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Al menos nueve falconianos desaparecidos desde el #10Dic: trataban de ingresar en lancha a Aruba

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Pese a que dos días después se corrió el rumor de que los hombres habían aparecido vivos en la zona entre Uribia y Puerto Estrella de la Guajira colombiana, aún no hay información oficial al respecto

El pasado 10 de diciembre en la noche naufragó una lancha en la zona norte de Aruba, la cual dejó a cuatro personas fallecidas. Otra embarcación salió también de Falcón el sábado 9, de la cual no hay rastro.

De acuerdo con una publicación de Crónicas del Caribe, diez familias están preocupadas por la desaparición de nueve hombres que se embarcaron en una lancha para llegar de forma clandestina a Aruba.

Según el testimonio de los familiares, una lancha amarilla con mostaza y orillas blancas, sin nombre ni matrícula, zarpó a las 5 de la tarde desde Buchuaco con nueve tripulantes, todos hombres, con el objetivo de ingresar ilegalmente a la isla.

Los parientes cuentan que los desaparecidos querían llegar a Aruba a trabajar para enviar dinero a sus hogares en Venezuela.

Gustavo Lugo Rojas, de 20 años, residenciado en Las Cumaraguas, decidió subirse en la lancha sin darle mayores detalles a su familia. La última comunicación que tuvo con su madre fue el viernes 8 de diciembre, un día antes del zarpe.

“Mi tía estaba en Punto Fijo con una nieta hospitalizada. Cuando regresó a Las Cumaraguas, vio unos mensajes que su hijo le había enviado diciéndole que se iba para Aruba. Cuando ella ve esos mensajes, se comunicó con el número, pero le dijeron que él solo pidió el teléfono prestado y que se había ido a los lados de El Supí- Buchuaco. Desde entonces no sabemos nada, no sabemos tampoco quién lo esperaba en Aruba”, relató Obdelis Rojas, prima de Gustavo.

 

El joven había regresado hace dos meses de Colombia, donde trabajó como pescador. “Creemos que pidió el viaje fiado y se comprometió a pagar cuando estuviera en Aruba, mucha gente lo hace al tener tantas necesidades”, expresó Rojas.

Solo rumores

Pese a que dos días después se corrió el rumor de que los hombres habían aparecido vivos en la zona entre Uribia y Puerto Estrella de la Guajira colombiana, aún no hay información oficial al respecto.

“Mi familia fue a la zona, también buscamos información en medios de comunicación de Colombia y no hay nada. Ni los pescadores tienen información sobre la localización de alguna lancha”, comentó Rojas.

La denuncia de la desaparición ya se hizo ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas (Cicpc) en el estado Falcón, pero todavía no han tenido respuestas.

“Pedimos que si alguien sabe algo de nuestras familias que nos digan, estamos desesperados. Necesitamos información. Aquí un pueblo es familia del otro y todos somos dolientes”, manifestó Rojas.

Con Gustavo David Lugo Rojas, salieron: Alexander Antonio Córdoba Urbina, vecino de Santa Rita; Luis Refunjol Maldonado de Tiraya; Juan José Hurtado Vargas y Noelvis Leonel Carrasquero Reyes, de El Hato; Adelis José Carrasquero Morales e Ismael José Reyes Carrasquero, ambos de Charaima, y José Antonio y Jairo Nicolás Velasco, de La Pitahaya.

Día del Migrante: Datos actualizados sobre los millones de venezolanos que salieron forzosamente del país

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Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, las crisis de migrantes y refugiados más grandes del mundo son: venezolanos 7.7 millones

 

Este lunes, 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante. En Venezuela, la crisis política, económica y social ha causado uno de los movimientos migratorios más grandes de la historia.

7.7 millones de personas migraron forzosamente del país en busca de mejores condiciones de vida. El movimiento migratorio de venezolanos fue tal, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló e insistió en que es “el más grande a nivel regional”.

La CIDH recordó que todos los venezolanos que abandonaron Venezuela desde el año 2015, “se ven obligados a realizar travesías peligrosas para llegar a su destino, cruzando rutas migratorias irregulares, zonas fronterizas insalubres o viajando en embarcaciones precarias”.

A continuación, algunos datos actualizados sobre la migración venezolana compartidos por la ONG Provea y David Smolansky, quien fungiera como coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanas en la región.

Cifras impactantes de la migración venezolana

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, las crisis de migrantes y refugiados más grandes del mundo son: venezolanos 7.7 millones,  sirios 6.7 millones, afganos 6.4 millones y  ucranianos 6.3 millones.

El número oficial de venezolanos migrantes superó los siete millones en octubre 2022.

Países como Colombia han dejado de dar datos constantes, lo que se podría decir que 8 millones de venezolanos abandonaron su país.

Del total de los migrantes venezolanos en el mundo, 6.54 millones se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. Los países con más venezolanos son:  Colombia 2.88 millones;  Perú 1.54 millones;  Estados Unidos 545.000;  Brasil ,510.000;  Ecuador, 475.00; Chile 444.000;  Españan 438.000;  Argentina, 220.000.

Hasta noviembre de 2023, de las más de 500.000 personas que cruzaron la peligrosísima selva del Darién,  más d 320.000 (+60%) fueron venezolanos. Más del doble (150.327) de lo que cruzaron en 2022.

“La venezolana es la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo. Y la única manera de parar ese desangre y, de hecho, poder revertir algo de él, es solucionando lo que causa que la gente huya: el hambre, el miedo, la represión. Y eso solo ocurrirá con democracia”, expresó el politólogo Walter Molina.

La historia de venezolanos que migran a Brasil en búsqueda de diálisis y trasplantes

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Tres unidades de diálisis en Ciudad Guayana, en el municipio más poblado del estado, cerraron en los últimos cinco años. Queda una sola en pie con 28 máquinas operativas y 154 pacientes en tratamiento

 

El colapso de los servicios de salud, desde hace al menos cinco años, forzó a los pacientes renales a cruzar la frontera a Brasil como última alternativa para salvar sus vidas.

“Me ahogo” fue la expresión de Óscar Núñez cuando le diagnosticaron una enfermedad renal que lo condenaría a depender de un riñón artificial por el resto de su vida de permanecer en Venezuela, país donde el 80% de las unidades de diálisis y hemodiálisis están fallando, de acuerdo con el monitoreo de la Sociedad Amigos Trasplantados de Venezuela.

“Me dolió porque no fue culpa mía, me enfermé por una decisión del Gobierno”, enfatiza. El desabastecimiento de antirretrovirales, entre 2016 y 2017, lo obligó a interrumpir el tratamiento. En ese lapso su sistema inmune decayó y lo primero que destruyó el virus fueron sus riñones. Óscar lidia con el VIH desde hace 12 años. No recuerda un momento más crítico que el que pasó en Venezuela durante esos años. 

“Cuando por fin llegaron los medicamentos yo comencé a sentirme mal. Nos dimos cuenta de que, por la interrupción, el virus hizo resistencia al tratamiento y nos tuvieron que cambiar a otro esquema… Pero yo ya tenía daño renal”, relata.

Caída libre de la salud renal

La mayoría de las unidades de diálisis y hemodiálisis extrahospitalarias que hay en el estado Bolívar, el más extenso del país, están ubicadas en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar: menos de 10 unidades de diálisis por 238.000 kilómetros cuadrados. 

Tres unidades de diálisis en Ciudad Guayana, en el municipio más poblado del estado, cerraron en los últimos cinco años. Queda una sola en pie con 28 máquinas operativas y 154 pacientes en tratamiento.

En la capital, Caracas, la situación no es distinta: había cuatro unidades de diálisis y hemodiálisis extrahospitalarias, pero quedan apenas dos en pie. Una de ellas tiene solo cinco de 17 máquinas operativas, y capacidad para atender apenas 32 pacientes. Eso quiere decir que solo en esta unidad no menos de 70 pacientes dejaron de recibir diálisis por la avería de la mayoría de los dializadores.

La génesis del colapso de las máquinas de diálisis es el incumplimiento del contrato entre el Ministerio de Salud a través del IVSS y las unidades de diálisis extrahospitalarias.

En dicho convenio —sin renovación desde 2017— las empresas privadas contratadas deben garantizar el local, mobiliario, salario de personal de salud y el mantenimiento del sistema de osmosis inversa mientras que el IVSS tiene la responsabilidad de hacer el mantenimiento preventivo, correctivo o reemplazo de las máquinas de diálisis, así como de garantizar insumos como el bicarbonato, los ácidos, el kit de diálisis, la eritropoyetina y los anticoagulantes.

Con el paso del tiempo, las máquinas se han ido dañando porque el IVSS no las repara o reemplaza al punto que, por la falta de inversión, la indolencia gubernamental y el incumplimiento de medidas, obliga a pacientes a buscar en otros países la cura para sus enfermedades o simplemente mantenerse con vida.

*Vea el trabajo especial del Correo de Caroní AQUÍ

Brasil  Brasil

CPI espera abrir una oficina en Caracas en 2024

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Aclaran que no tendrá como objetivo investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela 

 

2024 no solo es el año donde están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, sino también la fecha para la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.

La dependencia fue anunciada durante la tercera visita que el fiscal Karim Khan realizó a Venezuela en junio del año pasado y es una de las metas de la CPI reflejada en el informe anual de actividades correspondientes a 2023.

“La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos”, reza el comunicado de la CPI.

El informe de Khan asoma que la oficina en Caracas no tendrá como objetivo investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que él considera se han cometido en el país desde 2014.

“La oficina de la Fiscalía en Venezuela está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales”, expuso en su reporte el Fiscal de la CPI.

No solo con el Gobierno, también con la sociedad civil

En el documento de 134 páginas se desprende que la CPI pretende renovar la investigación sobre Venezuela.

“El objetivo (de la) oficina en Caracas se enfocará en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales y apoyar la prestación de asesoramiento y asistencia. El despliegue de personal en esta nueva oficina sobre el terreno facilitará la prestación de asistencia para la evolución legislativa en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales (en materia de investigación criminal)”, precisan. 

La CPI no solo aspira a tener conexión con el Gobierno, sino también con miembros de la sociedad civil.

“La Fiscalía tiene además la intención de celebrar una reunión de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para escuchar sus opiniones e identificar la mejor manera de integrar sus puntos de vista y experiencias dentro del esfuerzo conjunto para buscar una complementariedad dinámica entre la Fiscalía y Venezuela”.

En su informe, el fiscal se refirió a esto indicando que para “responder a nuevas formas de crímenes y abrir nuevas vías para conseguir evidencias es necesario estar más cerca de las comunidades y avanzar hacia un modelo centrado en el campo”.

“Nuestras ambiciones con respecto al aprovechamiento de la tecnología y la cooperación con los Estados, las organizaciones y la sociedad civil nos permitirían entregar más casos al tribunal”, expuso.

Pero la apertura de la oficina en Caracas no es la única medida relacionada con Venezuela que la Fiscalía de la CPI tiene en su agenda para 2024.

Khan también anunció que tiene previsto celebrar una conferencia sobre la justicia internacional en Venezuela con el propósito de “continuar el importante diálogo sobre la mejor manera de lograr la justicia internacional en colaboración con una variedad de partes interesadas, como Estados u otras organizaciones internacionales”, agregó.

La investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad apenas se menciona en el informe. El caso está en curso en La Haya y las víctimas en Venezuela aspiran que continúe, salvo que la Sala de Apelaciones de la CPI decida lo contrario atendiendo la solicitud de las autoridades venezolanas.

La Fiscalía y la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) pudieron exponer sus puntos de vistas a los magistrados en relación con la averiguación en la celebración de la audiencia oral y pública.

El presidente de la Sala, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, aseguró que emitirían su veredicto “lo más pronto posible”. Sin embargo, no aclaró cuándo podría ocurrir, aunque se tiene como referencia el caso previo de Filipinas, en el que la Sala se tomó tres meses para emitir una sentencia.

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

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Claves | Venezolanos siguen sin garantías para el disfrute de sus derechos digitales

 

 VE Sin Filtro continuará trabajando este 2024 en la investigación y seguimiento de violación de derechos en el espacio digital en Venezuela 

La organización Venezuela Sin Filtro presentó este jueves su reporte sobre la situación de los derechos  digitales en Venezuela en los años 2022 y 2023. Este informe muestra, desde la perspectiva de los DDHH, cómo han sido violentados en Venezuela.

En el estudio se trataron principalmente temas como el internet, conectividad, censura y bloqueos, accesibilidad, ataques digitales, protección de datos personales, así como vigilancia y privacidad.

La presentación se llevo a cabo en las instalaciones del Impact Hub. Uno de los puntos resultantes que destaca el informe es que en el país no existe una no existe una ley de protección de datos personales y “la gente está merced de un Estado que tiene sus datos personales”, advirtió el periodista Luis Carlos Díaz, moderador del encuentro.

A continuación, las claves más resaltantes del informe que expone cómo los venezolanos se enfrentan a una cotidianidad en la que no se les garantizan sus derechos digitales. 

Medios digitales son los más bloqueados 

El informe abordó el bloqueo de páginas web, donde los más afectados son los portales digitales de noticias. En 2022 se registró el bloqueo de 77 sitios web, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 80. 

Por otro lado, mientras que en 2022 hubo 108 dominios bloqueados y 529 eventos de bloqueo, hasta octubre de 2023 se reportó que hubo un 45% más de dominios bloqueados que en 2022

La mayoría de los medios bloqueados en Venezuela son los nacionales, uno de ellos fue El Carabobeño, meses antes de las elecciones primarias.

“El punto de la censura es que el venezolano desista de mantenerse informado” expresó Andrés Azpúrua presidente de VE Sin Filtro.

 “La mayoría de los bloqueos documentados son de tipo DNS. Con este tipo de bloqueo los ISP reconfiguran sus servidores… Mientras tanto, los bloqueos HTTP y HTTPS afectan al contenido de las conexiones a Internet en múltiples capas del proceso, con equipos especialmente diseñados para examinar cada comunicación en busca de elementos específicos en los paquetes de Internet, como el nombre de host del sitio web, la URL solicitada, las palabras claves en el cuerpo del sitio web o la Indicación de Nombre de Servidor (SNI) para verificar si debe bloquearse en lo que se denomina “Inspección Profunda de Paquetes” (DPI, por sus siglas en inglés) “, destacó el informe. 

 

Otro de los sitios más bloqueados son los dedicados a comentarios políticos y a los especializados en contenidos de derechos humanos.

Según VE sin Filtro esto representa “un obstáculo a la educación y al acceso a información de calidad para estudiantes e investigadores, así como al derecho a la libertad de asociación, la participación política y el desarrollo de actividades laborales entre muchas otras”.

El acceso a Internet es desigual y persisten las fallas de conectividad

En Venezuela el servicio a internet comienza a mejorar pero de manera muy desigual, “con las clases sociales más pudientes obteniendo un servicio de mayor calidad y los menos afortunados estancados en un acceso básico”.

Aunque la velocidad de internet ha mejorado de manera “significativa” la velocidad es de subida mediana, de acuerdo con el informe.  El reporte de Conatel del primer semestre del 2022, muestra “la desigualdad en el acceso a Internet en el país”.

De acuerdo con estos datos, Venezuela se ubica en el quinto lugar de la tasa de penetración de internet más baja de América Latina. En este sentido, los 10 estados con menor penetración (de menor a mayor) de internet son: Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Sucre, Yaracuy, Guárico, Falcón, Trujillo, Monagas y Portuguesa. Por su parte, Distrito Capital y Miranda tenían un 167,34% y 90,22% de penetración de Internet respectivamente.  Esto demuestra que “hay una brecha importante en los estados rurales y urbanos del país”.

Además, la investigación concluyó que Venezuela tiene uno de los peores servicios de Internet del mundo, detrás de Nicaragua y Haití, con al menos 54 caídas de conexión solo en seis meses del 2023. 

https://twitter.com/vesinfiltro/status/1735322174502633909

Velocidad vs costos 

De acuerdo a un análisis de los paquetes de servicios de 24 ISPs nacionales hecho de enero a marzo de 2023 existe un alto costo de los servicios y esto se ha convertido en un obstáculo para el acceso a internet.

“Los 115 planes analizados muestran unos precios que van desde 0,08 hasta 56,22 veces el salario mínimo mensual, o desde 0,41 USD (para un pequeño plan de datos celulares por consumo) hasta 300 USD (para planes de fibra óptica con velocidad de 1Gbps)”, destaca el documento. 

 

El informe precisó que “el precio medio de los paquetes de Internet revisados fue de 6,93 veces el salario mínimo mensual”. La conexión en fibra óptica y productos de mejor calidad es más costosa. 

 

Sin legislaciones para la protección y vigilancia en el espacio digital 

Uno de los puntos más resaltantes dentro del informe fue la ausencia de legislación que respalde la vigilancia y protección de datos, dispositivos y la navegación en el espacio digital. 

Las principales victimas de esta falla son los periodistas, dirigentes políticos y activistas de DDHH, quienes sufren continuamente de espionaje e interceptación.

Los datos personales no son solos los afectados, los equipos para la navegación también se ven afectados. 

Por otro lado, también se denuncia que la videovigilancia en muchas ciudades de Venezuela “representa una amenaza a la privacidad que no es suficientemente entendida y requiere más investigación”.

Según el reporte, actualmente en el país hay más de 30.000 cámaras las cuales “registran matrículas en las entradas y salidas de Caracas y posiblemente de otras ciudades, que las autoridades pueden utilizar para seguir el movimiento de vehículos”.

Advierten, asimismo, que esto potencialmente representa la vigilancia a los ciudadanos y un método para localizar movimientos de personas de interés. 

Por otra parte, se denunció también los casos de violencia digital de género y su impacto en los derechos de las mujeres: “Estas agresiones suelen incluir ataques con un alto contenido sexista y declaraciones que menosprecian las opiniones de una persona en función de su género”.

Denuncian agresiones de militares a comunidad Ayu Toy en Bolívar

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En la acción participaron efectivos adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI)

La ONG Provea denunció el pasado viernes, 15 de diciembre, una “incursión violenta de militares venezolanos” en los territorios de la comunidad indígena Pemon Ayu Toy.

Mediante un pronunciamiento de los habitantes de la comunidad, denunciaron: “Vemos que el Gobierno no presenta alternativas de solución y apoyo a la comunidad para atender sus necesidades, sino que instruyó, en esta ocasión a la FANB para atacar a la comunidad, en lugar de llevar alimentos, ropa, medicina, materiales”.

De acuerdo con Provea, el operativo militar se enmarca en la Operación Roraima 2022 y atacó violentamente a la comunidad, que se ubica en el sector La Paragua del estado Bolívar, al mediodía del 10 de diciembre.

“Irrumpieron en la comunidad cuatro helicópteros militares, causando estruendos y levantando polvo y arena sobre las casas, en una acción que catalogamos de atropello, amedrentamiento y hostigamiento”, detalló Romualdo Sifontes, capitán de Ayu´töy.

En la acción participaron efectivos adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI).

Según el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez, la Operación Roraima busca desactivar campamentos ilegales de explotación minera controlados por “grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)”.

 

No obstante, la realidad evidencia numerosos matices alrededor de los diversos focos de explotación minera que se desarrolla en los estados Amazonas y Bolívar, territorios ocupados casi en su totalidad por pueblos indígenas.

“Antes de que llegara al poder el presidente Chávez, la comunidad luchó para proteger sus formas de vida y sus tierras ante las invasiones mineras, solicitando en incontables ocasiones a las instituciones públicas apoyo para frenar la minería y desalojar a los mineros, sin que se lograra respuesta alguna. Al contrario, la actividad aumentó y llegó a los predios de la comunidad y los impactos causaron estragos que se traducen hoy día en hechos y fenómenos que han causado daños irreversibles”, detalla el comunicado.

La minería es la alternativa ante las penurias

En el texto señalan ser conscientes “de los efectos adversos causados por la minería al ambiente, pero las realidades han cambiado”, añadiendo que la comunidad “no defiende como suya la actividad de minería, desearía que no exista, pero es la alternativa que tiene ante las penurias que padece”.

“La comunidad entiende que no puede esperar pasiva alguna bondad de las instituciones del gobierno, sea nacional, estadal o municipal, por eso tomó como una forma de solventar las necesidades y carencias, la actividad minera y lo hace de manera organizada la cual se traduce en obras sociales”, añaden.

El capitán Romualdo Sifontes explicó que los salarios de los maestros, mejoras en la infraestructura escolar y la dotación de implementos de estudio y suministros para el ambulatorio son parte de las necesidades desatendidas por los entes responsables que la comunidad ha podido asistir con los dividendos de la minería.

Ayu´töy cuenta con una población escolarizada de 221 niños y adolescentes. Su población es de los 635 habitantes pertenecientes al pueblo pemon Kamarokoto. Geográficamente, se encuentran en el sector La Paragua del Municipio Angostura, en la región noroccidental del estado Bolívar y el bajo Caroní.

Coro encabeza registro de muertes violentas en primeros ocho meses del año 

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Hubo una disminución del 19,56% en comparación con en el mismo período de 2022

 

37 muertes violentas se registraron en el estado Falcón de enero a octubre de 2023, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

De acuerdo al OVV, 27 fueron homicidios intencionales y 10 muertes por intervenciones policiales.

La cifra representa una disminución del 19,56% en comparación con las 46 ocurridas en el mismo período de 2022.

El municipio Miranda, donde se encuentra Coro, se ubicó en la primera posición como la localidad con más muertes violentas, con un total de 13 casos, de los cuales 11 corresponden a homicidios y dos a intervenciones policiales. 

Le siguen el municipio Mauroa, con siete casos, y los municipios Federación y Unión con tres casos cada uno. A continuación, se encuentran Carirubana, Colina, Monseñor Iturriza con dos casos cada uno y Acosta, Zamora, Cacique Manaure, Los Taques y Buchivacoa con un caso respectivamente.

En los primeros 10 meses de 2023 hubo una disminución en los homicidios, que pasaron de 46 a 37 casos en comparación con el mismo período anterior. De igual manera, las muertes por intervención policial pasaron de 11 a 10.

Marzo fue el mes con más víctimas de homicidios, con seis. Le siguieron los meses de enero, febrero y agosto con cuatro homicidios cada uno. 

“Venganza” como el principal móvil

Del total de las 37 víctimas por muertes violentas, 32 fueron de sexo masculino y 5 femenino, cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 55 años.

De acuerdo a lo reseñado en los medios de comunicación, el principal móvil de los homicidios fue la venganza con 40,7%, seguido de los ajustes de cuentas con 25,9%, 11,1% conflicto interpersonal, causas desconocidas con 11,1%, robo con 7,4% y basado en género con 3,7%.

Las armas más utilizadas en los 27 homicidios fueron las de fuego (81,4%), seguidas por las armas blancas (14,8%) y la fuerza física (3,7%).

Entre los casos emblemáticos está el infanticidio de una niña de 7 años que fue abusada sexualmente y asesinada en el municipio Los Taques. Otro caso relevante fue el doble homicidio de dos hermanos de 44 y 46 años a manos de integrantes de la banda “Los Chickateros” en el municipio Unión.

 

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DDHH Olvidados | Otra Navidad con sillas vacías en los hogares de presas políticas

A pesar de lo acordado hace unos meses en Barbados entre Maduro y la Plataforma Unitaria, distintas ONG denuncian la nula liberación de presos políticos entre noviembre y lo que va de diciembre
Al menos 19 presas políticas aguardan por un milagro de Navidad para volver a sus hogares

Foto: iStock

El primero de diciembre de 2023 comenzó, a través de redes sociales, la campaña Navidad Sin Presos Políticos. Periodistas, activistas, artistas y figuras públicas se han organizado para pedir por la liberación de los más de 270 presos políticos que se registran en Venezuela y se ha alzado la voz especialmente por las presas políticas. 

La ONG Voces de la Memoria difundió un vídeo donde se anunciaba la iniciativa. Diversas organizaciones no gubernamentales y personalidades, como la periodista Carolina Amoroso o el comediante George Harris, formaron parte del vídeo en el cual se pide el cierre de los centros de detención y tortura para presos políticos, así como la restitución de la libertad de los detenidos.

Martha Tineo, co fundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), rescató la importancia de exigir la libertad de todos los presos y presas políticas que hay en Venezuela. «En días como los de Navidad, en los que las familias desean reunirse (…) hay más de 300 familias venezolanas no pueden hacerlo», apuntó.

«Cada año, en estas épocas, lanzamos esta campaña: Navidad Sin Presos Políticos. Y en el marco de ella, generamos cualquier cantidad de acciones que sean posibles», mencionó Tineo, quien recordó que este es el sexto año consecutivo que se realiza la iniciativa Navidad Sin Presos Políticos.

Madres e hijas despojadas de sus familias

Diferentes ONG, como Foro Penal, precisaron que para finales de noviembre, en Venezuela había 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón son más de 300 los presos políticos.

Las diferencias en los cómputos, comentan las ONG, están signadas por la opacidad del Estado sobre las cifras, ya que se niega desde el poder la existencia de presos políticos en Venezuela.

Por su parte, el periodista Luis Olavarrieta informó, mediante su cuenta de Twitter, de un total de 22 mujeres detenidas por estas causas y se sumó a la campaña para exigir que sean liberadas. 

La información compartida por el periodista menciona que 14 de las 22 mujeres son madres de niños menores de edad. Asimismo, apunta a siete casos de mujeres que han sido detenidas como presas políticas sin tener pruebas fidedignas de las causas de su detención.

Ángela, Carla, María e Ivonne: la punta del iceberg 

Algunas de las presas mencionadas por Olavarrieta llevan años detenidas, bajo acusaciones infundadas. Ángela Expósito, Carla Da Silva, María Auxiliadora Tabosky e Ivonne Barrios tienen algo en común: todas fueron privadas de su libertad con pretextos políticos y sin posibilidad de defenderse. 

Ángela Expósito

Graduada como profesora de biología y directora de la ONG Fundanimal, Ángela Lizbeth Expósito Carrillo llevaba una vida plena. Una noche de 2018 fue encerrada en una camioneta donde, sin orden judicial ni explicaciones, quedó detenida.

Fue acusada de ocultar a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, presunto implicado en el supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de 2018.

A sus 53 años, la profesora fue sentenciada a 24 años de prisión por la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Efecto Cocuyo informó de una conversación que sostuvo con Elsy Expósito, hermana de Ángela, en la cual se detallaban las brutales torturas a las que era sometida la directora de Fundanimal por parte del Sebin.

«Fue sometida a golpes en la cara y en todo el cuerpo, fue asfixiada con una bolsa plástica, le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo», compartió el medio. 

A sus 58 años, Expósito sigue recluida en el Sebin. Su salud e integridad física se ven altamente comprometidas cada día que pasa. 

Carla Da Silva

El  “delito” que se le atribuye a Carla Da Silva fue conocer a un integrante de la Operación Gedeón.

Carla es licenciada en administración, tiene un magister en gerencia y es bilingüe. Pero nada de esto importó en mayo de 2020, cuando Da Silva fue trasladada de la fiesta infantil a la que había acudido hasta la sede de las FAES en La Quebradita, solo por comentar que conocía a uno de los implicados en la operación. 

«Forraron su cabeza con una bolsa plástica, le colocaron tirro y una funcionaria policial se montó sobre ella, mientras que Vladimir Rodríguez Cordero, de las FAES, le daba golpes por las costillas», comentó la madre de Da Silva para Efecto Cocuyo en 2022.

Tras torturas y muchas largas a su proceso, Carla todavía espera en El Helicoide por un juicio justo. 

María Auxiliadora Tabosky

La pena máxima de cárcel en Venezuela es de 30 años. Fue esta la condenada que consideró la justicia nacional, en 2022, que ameritaba el caso de María Auxiliadora Tabosky, quien fue privada de su libertad bajo la acusación de supuestos delitos de financiamiento de terrorismo y asociación para delinquir. 

«Apenas María Auxiliadora llegó a la DGCIM y le tocó estar en una celda rodeada de excrementos humanos y cucarachas, iluminada con luz blanca las veinticuatro horas del día, sin colchoneta y sin el derecho de ser mamá», recogió el portal La Gran Aldea en marzo de 2023, el cual agregó que María atraviesa una depresión a raíz de toda esta pesadilla que ha vivido desde 2019.

Ivonne Barrios

Ivonne Barrios fue detenida en septiembre de 2020 por ser esposa del conductor del carro en el que iba un supuesto espía norteamericano. Solo por ser la dueña del vehículo y esposa de chofer, Ivonne pasa sus días y noches en las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La Gran Aldea compartió, en julio de 2023, la preocupante situación médica de Ivonne, quien solo ha recibido atención médica dos veces en los tres años que lleva detenida y a la espera de su juicio.

«A diferencia de otras detenidas, Ivonne no recibe comida, alimentos imperecederos, artículos de higiene personal ni medicamentos por parte de su familia, pues no pueden costear el viaje desde el Zulia hasta Los Teques».

Estos son algunos de los casos de licenciadas en administración, sociólogas, biólogas, comerciantes, amas de casa y, sobre todo, madres e hijas, quienes llevan de tres a cinco años totalmente privadas de su libertad en condiciones deplorables.

En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón, son 19 las presas políticas que pasarán la Navidad lejos de sus hogares si no se les concede un indulto o alguna medida que las favorezca. Tineo explica que estas mujeres están en «terribles condiciones de reclusión».

Insalubridad, hacinamiento, falta de alimentación, falta de asistencia médica y falta de agua potable son solo algunas de las situaciones que deben enfrentar día a día.

La salud de Emirlendris Benítez está muy comprometida

Desde hace unas semanas, Justicia, Encuentro y Perdón emprendió una campaña para visibilizar los casos de Yusleida Pérez, Emirlendris Benítez y Edircia Fuenmayor, mujeres venezolanas que han sufrido de la persecución política del gobierno de turno y se encuentran en situaciones médicas delicadas. «Su calidad de vida, su salud, se ha visto en especial deterioro», señaló.

En el caso de Emirlendris, la co fundadora de JEP indicó que es de los escenarios más apremiantes. Emirlendris fue víctima de terribles torturas, al punto de que su columna requería una operación con carácter de urgencia para evitar que quedase en silla de ruedas.

«El día de hoy ya tiene una movilidad muy, muy limitada. Es ayudada por sus compañeras de prisión en la cárcel del INOF para poder movilizarse y asearse», comentó Tineo sobre Benítez. Asimismo, detalló que tiene subidas de tensión y el párpado derecho caído.

La ONG también ha alertado sobre la situación de Yusleida, madre y hermana del sargento Roberto Catalino Romero, sentenciado a siete años de prisión por la sublevación de Cotiza, quien requiere una operación urgente. Su salud, según calificó JEP, era de diagnóstico «muy delicado».

Y Edircia, madre del teniente de fragata Ángel Barrios (condenado a 10 años de prisión por supuesta rebelión militar), necesita una operación de meniscectomía parcial artroscópica que no ha podido ser costeada por sus familiares.

 

Yosida Vanegas: su “delito” es ser madre de un preso político

Uno de los casos más lamentables de las presas políticas en Venezuela es el de Yosida María Vanegas de Monasterios.  La jubilada de 67 años tenía cinco años denunciando las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Recientemente, cumplió cuatro meses detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio.

A Yosida la detuvieron  cuando viajaba en carretera por La Pedrera, una zona en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula.  Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación. A Yosida la terminaron involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando por supuesto  financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

«Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

La tortura no respeta sexo ni género

Tineo, abogada especialista en materia de DDHH, enfatizó que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

«Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento».

Desde distintas ONG, como JEP, se han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. No obstante, los entes encargados han hecho caso omiso ante estas denuncias.

La coordinadora general de JEP contabiliza más de 50 casos de presos políticos entre hombres y mujeres cuya salud está altamente comprometida por el maltrato y las condiciones inhumanas de su detención.

«Si hay un solo preso político, todos lo somos»

Durante el mes de diciembre se han celebrado varias actividades en la campaña de liberación de presos políticos, tanto presenciales como online, para generar impacto y presión en la comunidad internacional y, sobre todo, en las autoridades gubernamentales correspondientes.

«El pasado viernes 8 de diciembre, en alianza con Voces de la Memoria, instalamos en la plaza Alfredo Sadel una inmensa mesa de navidad en la que colocamos los nombres de estos más de 300 presos políticos», comentó Tineo.

Asimismo, ese día también se llevó a cabo la Vigilia Mundial, una iniciativa online para denunciar, recordar y protestar por los derechos de todas las personas que cada día que pasa siguen sin poder ver a sus familias por detenciones políticas arbitrarias.

Finalmente, Tineo se refirió al poco alcance que han tenido los Acuerdos de Barbados para la liberación de presos políticos. «No puede considerarse que ha sido un proceso exitoso con la liberación de cinco presos políticos en un universo de más de 300. Con un solo preso político, de algún modo, todos somos presos políticos», sentenció.

La abogada invitó a la sociedad civil, medios de comunicación, representantes de grupos y organizaciones a difundir el mensaje para que todas las familias venezolanas puedan disfrutar una navidad sin presos políticos.