su Cesarismo democrático, mediante la disuasión acorazada dispuesta por Washington, cedió cualquier obstáculo a los arreglos petroleros pactados desde antes y a la estabilidad de un déspota mejor dispuesto a subordinarse a Estados Unidos, el propio Gómez, el padre bueno y fuerte de los venezolanos.
El 13 de febrero de 1909, con rapidez fílmica, refiere el cronista, ocupada Venezuela “fueron firmados los Protocolos Buchanan-Gómez”. Se alcanzaba “el propósito de la nueva administración de revocar la política del presidente Castro”. Es una escena que replica de manera fidedigna nuestra contemporaneidad. Da cuenta de lo que es historia romana muy antigua y repetida, la de la traición: aquella que nace de la amistad, penetra el poder desde dentro y termina utilizando la confianza recibida para destruir al propio amigo y cuanto este había construido.
“No fue el enemigo quien abrió las puertas: fue el amigo a quien se le entregaron las llaves”, consta en la tragedia de Sejano y Tiberio. Pocaterra es aun más lapidario. Le endoso a manera de epílogo, desde mi circunstancia. “Desde más allá de la patria geográfica y racional, desde más allá de la humanidad, de la urbanidad, del aseo de las manos… pues cada averiguación que hago es un verdadero asco”.
El primer semestre de 2026 estuvo marcado en Venezuela por el deterioro del poder adquisitivo, la persistencia de las restricciones a la libertad de expresión, un aumento de la conflictividad social y dificultades en los sistemas de salud y educación, además de la emergencia causada por los dos sismos del 24 de junio.
Así lo refleja el balance “Venezuela en cifras: lo que los datos significan en la vida diaria”, presentado este 4 de septiembre por Un Mundo sin Mordaza, que reúne información publicada por instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos, gremios, universidades y organismos internacionales.
El informe advierte que las cifras no necesariamente reflejan la totalidad de los problemas registrados durante el período. Se precisa que algunas fuentes solo habían actualizado sus datos hasta marzo o mayo, por lo que Un Mundo sin Mordaza decidió conservar esos períodos en lugar de hacer proyecciones para completar el semestre.
El balance de Un Mundo sin Mordaza reúne indicadores provenientes de distintas fuentes y advierte sobre las limitaciones para registrar la realidad venezolana en un contexto donde persisten obstáculos para documentar violaciones de derechos humanos.
El reporte evalúa la situación de varios aspectos en el país, que se resumen en las siguientes claves:
Libertad de expresión bajo presión
Entre enero y junio se registraron 65 casos relacionados con la libertad de expresión, de acuerdo con los datos recopilados por Espacio Público. El registro incluye 131 violaciones, entre ellas 27 clasificadas como intimidación y 11 como censura. Durante enero, además, fueron documentadas 25 detenciones relacionadas con estas restricciones.
La presión sobre los medios también se tradujo en el cierre de cuatro emisoras entre enero y febrero: Impacto 105.3 FM, en Táchira; Unika 92.1 FM, en Caracas; Urbana La Salserísima 94.3 FM, en Miranda; y Rítmica 104.1 FM, en Carabobo. En algunos casos, las medidas incluyeron el decomiso de equipos de transmisión.
El informe destaca que las restricciones no afectaron únicamente a periodistas. También hubo personas detenidas o procesadas por videos, mensajes y comentarios críticos publicados en redes sociales o servicios de mensajería. A esto se sumó el bloqueo de 206 sitios web que permanecían restringidos en mayo, de los cuales 65 correspondían a medios de comunicación.
La cobertura de los terremotos del 24 de junio también estuvo condicionada. IPYS Venezuela documentó al menos 12 restricciones contra la prensa, entre ellas cuatro impedimentos de cobertura, tres hechos de hostigamiento o intimidación, dos amenazas, una detención, el decomiso de una credencial y una medida institucional que condicionó la difusión de información.
Los precios subieron más rápido que los ingresos
El poder adquisitivo fue otro de los principales indicadores de deterioro. El salario mínimo legal permaneció en 130 bolívares mensuales durante todo el semestre, pero su equivalencia en dólares pasó de aproximadamente 0,44 dólares al cierre de 2025 a 0,21 dólares el 30 de junio de 2026, de acuerdo con las tasas utilizadas en el informe.
Aunque el Ejecutivo anunció un ingreso mínimo bonificado de 240 dólares para trabajadores activos —compuesto por 200 dólares del Bono contra la Guerra Económica y 40 dólares de cestaticket—, el informe recuerda que estos pagos no modificaron el salario mínimo legal. Para pensionados y jubilados se anunció una bonificación de 70 dólares.
En paralelo, el Banco Central de Venezuela reportó una inflación acumulada de 129,82% entre enero y junio y una variación interanual de 544,13%. El dólar oficial pasó de 298,14 bolívares al cierre de 2025 a 623,02 bolívares el 30 de junio, un aumento de 108,97%. El euro pasó de 351,25 a 710,10 bolívares, equivalente a un incremento de 102,17%.
La brecha entre ingresos y costo de vida también quedó reflejada en las mediciones de las organizaciones que monitorean el consumo. Cendas-FVM calculó en mayo una canasta alimentaria de 772,74 dólares para una familia de cinco personas. El ingreso bonificado de 240 dólares cubría aproximadamente 31% de ese monto, mientras que la remuneración promedio del sector privado, estimada por Fedecámaras en 283 dólares, representaba 36,62%.
Más de 1900 protestas en tres meses
La conflictividad social también aumentó durante el primer trimestre. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1926 protestas entre enero y marzo, equivalentes a un promedio de 21 manifestaciones diarias y a un incremento de 144% respecto al mismo período de 2025.
De ese total, 721 movilizaciones reclamaron la liberación de personas detenidas por motivos políticos. El OVCS también registró 21 episodios de represión y advirtió sobre la continuidad de detenciones arbitrarias, vigilancia y uso selectivo del sistema penal contra personas que protestaban o formulaban denuncias.
Miranda y Distrito Capital concentraron la mayor cantidad de manifestaciones, con 264 y 260 protestas, respectivamente. Bolívar, Anzoátegui y Sucre completaron los estados con mayor número de movilizaciones registradas.
Salud: enfermedades y hospitales en crisis
El informe analizó el boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de la Salud de la semana del 15 al 21 de marzo. Cabe destacar que tras casi una década de opacidad, el organismo retomó la difusión de este reporte. Para ese mes del año, se registraban 25 259 casos acumulados de malaria, 8,3% más que en el mismo período de 2025. Solo durante esa semana se diagnosticaron 1128 casos, de los cuales 899 de los 1.109 casos autóctonos correspondieron a Bolívar.
El Ministerio también confirmó seis casos humanos de fiebre amarilla, tres de rabia humana y tres casos de fiebre hemorrágica venezolana. Estos últimos se distribuyeron entre Barinas, con dos casos y dos fallecimientos, y Portuguesa, con un caso. El boletín registró además 10 672 mordeduras sospechosas de rabia, 19% más que en el mismo período de 2025.
La Federación Médica Venezolana, por su parte, estimó que 90% de los hospitales públicos se encontraba desabastecido y en condiciones de abandono. La organización señaló que la red estaba integrada por 301 hospitales y que solo alrededor de 15 habían recibido mejoras parciales. El propio informe aclara que se trata de una estimación gremial y no de una inspección individual de todos los establecimientos.
Los terremotos de junio profundizaron las dificultades. La Organización Panamericana de la Salud evaluó ocho centros sanitarios: tres presentaban daños estructurales y los ocho requerían apoyo externo inmediato. En el Hospital Dr. Rafael Medina Jiménez, en La Guaira, se perdió 67,6% de la capacidad de camas, mientras que el Hospital Vargas-IVSS llegó a atender a 96 pacientes en un área con capacidad para ocho.
La educación también perdió capacidad
La crisis alcanzó al sistema educativo. La Federación Venezolana de Maestros denunció la suspensión de las nóminas de más de 50.000 docentes y estimó un déficit nacional de 250.000 educadores, especialmente en Matemáticas, Física y Química. El impacto, según el informe, se traduce en materias sin profesores, cursos fusionados y reducción de las horas de clase.
En Distrito Capital, la representación gremial señaló que al menos la mitad de los 890 planteles presentaba fallas de infraestructura o servicios básicos. Tras los terremotos, Unicef informó que 432 escuelas de Caracas habían sufrido daños que dificultaban la continuidad educativa.
La situación también se reflejó en las universidades. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes registró 145 incidentes entre enero y marzo y señaló que el salario base del escalafón docente más alto había descendido a aproximadamente 1,1 dólares mensuales en marzo.
Prisión política y violencia contra las mujeres
La violencia de género y la prisión por motivos políticos permanecieron entre las situaciones documentadas durante el semestre. El monitor de femicidios de Utopix registró 34 posibles femicidios consumados o en grado de frustración entre enero y marzo, aunque la organización advierte que su registro se construye a partir de noticias y publicaciones en redes sociales y, por tanto, constituye un subregistro.
Para el 17 de junio, Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 554 personas privadas de libertad por motivos políticos: 486 hombres y 68 mujeres. Dentro de ese grupo había 41 personas con enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 adultos mayores, 18 casos documentados de desaparición forzada, 23 personas extranjeras y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
La aplicación de la Ley de Amnistía también mostró diferencias entre los registros oficiales y los de organizaciones independientes. La Asamblea Nacional informó que 8616 personas habían recibido algún beneficio, aunque solo 314 estaban encarceladas; las otras 8.302 ya estaban fuera de prisión y recibieron el levantamiento de medidas cautelares. Justicia, Encuentro y Perdón verificó 218 liberaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Los terremotos expusieron la vulnerabilidad del país
Los sismos del 24 de junio constituyeron uno de los acontecimientos centrales del semestre. Transparencia Venezuela registró magnitudes de 7,2 y 7,5 y reportó, al 30 de junio, 1943 personas fallecidas y 10 571 heridas. La cifra oficial de fallecidos según el último balance oficial (finales de agosto 2026) supera las 6000 personas.
De los rescates realizados por equipos organizados, 5380 ocurrieron durante las primeras 48 horas de los terremotos.
El informe también documenta las dificultades para acceder a maquinaria especializada. Según testimonios recogidos por medios el alquiler de una retroexcavadora podía alcanzar 500 dólares diarios, mientras que un equipo especializado tipo jumbo podía costar hasta 1200 dólares, sin incluir traslado ni logística.
La capacidad de respuesta sísmica también aparece como una de las principales alertas. Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de Los Andes, señaló que Venezuela llegó a contar con entre 250 y 300 estaciones sismológicas, pero estimó que para el 30 de junio Funvivis tendría solo entre tres y cinco estaciones operativas. Transparencia Venezuela, además, informó que el organismo tardó aproximadamente cuatro horas y media en publicar su primer reporte sobre los terremotos.
El deterioro ambiental también tiene impacto económico
El balance incluye además indicadores sobre la situación ambiental. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela reportó que un incendio ocurrido en enero afectó 27,06 hectáreas del Parque Nacional Henri Pittier, en Aragua. En marzo documentó un derrame petrolero en el Golfete de Coro, Falcón, que se extendió por más de 40 kilómetros y afectó varias comunidades. Pescadores consultados por El Diario señalaron que el derrame limitó su actividad.
El informe también recoge datos sobre el Arco Minero del Orinoco, que Provea ubica en aproximadamente 111 843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar y en territorios vinculados con 11 pueblos indígenas. Aunque Radio Miraflores informó sobre la participación de 1500 mineros en la consulta pública de una nueva Ley de Minas, el informe señala que no localizó un registro público que demostrara la realización de consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas potencialmente afectados.
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