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Moral y luces

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Se han extraviado la moral y las luces, bolivarianos por simple adjetivo. Tiranía basada en la ignorancia ciudadana

 

@ArmandoMartini

“Moral y luces”, Simón Bolívar (Angostura, 1819) y continúan siendo primeras necesidades. No obstante, sin libertad pierden su valor. La educación de un pueblo pone fin a su condena de ignorante y papel de oprimido. Hemos olvidado la moral y apagado las luces.

Moral, como principio que rige el comportamiento humano, es la brújula que guía las acciones en el escenario de la convivencia. Su importancia radica en la capacidad para fomentar empatía, compasión y respeto mutuo. Y, cuando florece la probidad, rectitud, justicia, respeto, civismo, honor y lealtad, establece un terreno fértil para la construcción de relaciones sólidas y duraderas.

Una sociedad regida por manuales éticos es propensa en abrazar políticas inclusivas, sistemas de justicia equitativos y enfoque sostenible hacia los recursos. Actuando como cimiento sobre el cual se erige una estructura social resistente a las adversidades.

A su vez, las luces son representadas por la educación, conocimiento, juicio, urbanidad e iluminación intelectual. Son la chispa que enciende el camino hacia el progreso. En una sociedad donde brillen con intensidad, se promueve el pensamiento crítico, la innovación y adaptabilidad. La formación, proporciona herramientas para el desarrollo personal, y también es el motor que impulsa el avance colectivo.

En lo complejo de una sociedad, dos elementos esenciales se entrelazan para dar forma a su carácter y capacidad de superar desafíos: moral y luces, por muchos subestimados en su impacto, son la esencia misma de una comunidad vibrante y resiliente que, si se descuidan, corren el riesgo de desmoronarse. La falta de bitácora moral da lugar a la desconfianza y desorden social, mientras que el analfabetismo ciega a soluciones de contrariedades.

Somos un país de grandes ignorancias, institutos educacionales dirigidos como delegaciones partidistas, aulas víctimas de la delincuencia, patios abandonados entre ruinas y escombros. Academias silenciosas, universidades levantadas con criterio politiquero, dejadas a su suerte, sin investigación ni análisis; pocos libros, escasos textos, sobrados de alardes y promesas, pero desnudos de mejorías.

La educación es progreso y fuente de trabajo. La instrucción masiva y acceso al conocimiento sin discriminación establece fortaleza social, da vigor cultural y produce solvencia económica. La libertad intelectual es vital para la democracia.

De aquel país manirroto y desordenado, sin embargo, repleto de oportunidades, hemos derivado en una nación sin ética ni valores, con principios lisiados y buenas costumbres cuestionadas, que solo tiene como objetivo fundamental el dinero, no importa si es mal habido producto del delito, robo, extorsión, chantaje, o cualquier indecencia.

Nación autocalificada de “bolivariana”, olvidando que el Libertador tuvo formación y principios, propulsor de la libertad y democracia. Se hizo militar por necesidad, no por ambición económica. Pregonan unión mientras como borrachos sin prestigio, y el peso de mentiras y derrotas, se pelean botellas vacías. Siguiendo el ejemplo de la ramera envejecida que acepta a cualquiera con dinero anémico al final de la noche, cuando el sol apunta dejando al descubierto rugosidades que revelan pliegues por desgaste.

Se ha extraviado la moral y las luces, bolivarianos por simple adjetivo, sin convicción ni espíritu de compromiso. Tiranía por la fuerza basada en la ignorancia ciudadana que sueña con libertad y democracia. Buscamos quien resuelva, sin disposición adicional a la de que pegar gritos. Unidos en ambiciones y desunidos en propósitos, bajan la cabeza a cambio de migajas. Corruptos, deshonestos y putrefactos cobijados de protección, estallan de risa con burlonas y sonoras carcajadas, rezando contritos el “Yo pecador”, confiados en el cabildeo para archivar causas en instancias tribunalicias.

Son poco líderes y estadistas, solo dirigentes anodinos. Se escuchan habladores de sandeces, majaderos y ambiciosos que invitan legitimar un fraude, desatendiendo a quienes señalan verdades. Después de la gloria viene la decadencia, fin de la transparencia, negativa a la rendición de cuentas y traición. Alimañas de posiciones, sienten derecho de acreencia sobre el botín público, glotones por recuperar vigencia y ser adjudicados.

Aseguran batallar intentando tenebrosos arreglos económicos. El intercambio de concesiones, con o entre pandilleros, patoteros, viola los principios éticos elementales que deben ser defendidos con valentía y fuerza. Se impone restituir la dignidad hecha pedazos. La ciudadanía no puede admitir que el crimen sí paga, porque la sociedad sería insignificante, mediocre, presa fácil de payasos y aventureros, de bufones iguales o peores de lo que nos han azotado.

En moral y luces, la verdad prevalece, es la reina, pero exige compromiso, y comprometerse es entender, analizar, concluir, y crear convicciones. Labor imposible para quienes siguen soñando rancheras en vez de sembrar ideas. Y, si tienen que engañar de nuevo, lo harán, como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

La importancia de moral y luces no puede subestimarse, construye y sostiene una sociedad resiliente, que, entrelazados intrínsecamente, actúan como catalizadores para el progreso humano, y superar los desafíos del presente y futuro. La búsqueda simultánea de una moral arraigada en la empatía y unas luces que iluminen el camino del conocimiento, es la clave para forjar una sociedad fuerte, justa e innovadora.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Denuncian que los comedores universitarios no pueden cubrir las necesidades nutricionales

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La ULA y la UC buscarán renovar autoridades en elecciones autónomas pese a las restricciones del Tribunal Supremo de Justicia

El lunes 29 de enero fue el último día que el comedor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, pudo ofrecer alimentos a sus estudiantes después de haber reabierto sus puertas en diciembre del 2022. 

La institución había denunciado hace dos semanas que sus instalaciones fueron vulneradas y hurtaron equipos de cocina. Y, de acuerdo con una filtración del presupuesto nacional al medio de comunicación TalCual, no habrá muchos recursos para las academias este año: $138,8 millones serán destinados para el Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades.

La Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU) teme que se apruebe un 2 % del presupuesto universitario, como ha pasado desde el año 2014. 

En la última cena (hasta ahora) del comedor de la UCV sirvieron una ración pequeña de proteínas y una de carbohidratos, denunció Inyer Bellorín, miembro de la FCU – UCV en sus redes sociales. 

«Nos dimos cuenta de la mínima cantidad de comida que nos estaban ofertando. Era una alita (de pollo) y unas 35 “pasticas” (fideos). Efectivamente eso nos alerta más, porque la crisis socioeconómica que impacta a las universidades está llegando con más fuerza a los servicios estudiantiles», agregó Bellorín en el programa de radio de Aula Abierta, en LuzRadio, este primero de febrero.

Reiteró que los comedores cumplen una función social y nutricional y denunció que el Ministerio de Educación Superior no ha atendido ni su denuncia ni la de otras casas de estudio.

«El Ministerio no nos dio respuesta. Dicen que tienen “en construcción” una propuesta para la comunidad universitaria, pero no han informado nada», dijo .

«¿Cuál es la propuesta de la Federación de Centros Universitarios?: que nos asignen el presupuesto que nos corresponde como comedor estudiantil para que nos den nuestro plato digno, donde todos los objetivos nutricionales se puedan garantizar», agregó. 

Intentar retomar las elecciones

Por otra parte, el candidato a rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Virgilio Castillo, reiteró que la falta de alimentos en las universidades públicas venezolanas proviene de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde el 2014 y las restricciones políticas y administrativas que tiene el Poder Judicial venezolano desde el año 2016.

«Las elecciones que se celebrarán en la ULA es un gran logro, porque vamos para los 16 años que no tenemos unas elecciones», dijo. 

El profesor y médico cirujano de la ULA aseveró que las elecciones de autoridades de la UCV del año pasado «fue un gran paso en la recuperación de las autonomías universitarias, pero seguimos vulnerables», ya que en noviembre del 2023 la Universidad de Carabobo intentó proponer un cronograma electoral «con las mismas dinámicas de la UCV» y el Tribunal Supremo de Justicia negó el procedimiento.

Advirtió que, si no se reactivan las universidades, las economías locales del interior del país corren más riesgos. 

«Esta es una ciudad donde la universidad está en cada rincón y es el principal motor económico y social. Prácticamente, la ULA es toda la ciudad de Mérida, y su población tiene algún vínculo con la academia. Por ello es que cuando la universidad colapsó por la crisis, la ciudad también se derrumbó. Según una información que me dio Fedecámaras, el 40 % de los emprendimientos locales están fracasando antes de cumplir un año (en el mercado)», dijo Virgilio Castillo, 

Castillo opinó que actualmente las brechas entre «las ideologías del rectorado actual» han dificultado el aprovechamiento económico de la universidad «desde la investigación» académica. 

Las denuncias sobre el acceso a la alimentación y bienestar económico de las universidades venezolanas surgen en medio de la visita del relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, del 1 al 14 de febrero de 2024 para evaluar los testimonios de la sociedad civil sobre este derecho humano. 

 

Ley Antisociedad pone en riesgo atención a las víctimas 

El instrumento que pretende aprobar el Gobierno madurista va en detrimento de los afectados por la crisis humanitaria compleja y violaciones a derechos humanos 

 

De acuerdo con el abogado, especialista en Derecho Administrativo y Procesal, Darrin Gibbs, la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” persigue establecer en Venezuela un régimen administrativo de control, limitación y sanción en todos los ámbitos.

“Esto está muy lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG y sus fines benéficos, sociales y de interés general”, dijo el miembro de la ONG Defiende Venezuela.

A principios del mes de enero de 2024, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez ordenó a los parlamentarios que iniciaran el ciclo de consultas públicas referentes al instrumento, luego que en enero de 2023 se aprobara en primera discusión el instrumento legal.

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, María Gabriela Vega (PSUV), afirmó que esta “busca controlar y hacer seguimiento a las ONG que financian el terrorismo en el país”.

“Se presume la utilización de fondos ilícitos que reciben las ONG para operar de manera irregular”, aseveró la parlamentaria. 

Julio García Zerpa (PSUV), precisó que “la ley contiene cinco capítulos, 18 artículos y dos disposiciones transitorias, y busca permitir supervisar, revisar y registrar las ONG”.

Implicaciones de la Ley

Gibbs, profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que, de aprobarse esta normativa, “los espacios de acción de las ONG se verán seriamente limitados por un conjunto de medidas administrativas que lesionan gravemente las garantías del derecho de asociación”.

Es por ello que mencionó algunas implicaciones que traería la aprobación de esta Ley:

-Reducción del espacio de la sociedad civil para satisfacer la defensa, protección y garantía de los derechos humanos por parte de las ONG y afines.

-Pérdida de los espacios para defensa y protección de los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general.

-Violación manifiesta del derecho a la libertad de asociación como derecho humano

–Coerción del Estado sobre la creación, operatividad y desarrollo de las formas de entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, limitando severamente el logro de sus finalidades de interés general.

–Impunidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela

–Sometimiento de las ONG y afines a un sistema de control administrativo exorbitante cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.

Atención a las víctimas está en juego

Gibss detalló que de aprobarse esta ley se perdería un espacio fundamental de atención, documentación, memoria, asesoramiento y visibilización para la efectiva tutela y reparación integral de las violaciones manifiestas de los derechos humanos.

Carlos Briceño, abogado y director general de la ONG Defiende Venezuela, expresó que “al bloquear el financiamiento a través de los fondos de cooperación internacional, la Ley eventualmente sofocaría a las Organizaciones”.

El también abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) precisó que esto impediría la continuación de los programas de defensa y promoción de derechos humanos, así como los de asistencia humanitaria.

Los expertos aseguraron que las ONG deben tomar dos posiciones estratégicas. La primera sería la denuncia en instancias internacionales contra la Ley y la segunda presentar antes los organismos correspondientes la solicitud de nulidad del instrumento jurídico.

 

Con información de Defiende Venezuela

El bolívar se devaluó 1,1% en enero de 2024 según el BCV

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El tipo de cambio finalizó en 35,95 bolívares por dólar el año pasado, cuando el bolívar perdió el 51,18 % de su valor frente a la divisa

 

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el bolívar cerró en el mes de enero con una depreciación del 1,1 % frente al dólar estadounidense.

Para el cierre de hoy, un dólar se vende en Venezuela en 36,26 bolívares, lo que muestra un encarecimiento del 1,11 % en la tarifa respecto al 2 de enero, cuando la primera cotización del año fue de 35,86.

Esta devaluación muestra la estabilización de la moneda local, que comenzó el año con una leve recuperación del 0,25 % frente al dólar.

El tipo de cambio finalizó en 35,95 bolívares por dólar el año pasado, cuando el bolívar perdió el 51,18 % de su valor frente a la divisa.

La moneda venezolana, al que el Gobierno le ha eliminado 14 ceros en tres procesos de reconversión monetaria -en 2008, 2018 y en 2021- ante su constante y pronunciada devaluación, se empezó a estabilizar en 2023.

El alza del dólar tiene un impacto en los precios del país -que acumuló una inflación de un 189,8 % el año pasado- y, a su vez, una reducción en el poder de compra, especialmente del grueso de empleados públicos y de unos 4 millones de pensionados, que reciben un ingreso mensual -fijado por el Gobierno- de 130 bolívares, equivalentes hoy a menos de cuatro dólares.

Venezuela salió en diciembre de 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que, por cuatro años, redujo el valor del bolívar, así como la confianza de los ciudadanos en esa moneda, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento por proteger sus ingresos.

*Con información de EFE

Cepaz: 2024 puede ser el año de la estocada final al espacio cívico

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Para el Centro de Justicia y Paz no es casualidad que en pleno año electoral el gobierno de Nicolás Maduro agudice su mecanismo represor

 

El año 2024 podría representar la estocada final al espacio cívico en Venezuela. Así lo advirtió el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a propósito del anuncio por parte de la Asamblea Nacional (AN) sobre una consulta popular sobre del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.

Civicus Monitor, ONG internacional que evalúa el estado del espacio cívico en 198 países, publicó un nuevo informe en el que Venezuela -por primera vez desde el año 2018, fecha en la que inició este monitoreo- recibió la peor la calificación posible al catalogar el espacio cívico venezolano como “cerrado”, como consecuencia de “un ataque constante a los derechos civiles y políticos que comenzó hace más de una década y que continúa en la actualidad”.

Según Cepaz, la nueva calificación, de represivo a cerrado, significa un declive en la garantía de los derechos que conforman el espacio cívico y por tanto la imposibilidad de desarrollarse libremente en el mismo.

Sin defensores de DDHH

Para el Centro de Justicia y Paz no es casualidad que en pleno año electoral el gobierno de Nicolás Maduro agudice su mecanismo represor, a través de patrones que persiguen y criminalizan a todo aquel que considere un enemigo a su política de Estado basada en la perpetuación en el poder.

“El deterioro del espacio cívico que estamos enfrentando hoy día tiene consecuencias profundas y graves para toda la población, pues afecta la calidad de la democracia, la participación ciudadana y el desarrollo social; restringiendo derechos fundamentales como la capacidad de organizarse, de expresarse y de participar en los asuntos públicos”, aseguró Cepaz.

Para la organización, el cierre del espacio cívico se traduce en la imposibilidad de prestar ayuda humanitaria, de defender derechos humanos, de abogar por la transparencia y la persecución de esa constante labor en la defensa de una sociedad más libre, justa, democrática y pacífica.

“Está secuestrado desde el #23Ene”: Esposa de dirigente de Vente Venezuela exige saber de su paradero

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Yrama Macías, esposa de Luis Camacaro, jefe del comando de campaña de María Corina Machado en Yaracuy, manifestó estar “absoluta, total y plenamente segura” de que su esposo es inocente, por lo que también exigió que se informe de su paradero

Adriana Abreu, esposa de Guillermo López, jefe del comando de campaña de Vente Venezuela en el estado Trujillo, exigió este miércoles 31 de enero que el gobierno de Nicolás Maduro informe dónde se encuentra su esposo y los demás detenidos del partido.

En un video difundido en redes sociales, Abreu señaló que su esposo “está secuestrado” desde el pasado 23 y de enero y, a la fecha, desconoce su paradero y las condiciones en las que está.

“No tenemos información de su paradero, no sabemos si está bien o no. Sus abogados no han tenido acceso a él, a su expediente, su caso ni saben dónde fue presentado”, señaló Abreu.

En ese sentido, señaló: “Le exijo al gobierno y a los entes competentes que nos informen dónde se encuentra, sobre su estado de salud, si está bien o no está bien”.

Abreu insistió en la necesidad de saber dónde está su esposo, que se les diga dónde está y sus condiciones, “al igual que todos sus compañeros que fueron detenidos y secuestrados por el gobierno”.

Por su parte, Yrama Macías, esposa de Luis Camacaro, jefe del comando de campaña de María Corina Machado en Yaracuy, manifestó estar “absoluta, total y plenamente segura” de que su esposo es inocente, por lo que también exigió que se informe de su paradero.

“Estoy acudiendo ante las instancias que deben dar respuesta por la desaparición de mi esposo. Yo no sé nada de mi esposo desde el 23 de enero alrededor de la una de la tarde”, denunció Macías desde la Defensoría del Pueblo en Caracas.

El día de la desaparición de su esposo, Macías, dijo, fue “interceptada” por el Sebin, pero al ver que en el vehículo no estaba su esposo, siguieron adelante. “Yo lo llamé y le dije ‘ten cuidado porque me acaban de interceptar y vieron que tú no estabas y seguro van a ir a buscarte a ti'”, desde ese momento, tras él confirmarle que estaba bien, no volvieron a tener contacto.

Macías advirtió que su esposo es alérgico y los medicamentos para anestesiar le hacen daño, además, es hipertenso, sufre de ácido úrico y de “una serie de patologías que ameritan tener cuidado”.

“Es injusto porque nosotros tenemos derecho a saber de nuestros familiares. El Estado tiene la obligación de decirnos dónde están (…) Supimos oficialmente que estaba en algún organismo del Estado cuando el fiscal dio las declaraciones, pero de allá para acá no hemos sabido nada”, añadió.

Operación Gran Cacique Guaicaipuro: cuatro meses de interrogantes

En octubre del año pasado se llevó a cabo el primer operativo para desalojar una cárcel considerada de alta peligrosidad, desde entonces nada se conoce algunos pranes como Hector “El Nino Guerrero” y “El Richardi”

 

Tras cuatro meses de llevarse a cabo el Operativo de Liberación “Gran Cacique Guaicaipuro”, más son las interrogantes que dejó el Gobierno de Maduro sobre los miles presos que fueron desalojados de cárceles controladas por criminales.

La operación comenzó el pasado 20 de septiembre de 2023 e implicó la intervención sorpresiva de al menos siete centros penitenciarios y de varios calabozos policiales del país, considerados de alta peligrosidad.

A propósito de esta iniciativa del Gobierno, la ONG Una Ventana a la Libertad elaboró el video “Intervención de cárceles venezolanas: ¿Solución o agravamiento del problema penitenciario de Venezuela?” ,con la participación del abogado penalista Luis Izquiel y de la periodista Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.

En la investigación UVL aborda las consecuencias de haber cambiado de lugar de reclusión a poco más de 8 mil hombres, provocando hacinamiento en otros centros de reclusión, corrupción y retardo procesal ya existentes.

Igualmente, se denuncia que hasta el sol de hoy no se conoce el paradero de los pranes de las cárceles de Tocorón (Aragua) y Tocuyito (Carabobo), por citar algunas.

No hay nada claro 

Izquiel sentenció que el operativo estuvo rodeado de opacidad porque, hasta ahora, la opinión pública está ajena al destino de los pranes, sus lugartenientes, el arsenal y el dinero que poseían. 

“Tampoco se conoce si hay un plan posterior, es decir, para evitar que vuelvan a surgir estos feudos criminales dentro de las cárceles venezolanas. Se desconoce si se tomaron medidas para evitar que los Pranes que se entregaron y fueron llevados a otros recintos sigan cobrando la causa y cometiendo todo tipo de delitos”, dijo el abogado.

Izquiel alabó que le hayan quitado el reinado a un criminal como Héctor “Niño Guerrero” en la cárcel de Tocorón. “Es positivo que las autoridades le hayan quitado el feudo criminal a esas bandas”, indicó.

Sin embargo, alertó que estas medidas acentúan el hambre, el hacinamiento y el retardo procesal.

“Esas intervenciones demostraron que el sistema penitenciario venezolano es un desastre. Quedó demostrado que había un túnel en la cárcel de Tocorón y que allí adentro vivían familias enteras, incluyendo niños de corta edad”, precisó el abogado

Todos son responsables 

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez señaló que es perentorio investigar cómo los pranes obtuvieron ese poder dentro de las cárceles que son responsabilidad del Estado. “Eso es muy importante saberlo y aún no se ha investigado”, agregó.

Rísquez cuestionó el hecho de que no se conoce el destino de los pranes y dijo que es una de las fallas más notables de estos procedimientos. 

“El gobierno debe responder sobre este aspecto, debe haber investigaciones claras que permitan identificar responsabilidades y por qué esto ocurrió. Deben informar si estos sujetos están en alguna prisión en particular. Eso es una información de interés público”, precisó.

El drama del familiar también se retrata en la producción. Una madre relata el vía crucis con su hijo que fue trasladado de Tocuyito en el estado Carabobo a la cárcel de Uribana en Lara.

“Para ir a verlo uno tiene que tener, mínimo, 35 o 40 dólares porque el pasaje es muy costoso. No he podido ir más porque es muy difícil volver a reunir esa cantidad de dinero. Vi que ya le cortaron el pelo, le pusieron un uniforme y al parecer le dan comida”, dijo.

 

Con información de Una Ventana a la Libertad

Denuncian un derrame de petróleo en el río Naricual de Anzoátegui

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Pdvsa lleva cuatro días sin informar sobre el desastre desde que el crudo está contaminando la zona

Con información de Graciela Portillo y Javier Guaipo (Radio Fe y Alegría Noticias)

Desde el 29 de enero los habitantes del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui alertan sobre un derrame de petróleo en la cuenca del río Naricual, afluente del río Neverí, una de las principales fuentes de agua potable para las comunidades de la localidad. 

De acuerdo con la reportería de Radio Fe y Alegría, se conoció que la fuga es en una tubería de 30 pulgadas que transporta el crudo desde Santo Memo, en el municipio Freire, hasta la refinería de Puerto La Cruz.

«Hasta este martes 30 (de enero), el río comenzó a presentar restos de hidrocarburos. Los bomberos del estado Anzoátegui estuvieron presentes con unas bombas tratando de que no se esparciera más el petróleo», dijo Alejandra Gómez, diputada del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui.

Boquete-por-el-derrame-de-petroleo-en-el-rio-Naricual-Anzoategui.-Enero-del-2024.-Foto-de-Radio-Fe-y-Alegria-Noticias
Boquete para controlar el daño ambiental del derrame en el río Naricual, estado Anzoátegui el 30 de enero del 2024. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Aunque la legisladora afirmó que un equipo de bomberos y de empresa estatal Petróleos de Venezuela  (Pdvsa) hacían labores de control ambiental, los voceros de Pdvsa no han informado de manera oficial el desastre. 

Vulneración a la salud

Las poblaciones más afectadas son Pelelojo, Las Casitas, Elenal 2 y Santo Domingo que pertenecen a la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar, quienes han denunciado la ausencia de información oficial. Igualmente, los docentes de la escuela Miguel Ángel Pérez denuncian estar afectados por el fuerte olor que desprende el crudo y que genera ardor en los ojos a los niños, niñas y adolescentes al pasar varios minutos en el lugar.

Gómez reiteró que el río Neverí es «uno de los principales que surte a la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui», por lo que hizo un llamado al Estado venezolano para monitorear el servicio de agua.

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Derrame de petroleo en el rio Naricual, Anzoategui. 30 de enero de 2024. Foto: Radio Fe y Alegria Noticias.

Un estado tan opaco como el crudo

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA), este derrame de petróleo sería uno de los primeros registrados por la prensa nacional en el año. Según el último reporte de esta ONG, se contablizaron 79 derrames de hidrocarburos a nivel nacional. 

Los estados más afectados son Zulia (con 20 casos), Falcón (11), Anzoátegui (3) y Carabobo (1). 

Mientras tanto, el  Observatorio de Ecología Política (OEP) de Venezuela informó que hay, al menos, 86 derrames registrados en el país durante el 2023. Advierten que esa cifra «no refleja la magnitud real de la problemática ambiental».

Ambas instituciones sobre los derechos humanos ambientales reiteraron que Pdvsa no informa a la población sobre los derrames de petróleo desde el año 2016, extendiendo una mancha de opacidad sobre su impacto ambiental.