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FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario de la Cruz Roja Venezolana tras intervención

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A través de un comunicado, la Federación Internacional de la Cruz Roja expresó que su prioridad “es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país”

 

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.

“Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria”, señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.

La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y “entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios”.

“La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello”, se lee en la nota.

“Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas”, agregó la federación.

Independencia y transparencia 

La ONG Control Ciudadano pidió a la junta “ad hoc” de la Cruz Roja venezolana, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras intervenir, el pasado 4 de agosto, la organización internacional humanitaria en el país, que garantice la “transparencia” y el respeto a los “principios de independencia y neutralidad”.

En un comunicado, la ONG pidió que este proceso de intervención genere “una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución”.

Estos cambios, prosiguió, “pueden y deben hacer compatibles los principios de independencia y neutralidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de libre asociación en una sociedad democrática”.

Además, Control Ciudadano mostró su alarma por lo que consideró “el uso reiterado de la judicialización para la intervención de entes societarios no estatales”, y llamó la atención ante “cualquier intento” de utilizar el caso de la Cruz Roja como precedente para intervenir de manera “indiscriminada” otros “entes asociativos independientes”.

Aseguró que la investigación y sanción a responsables de cualquier hecho de “acoso o abuso” que haya tenido lugar dentro de esta organización, no está reñido con la garantía del debido proceso.

Junta reestructuradora de la Cruz Roja

La Cruz Roja Venezolana anunció que siete personas conformarán la junta reestructuradora ad hoc que sigue a la intervención del organismo tras sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

Aseguraron que esta junta solicitará el acompañamiento  del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la intención de  «crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses».

Los integrantes serán Ricardo Cusanno, empresario venezolano que fue presidente de Fedecámaras y quien se anunció desde el día uno de la intervención como quien presidirá este grupo reestructurador.

Le acompañarán la recientemente electa vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, quien fuera coordinadora académica de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios, exdirectora de la Escuela de Bioanálisis y quien posee estudios de PHD en Bioquímica. 

Otro nombre que figura en la lista es el del esgrimista, medallista olímpico y exdiputado oficialista Rubén Limardo, quien es presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima, según la información publicada en la cuenta de la Cruz Roja. Limardo ganó oro en esgrima en Londres 2012 y luego en 2015 fue electo como diputado suplente del estado Bolívar por el PSUV a la AN que controló la oposición.

 

Se suman al grupo Alberto C. Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa y Fundador de Proyecto Alcatraz: “La familia Vollmer donó en 1938 los terrenos donde fue construida la sede actual de la Cruz Roja Venezolana y ha sido partícipe de distintas iniciativas que han favorecido la organización”, se detalla en la nota de prensa sobre esta junta. 

Cierran el grupo de siete el cardiólogo Juan Simón Muñoz, director del Servicio de Hemodinamia del Instituto Médico La Floresta, Clínica Rescarven y Clínica Vista California;  Jhoanna Pantoja, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela y voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra a quien presentan como experta en primeros auxilios y programas anticonceptivos.

Con información de EFE

El sindicalista Reynaldo Cortés exige al Estado que le permita recibir atención médica

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En una misiva, uno de los seis sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión exigió al gobierno que le permita recibir atención médica para su discapacidad visual, enfermedades circulatorias y respiratorias, hernia inguinal y espasmos musculares
“Responsabilizo a Tarek Wiliam Saab y a todo el régimen de Maduro de mi integridad física y mental, así como de la seguridad de mi familia”, agregó

 

A través de una carta hecha pública este 9 de agosto de 2023 el sindicalista Reynaldo Cortés, uno de los seis condenados a 16 años de prisión, exigió al gobierno que le permita recibir atención médica, debido al avance de las distintas enfermedades que padece.

Tras exponer detalladamente cuáles son esas condiciones y cómo la prisión las agrava, exigió al Estado que lo mantiene encarcelado “injustamente” que permita su traslado a los centros, así como acceso a las consultas, operaciones, medicamentos, insumos e instrumentos médicos especializados y general para atender sus padecimientos.

“Después de un año en prisión, el deterioro físico empieza a manifestarse de forma natural. Es así como hoy día se evidencia un avance en mis discapacidades visuales y alteraciones en la retina ante el daño que tienen mis anteojos. A esto se le suman dolencias circulatorias; afectaciones respiratorias que han producido una tos perenne que impacta sobre una hernia inguinal que debe ser operada; afecciones en la piel y odontológicas; y, finalmente, he venido presentando espasmos neuromusculares”, se lee en la misiva que se publicó en el sitio web de Bandera Roja

Cortés responsabilizó por sus daños al exjuez José Mascimino Márquez, a los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza, a quienes tildó de “autores intelectuales” de su detención arbitraria. Señaló también a la jueza Grendy Duque y al fiscal Alirio Mendoza, a quienes señaló de presidir un juicio y condena “que nunca se debió realizar”.

“Finalmente, responsabilizo al fiscal Tarek Wiliam Saab y todo el régimen de Maduro de mi integridad física y mental, así como de la seguridad de mi familia”, agregó.

Pide a la comunidad internacional intervenir

Cortés, quien es secretario general del Comité Político Regional de Bandera Roja-Guárico y representante de la CTV–Guárico, consideró que ante la falta de instituciones que garanticen los derechos humanos en Venezuela, es vital exhortar a la comunidad internacional  para que se aboque al caso.

En ese orden de ideas pidió a la ONU, OEA, OIT Y CSI a ser “vigilantes y diligenciar en lo correspondiente para garantizar” sus vidas. 

Asimismo, instó a todo el movimiento “laboral revolucionario, socialdemócrata y socialcristiano nacional e internacional” a la “movilización y solidaridad”.

“Exhorto a los trabajadores venezolanos, a la clase obrera, a los campesinos, a mantener la lucha por salarios dignos, a enfrentar el exterminio de los jubilados y pensionados y combatir la neo-esclavitud laboral dirigida por el Régimen de Maduro”, expresó.

 

El sindicalista condenado a 16 años de prisión hizo votos porque se restablezca la democracia en Venezuela y porque se constituyan comités por la libertad de luchadores sociales y presos políticos.

“Desde los calabozos de la dictadura seguimos firmes moralmente, dispuestos a luchar en esta trinchera con la alegría de reconstruir Venezuela. Seguimos con los mismos sueños de siempre de construir un mundo mejor. No es poca cosa, pero mientras existamos estaremos allí en la primera línea del combate político”, concluyó en su carta.

CIDH rechazó las sentencias

El pasado 2 de agosto, el  Tribunal Segundo en funciones de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a Reynaldo Cortés junto a  los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco y Néstor Astudillo.

En un escrito que hizo llegar al medioaliado Tal Cual la portavoz de la Oacnudh, Marta Hurtado, se dejó por sentado que la oficina del alto comisionado «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales».

Recordó la portavoz en comunicación con Tal Cual que la preocupación contra la criminalización contra defensores de DDHH en el país ha sido denunciada en varias ocasiones, entre ellas en el último informe sobre la situación venezolana que presentó Volker TüRK el pasado 3 de julio. 

Condena superior a la de homicidas

En un trabajo de Runrun.es, tras la comparación de sentencias, se determinó que las condenas de 16 años de los sindicalistas apenas es un año menor a la  impuesta a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien purga una pena por delitos de asesinato, robo de residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por haberse fugado de la cárcel de Tocorón. Guerrero es señalado además de ser operador de la megabanda del Tren de Aragua. 

La defensa de los sindicalistas sentenciados afirma que las únicas pruebas promovidas en el juicio fueron unas capturas de pantalla y mensajes en la red social conocida antes como Twitter.

La condena de 16 años de este grupo de sindicalistas y defensores de DDHH es también mayor a la  Isaac Molleda Zárraga, condenado a 15 años de prisión por el asesinato del periodista Javier García el 14 de junio de 2008; es igual a la de Jean Manuel Montilla, sentenciado a 16 años de cárcel por el homicidio del actor Yanis Chimaras el 24 de abril de 2007 y superior a la de  Larry Tovar Acuña, condenado a 13 años de confinamiento en 1998 por participar como testaferro de un cártel colombiano que trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos.

 

Sentencia de sindicalistas casi iguala a la del “Niño Guerrero” 

 

Provea: Situación de pueblos indígenas de Venezuela es crítica

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En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Provea consideró que en Venezuela no hay nada que celebrar, pues la situación de estas comunidades es crítica
Presión de proyectos extractivos, falta de políticas públicas y presencia de gobernanzas criminales híbridas en territorios ancestrales afectan a indígenas venezolanos
Romel Gumazana, diputado a la AN de 2015, denunció que cada día se viola la soberanía “cuando los guerrilleros de las FARC entran a nuestros territorios sin permiso alguno y hacen desastres con las comunidades indígenas”.

Foto:  Fritz_A_Sanchez

 

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas en Venezuela siguen deteriorándose, alertó este miércoles, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONG Provea, que señaló como principales causas la “falta de políticas públicas”, la “presión de los proyectos extractivos” y la “presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales”.

“La situación de los pueblos indígenas de Venezuela es crítica. Los derechos humanos de estos pueblos están siendo violados de forma sistemática y las condiciones de vida se deterioran rápidamente. El Estado venezolano debe tomar medidas urgentes para garantizar la vida y la seguridad de estos pueblos. Los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar en Venezuela”, aseguró la organización.

Señaló que, actualmente, hay un conjunto de factores que afectan a sus condiciones de vida, entre ellos la “deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión de territorios, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados”.

Indicó que, desde que el Ejecutivo “promulgó el decreto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, en 2016, se profundizaron las consecuencias de la minería en la vida de los indígenas”.

En este sentido, Provea afirmó que en los estados  Bolívar y Amazonas y el segundo también con Colombia- se evidenció una “mayor hegemonía de la minería, a través del auge de grupos criminales que controlan la actividad, dejando saldos mortales”.

La ONG aseguró que, en 2022, “continuó la migración forzada de los indígenas warao hacia Brasil y Guyana” en el estado Delta Amacuro (noreste), mientras que, en la región petrolera de Zulia (noroeste, fronteriza con Colombia), “se incrementaron los conflictos territoriales” entre indígenas y “grupos irregulares”.

https://twitter.com/_Provea/status/1689245507342737408?s=20

Sin ayudas sociales

Romel Guzamana, diputado a la AN de 2015, denunció el desamparo de las comunidades indígenas durante los años de gestión chavista.

“No llega ningún tipo de beneficio social y están desamparadas por más de 22 años (…) es un deterioro social, tanto en su dignidad, no son atendidas por nadie y la ayuda humanitaria no ha llegado. Hay falta de medicinas, hospitales, empleo, alimentación y de un estatus digno, como establece la Constitución”, sostuvo. 

Agregó que cada día se viola la soberanía “cuando los guerrilleros de las FARC entran a nuestros territorios sin permiso alguno y hacen desastres con las comunidades indígenas”.

“Y los militares, en lugar de cuidarlos, lo que hace es entregarlos a las fuerzas irregulares”, resaltó. 

 

https://twitter.com/VoluntadPopular/status/1689349943046115329?s=20

Con información de EFE 

 

La hora de la unidad sindical y gremial

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La retórica no se compadece con la amargura que sufren los trabajadores. Por tanto, no es justificable la división entre la dirigencia sindical y gremial ante la dictadura

 

@froilanbarriosf

Recientemente, un tribunal emitió una sentencia condenatoria el martes 1 de agosto en Caracas, condenando a 16 años de prisión a 6 sindicalistas por “conspiración y asociación para delinquir”. Esto refuerza la percepción de un Estado policial en Venezuela, similar a las dictaduras de Cuba y Nicaragua en nuestro continente.

La respuesta de las ONG de derechos humanos ante esta acción criminal del Estado venezolano fue notable, especialmente el comunicado de PROVEA: “Rechazamos la brutal condena de 16 años” a los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.

Esta acción brutal del Estado refleja la soberbia del poder ante la comunidad internacional, al despreciar las gestiones de la OIT en 2022 y 2023, que envió delegaciones al país para promover el Foro del Diálogo Social. En tal instancia se firmaron compromisos con las organizaciones sindicales y empresariales en torno al reconocimiento de la libertad sindical y al salario digno.

Además, desestima los informes del Comisionado de DDHH de la ONU y las decisiones de la Corte Penal Internacional que instan al respeto de los derechos laborales, la integridad física y la libertad de los presos políticos.

Se enciende la pradera

¿Por qué Maduro refuerza su autoritarismo? Simplemente por verse atosigado por la amarga realidad expuesta por el OVCS en su informe anual 2022. Esta institución registró 7032 protestas en ese año, unas 20 diarias en promedio, incluyendo 3185 protestas laborales, casi el 45 % del total. Hubo un aumento del 7 % en comparación con el 2021, cuando se contabilizaron 6560 protestas.

La procesión continúa. En 2023, las protestas siguen aumentando con 4351 entre enero y junio, un incremento del 11,79% en comparación con el mismo período de 2022, cuando se contabilizaron 3892 manifestaciones, según el OVCS.

El informe señala que, en el primer semestre de 2023, “los derechos laborales fueron exigidos en 3112 oportunidades”, representando el 72 % del total de demandas ciudadanas ocurridas en este lapso.

Es evidente que Maduro y el gobierno necesitan controlar las protestas laborales, amenazando a quienes se atrevan a protestar con cárcel y fabricando cargos falsos que amedrenten las protestas extendidas en estados y regiones.

En resumen ¿cuáles son las exigencias de los trabajadores? salarios “dignos y suficientes”, ya que el monto fijado por el Ejecutivo es menos de cinco dólares mensuales. Los jubilados y pensionados se sumaron a estas quejas, participando en unas 616 protestas junto con trabajadores activos para exigir “la garantía del derecho a la seguridad social”.

La mayoría de los trabajadores sufre en carne propia la villanía de un régimen que los desprecia y manipula como propaganda ante el mundo, al señalarlos como víctimas de las sanciones, cuando en realidad son rehenes de una tiranía que los condena a la pobreza como política de Estado.

Por un espacio sindical unitario

Esa capacidad de resistencia de los trabajadores no percibe señales claras, en sus dirigentes sindicales y gremiales, de unirse ante la tragedia continuada que precariza su condición de vida. La situación amerita concretar una amplia y sincera unidad de centrales y corrientes sindicales con gremios profesionales. No solo con remitidos, poses y ruedas de medios de comunicación, sino tomando la calle para exigir la libertad de los sindicalistas presos, mejores salarios y contratos colectivos dignos.

Los datos de conflictividad laboral señalados por el OVCS resaltan los miles de conflictos laborales ocurridos en 2022 y 2023. Dichos eventos se desarrollaron en forma sectorial, sin la participación colectiva de centrales y corrientes sindicales, lo que resalta la necesidad de explorar un acuerdo de coordinación nacional de conflictos para contrarrestar la brutal ofensiva del Estado venezolano.

La retórica no se compadece con la amargura que sufren los trabajadores. Por tanto, no es justificable la división entre la dirigencia sindical y gremial ante una dictadura que amenaza los derechos laborales y la posibilidad de reconquistar la democracia.

El sindicalismo libre debe verse en el espejo de la oposición venezolana, cuyos dirigentes, por sus errores y egos, no han logrado unirse frente al régimen. Es una obligación concretar la unidad en el mundo laboral ya que los trabajadores representan el sector social que más ha sufrido las consecuencias de la tragedia nacional.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

En UPEL Aragua trabajan por condiciones para que haya elecciones de autoridades y cogobierno

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En la institución no se celebran elecciones desde el año 2015. Tanto entre los estudiantes como en los profesores hay ánimo y ganas de reactivar los procesos electorales
Según denuncian voceros estudiantiles de la UPEL Aragua, la Comisión Electoral Estudiantil no ha podido concretarse aún porque dirigentes chavistas que están en ella “no quieren contarse ni realizar elecciones”

 

La Universidad Experimental Libertadores (UPEL) en Aragua está organizándose para que se puedan llevar a cabo las elecciones de cogobierno, que no se celebran desde el año 2015.

El movimiento estudiantil ha trazado una hoja de ruta en la que la movilización y las actividades universitarias juegan un rol crucial, comenta Alejandro González, representante estudiantil ante el Consejo Directivo y Coordinador del MIU 31, quien además es aliado de la organización Todos por la Educación

En nota de prensa que hicieron llegar a este medio, explican que buscan enseñarle a las nuevas generaciones de estudiantes de qué va el proceso electoral dentro de las universidades.

“Es que no han vivido nada de procesos electorales, incluso no conocen de qué va la política universitaria y me atrevería a decir que el sentimiento generalizado es muy de liceísta, en donde no existe la representación estudiantil, sino que todo se canaliza de un modo más administrativo”, comentó.

Crear las condiciones 

El vocero comentó que para que se concreten las elecciones se deben  crear las condiciones, que hoy no existen. Pero resaltó que tanto entre los profesores como en los estudiantes hay emoción y ganas de reactivar los procesos electorales que permiten destrabar el sistema universitario.

Gabriel Díaz, miembro de la Comisión Electoral y representante de Todos por la Educación en Aragua, expresó que durante su recorrido por los salones de la UPEL para explicar el proceso a venir notó mucha receptividad por parte del estudiantado: “Les informamos para qué es una Federación y la importancia de representación electa, y cuando tú explicas, los ves motivados”.

La realidad es tan seria, según describen, que ya no queda en las aulas ningún estudiante que haya votado, además de que una buena parte de esa población huyó del país, bien sea por la crisis o por persecuciones al estar involucrado en la dinámica política-universitaria de la UPEL, expresa Díaz.

En los últimos tres años la UPEL ha vivido una recuperación, en vista del ingreso de buena cantidad de estudiantes, lo cual habla del interés de las juventudes por cursar una carrera y abre las posibilidades de revivir los procesos electorales.

Gabriel Díaz considera que la UPEL se encuentra en un buen momento para llevar a cabo todos los cambios posibles por la vía electoral.

Superar las trabas

Salvador Rivas, quien se desempeña como dirigente estudiantil destaca que no se puede olvidar que en el último proceso electoral el Tribunal Supremo de Justicia hizo todo lo posible para entorpecer los comicios o impedirlos

No hace mucho se llevaron a cabo las elecciones de obreros en la UPEL con normalidad, destaca Rivas,  quien espera que pueda haber parecidas condiciones para los procesos venideros.

Las reuniones han sido principalmente con el Consejo Directivo, en donde González es miembro como representante. Sin embargo, la Comisión Electoral Estudiantil no ha podido concretarse aún porque, según denunció, los chavistas que están ahí “no quieren contarse ni realizar elecciones”.

“Estamos a la espera de sentarnos con la coalición chavista para terminar de llevar a cabo la Comisión Electoral”, revela Rivas.

De acuerdo con  Marlena Jhons, coordinadora nacional de la Comisión Electoral de la UPEL, la idea es que las elecciones de cogobierno se hagan al mismo momento que las de autoridades.

Crisis presupuestaria

En la UPEL Aragua hay alrededor de 1.000 estudiantes que podrían participar en el proceso. La crisis presupuestaria es también una realidad latente en esta casa de estudios de superior, como ocurre en todas las universidades del país. 

En declaraciones a Crónica Uno en marzo de 2023, Raúl López Sayago, rector de la UPEL, detalló que de los 1575 millones de bolívares solicitados para el funcionamiento del año solo fueron asignados 302 millones, apenas 17% del total requerido.

Además de insuficiente, el presupuesto no se gira completo sino que se hace por cuotas: “Cuando llega, ya no vale nada”, lamentó.

Pobreza menstrual: mujeres en Bolívar elaboran toallas caseras

Los bajos ingresos económicos dificultan la adquisición de toallas sanitarias pues las mujeres privilegian la compra de alimentos
Muchas mujeres en el país sufren la pobreza menstrual, que según la Organización de Naciones Unidas, es  “la incapacidad de permitirse productos para la higiene íntima femenina”

 

Las mujeres de dos comunidades del municipio Caroní enfrentan la pobreza menstrual durante sus días de de sangrado con la elaboración de toallas caseras.

En lo que es una realidad repetida en todo el estado Bolívar, los bajos ingresos económicos dificultan la adquisición de toallas sanitarias, pues las mujeres privilegian la compra de alimentos. 

Las Morucas, uno de los asentamientos campesinos más alejados ubicados en la parroquia 5 de julio en San Félix, problemas como la falta de asfaltado, ausencia de unidades de transporte público, falta de alumbrado, fallas en la distribución del servicio de agua potable, entre otros, son la constante de cada día. 

En medio de estas condiciones precarias el autocuidado de las mujeres se ve más vulnerado: la falta de transporte les impide trasladarse, no se asean como es debido cuando están menstruando por la escasez de agua, muchas están solas y sin empleos y, debido al alto precio de  los productos higiénicos (jabón, toallas, medicinas), prefieren sustituir las toallas sanitarias por bolsas plásticas, papel sanitario, telas de camisas, sábanas o cartón.

Aumento de precios por fallas de transporte

Una de las entrevistadas microsite  de Mujeres Constructoras de Paz, iniciativa de IPYSve   que recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja, narró las dificultades para trasladarse a comprar toallas sanitarias y cómo las soluciona. 

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por eso y más aquí que el comercio más cercano queda a más de 20 minutos en carro y, a veces, no tenemos pasajes para ir y regresar. Otra cosa es que por aquí las bodegas venden un modes al precio de lo que cuesta el paquete”, narró Diamelis López (18).

En general, el precio de un paquete regular de toallas sanitarias oscila entre 40 a 60 bolívares. En Las Morucas, solo se pueden comprar dos o tres compresas con ese monto. Por eso, las mujeres como López admiten que en una ocasión usó una camisa vieja que estaba limpia y la cortó en tiras para utilizarla en sus días. “No es lo más cómodo, pero es mejor eso que manchar la ropa durante los cinco o seis de la menstruación”, expresó.

4 de cada 10 mujeres sin acceso a productos para higiene mestrual

40 % de un grupo de 936 mujeres encuestadas para el informe “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, reveló que no tenía acceso a productos para higiene menstrual

Otra investigación de Acción Solidaria reveló que 22 % de las mujeres consultadas pausa su vida debido a la menstruación, justamente por no tener insumos para manejar el sangrado mientras están en sus liceos, universidades o trabajos. 

Esto significa que muchas mujeres en el país sufren la pobreza menstrual, que según la Organización de Naciones Unidas, es  “la incapacidad de permitirse productos para la higiene íntima femenina”.

 

Vea el texto completo al hacer clic en este enlace

 

 

ONG y sociedad civil repudian ataques a candidatos a las primarias

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Consideran que “se está gestando un clima de violencia para empañar el proceso de primaria o evitar que se realice” 

 

Unas 20 organizaciones y miembros de la sociedad civil venezolana rechazaron, a través de una carta pública, “los ataques perpetrados contra los candidatos a la elección primaria” de la oposición, prevista para el 22 de octubre.

En el escrito, firmado por nueve organizaciones y 11 personalidades de la sociedad civil, rechazan los ataques contra los precandidatos presidenciales que han tenido lugar en los últimos meses durante sus recorridos en distintas regiones del país y que son, aseguran, “aupados desde las altas esferas del régimen”.

“Las fuerzas democráticas de Venezuela han escogido un camino pacífico y electoral para dirimir las diferencias profundas que existen con quienes ejercen un Gobierno que se dice democrático, pero que mantiene una conducta agresiva hacia quienes piensan distinto y quieren un cambio”, destacó el grupo de firmantes.

Igualmente, manifestó su preocupación porque “se está gestando un clima de violencia para empañar el proceso de primaria o evitar que se realice”.

Citó como ejemplo las acciones del gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, quien ordenó un ataque en contra de la candidata a las primarias María Corina Machado, según denunció ella misma.

Además, el grupo condenó que el diputado Diosdado Cabello use “un canal de televisión del Estado para, semanalmente, alimentar la violencia hacia el proceso de primaria y sus candidatos”.

Ante esto, convocó a la comunidad internacional a que se mantenga “vigilante” del desempeño de la campaña electoral de las primarias.

Machado denunció uso de la FANB para la “persecución política”

La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció este 7 de agosto la incorporación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la “persecución política” contra los candidatos que recorren el país en campaña para las elecciones primarias del 22 de octubre.

“Este es un régimen al que lo que le queda es la violencia, pero ahora, incluso, incorporando o pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave”, dijo en declaraciones a los medios.

Machado, que no precisó si ella fue víctima de la persecución que denunció, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación mantenerse alertas en las “próximas acciones” que pudieran ocurrir en el interior del país, donde se están movilizando los 13 candidatos que aspiran a enfrentarse al chavismo en las presidenciales de 2024.

“La primaria es un camino pacífico, cívico, ciudadano”, dijo Machado, quien enfatizó que los hechos de persecución y amedrentamiento reportados por los opositores en todo el país demuestran que “los violentos claramente son ellos (el chavismo)”.

Amenazas desde Trujillo

El pasado 4 de agosto, Machado acusó al gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, de ordenar un ataque en su contra, luego de que circulara en redes sociales un video que sustenta esta denuncia.

Al término de un acto con todos los candidatos a las primarias, Machado dijo que este gobernador pidió que la sacarán “a coñazos” si visitaba esa región, y aseguró que se trata de “una instrucción que se está repitiendo en distintas partes del país”.

La exdiputada ha sido atacada con gritos y empujones en, al menos, dos ocasiones, durante mítines, por grupos afectos al chavismo.

Con información de EFE