La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias
La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano.
El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país.
«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.
La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.
«El Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos «, afirmó Francisco Cox, miembro de la Misión de Investigación.
«De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes», dijo Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora.
«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», afirmó Valiñas.
