Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, autor en Runrun

Puntos de concentración para la movilización de este #16Nov
En Caracas habrá tres puntos de concentración de la movilización que finalizarán en la Plaza José Martí de Chacaíto

Este sábado 16 de noviembre se llevará a cabo una gran movilización nacional, la cual ha sido convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

A través de las redes sociales se difundió la imagen que marca la ruta de la movilización en Caracas. Los puntos de concentración son los siguientes:

1- Avenida Principal de Bello Monte

2.- Distribuidor Santa Fe

3.- Altamira

Según la imagen, el punto de llegada de la marcha será la Plaza José Martí, ubicada en Chacaíto.

Al respecto de la manifestación, este lunes 11 de noviembre Guaidó expresó: “El 16 de noviembre ya es una victoria de Venezuela porque no nos hemos acostumbrado”.

“Hoy la solución que requiere el país pasa por nosotros, por cada venezolanos, porque todos ejerzamos nuestros derechos en la calle. El 16 de noviembre no es Juan Guaidó que está llamando a la calle, sino toda Venezuela”, dijo Guaidó.

 

Red de Observación Electoral: Ausencia de condiciones democráticas en comicios del #20M amenaza con incrementar clima de conflictividad

 

La Red de Observación Electoral advirtió, por medio de un comunicado, que las condiciones de desigualdad y desconocimiento de normas esenciales en que se celebrarán las elecciones presidenciales y de legisladores  estadales del próximo 20 de mayo, colocan al país ante el riesgo de culminar con unos resultados que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población, lo que redundará con seguridad en el incremento de la división, la discordia y la confrontación que ya existe entre los venezolanos.

Entre las medidas que afectan las necesarias condiciones de equidad, igualdad y  transparencia en estos comicios, el documento destaca el hecho de que las autoridades electorales y de otras áreas han procedido a inhabilitar, utilizando diversos subterfugios con revestimiento legal, a numerosas organizaciones políticas, entre las cuales se cuentan dos importantes partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también a destacados líderes del país que han sido inhabilitados, están presos o se han visto obligados a exilarse, como son Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros. De manera similar, a la alianza MUD ─habiendo sido la alianza electoral más votada en la historia del país─ le fue anulada su tarjeta electoral.

Por otra parte, la ROE afirma que la convocatoria de la elección presidencial y de los miembros de Consejos legislativos estadales, fijada finalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 20 de mayo, obedece a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violatorio de la autonomía y exclusividad que la constitución le otorga al CNE para la convocatoria a elecciones. Por otra parte, esta convocatoria constituye una arbitraria ruptura con la tradición del país, de celebrar elecciones  presidenciales en el mes de diciembre del año en que finaliza el período.

Se cuestiona también que la convocatoria a esta elección se hizo sin la obligatoria publicación del correspondiente cronograma electoral con los lapsos y actividades previstas, como lo ordena la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE), y lo que es más grave, el lapso total dispuesto para su ejecución fue sustancialmente reducido, pasando de los aproximadamente seis meses que acostumbraba asignar el CNE a la organización de una elección, a la mitad de ese tiempo. Esto da lugar a que se incumplan requerimientos indispensables para garantizar la realización de una elección democrática, tales como los lapsos para la escogencia y presentación de candidaturas; los plazos para la actualización del Registro Electoral; la duración de la campaña electoral; los lapsos relacionados con los procesos de sustitución y modificación de postulaciones y con la interposición de recursos en su contra, entre otros.

Por otra parte, agrega el documento, durante el período transcurrido de la campaña electoral ha sido manifiesto  el uso recurrente de recursos del estado para la promoción de la candidatura del presidente-candidato Nicolás Maduro. En términos generales, en actos de campaña, el presidente-candidato participa en jornadas de entrega de viviendas, ofrece bonos y becas, y amenaza con suspender programas sociales si no recibe votos, lo que da a la elección un profundo sesgo amenazante y ventajista a su favor y constituye un ilícito electoral.  

Finalmente, la Red de Observación Electoral advierte que las autoridades electorales, judiciales y de otros poderes del país están en la obligación de librar a la nación de un indeseable escenario de conflictividad, división, discordia y confrontación, que podría verse agravado con unos resultados electorales que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población. Por ello, “les hacemos un llamado a intervenir a tiempo con equidad y sentido democrático para evitarlo”.

 

Actuación de autoridades en elecciones municipales generó desconfianza ciudadana en prácticas democráticas

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En estos comicios fueron particularmente descollantes los procedimientos de intimidación y compra del votante y el uso de recursos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas

El documento considera imperioso que las autoridades electorales intervengan para acabar con la enorme disparidad en el acceso a los medios de comunicación entre los candidatos de una elección

De acuerdo al informe final presentado por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre de 2017, los venezolanos nos encontramos, una vez más, ante un proceso electoral que deja mucho que desear con respecto a la organización de la elección, la equidad de la campaña electoral y el respeto de las normas durante la jornada de votación, entre otras deficiencias.

El documento destaca que la actuación de las autoridades, antes, durante y después de los comicios, no contribuye con el afianzamiento de la confianza ciudadana en las prácticas democráticas, debido a que, en este proceso, al igual que en los que le han precedido, se vienen reiterando elevados niveles de imperfección y de contravención a la ley en los procesos electorales.

La elección se llevó a cabo después de apenas dos meses de haberse celebrado las elecciones de gobernadores, siguiendo una acelerada decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento de un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para la ejecución del cronograma electoral se dispuso de apenas 37 días.

El breve lapso de preparación de la elección llevó a la realización de una campaña de divulgación ostensiblemente insuficiente para dar a conocer a los electores las características del proceso, la forma de votar y la ubicación en la boleta electoral de los candidatos y partidos participantes.

En esta elección, se mantuvo la carencia, ya sufrida en el anterior proceso electoral, de información completa y oportuna sobre el sitio de votación correspondiente a cada ciudadano; en particular, para aquellos que habían sido desplazados de sus sitios de votación habituales en la elección de gobernadores.

Así mismo, el texto señala que, de nuevo fue eliminada el uso de la tinta indeleble, medio utilizado en anteriores elecciones para contribuir a la eliminación la infracción del voto múltiple por un mismo votante.

El informe subraya que, en esta elección fueron particularmente descollantes el recurso a procedimientos de intimidación y compra del votante, a través del control por medio del carnet de la patria y la entrega de bonos y oferta de beneficios, aupados abiertamente desde las más altas instancias del poder, así como el control de los centros electorales mediante la sustitución de los miembros seleccionados por sorteo y el uso de recursos públicos de diversa índole para favorecer a los candidatos oficialistas.

También destaca el hecho de que, durante la jornada electoral hubo declaraciones públicas de altos funcionarios de gobierno en relación con el proceso electoral, que constituyeron flagrantes violaciones de la normativa vigente.

Por estos motivos, el informe considera imperioso que las autoridades electorales intervengan para acabar con la enorme disparidad en el acceso a los medios de comunicación existente entre los candidatos de una elección, en particular con el uso prácticamente exclusivo de los medios públicos por parte de los candidatos del oficialismo, así como para poner coto al uso ventajista de los recursos y los cargos públicos a favor de los mismos.

También señala que debe volverse a lo que era una práctica consolidada del CNE, como es el establecimiento de un lapso suficiente para la organización de las elecciones y el respeto de la norma que establece que las actividades correspondientes a una elección deben cumplirse dentro del correspondiente cronograma (artículo 42 de la LOPRE).

Por otro lado, el documento afirma que la ampliación de la observación internacional, con la inclusión de organizaciones que gozan de amplio reconocimiento como son UNASUR, la OEA y la Unión Europea, contriburía a elevar la confianza ciudadana en los procesos electorales del país, dada la manifiesta polarización reinante.

En este sentido, la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación asegura que, para el logro de la convivencia pacífica y democrática de los venezolanos, es menester que las autoridades electorales y los altos funcionarios públicos se comprometan a garantizar a la ciudadanía la realización de procesos electorales genuinamente equitativos, en los que los candidatos de todas las tendencias gocen de las mismas condiciones y se respeten escrupulosamente las normas que rigen la elección.

Red de Observación Electoral: Imposible considerar elección de gobernadores como expresión fiel de la voluntad ciudadana

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La Red de Observación Electoral de la Asamblea Nacional, acreditada para desempeñar este rol para los comicios regionales del pasado 15 de octubre, refleja en un informe preliminar “un conjunto de irregularidades que han tenido indudable incidencia en el proceso eleccionario, el cual en su conjunto, estuvo signado por tal cantidad y variedad de vicios, que superan con creces los conocidos en elecciones anteriores, lo que hace imposible considerarlas una expresión fiel de la voluntad ciudadana”.

El documento registra que desde antes de la elección el CNE tomó medidas como la ejecución en brevísimo tiempo, sin previa aprobación de un cronograma, de las actividades preparatorias de la elección, con el consiguiente menoscabo de la ejecución de varias de ellas, y la puesta en marcha de importantes procesos, como el de la inscripción de candidatos.

Se cuestiona también la negativa a permitir a los partidos políticos cambiar las postulaciones de candidatos que habían hecho inicialmente, por lo que permanecieron en la boleta de votación candidatos que no estaban participando en la contienda, hecho que generó confusión en los electores y llevó a parte de ellos a perder su voto.

“Esta medida tiene un potencial poder de llevar al desconocimiento de la voluntad de los

votantes. Adicionalmente, a solo tres días de la jornada electoral, el CNE llevó a cabo reubicaciones de un apreciable número de centros de votación, ocasionando dificultades de diversa índole a muchos electores, que van desde la ubicación del sitio donde le correspondía votar, hasta problemas de transporte, seguridad y de excesiva aglomeración de personas en espacios reducidos e incómodos, que generaron grandes colas. Más aún, los electores afectados no contaron con información apropiada y oportuna sobre los cambios realizados por parte del CNE”.

Según la Red de Observación Electoral las reubicaciones afectaron a unos 700.000 electores, con significativa concentración en los estados Miranda, Mérida, Aragua, Carabobo y Lara.

Destaca que durante el período de campaña electoral fue pública y notoria la utilización de recursos públicos en actos proselitistas a favor de los candidatos del oficialismo, lo que generó un ambiente para la celebración de la jornada electoral del 15 de octubre con un marcado sesgo.  

 

Incidencias más resaltantes de la jornada

Durante el ejercicio de la observación, los miembros de la Red reportaron irregularidades de diversa índole, como la compra de votos en la puerta de los centros para que estos permitieran ser asistidos en el acto de sufragio, la desmedida aglomeración de votantes en algunos centros lo que originó largas colas y el ejercicio del voto con documentos de identificación distintos a la cédula de identidad, como ocurrió con el carnet de la patria.

En el informe se indica que en el 16% de los centros se irrespetó la normativa del voto asistido, y que se observó violencia e intimidación por parte de grupos que se identificaban como colectivos amedrentando a votantes y medios de transporte que movilizaban votantes de centros eliminados a los centros reubicados.

Agrega la Red varios datos resaltantes:

  • Hechos de violencia se presentaron en el 60% de los centros observados.
  • En un 44% de los centros se reportó que el escrutinio no fue público y en algunos casos no se realizó el sorteo de las mesas para la verificación ciudadana.
  • En el 35% de los centros las mesas se constituyeron con miembros accidentales que tuvieron dificultades en el desempeño de sus funciones.
  • En al menos el 53% se había iniciado el proceso de votación antes de las 7 de la mañana.
  • En un 39% se detectó que no había testigos debidamente acreditados de los distintos partidos. Parte de este porcentaje es producto de que los testigos fueron expulsados o no les permitieron la entrada a la mesa de votación.
  • En el 58% de los centros observados, la hora de cierre fue posterior a las 8:00 pm, a pesar de que en varios de ellos no había votantes en cola.
  • En un 44% de los centros el escrutinio y la validación ciudadana no fue un acto público.

 

Por otra parte, se reportaron problemas de energía en Amazonas, Aragua y Miranda, afectando al menos al 1% de los votantes a nivel nacional. En varios centros fallaron también las baterías de las máquinas de votación previstas para el suministro de energía en casos de emergencia.

La Red recibió reportes de varios centros con máquinas dañadas y gran retardo en su sustitución. Esto provocó considerables lapsos de interrupción de la votación (de hasta más de tres horas en algunos casos) en esos centros.

La Red señala como otra irregularidad que a las 6:13 pm, antes de que el CNE informara al país los resultados de las elecciones, el presidente Nicolás Maduro, acompañado del alto gobierno, incluyendo el estamento militar, declaró en Venezolana de Televisión dando cifras de participación de 61,4%, más de 10 millones de votantes, y dio como ganador al oficialismo en 17 gobernaciones (75% de los votos de todo el país).

Se cuestiona en el documento que para la observación nacional fueron autorizadas solo dos organizaciones (Proyecto Social y la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación), a diferencia de elecciones pasadas donde fueron acreditadas cinco organizaciones, restando fuerza a la importante observación nacional.

También resalta el informe que los procesos de observación tuvieron trabas y dificultades, como la entrega tardía de credenciales, lo que imposibilitó la presencia de observadores a varios centros, así como el desconocimiento y el retiro de representantes de las entidades que había logrado acreditarse en este rol.

Red de Observación Electoral: Denuncia de Smarmatic demuestra que hay incongruencia entre la votación real y la anunciada

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La denuncia de Smarmatic demuestra que hay incongruencia entre la votación real y la anunciada por el organismo. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país.

La realización el pasado domingo 30 de julio del evento electoral para la escogencia de una Asamblea Constituyente, convocado por el Gobierno Nacional sin cumplir con el requisito constitucional de consultar al pueblo mediante referéndum, constituye un grave paso hacia la destrucción del sistema democrático en el país. Numerosas irregularidades que atentaron contra la seguridad del voto fueron cometidas en esta jornada: ausencia de testigos, total alteración del sistema de votación tradicional, eliminación de los procedimientos para evitar el voto múltiple, la no verificación del padrón electoral, son solo algunas de las anomalías observadas.

Así lo advirtió la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación en un comunicado público, en el cual mencionan que, en virtud de lo anterior, esta organización decidió no realizar la observación formal de dicho proceso, pero señala que, a través de testimonios y apreciación de sus observadores en todo el país, fuentes públicas de información y redes sociales, identificó las manifestaciones que considera más resaltantes de esta jornada electoral.

“No obstante ser un acto de naturaleza enteramente civil, el mismo fue anunciado oficialmente a los medios, el día anterior a la votación, por efectivos militares, arrogándose éstos una atribución que es competencia por ley del Consejo Nacional Electoral. Sin necesidad de mayores argumentos, el carácter castrense del anuncio le imprimía un sesgo conminatorio a la convocatoria, especialmente por no haber contado la misma con el requisito de aprobación por una mayoría del pueblo venezolano”, refiere la Red.

En correspondencia con lo anterior, “observamos el día domingo una toma militar del país, exagerada e innecesaria en condiciones normales, que extralimitaba la función que se le asigna habitualmente al llamado Plan República, en resguardo de la integridad de los centros de votación. Otra evidencia de una inusual militarización del país para un acto de votación. En días previos y durante la misma jornada de votación, a través de las redes sociales y por testimonios personales, pudimos constatar cómo empleados y obreros de organismos y empresas del sector público, eran conminados por sus supervisores y ejecutivos a participar en la votación, bajo amenazas que ponían en juego su estabilidad laboral”.

Como credencial de identificación se incorporó en esta oportunidad una pieza no prevista en la legislación electoral, llamada “Carnet de la Patria”, la cual, por declaración pública del propio Presidente de la República, permitiría conocer “para toda la vida” quién había cumplido con el voto exigido por el gobierno nacional. “Evidentemente, otro instrumento conminatorio”, indicó la ONG.

Un elemento de opacidad del proceso para la opinión pública fue la extensión por el CNE de la zona de seguridad alrededor de los centros de votación hasta los 500 metros, obstaculizando de esta manera el libre acceso a los medios de comunicación.

Explica esta organización de observación que “por ser una votación de carácter nacional y de acuerdo con la legislación electoral, los venezolanos residenciados en el exterior, tenían derecho a participar, cumplidos los requisitos de registro electoral. En esta ocasión fueron arbitrariamente excluidos. Asimismo, los días previos al este evento se evidenció una ocupación abusiva e ilegal por parte del gobierno de los medios de comunicación en cadena nacional, para llamar a la participación y promover el voto por los candidatos identificados con el sector oficial, los únicos en esta ocasión”.

Como consecuencia del clima de crispación social que antecedió la convocatoria de esta jornada electoral, “originado por su naturaleza irregular e inconstitucional y por el desmedido despliegue de fuerza pública, así como la actuación de cuerpos paramilitares, más de diez venezolanos murieron en las calles, centenares resultaron heridos o presos, hogares fueron atacados e invadidos y hubo represión generalizada contra civiles en prácticamente todos los centros poblados del país. Este domingo 30 de julio de 2017 quedará registrado como la jornada electoral más violenta y sangrienta de nuestra historia republicana”.

Afirma la Red de Observación Electoral que a lo largo del horario establecido para la votación pudo observar por testimonios de colaboradores, medios públicos y redes sociales, una menguada participación de electores, muy inferior a la de cualquier acto de votación nacional reciente. De esa apreciación de la afluencia a los centros de votación infieren una notable incongruencia con la cantidad de participantes que anunció el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, “estimaciones realizadas con métodos estadísticos, verificados en numerosas elecciones de los últimos años, nos revelan una discrepancia enorme con las cifras oficiales”.

Esto queda reforzado con el anuncio que acaba de realizar este miércoles 2 de agosto Smartmatic, encargada del proceso automatizado electoral, en el cual se señala que lo anunciado por el CNE supera en por lo menos un millón de votos a la participación registrada por esta empresa, lo cual demuestra que hubo una grave manipulación.

Para concluir, el comunicado expresa que “con la realización de la inconstitucional elección de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno nacional ha elegido, para desgracia del pueblo venezolano, la vía de la confrontación, la violencia y la represión. Ayer mismo se han dado muestras de la escalada represiva que amenaza al país, con el regreso a la reclusión en calabozos de dos líderes opositores, el Alcalde Metropolitano electo Antonio Ledezma y el dirigente Leopoldo López, quienes cumplían arresto domiciliario, y dos días antes, la destitución y el arresto del alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos. Un penoso camino de lucha por el restablecimiento de la democracia espera a la nación. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país”.

Red de Observación Electoral: “CNE carga con la responsabilidad de dirigir al país por una vía de confrontación violenta”

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Para la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, “el derecho al voto está bajo grave amenaza en Venezuela. Una grave responsabilidad de este deterioro corresponde al CNE, un poder independiente del Estado que tiene el deber de preservar el derecho de los ciudadanos al voto, que ha permitido, faltando a su obligación, la violación flagrante de las normas que protegen este derecho. El CNE carga con la inmensa responsabilidad de dirigir el país hacia una vía de confortación violenta, al cerrar el camino constitucional, civilizado y pacífico para dirimir las diferencias políticas como es el voto universal, directo y secreto”.

 

En comunicado dirigido a la opinión pública, la Red hace un repaso de los últimos acontecimientos que involucran decisiones del CNE que vulneran derechos ciudadanos en materia electoral:

 

“Desde finales del año 2016 el derecho del voto ha sufrido en Venezuela un alarmante deterioro. Primero fue la suspensión del proceso de referéndum revocatorio basada en la intervención de jueces sin competencia en materia electoral. Luego el desconocimiento de los diputados del estado Amazonas por parte del TSJ, que a su vez condujo al desconocimiento de la Asamblea Nacional . Después  la no realización en 2016 de las elecciones regionales, que ahora se anuncian para diciembre del 2017, con lo cual se prorroga ilegalmente un año el ejercicio de los gobernadores en función. Y últimamente la ilegal e inconstitucional convocatoria por parte del Presidente de la República de una ANC para una reforma la Constitución, aunque de hecho propone una sustitución de la existente. El CNE aceptó la convocatoria y fijó el mes de julio para su realización, obviando la obligatoria consulta al soberano que manda la Constitución”.

 

Indica esta ONG en su comunicado que “tanto la Fiscal General de la República, como dos magistrados del TSJ han presentado públicamente objeciones a la propuesta presidencial de la ANC, que ha recibido también sustanciales críticas de reconocidos juristas.

 

La Red advierte que “con base en una artificiosa argumentación, el TSJ, en reciente sentencia relacionada con el poder municipal, excluye el principal instrumento de participación política ciudadana como es el voto directo, introduciendo la elección de segundo grado para las Juntas Parroquiales, con lo  cual abre la posibilidad del voto indirecto, en reemplazo del sufragio directo que establece la Constitución”.  

 

Añade que “mención especial al respecto merecen las bases comiciales entregadas por el Presidente de la República al CNE y aprobadas por éste en las que se sustituye el voto universal directo y secreto, donde a cada ciudadano corresponde un voto, por una elección por sectores que ha sido de uso frecuente bajo regímenes dictatoriales en algunos países”.

 

Indica la Red de Observación Electoral que “se introduce la regionalización del voto por municipios, ignorando los criterios de la representación con base en la población que establece la Constitución, lo que lleva a una enorme disparidad del peso del voto entre los municipios, en detrimento de los municipios con más habitantes. La presentación hecha por la presidenta del CNE, valora como solución a la crisis del país la propuesta de ANC, cuando es evidente su carácter sesgado y excluyente del sector político opositor, deja en entredicho tanto la imparcialidad a la que está obligada, como su responsabilidad con el país”.

Al aceptar propuesta de Constituyente CNE continúa violación del derecho al voto

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La aceptación de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por parte del CNE constituye un elemento más de distracción de su deber principal de organizar y realizar los diversos eventos electorales pendientes. Por lo tanto “exigimos al CNE que de inmediato presente al país un cronograma electoral para dichos eventos”, expresó la Red de Observación Electoral en un comunicado difundido hoy desde su sede en Caracas.

 

Ante la grave crisis política que vive el país que ha generado ya un lamentable saldo de fallecidos, en su mayoría jóvenes, debido en gran medida al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos represivos del Estado, la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación se siente en el deber de “llamar a las autoridades electorales al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.

 

Varias son las situaciones en las que ha sido vulnerado este fundamental derecho: el desconocimiento de los diputados indígenas electos y proclamados en el 2015; el bloqueo del proceso de referéndum revocatorio presidencial; la no realización en su debido momento de las elecciones regionales y el desconocimiento por otros poderes del Estado, de la Asamblea Nacional que es producto del voto ciudadano. Hechos todos violatorios de la Constitución, señalaron.

 

“En respuesta a esta aguda coyuntura que vive el país, el presidente de la República ha convocado mediante decreto la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha convocatoria resulta contraria a la Constitución pues el Presidente solo tiene la potestad de proponer la iniciativa, el poder de convocarla reside únicamente en el pueblo soberano. Adicionalmente, para la elección de los constituyentes, con el decreto se pretende adoptar una votación por ámbitos sectoriales y territoriales lo que viola el principio de universalidad del voto establecido en la Carta Magna”, señala el documento.

 

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en calidad de defensores del voto ciudadano insiste en el llamado a las autoridades electorales “al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.