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Back to the future

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Lo que uno sí puede hacer es decidir cómo lidia con el pasado y parece que negarlo, suprimirlo o declararlo ilegal es la opción menos acertada. Como dijo Lord Byron: «El mejor profeta del futuro es el pasado».

 

@laureanomar

El tiempo es lo único que no se puede apresar. No hay autoridad humana capaz de detenerlo, devolverlo ni trastocarlo. La ciencia ficción ha especulado siempre con viajes a tiempos pretéritos, pero sabemos que es lógicamente imposible, porque su linealidad es irreversible. Lo contrario sería intervenir la historia con lo cual cambiaria también el futuro de quien viaja al pasado para alterarlo, lo cual termina siendo un oxímoron. De todas maneras, Rosa, como divertimento y como juego es siempre interesante. Podemos siempre volver con la imaginación a las etapas primarias de la humanidad. Uno de mis sueños irrealizables, por ejemplo, es viajar a la prehistoria, antes de la invención del fuego y solo dejarle un yesquero a un antepasado y enseñarle su uso, para luego regresar a mi tiempo a ver qué consecuencias produjo ese solo detallito. Muchas otras inquietudes podrían plantearse: ¿qué habría sido Alejandro Magno con tanques de guerra?, ¿de Julio Cesar con chaleco antibalas?, ¿de Constantinopla con un portaviones anclado en el Cuerno de Oro? En fin, las posibilidades son infinitas. Pero definitivamente los viajes al pasado son imposibles de realizar, también en política.

Hay gente que vive en el pasado, es decir, su presente queda tan marcado por momentos que ya transcurrieron, que no pueden librarse de ellos en el desempeño de su vida, viven, pues, en permanente introspección retrospectiva. Otros traen al presente previsiones del futuro y viven como si esas presunciones ya fuesen un hecho consumado. El miedo al futuro puede ser paralizante y la negación del pasado nos puede conducir a decisiones erráticas.

La negación es, según los psicólogos, un mecanismo de defensa consistente en negar o restar importancia a las situaciones conflictivas o amenazantes. Se afronta el pasado como si ciertos hechos nunca hubiesen existido, lo cual pone en evidencia la ansiedad y el miedo que tales hechos producen en sus negadores, incapaces de asumirlos y afrontarlos. Al omitir la realidad, el afectado por sus resultados adversos, cree poder cambiar lo sucedido, pero no es así.

El hecho es que uno no puede cambiar los sucesos del pasado. El refranero está lleno de dichos que nos lo recuerdan: «llorar sobre la leche derramada» o «tarde piaste pajarito», por citar un par de ejemplos. Lo que uno sí puede hacer es decidir cómo lidia con el pasado y parece que negarlo, suprimirlo o declararlo ilegal es la opción menos acertada, porque como dijo Lord Byron: «El mejor profeta del futuro es el pasado».

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Inaesin exhorta a una política salarial concertada

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León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales, sostuvo que los venezolanos van para dos años con un salario mínimo de 130 bolívares, poco menos de cuatro dólares mensuales, el más bajo de la región   

 

En marzo de 2024 se cumplirán dos años de que el Gobierno de Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en 130 bolívares, es decir, el pueblo venezolano tiene 18 meses lidiando con un sueldo que actualmente representa menos de cuatro dólares mensuales.

El pasado 1 de mayo de 2023, Dia del Trabajador, Maduro se limitó a aumentar los bonos que no tienen incidencia en los pasivos laborales y dejó estático el insuficiente sueldo de Bs. 130. Desde entonces no ha profundizado en un eventual incremento salarial y como es costumbre culpa de la hecatombe económica en Venezuela a la sanciones, que fueron flexibilizadas luego de la firma de acuerdos con la Plataforma Unitaria en Barbados.

A propósito de esto, León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), sostuvo que es perentorio concertar una política salarial para que pueda recuperarse el valor del trabajo.

“Mantener congelado el salario mínimo hasta su casi desaparición, así como incrementar el monto del denominado cesta ticket Socialista y el bono de guerra de los trabajadores del sector público, sin que existan medidas eficaces para controlar la inflación y fomentar la actividad productiva, no da respuesta al problema de fondo”, dijo León Arismendi.

El experto en materia sindical indicó que sostener esas condiciones es darle continuidad a una misma política salarial unilateral.

“Espasmódica e incoherente que ha conducido a la merma alarmante del poder adquisitivo de la remuneración, de las pensiones y, en general, a la pérdida del valor del trabajo”, sentenció.

León Arismendi aseveró que la imposición por parte del Estado de un sueldo mínimo miserable por casi dos años explica la fuerte caída del consumo y la alta conflictividad laboral existente en el país. 

“Los trabajadores no tienen un solo estímulo distinto a la sobrevivencia para cumplir con sus labores. No es casual que más venezolanos engrosen las filas de los que se van a otros países en busca de mejores condiciones de vida”, dijo León Arismendi.

El director de Inaesin indicó que es necesario recuperar el valor del trabajo como eje fundamental de la política económica.

“El país necesita con urgencia una política salarial concertada. No es con insultos al imperialismo ni evadiendo responsabilidades propias como deben abordarse los cambios que el país requiere”.

El directivo resaltó que es indispensable diseñar una política para la progresiva mejora del salario, teniendo como premisa principal la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias.

“Hay que tomar en cuenta variables como la inflación, la paridad cambiaria, el costo de la canasta básica, el promedio de las remuneraciones en el sector público y privado, el presupuesto nacional, la productividad de las empresas y su capacidad de empleo. En fin, datos suficientes y actualizados que faciliten la toma de decisiones y su seguimiento”.

Arismendi lamentó que el Gobierno, en lugar de aprobar un método para la fijación del salario mínimo y cumplir el Convenio N° 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), insista en su política unilateral y arbitraria.

 

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¿Suspensión de los “efectos” de las primarias o dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado?

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Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no

 

Un análisis realizado por el portal Suprema Injusticia (SI), iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, reseñó que la decisión que suspende “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la comisión nacional de primarias”, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), busca dejar claro la inhabilitación de María Corina Machado.

Suprema Injusticia indicó que en julio y agosto, el TSJ rechazó tres acciones que buscaban anular la cuestionada inhabilitación que la Contraloría General de la República (CGR) le impuso a la ahora candidata presidencial de la opositora Plataforma Unitaria.

“Las tres decisiones anteriores son de la Sala Constitucional del TSJ. Es de destacar que el último de los fallos sobre la situación de la candidata se produjo apenas cinco días antes de la primaria opositora celebrada el domingo 22 de octubre de 2023″, señaló SI.

¿Judicialmente inhabilitada?

Sobre si queda avalada judicialmente la inhabilitación de María Corina Machado, tal y como establece la Constitución venezolana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Suprema Injustica explicó que no. 

Según el artículo 65 de la Constitución de Venezuela, “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”; y hasta el momento, Machado no ha sido enjuiciada penalmente ni mucho menos condenada.

 Sala Electoral del TSJ contra las primarias

La Sala Electoral del máximo juzgado fue más allá que la Sala Constitucional.  Sus magistrados –a través de una ponencia conjunta, no solo declararon que María Corina Machado está “inhabilitada de manera firme por quince (15) años”- por lo que no podría ir a la contienda presidencial contra Maduro, sino que suspendió  “los efectos” de la consulta que ella ganó, bajo el argumento de amparar los derechos del diputado José Brito, que habrían sido violados “en su carácter de aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023”.

El diputado José Brito, quien ha sido señalado de ser parte de una “oposición a la medida” del gobierno, presentó su recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias el 24 de octubre, dos días después de realizada la consulta opositora y en menos de una semana obtuvo respuesta.

Una celeridad notable si se considera que aún no ha habido decisión sobre el caso referido a las presuntas irregularidades en la elección de los diputados del estado Amazonas en 2015, que dio paso el cerco judicial  y anulación de la Asamblea Nacional electa ese año. En ese caso de manera “provisional”, en ponencia de la entonces magistrada Indira Alfonzo, se acordó “suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”.

Casi 8 años después de esa “suspensión”, el juicio central no ha sido resuelto, pero los diputados opositores que dominaban el Parlamento en 2015 fueron perseguidos por “desacato” porque se negaron a cumplir la sentencia de la Sala Electoral, alegando que solo el Parlamento decide sobre su conformación.

Siete presos políticos militares cumplen 15 días de huelga de hambre en Ramo Verde

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Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado

Siete presos políticos militares cumplieron 15 días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida como la cárcel de Ramo Verde.

De acuerdo con una nota publicada por TalCual, los privados de libertad iniciaron la huelga de hambre para exigir que inicie el juicio en su contra y se les respete el debido proceso.

«Siguen igual, ya son 15 días en huelga de hambre y nada que se ocupan de su caso», comenta Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero del Ejército Rubén Bermúdez.

Se trata de los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, quienes fueron detenidos el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

 

Este grupo estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay, Aragua) y estuvo incomunicado durante cinco días en Caracas.

El pasado 23 de octubre, la jueza Eudismarys León, a cargo del Tribunal 23 de Juicio de Caracas, aplazó nuevamente la apertura de juicio al grupo y fijó la nueva audiencia para el próximo 6 de noviembre.

Los militares tampoco fueron atendidos por el director general del Servicio Penitenciario Militar, general de División Luis Ojeda Araujo, quien les prometió que conversarían sobre sus exigencias para que se inicie el juicio y se respete el debido proceso.

La hermana del sargento Bermúdez reiteró su solicitud a las delegaciones negociadoras del oficialismo y oposición que tomen en cuenta al grupo para las excarcelaciones que se realizaron al margen de los acuerdos de Barbados.

Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado.

En el caso también se encuentra el general retirado Ramón Lozada Saavedra, quien fue detenido el 21 de enero de 2017.

 

El grupo estuvo año y medio en espera de una audiencia preliminar y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil del Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta presencia de un civil.

El Mañanero del #01Nov: Las siete noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 01 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: situación de la deportación de venezolanos desde Estados Unidos, implicaciones y lecturas a la sentencia del TSJ que “suspende efectos” de la primaria, fallas en suministro de combustible y la toma del penal de Puente Ayala.

 

Llegó a Maiquetía el tercer vuelo con venezolanos deportados desde EE.UU.

Implicaciones y lecturas a la sentencia del TSJ que “suspende efectos” de la primaria

Fallas en suministro de combustible podrían traer «consecuencias graves» para el sector agrícola

Amnistía Internacional: arremetida del madurismo a las primarias opositoras «muestra la vigencia de su política de represión»

Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un «atentado al orden constitucional»

Para Una Ventana a la Libertad, Puente Ayala fue otra entrega negociada

OVP: Hasta las vacas se llevaron pranes de Puente Ayala

Observatorio Venezolano de Prisiones: Tiempo de “fugarse” han tenido  pranes de cárceles de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, que en poco más de un mes han sido intervenidas por fuerzas de seguridad del Estado.

Mañanero

Blyde: «Si respondo a cada provocación de la contraparte, la negociación va a fracasar»

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El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, Gerardo Blyde, dijo que su labor «como negociador» es solucionar problemas. Reiteró que la delegación hace seguimiento a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efectos todo los concerniente a la elección

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que tras los ataques que ha lanzado el gobierno a las primarias del 22 de octubre la representación opositora «está actuando».

«Si respondo en los medios a cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar», dijo este 31 de octubre en declaraciones al medio VPITV

Blyde enfatizó en que su labor «como negociador» es solucionar problemas. Reiteró que la delegación hace seguimiento a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efectos todo los concerniente a la elección.

Las provocaciones: intervenciones a las primaras

El 30 de octubre el Máximo Tribunal  ordenó la suspensión de «los efectos de las distintas fases» de las elecciones primarias de la oposición en las que resultó electa María Corina Machado con 92% de los votos.

La Sala Electoral de TSJ declaró su competencia para conocer el recurso que contencioso electoral interpuesto por el diputado José Brito  en contra de «los actos inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primaria».

En ese sentido la Sala Electoral ordenó a la Comisión de Primaria remitir los antecedentes administrativos de las fases del proceso electoral. Esto debe incluir la convocatoria, constitución como Comisión Electoral, Cronograma Electoral, Registro Electoral, Postulaciones y el Acta de Aceptación de la Postulación.

La CP también deberá enviar las Actas de Postulación formulada por la candidata ganadora de las primarias María Corina Machado (quien está inhabilitada). Además, el TSJ ordenó remitir las renuncias de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano, ambos inhabilitados por 15 y siete años respectivamente.

El gobierno mantiene una campaña contra las primarias. 30 de octubre la comisión compareció ante la Fiscalía para aclarar supuestas irregularidades en el procesos, tras ser citados el 27 de octubre.

El fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció la investigación y citación al presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, respectivamente, por su supuesta implicación en un «fraude» en los comicios del domingo para escoger al candidato presidencial de un sector de la oposición.

En una rueda de prensa, el fiscal indicó que «en las próximas horas, en los próximos días» tanto Casal como Camero serán citados a declarar a la sede del Ministerio Público para «que respondan por estas irregularidades». También se citarán a los presidentes de las juntas regionales de las primarias y los directivos de la asociación civil Súmate.

«El dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral, que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución y al país», afirmó. Tampoco descartó que se cite al excandidato a las primarias, Carlos Prosperi, por las denuncias de irregularidades que expresó en días pasados.

Amnistía Internacional: arremetida del madurismo a las primarias opositoras «muestra la vigencia de su política de represión»

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Después de que el Ministerio Público interrogara a que tres miembros de la Comisión Nacional de Primaria por más de ocho horas, las sociedad civil venezolana reitera que el Estado venezolano mantiene sus patrones de represión para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro
Magaly Vásquez, abogada del presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que «no hay motivos para imputar porque no hay delito»

Este 31 de octubre Amnistía Internacional denunció que las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público de Venezuela sobre la Comisión Nacional de Primaria (CNP) es la perpetuación del «sistema represivo estatal» del gobierno de Nicolás Maduro que está siendo evaluado por la ONU desde el año 2014, y por lo tanto debe ser incluido en los reportes de las Naciones Unidas bajo las violaciones a los derechos humanos. 

«El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas. Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado de prensa. 

Después de las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre, donde ganó María Corina Machado como la candidata para representar a la crítica del chavismo de cara a las presidenciales del 2024, la pareja de Nicolás Maduro, Cilia Flores, pidió judicializar a los organizadores de los comicios.

En menos de 48 horas el MP y el TSJ buscaron desvirtuar las elecciones que, a vista de la sociedad civil venezolana, era un evento que no viola ningún estatuto de las leyes venezolanas ni los derechos humanos.

«Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El escrutinio y los mecanismos de justicia internacional son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el periodo electoral que recién comienza», agrega Piquer.

Más de ocho horas en el MP

El 30 de octubre tres representantes de la CNP fueron interrogados por dos fiscales del Ministerio Público, por la investigación de presunto fraude en el evento electoral del 22 de octubre.

Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión, ingresaron a la sede principal del MP en la mañana de ese lunes, pese a que las fiscalías actuantes representadas en la citación del organismo estatal —el  Tribunal 73 Nacional contra la delincuencia organizada y Tribunal octavo nacional con competencia de delitos asociados al Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)—no se encontraban en la sede principal del Ministerio Público.

Roberto Abdul, director de la asociación civil Súmate, lo solicitó el MP debido al apoyo de la sociedad civil frente a los comicios. También convocaron los presidentes de las juntas de Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Lara, Mérida, Táchira, Aragua, Apure y Distrito Capital.

De acuerdo con la abogada de Casal, Magaly Vásquez, las entrevistas de la investigación, que tienen «carácter reservado», se hicieron por separado. No hubo declaraciones a la prensa al abandonar la sede de la Fiscalía. Pero la abogada afirmó que «no hay motivos para imputar porque no hay delito». 

https://twitter.com/VPITV/status/1719365551246430263

En el caso de las juntas regionales se les preguntó quién financió el evento, dónde está el material electoral, qué empresa lo imprimió y por qué permitieron que civiles inhabilitados participaran en las elecciones. 

Mientras hacían el interrogatorio, el TSJ publicó que las elecciones no tuvieron efecto, alegando que María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano estaban inhabilitados. 

Casal salió del MP cinco horas después de entrar al recinto. Camero estuvo nueve horas bajo la custodia del Estado y Abdul estuvo diez horas bajo el interrogatorio. 

Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un “atentado al orden constitucional”

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Según la Academia, la elección opositora fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la primaria opositora, así como la apertura de  una investigación por parte de la Fiscalía, representan un “atentado al orden constitucional y legal” y a la democracia.

En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria, organizadora del proceso, lo que supone también un “atentado” a los “ciudadanos que, de manera cívica, participaron” en este proceso.

El presidente de la Comisión, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon este lunes ante el MP, donde deben responder por denuncias de “fraude” en los comicios, ganados por la María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular hasta 2030.

También este lunes, el TSJ ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido” por la CNP, luego de recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.

 

Según la Academia de Ciencias Políticas, la elección antichavista fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024, y “constituyó un evento cívico” con sustento constitucional, por lo que no hubo “una usurpación de las funciones” del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni “se cometieron ilegalidades”.

La academia, que reafirmó su “defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas”, solicitó a los poderes públicos respetar y proteger a las “manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven”.

*Con información de EFE