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En “Movember” instan a derribar estigmas de género que alejan a los hombres del médico

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“Movember” o Mes Azul es una oportunidad para promover la prevención y detección temprana del cáncer de próstata, testículo y pene, así como para concientizar sobre la salud mental masculina. Por  “machismo” y estigmas de género, el hombre muchas veces no acude a consultas o no se hace exámenes que necesita
En Venezuela el cáncer de próstata es la principal causa de muerte oncológica entre hombres. Se calcula que 11 hombres mueren cada día por esta condición
La Sociedad Anticancerosa de Venezuela insiste en que el cáncer de próstata no da síntomas en etapas iniciales, estos se presentan en la enfermedad avanzada, cuando el cáncer ha infiltrado la vejiga y puede causar sangre en la orina, o dolores en los columna, cadera o miembros inferiores, que pueden ser un signo de metástasis

 

En una rueda de prensa celebrada el pasado 9 de noviembre en el Hotel Pestana de Caracas, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) conminó a derrotar el estigma en torno a las enfermedades masculinas en el marco de “Movember” –unión de las palabras en inglés “moustache“, que significa bigote y “november” por noviembre), una celebración internacional que busca crear conciencia sobre la salud de los hombres. 

El origen de esta campaña se remonta a Australia en el año 2003, cuando un grupo de amigos decidió dejar crecer sus bigotes durante este mes para recaudar fondos y crear conciencia sobre el cáncer de próstata y de testículo.

La iniciativa local trascendió a fenómeno global y hoy la comunidad científica  difunde durante este mes información relativa al diagnóstico y prevención de enfermedades que afectan a los hombres, como cáncer de próstata, testículo, pene, problemas de salud mental y suicidio. 

En el caso de Venezuela, la SAV recalcó la importancia de motivarlos a practicarse el examen del antígeno prostático y el tacto rectal anual a partir, al menos, de los 45 años.

La invitación no es fortuita ya que, a diferencia de la tendencia internacional, en Venezuela el cáncer de próstata ocupa el primer lugar como causa de muerte oncológica en ellos.  La proyección de estadísticas indica que en el país mueren 11 hombres diariamente por ese tipo de cáncer. 

“En el mundo, el cáncer de próstata está en el quinto lugar como causa de muerte oncológica en hombres.  En algunos países han logrado bajar la mortalidad, más no la incidencia, porque se hace un despistaje y diagnóstico a tiempo, lo que facilita la posibilidad de un acertado tratamiento. En etapas precoces, el cáncer de próstata es como una enfermedad crónica, se trata y se le hace seguimiento como a la hipertensión arterial o diabetes”, declaró en el evento el presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Cono Gumina.

Se calcula que la mortalidad masculina por esta enfermedad en Venezuela  se ubique en 3.994 personas al cierre de 2023, con una incidencia que llegaría a 8.921 casos en el año, según los datos proyectados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).   

Aunque la enfermedad puede aparecer después de los 55 años, el pico más alto de detección está entre los 65 a 74 años y la mortalidad después de 74 años. En general, los hombres pierden cinco años de vida saludable por esta condición. 

Derribando tabúes que alejan del chequeo médico

El gerente general de la SAV, doctor Juan Saavedra, destacó que el Mes Azul o Movember es una gran oportunidad “para promover la prevención y detección temprana de enfermedades como el cáncer de próstata, testículo y pene, así como también para concientizar sobre la salud mental masculina y la inactividad física”.

En su discurso, alertó que por “machismo y razones sociológicas” el hombre no acude con frecuencia a consultas de salud mental, aunque los casos de suicidio son más altos en ellos. 

“El hombre debe atender su salud mental, porque las estadísticas dicen que es un problema oculto que no se atienda con la debida celeridad que merece”, remarcó. 

Entretanto, el periodista Tony Carrasco, embajador de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, comentó en el evento que el Mes Azul es una gran oportunidad para que el hombre venezolano entienda “que hay que dejar el tabú” con relación a métodos de diagnóstico del cáncer de próstata.

“El cáncer no duele, y cuando duele, es porque es tarde. La única manera de diagnosticarlo es hacerte los exámenes a tiempo, y siempre hay un tabú con el tema por ejemplo del tacto rectal, lo cual parece una estupidez, tomando en cuenta que así como las mujeres van a su ginecólogo a hacerse sus chequeos y lo ven como algo normal, el hombre también debe hacerse sus exámenes”, comentó a Runrun.es.

Recordó que en 2018, cuando apenas tenía 52 años de edad,  fue diagnosticado con cáncer de próstata. En su caso, la clave de superación del cáncer estuvo en detectarlo a tiempo. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela insiste en que el cáncer de próstata no da síntomas en etapas iniciales, estos se presentan en la enfermedad avanzada, cuando ha infiltrado la vejiga y puede causar sangre en la orina, o dolores en los columna, cadera o miembros inferiores, que pueden ser un signo de metástasis. 

“Un año y medio antes del diagnóstico yo me había hecho mis exámenes y estaba perfecto, para que veas lo rápido que pasa. Y después en un examen de chequeo de rutina, el antígeno prostático salió elevado, y allí se hicieron los exámenes complementarios. Además de diagnosticarlo a tiempo, es importante buscar varias opiniones y escoger junto al médico la mejor opción de tratamiento, porque hay muchas formas de combatir el cáncer, por quimioterapia, radioterapia, operación como la prostatectomía radical, y hay además varias formas de hacer esta intervención, como cirugía abierta, laparoscopia, cirugía robótica, estas últimas alternativas favorecen que no haya secuelas”, compartió, a partir de su experiencia. 

El examen que mencionó Carrasco, el antígeno prostático, es una prueba sanguínea que mide la cantidad de una proteína producida por el tejido canceroso y no canceroso en la próstata, pero puede aumentar por otras razones no cancerosas, como el aumento benigno del tamaño de la próstata, infecciones urinarias y otras condiciones, como la prostatitis. Por eso, se combina con la prueba del tacto rectal para aumentar la capacidad diagnóstica. Si en el examen físico se constata la presencia de una próstata dura y leñosa, más el antígeno alto, se podría recomendar una biopsia para descartar el cáncer. 

Por su parte, Natalia Otaño, coordinadora de Urología de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, dijo que las generaciones actuales tienen menos tabúes con respecto a la realización del tacto rectal y que muchas veces, cuando acuden a consulta y se les realiza el examen, se sorprenden de lo rápido que es. “Terminan diciéndote, ‘¿ah, esto era’. Es mucho más el mito alrededor, creen que va a ser doloroso, traumático y cuando se dan cuenta que dura menos de cinco segundos, que no duele, que es otra etapa del examen físico, lo asimilan bien. Es incómodo, sí, pero es como hacer cualquier otra exploración en el cuerpo y no pasa nada.”. 

Además de convertirse en un multiplicador del mensaje del diagnóstico a tiempo en el cáncer de próstata Tony Carrasco, como embajador de la SAV,  insta a privilegiar el apoyo psicoemocional al hombre diagnosticado con esta enfermedad, ya que puede deprimirse fácilmente cuando recibe esta noticia, especialmente al tratarse de un caso del tipo urológico.

Carrasco también creó, hace cinco años, la Fundación Museo del Fútbol Venezolano a beneficio de futbolistas venezolanos con cáncer. “Estamos creciendo, ya hemos atendido a siete de ellos, hicimos un museo de futbol virtual que se puede visitar de forma gratuita, pero mientras más visitas recibamos eso nos permite crecer para hacer el museo real, que sería la casa Vinotinto de la fundación y en donde habría, en común acuerdo con la Sociedad Anticancerosa, un consultorio para pesquisas y atender casos de futbolistas”. El museo se puede visitar en la siguiente dirección https://museofutbolvenezolano.org/inicio/

Emergencia humanitaria que dificulta la atención

Otaño, coordinadora de Urología de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, lamentó que en el país, a los tabúes que limitan la asistencia del hombre al médico se suma la emergencia humanitaria compleja, que limita también la posibilidad de buscar atención médica.

“En Venezuela nos enfrentamos a varios retos de salud, la medicina privada es costosa y la de salud es de muy difícil acceso.  Nuestros hospitales están muy deteriorados, por ejemplo, en el caso de la radioterapia, hoy por hoy en Caracas el único hospital público que las aplica es el Hospital de El Llanito, y las listas son interminables”, precisó.

Por eso, el llamado de conciencia no es solo al individuo para que se realice los chequeos, que son muy importantes, “sino también a entidades gubernamentales, para enfocarse en las medidas para mejorar la atención en salud, y también a instituciones privadas, para ver qué podemos aportar para ayudar a los que brindamos salud a las poblaciones que más lo requieren”, expresó. 

Jornadas científicas para celebrar sus 75 años

 La Sociedad Anticancerosa cumple 75 años sostenidos de lucha y educación contra el cáncer en general. En el marco de esta celebración, se organizarán dos jornadas científicas de actualización y formación en materia oncológica para médicos especialistas y personal asistencial.

En la actividad  también se presentarán las estadísticas de proyección generales sobre el cáncer de Venezuela para el cierre de 2023.

Las jornadas se celebrarán el 24 y 25 de noviembre en el Hotel Eurobuilding de Caracas e  incluirán coloquios oncológicos, bloques de urología, ginecología, mastología y vías digestivas, así como un curso básico de oncología y enfermería oncológica. Los interesados pueden visitar la cuenta en Instagram de la SAV o escribir al correo electrónico gerenciaeducacion@sociedadanticancerosa.org.

 
 
 
 
 
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OVF: Economía salió de la recesión en tercer trimestre de 2023 al crecer 2,4%

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El ente económico enfatizó que el comportamiento futuro de la economía va a depender crucialmente del comportamiento de la producción petrolera, en particular si se mantiene la flexibilización de las sanciones 

 

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ente económico alterno, informó que la economía venezolana salió de la recesión en el tercer trimestre de 2023 al aumentar 2,4%. 

Los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), calculado para los primeros nueve meses de 2023, sugieren que la actividad económica reflejó una caída al compararlo con el mismo período de 2023. 

Según reseña el OVF, en el tercer trimestre de 2023 los principales componentes del IMAE que mostraron mejoras fueron los casos de la producción petrolera, el crédito bancario y de manera considerable el gasto fiscal, en tanto que la recaudación del IVA en términos reales experimentó una modesta disminución.

El ente económico enfatizó que el comportamiento futuro de la economía va a depender crucialmente del comportamiento de la producción petrolera, en particular si se mantiene la flexibilización de las sanciones.

La inflación sigue en aumento

El pasado 6 de noviembre el OVF informó que  la inflación en el mes de octubre aumentó, pese a la relativa estabilidad del tipo de cambio.

De acuerdo con las cifras publicadas en esa fecha, la tasa de inflación mensual registró un ligero aumento para situarse en 6,7%. 

Llamaron la atención sobre el hecho de que este aumento  sucedió en un contexto en el cual el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable al aumentar el precio del dólar en 3,5%,  lo cual afirman, denota «que la política de procurar contener el tipo de cambio para que actúe como ancla de la inflación no parece estar dando los resultados esperados, al privar en la economía expectativas inflacionarias».

El observatorio indicó que entre enero y octubre de 2023 el incremento de precios llegó a un 176,7 %, mientras que la inflación interanual alcanzó el 362 % el mes pasado.

Los cálculos del OVF indican que  los sectores con mayor incremento durante octubre fueron los de «bienes no transables», entre ellos el sector servicios, con un 9,8 %; seguido de restaurantes y hoteles, con un aumento del 9,5 %; los gastos en educación, con un alza de un 8,3 %, y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 7,1 %.

la recesión

En 50% se devaluaron las prestaciones de jubilados de la CVG por retraso en pagos

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Los cevegistas denunciaron que hay trabajadores que fueron jubilados en enero y febrero y continúan sin recibir los pagos

Jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) casa matriz denunciaron la pérdida del 50% del monto de sus prestaciones sociales debido a los efectos de la devaluación ante la tardanza de ocho meses por parte de la empresa en realizar el pago.

De acuerdo con Correo del Caroní, los afectados afirman que fueron jubilados en diciembre de 2022, cuando la tasa de cambio del dólar era de 8 bolívares, y el pago se efectuó en agosto de 2023, cuando la divisa superaba los 20 bolívares.

“En diciembre de 2022 a nosotros nos jubilaron y nos vinieron cancelando en agosto. Ya ese dinero estaba totalmente devaluado. Incluso, muchos trabajadores perdimos el 50% de nuestras prestaciones por la devaluación. Tampoco han cancelado los intereses de mora que van desde diciembre hasta noviembre. Ahora, la empresa dice que nuestros intereses de mora son hasta junio. Hay intereses sobre intereses de mora. Eso hay que tomarlo en cuenta y hacer ese pago lo más pronto posible”, enfatizó una de las perjudicadas.

 

El citado medio reseñó el caso durante los primeros meses de 2023, cuando los afectados reclamaban el pago inmediato de sus prestaciones. Once meses después, los montos recibidos han perdido su poder adquisitivo debido a la crisis económica.

Los cevegistas denunciaron que hay trabajadores que fueron jubilados en enero y febrero y continúan sin recibir los pagos. Según la Ley Orgánica del Trabajo, la estatal tiene cinco días hábiles para gestionar el pago de prestaciones sociales luego de la jubilación.

“Les están aplicando lo mismo que nos aplicaron a nosotros. Es injusto todo esto que estamos pasando aunado a la devaluación que nos está consumiendo. Pedimos respeto y exigimos nuestro pago porque nos lo ganamos. Tenemos más de 30 años de servicio en la corporación y estamos dando lástima en la calle para que nos paguen lo que nos corresponde”, expresaron los denunciantes.

 

Durante el 2023 los jubilados han realizado dos huelgas de hambre en Guayana y Caracas, para exigir el pago de prestaciones sociales a industrias estatales.

Sobre esto, la Corporación Venezolana de Guayana continúa sin instalar la mesa de trabajo para atender los reclamos de jubilados y pensionados prometida el pasado 23 de agosto, a cambio del levantamiento de una huelga de hambre.

Citgo reportó ganancias de $567 millones y aumento de capacidad de refinación en tercer trimestre de 2023

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CITGO alcanzó cifras récord en ingresos netos y EBITDA, consolidando su recuperación en el mercado energético

 

CITGO Petroleum Corporation reveló las cifras del tercer trimestre de 2023. La organización reportó un incremento en su capacidad de refinación y una ganancia neta de 567 millones de dólares.

Este aumento en las ganancias se debe, en gran parte, a la mejora de los márgenes de refinación y los rendimientos de los productos, destacando un EBITDA de 895 millones de dólares, en comparación con 642 millones de dólares en el trimestre anterior.

«Este trimestre continuamos fortaleciendo nuestra liquidez, financiamos proyectos clave y sostuvimos el pago de dividendos a CITGO Holding», comentó Carlos Jordá, CEO de CITGO, quien también alabó la confiabilidad operacional que permitió estos logros.

El rendimiento total fue de 802.000 barriles por día (bpd), con una utilización del 95%, manteniendo la confiabilidad del sistema de refinación y un excelente desempeño ambiental y de seguridad.

Además, CITGO invirtió 59 millones de dólares en mantenimiento extraordinario y 82 millones de dólares en gastos de capital, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.

La liquidez al término del trimestre se situó en 3.860 millones de dólares, lo que demuestra la solidez financiera de la compañía y su posición competitiva en la industria energética global.

*Vea la nota completa AQUÍ

87 sindicalistas han sido detenidos por defender derechos en 10 años del gobierno de Maduro

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En el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento

 

La coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, alertó el pasado 8 de noviembre, en el marco del 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que 87 sindicalistas han sido detenidos por defender sus derechos en Venezuela durante 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. 

Durante su intervención, González indicó que en el 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales, que incluyeron actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido y encarcelamiento.

La coordinadora detalló que uno de los casos más representativos fue el de los seis líderes sindicales y luchadores sociales Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez,  que fueron detenidos arbitrariamente y sentenciados el pasado mes de agosto a 16 años de prisión.

“Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023, las protestas sindicales en Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones”, denunció González. 

La coordinadora de Provea agregó que luego de cinco días de protestas por la situación salarial, seis trabajadores de Sidor fueron detenidos, quienes fueron imputados por instigación al odio y “liberados” con medidas cautelares de presentación.

El 6 de junio, luego de seis días de protestas nuevamente en Sidor, fueron detenidos otros tres dirigentes sindicales que lideraban esa movilización, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, este último liberado el 11 de junio, pero los primeros trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal con competencia en terrorismo.

El 7 de julio también fue detenido Bladimir Josué Tremaria, dirigente del Frente De Trabajadores Socialistas del estado Bolívar, quien fue imputado por hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento; posteriormente, el 1 de septiembre, su residencia fue allanada. Todos estos dirigentes sindicales permanecen actualmente detenidos.

Violación a la libertad de expresión  

Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.

Indicó que además le preocupa la suspensión unilateral por parte del gobierno de Venezuela de las sesiones del diálogo social, que estaban previstas para el pasado 5 y 6 de octubre.

“Este diálogo acompañado por la Organización Internacional del Trabajo, era el único canal institucional para que el movimiento sindical venezolano pudiera plantear sus demandas al Estado venezolano”, finalizó.

En Venezuela se mantiene constante régimen que propicia la autocensura

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El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa que en lo que va de 2023

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

De acuerdo con el informe preliminar de la SIP, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en Asamblea General, en Venezuela “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

 

Además, señala que “Conatel también siguió censurando y cerrando espacios de los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web”.

“Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”, aseveró la SIP.

El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa en lo que va de 2023. Además, citó un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en el que se reveló que entre mayo y agosto de este año se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de la prensa.

Como aspecto positivo, la SIP destacó la liberación del periodista Roland Carreño el pasado 18 de octubre.

No obstante, recordó que el periodista “fue víctima de desaparición forzada y en seis ocasiones fueron solicitadas medidas humanitarias por problemas de salud”.

 

El informe expone, al menos, 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa.

Para muestra un botón: la primaria autocensurada

La Consultora Sala 58 monitoreó la cobertura noticiosa de los principales medios de comunicación televisivos antes y durante de la primaria opositora y concluyó que la censura reinó en los noticieros de Venevisión, Televen y Globovisión.

De acuerdo con reportes diarios desde enero hasta septiembre de 2023, el monitoreo de Sala 58 evidenció el desbalance que predominó en la cobertura noticiosa de los principales canales de televisión privada.

El canal Globovisión no transmitió ninguna información de la primaria, salvo la declaración del candidato por Acción Democrática, Carlos Prosperi, donde informó que desconocería los resultados del proceso electoral.

*Con información de EFE

Gobierno intervino “La Cuarta” y aseguró tener control de todas las cárceles 

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La administración madurista sigue sin referirse oficialmente al paradero de los pranes de las siete prisiones en las que ha incursionado desde septiembre 
Extraoficialmente se conoce que “Pedro Rapidito” y “El Loro”, pranes de La Pica y Trujillo, respectivamente, están bajo custodia de las autoridades 

 

Con la intervención este viernes 10 de noviembre del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy, conocida como “La Cuarta”, el Gobierno venezolano aseguró que tiene el 100% del control de las cárceles, por lo que se estima que la llamada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó a su final.

“Hemos tomado control total de este centro, y con este control total aquí, en Yaracuy, tenemos 100 % de todas las cárceles del país bajo el régimen penitenciario”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. 

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, desde la madrugada de este viernes, funcionarios de diversos entes de seguridad intervinieron el recinto carcelario en el que estiman habían más de 500 internos. 

Como en las restantes seis incursiones carcelarias, las autoridades no hablan específicamente sobre el paradero de los pranes. 

“La Cuarta” era controlada por el pran Freddy Barboza Lizarraga alias “La Charra”, en colaboración con Dennis Antonio Parra Rivero, apodado “El Chino”, y alias “El Miguelito”. 

Antes de tomar la prisión yaracuyana, el Gobierno allanó el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón”, así como los internados judiciales de Carabobo (Tocuyito), José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala, Barcelona), Monagas (La Pica) y Bolívar (Vista Hermosa).

De manera extraoficial se conoció que Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”, líder negativo de La Pica y Álvaro Montilla conocido como “El Loro”, pran de Trujillo, se entregaron a las autoridades.

Del resto, de los pranes de Tocorón (Héctor “Niño Guerrero” Flores), Tocuyito (Néstor “Richardi” Richardi Sequera ), Puente Ayala (Luis Manuel “Pata e’ Queso” Yegue Mendoza) y Vista Hermosa (Wilkins Rafael “Wilkins” Romero Maluenga, Giovannny Alejandro “Pan” Navas Ochoa  y Edison “Chichi” González) se desconoce el paradero.

Página para ver traslados

Ante el constante reclamo de familiares de privados de libertad por traslados inconsultos a otros estados y maltratos, la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, informó que fue habilitada una página web para monitorear la ubicación de los reclusos que estaban en las siete cárceles intervenidas.

La funcionaria sostuvo que en el portal del Ministerio de Servicios Penitenciarios, familiares de los detenidos podrán acceder a un apartado llamado “traslados” donde verán el listado de los reubicados.

 

LEA TAMBIÉN:   Toma de una cárcel sin pranes, ¿Tocorón fue un vacilón?

Informe CIDH: Países de la región deben reconocer estatus de refugiado a migrantes venezolanos

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La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera
Indican que, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela “guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país”
Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe

@Andrea_GP21

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, donde explica cuáles son los desafíos para atender a esta población.

En el texto titulado “Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela”, la CIDH también abordó las causas del desplazamiento forzado, que incluye las “graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

 

El informe señala que algunas personas migrantes y refugiadas de Venezuela “se ven obligadas a realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias”.

Asimismo, indicó el texto que en muchas ocasiones, la violencia en contra de las personas provenientes de Venezuela está alentada “por estereotipos de género y discursos estigmatizantes que denotan xenofobia y racismo”.

Una de las conclusiones más relevantes del informe de la  CIDH es que los países de la región, a efectos de otorgar una protección que responda a la naturaleza forzosa del desplazamiento, deben reconocer estatus de refugiado a las personas que provienen de Venezuela, “hacer un reconocimiento de la condición de persona refugiada prima facie, así como promover políticas que permitan garantizar sus derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación”.

Refieren que en el caso de los migrantes venezolanos aplica el concepto de persona refugiada aplicable, consignado en la Declaración de Cartagena, “que cobija a las personas que huyen de un territorio por riesgos a su vida, seguridad, libertad, o por la violación masiva de los derechos humanos”.

“Este informe busca iniciar una conversación sobre la necesidad de responder al desplazamiento forzoso de personas venezolanas desde un enfoque regional, coordinado, basado en la responsabilidad compartida y en el respeto y garantía de los derechos humanos. La CIDH se pone a disposición de los Estados parar brindar cooperación técnica en la implementación de las recomendaciones que se formulan en el documento”, amplían. 

Entre las causas de este desplazamiento masivos de venezolanos, según el informe, se destaca la destrucción del estado de Derecho, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). A continuación, una síntesis de los elementos encontrados en cada categoría. 

Ausencia de Estado de Derecho, represión y cierre de espacios democráticos

En parte, de acuerdo con la CIDH, el desplazamiento forzado de personas provenientes de Venezuela “guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país”.

Al respecto, señala que la ausencia del estado de Derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas “para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”.

Como uno de los hechos más graves, recuerdan la designación irregular de al menos 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 23 de diciembre de 2015.

También, destacan la existencia de la asamblea constituyente, que ejecutó la designación irregular del Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo; el adelanto atípico de la elección presidencial de 2018; y la ratificación irregular de rectores del Consejo Nacional Electoral y personas magistradas del TSJ.

 

Todas esas acciones generaron una serie de manifestaciones ciudadanas que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos para estatales.

Entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, el Ministerio Púbico registró 124 muertes relacionadas a protestas sociales, de las cuales 46 eran manifestantes que habrían perdido la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y 27 por colectivos armados.

Violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos

En cuanto a las violaciones de DDHH, señala el informe que miles de personas opositoras o percibidas como tales tuvieron que desplazarse a otros países de la región por la cooptación del poder público por el Ejecutivo.

Adicionalmente, la erosión del Estado de Derecho “propició impunidad frente a violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad personal, generando un clima de inseguridad generalizado que también motivo el desplazamiento de personas a otros países”.

La CIDH también recordó que en Venezuela “existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de seguridad del Estado y/o de grupos parapoliciales, o bajo su aquiescencia o colaboración”.

Aunque más del 90% de víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres, el 76 % de las personas que buscan justicia, verdad y reparación son mujeres. 

También, la CIDH recibió información sobre la “práctica sistemática de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas civiles y militares privadas de la libertad”.

Entre las torturas identificadas por la CIDH se encuentran la imposición de posiciones de estrés, llamadas “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (cinturón de metal con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua; golpes con objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional; violencia sexual y amenazas de violencia sexual, incluyendo amenazas de violación sexual, contra las víctimas y/o sus familiares; tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; y desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.

 

La CIDH advirtió que existen “serias denuncias de actos de violencia contra mujeres privadas de la libertad por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dgcim”.

Sanciones y su impacto

Varios países de América y de Europa han adoptado sanciones de distinta índole en respuesta a las graves y masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Existen las sanciones personales, que se impusieron contra funcionarios e individuos asociados con el gobierno y el PSUV. Por otro lado están las De otra parte, están las sanciones sectoriales, dirigidas contra industrias y sectores de la actividad económica doméstica.

De acuerdo con información de la CIDH, cronológicamente fueron impuestas primero las sanciones específicas y luego las sectoriales. 

Aunque la CIDH considera que las sanciones extranjeras contribuyen a la agudización de la situación y vulnerabilidad de la población, la imposición de las mismas “no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

 

La Comisión observa que algunos países han adoptado sanciones sectoriales con impactos generalizados en la economía venezolana. 

Según la CIDH, la ausencia de recursos ha imposibilitado la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público y telecomunicaciones.

Crisis humanitaria y acceso a Desca

La Comisión considera que la falta de estadísticas oficiales sobre pobreza y acceso a los Desca responde a una “decisión deliberada de no dar a conocer la situación de los Desca en Venezuela para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”. 

Al no poder satisfacer necesidades básicas, las personas se han visto forzadas a salir deVenezuela, destaca el informe de la CIDH.

Algunas organizaciones hacen esfuerzos por dar a conocer los datos sobre pobreza en Venezuela. Uno de estos esfuerzos es la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi).

Por otra parte, el aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos años ha afectado la capacidad adquisitiva de la población venezolana, afectando seriamente el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente.

Precisamente, el difícil acceso a alimentos es considerado por distintos órganos de protección de DDHH como uno de los factores que motivan la migración de personas venezolanas hacia otros países.

 

Con relación al colapso sistema de salud, este  ha impactado de forma desproporcionada en las personas con enfermedades crónicas e infecciosas.

Entre las preocupaciones, destacan que en Venezuela, las mujeres embarazadas no obtienen vacunas, medicamentos, productos de primera necesidad y “no pueden acceder a controles prenatales o para recién nacidos, ni recibir atención que garantice embarazos y partos seguros”.

 

Sobre la educación, el sistema también está en decadencia. La CIDH alertó que el deterioro de las condiciones de vida y las fallas constantes de los servicios públicos ha afectado el goce del derecho a la educación, particularmente de niñas, niños y adolescentes. 

Además, la crisis económica ha empujado a miles de profesores de todos los niveles educativos a abandonar el país.

Situación de derechos humanos de las personas en movilidad provenientes de Venezuela

La Comisión saluda la generosidad y los esfuerzos de algunos países de la región como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica y Estados Unidos, para acoger y brindar protección a las personas provenientes de Venezuela.

Asimismo, el organismo reconoce los desafíos que enfrentan los Estados de la región a su interior para garantizar el acceso a derechos de esta población.

Derechos a la vida, integridad y libertad personal durante el desplazamiento

Las personas que salen de Venezuela se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación y violencia que ponen en riesgo y vulneran sus derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, señaló la CIDH en su informe.

En el contexto de uso de rutas terrestres y marítimas, recuerda la CIDH, se ha registrado la muerte de personas en situación de movilidad, entre otras cosas, por accidentes de tránsito, enfermedades y naufragios.

Durante 2022, al menos 30 personas de nacionalidad venezolana fallecieron en el tapón del Darién, región selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Autoridades panameñas creen que es posible que exista un subregistro.

Asimismo, en 2021 tres embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas en altamar cerca de las costas de Trinidad y Tobago, lo que habría causado la perdida de al menos 80 personas de nacionalidad Venezuela. En diciembre de 2020, se registró otro naufragio luego de que una embarcación que transportaba 25 personas se volcara.

 

Pero además, las personas que salen de Venezuela se exponen a sufrir violaciones a sus derechos a la vida, integridad y libertad personal como consecuencia del accionar de grupos armados irregulares y, en ocasiones, de agentes de Estado.

Derecho a la nacionalidad y prevención de la apatridia en países de acogida

Las personas que salen de Venezuela enfrentan varias barreras para acceder a documentos de identidad vigentes, como retardos excesivos, corrupción y altos precios.

En países como Colombia, Chile y República Dominicana, los hijos de las personas que provienen de Venezuela no pueden acceder en condiciones de igualdad a la nacionalidad.

Según advierte la CIDH, lo anterior expone a esos hijos a la apatridia, situación jurídica en la que se encuentran todas “aquellas personas que no son reconocidas como nacionales de ningún Estado”.

Las personas provenientes de Venezuela requieren consideraciones especiales sobre las exigencias legales para acceder a un estatus regular, entre otras cosas, por el vínculo con el derecho a la nacionalidad de sus hijas e hijos. 

Por lo difícil que es acceder a un pasaporte en Venezuela, estados como Argentina, Colombia, Chile y Panamá, y otros; adoptaron medidas para reconocer la validez de pasaportes vencidos a efectos de algunos trámites.

Sin embargo, la falta de documentación vigente afecta a las personas provenientes de Venezuela en los países de acogida. Según la CIDH, esto limita su posibilidad de acceder a procesos de regularización y, en consecuencia, afecta el acceso a la nacionalidad de sus hijos e hijas en países donde no se adquiere la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio del país, como es el caso de Chile y Colombia. 

 

Debido proceso en los procedimientos migratorios en los países de acogida

La CIDH identificó desafíos para el debido proceso en los procedimientos migratorios de personas provenientes de Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas por varios países que comparten frontera.

No obstante, rescatan que algunos países de la región han adoptado medidas de protección complementaria para responder al desplazamiento forzado proveniente de Venezuela.

La Comisión destaca el “Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos” que Colombia adoptó para regularizar cerca de dos millones de personas que viven en el territorio.

Sin embargo, consideran que la medida adolece de algunos asuntos problemáticos.

La CIDH y la Corte Interamericana recuerdan que las garantías del debido proceso son aplicables a toda situación en la que se determinen los derechos de una persona, entre las cuales se encuentran procedimientos migratorios, sean estos administrativos o judiciales.

Derecho a solicitar asilo y ser reconocida como persona refugiada

Los mecanismos de protección complementaria que han adoptado algunos países, como las visas humanitarias y los estatutos temporales de permanencia, son valiosos porque facilitan la estadía en territorios y el acceso a algunos derechos.

Sin embargo, la CIDH considera que estos mecanismos tienen una naturaleza transitoria y “no responden de manera holística a las necesidades de protección de las personas que salen de Venezuela”.

La Comisión reitera que las personas salen forzosamente de Venezuela para salvaguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad personal. “En consecuencia, los Estados deben reconocerlas prima facie como personas refugiadas”, señala el informe.

Además, recalcan que la condición de persona refugiada deriva de las circunstancias que enfrentó en su país “y no de la determinación que hacen los Estados”.

Acceso a Desca en países de acogida

Para la Comisión, la xenofobia y el racismo dificultan el acceso de las personas provenientes de Venezuela a los Desca y, en general, limitan sus posibilidades de integración socioeconómica.

Sobre eso, recuerdan que algunos Estados de la región condicionan el acceso a salud, educación, trabajo o vivienda, con el estatus migratorio, afectando desproporcionadamente a las personas provenientes de Venezuela que no pueden cumplir con los requisitos necesarios para acceder a un estatus migratorio regular por diversas circunstancias.

 

Por ejemplo, miles de personas que viven con VIH abandonaron Venezuela debido a fallas estructurales del sistema de salud.

De acuerdo con la Comisión, en varios países de la región se han registrado barreras para acceder al tratamiento antirretroviral correspondiente, “lo que perjudica de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+ por la discriminación que sufren”.

Además, las mujeres provenientes de Venezuela también han visto seriamente afectado el acceso a servicios médicos que solo ellas requieren, restringiendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

También, las personas en situación de pobreza enfrentan obstáculos desproporcionados para acceder y disfrutar de una vivienda digna, lo que las expone a situación de calle y otros riesgos conexos.