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El 4 de febrero 1992 y la situación actual

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Algunas voces, unas bien intencionadas, otras no, alegan que en vista del veto hay que seleccionar de inmediato alguien que sustituya a MCM. Sería un grave error

 

A tres décadas de la insurrección militar de Hugo Chávez, no cesa la polémica sobre las causas y consecuencias de ese hecho. ¿Por qué intervienen los militares? ¿Son diferentes a los civiles? ¿Por qué los partidos políticos se vinieron a menos? Elegimos en primaria a María Corina como nuestra candidata, pero, por ahora, está vetada por el régimen. ¿Qué debemos hacer?

Desde que el dictador Juan Vicente Gómez creó el ejército profesional, hasta la fecha, se han producido varias intervenciones de los militares para intentar derrocar a quien ocupa Miraflores. El primero ocurrió en 1928, lo encabezó el capitán Rafael Alvarado. Esos oficiales no se levantaron en armas por ambición, sino influidos por las protestas de los estudiantes y de los políticos que luchaban contra la dictadura.

El 18 de octubre de 1945, los jóvenes oficiales graduados en la Escuela Militar estaban molesto con muchos jefes que no eran de escuela, los llamados “chopo ‘e piedra”. Además, había retardo en los ascensos y los sueldos eran muy bajos. Sin embargo, eso no era suficiente. Ellos percibieron que la ciudadanía y los recientes partidos políticos exigían que se eligiera al presidente mediante elecciones universales y secretas, a lo cual se negó el general Medina.

El 24 de noviembre de 1948 los militares derrocaron a don Rómulo Gallegos. Al respecto, Marco Tulio Bruni Celli cita en su libro a Rómulo Betancourt: “Al evaluar la actitud de los partidos no resulta fácil señalar a quién le cabe la mayor responsabilidad por esa feroz pugna interpartidista, si a nosotros, demasiados arrogantes por ese millón de votos con que nos respaldaba el pueblo o si las demás organizaciones al hacernos una oposición enconada”. Al triunfar el golpe encabezado por el Alto Mando militar, tanto COPEI, como URD reconocieron a la Junta de Gobierno. La consecuencia fue la cruenta dictadura de Pérez Jiménez.

Desde noviembre de 1957 la población estaba descontenta. Con el alzamiento militar del 1 de enero de 1958 se evidenció que también los militares lo estaban. La huelga estudiantil, el manifiesto de los Notables de la época, la huelga general, la Junta Patriótica y las manifestaciones en la calle presionaron para que los comandantes generales de los cuatro componentes desconocieran al dictador. Durante la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal hubo descontento entre algunos militares e incluso un alzamiento el 7 de septiembre de 1958; con razón o sin ella, consideraban que había mucho bochinche y que se les daba alas a los comunistas.

Durante el gobierno de Rómulo Betancourt, se produjeron varios alzamientos que fracasaron. En el Carupanazo y el Porteñazo hubo una evidente participación del castrocomunismo. Estos y otros alzamientos contra un gobierno electo limpiamente fueron motivados por la creencia, cierta o no, de que el país no machaba por buen camino. Equivocadamente, los militares pensaron que ellos eran los llamados a enderezar entuertos. En todos ellos participaron civiles y ninguno tuvo el apoyo del Alto Mando militar.

Sobre el alzamiento del 4 de febrero de 1992, encabezado por Hugo Chávez, y sucesos posteriores que culminaron con la destitución de Carlos Andrés Pérez, se han escrito varios libros. En algunos se insiste en culpar al grupo de los 25 llamados Notables firmantes del manifiesto de 1990 de haber desencadenado los hechos. Obvian que los partidos políticos y el sistema judicial se habían desprestigiado, que la corrupción había alcanzado niveles nunca vistos, incluyendo al sector militar, que la pobreza había aumentado, al igual que la deuda de la República y que la economía estaba mal. Los Notables lo que hicieron fue advertir que el país iba por mal camino.

Los militares no viven en Marte, por lo que estaban al tanto de la situación y decidieron intervenir el 4F. Afortunadamente fracasaron, pero el mar de fondo seguía presente. La defenestración de Carlos Andréshttps://runrun.es/opinion/453392/cap-por-eddie-a-ramirez-s/ fue injusta y fue un juicio político. Muchos pensaron que era mejor apartarlo porque podría suceder otra insurrección militar y más episodios de saqueo. Ese juicio lo decidió su propio partido y el Congreso Nacional, no fueron los Notables. Entre estos, el único que evidenció no ser demócrata fue José Vicente Rangel. Nadie puede dudar de la honorabilidad y espíritu democrático de un Arnoldo Gabaldón, José Román Duque Sánchez, Rafael Pizani, Pastor Oropeza, Alfonzo Ravard e Isbelia Sequera, entre otros.

El no haber tomado correctivos hizo inevitable la aparición de un Chávez. Afirmar que su “Por ahora” fue lo que lo llevó a la presidencia carece de sustento.

Algunos sostienen que el 4 de febrero estaban comprometidos oficiales de alto rango. No tenemos elementos para desmentirlo, pero lo cierto es que el alzamiento fracasó porque no contó con el apoyo del Alto Mando. Con toda seguridad hubo descuido y enfrentamientos entre algunos generales que facilitaron el golpe. El propio Carlos Andrés ignoró los informes que le presentaron sobre la conspiración.

En resumen, las intervenciones de los militares a veces se justifican, otras no, y siempre contaron con apoyo civil. Con la excepción del 18 de octubre, las restantes fracasaron por no estar involucrado el Alto Mando. Evidentemente ahora se justificaría, pero la dirigencia opositora, y específicamente María Corina, ha dicho enfáticamente que la vía es electoral, lo cual es acertado.

Algunas voces, unas bien intencionadas, otras no, alegan que en vista del veto hay que seleccionar de inmediato alguien que la sustituya. Sería un grave error. Con apoyo de la opinión de los gobiernos democráticos del mundo y presión interna, ella será nuestra candidata y próxima presidenta.

Si permitimos que Maduro impida una elección libre con participación de María Corina, aumentará la emigración, la pobreza, el deterioro de la educación, salud y de los servicios públicos, y se perjudicarán los países de la región. Exigimos se abran más centros de Registro Electoral en Venezuela y que podamos votar quienes estamos en el exterior.

Como (había) en botica

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Clima 21: Al menos 33 ríos de la Amazonía venezolana están contaminados por la minería

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Advierten que la contaminación de los ríos por sedimentación y por mercurio aumentó 106 % en los últimos 6 años

Para inicios del año 2017 en Venezuela se reportaban 16 ríos de la cuenca del Orinoco y del Esequibo afectados por la minería ilegal, ahora la cifra subió a 33. Así lo denuncia el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Clima 21) en su informe publicado este 5 de fecbrero. 

La cantidad de ríos afectados por la minería en la Amazonía aumentó 106 %, según la institución.

«Todas las cuencas principales están amenazadas por la sedimentación y la contaminación por mercurio derivada de la explotación de oro. En las cuencas del Cuyuní, Caroní y Caura hay comprobadas evidencias de que esta contaminación ha afectado a poblaciones humanas. Ninguna de las Áreas Protegidas al sur del país parece estar cumpliendo con su objetivo de conservar los ecosistemas incluidos en sus territorios incluyendo los ríos que las atraviesan», agregó la ONG.

Clima 21 denunció que el Estado venezolano no ofrece ningún dato o declaración sobre el impacto ambiental del Arco Minero del Orinoco, proyecto del gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2016, ni las industrias extractivas de bauxita y coltán en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, al sur y oriente del país. 

«Aunque el daño en algunos casos se inició desde hace más de 100 años, en los últimos 20 años se ha incrementado de manera significativa», agregó el observatorio. «Solo el río Cuyuní (afluente del río Esequibo) parece estar en condición crítica, pero en la mayoría de los casos existe evidencia de un deterioro importante de su salud. Sin embargo, la ausencia de datos actualizados impide conocer del todo su situación actual». 

Minería del oro: la más degradante

Alteración de cauces, aumento del riesgo a inundaciones, deforestación de los bosques rivereños, erosión y socavación de sus márgenes; deterioro de la calidad del agua por el incremento de residuos de la explotación —uso de mercurio, fugas de combustibles y lubricantes, así como por residuos orgánicos provenientes de los asentamientos mineros—, envenenamiento, el aumento de la turbidez y la pérdida de biodeiversidad son algunos de los fenómenos socioambientales que enfrentan los cuerpos de agua dulce en la región. 

En el caso de la minería del oro, Clima 21 advierte que en Venezuela aumentó el uso de embarcaciones llamadas «dragas», que excarvan y succionan el fondo de los ríos para extraer los minerales, rompiendo la flora y eliminando la fauna de las profundidades. 

«Esta forma de minería fluvial ya era utilizada a finales del siglo pasado, pero restringida a pocos ríos, como Atapabo, Caroní y el Paragua. Actualmente, se tienen referencias de la presencia de embarcaciones realizando actividades mineras en al menos 16 ríos en los estados Bolívar (9) y Amazonas (7)», informó la ONG.

El Observatorio advirtió que en el año 2020 el gobierno de Nicolás Maduro anuló la Gaceta Oficial
Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica para el desarrollo de minería fluvial en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, «todos ellos situados dentro del territorio del Arco Minero del Orinoco».

Pero, «hasta la fecha, no ha sido posible verificar esta noticia», agregaron. 

El olvido de la bauxita también contamina

Para la ONG, la extracción y prosecamiento de la bauxita lleva en decadencia socioambiental desde el 2006. Las minas a cielo abierto desatendidas en Orinoco medio produjeron unos lagos de «lodo rojo» que genera un riesgo de contaminación a los afluentes si se llegara a derramar.

«La caída de la producción de Bauxilum tuvo como consecuencia que fueran abandonados los programas de conservación de estas lagunas, lo que ha generado filtraciones que están afectando a las lagunas naturales cercanas y posiblemente contaminando al Orinoco y los peces usados en la alimentación humana», se lee en el informe. 

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Captura de pantalla de Google Earth de una mina de Bauxita en Los Pijiguaos, municipio Cedeño, al occidente del estado Bolívar. Créditos: Clima 21

«Aunque no se tiene información sobre el impacto ambiental de esta actividad sobre los cuerpos de agua locales, imágenes satelitales de la zona demuestran que los cursos de agua y sus bosques ribereños han sido alterados. Igualmente, se supone que las aguas y organismos de estos tramos fluviales también han sido afectados», agregó la institución.

La opacidad de la minería del coltán

Dentro de la falta de información estatal, Clima 21 advirtió que la minería del coltán aumentó en los últimos 6 años «principalmente en localidades del municipio Cedeño del estado Bolívar, en la cuenca de los ríos Suapure y Parguaza y en el municipio Atures del estado Amazonas». 

A través de informantes protegidos por la institución, se destaca que la extracción de este mineral es a cielo abierto y cerca de las cuencas fluviales, erosionando las zonas boscosas y degradan la biodiversidad. 

«Aún así, no se tiene información sobre ningún aspecto de la explotación de este mineral, ni sobre los posibles impactos ambientales que puedan estar generando en Venezuela», dijo el observatorio.

Asamblea Nacional propone un calendario electoral para celebrar elecciones “lo más pronto posible”

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Presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, anunció que la propuesta de cronograma de los comicios presidenciales 2024 estará lista en un lapso no mayor a 72 horas

 

Este lunes, 5 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que «a más tardar a principios de la próxima semana» se entregará una propuesta de calendario al Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios presidenciales, que deben realizarse este año. 

Rodríguez afirmó que esperan tener lista dicha propuesta en un lapso de no mayor a las 72 horas. «Posiblemente a finales de esta semana o principios de la siguiente entregarán los resultados de sus consultas», dijo.

Según el oficialista, en la consulta participaron los representantes de organizaciones “de todo el espectro político de la vida republicana, desde los sectores que hacen vida dentro de una ideología de derecha, de centro derecha, socialdemócrata, demócrata cristiana, hasta los representantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”.

Enfatizó que la reunión contó con la participación de 29 organizaciones políticas y grupos de electores debidamente inscritos ante el CNE, representando «todo el espectro político de la vida republicana» para proponer un calendario electoral.

“Lo más pronto posible”

Por su parte, el exgobernador oficialista Francisco Ameliach, gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se mostró a favor de que las elecciones presidenciales de este año se celebren “lo más pronto posible”, dentro de los lapsos que necesite el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar estos comicios.

“El PSUV propone que, vistos los acontecimientos geopolíticos y la coyuntura nacional (…), estamos de acuerdo en que se realicen elecciones en Venezuela lo más pronto posible, de acuerdo a lo establecido en los lapsos y las capacidades técnicas que tenga el CNE”, sostuvo.

Ameliach, que no planteó una fecha en concreto, tomó la palabra luego de que otros políticos, algunos de ellos precandidatos presidenciales, también asomaran sus propuestas para este plan que será presentado ante el CNE, que luego se tomará el tiempo que considere necesario para anunciar el cronograma de los comicios.

Calendario electoral sin ventajismos

El diputado y precandidato Javier Bertucci pidió que se garantice una campaña sin ventajismo, «especialmente en el área comunicacional». Exhortó a que haya balance en la exposición ante los medios de comunicación. También pidió que se convoque a una observación internacional.

«Proponemos desde El Cambio que veamos algún tipo de mecanismo para incorporar el voto del exterior y que basado en las actividades, que son 165 días según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, partiendo de la premisa de que los diferentes grupos de observadores requieren unos seis meses de antelación, proponemos que las elecciones sean realizados entre el domingo 15 de septiembre y el domingo 6 de octubre», dijo.

Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, por su parte, opinó que las elecciones deben ser un instrumento de estabilidad. «Tiene que generar confianza para que vengan inversiones a Venezuela, eso significa empleo, y no para un sector político, sino para todos».

En su derecho de palabra, Ecarri pidió que se convoque a la Unión Europea y otras organizaciones con reconocimiento internacional para que puedan dar esa confianza «porque estamos entrando en otras épocas».

José Brito y Bernabé Gutiérrez proponen celebrar presidenciales en julio

Los partidos opositores Primero Venezuela (PV) y Acción Democrática (AD), liderados por José Brito y Bernabé Gutierrez, respectivamente, propusieron que las elecciones presidenciales se celebren el venidero mes de julio.

José Brito propuso el 28 de julio -día del natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013)-, una fecha que, a su juicio, permite cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, incluyendo las auditorías en las distintas fases del proceso.

Por su parte, Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020-, indicó en rueda de prensa que la formación propone que las presidenciales sean el 5 de julio, cuando el país conmemora su independencia.

El opositor, acompañado del candidato presidencial de este partido socialdemócrata, el diputado Luis Martínez, aseguró que «existen otras potencias que quieren tener injerencia” en las elecciones, por lo que “no hay otra fecha más importante» para celebrar los comicios que el 5 de julio, al recordar que ese día, pero en 1811, el país se independizó.

*Con información de TC, EFE y EI

Asamblea Nacional Asamblea Nacional 

Falta de medios económicos para acceder a alimentos es una constante en Venezuela

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Aunque la disponibilidad de alimentos mejoró en Venezuela, la falta de medios económicos sigue siendo una constante

Foto: EFE

La disponibilidad de alimento en Venezuela ha ido en crecimiento después de la pandemia, sin embargo, la falta de medios económicos para que los ciudadanos puedan adquirirlos sigue siendo una constante, así lo afirmó la doctora Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud y miembro de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición en una entrevista para NTN24.

La especialista recalcó que el acceso a los alimentos “esta sumamente comprometido, porque hay alimentos en el país, lo que pasa es que no tenemos los medios económicos para acceder a ellos”. Agregó que los ciudadanos deben recurrir a distintas estrategias para poder comer.

Un nuevo Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumanVenezuela reveló que “en 2023 91,6% de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral ante mayores niveles de gasto”.

Además, un 41,1% de la población para subsistir a nivel alimenticio tuvo que combinar en el año 2023 distintas estrategias y además sacrificar gastos y privación de consumo.

“Hay gente que, por ejemplo, decidió hacer dos comidas al día, hay familias donde las madres no están comiendo para que sus hijos puedan comer, o simplemente, hay gente que decidió no comprar más ropa ni hacer más pagos para insumos que requieran para educar a los niños para así poder alimentarse”, describió. 

Otras personas también deben elegir entre comprar medicamentos o vender artículos del hogar para  cubrir estos gastos lo cual es una “estrategia irreversible”. “Cuando vendes un microondas para comprar un alimento, muy difícilmente recuperas ese microondas en el tiempo”, explicó Herrera.

Sumado a esto hay una “seguridad alimentaria marginal”, la cual refleja que los venezolanos logran alimentarse aplicando una estrategia que sacrifica otras necesidades básicas.

“En 2023 hubo un aumento de la seguridad alimentaria moderada y de la seguridad alimentaria serena, la cual se había mantenido un poquito más estable después de la pandemia, pero hemos vuelto a retroceder”, dijo la especialista.

En todos los niveles y grupos etarios hay desnutrición

Herrera explicó que dentro del amplio espectro de pobreza hay grupos que, por su vulnerabilidad, suelen ser los más afectados.

Entre ellos están los niños menores de cinco años que son considerados grupos poblacionales vulnerables, también los adultos mayores y aquellos hombres y mujeres en edad fértil “que van a tener un déficit y desventaja a la hora de la procreación a las cuales se han sometido”.

Esto, para Herrera, es “una notable y dura realidad que afecta a la mayoría al día de hoy”. Pero, según la experta, para poder llegar a la solución de este conflicto se debe pasar primero por un análisis de otros temas como, por ejemplo la mejora de los servicios de agua, electricidad y gas.

La especialista resaltó que la falta de nutrientes desde temprana edad y aún desde la concepción influye sobre el desarrollo adecuado de los niños y niñas que están creciendo en el país.

Muerte por accidentes viales viaja en dos ruedas

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De acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial, los motorizados y acompañantes lideran el número de fallecidos en accidentes de tránsito
En las primeras cinco semanas de 2023 se registraron 112 muertos por accidentes de tránsito
Venezuela es el décimo país de Suramérica con más decesos por accidentes de tránsito vehicular
Imprudencia de conductores, mal estado del pavimento, falta de señalización, ausencia de iluminación y parque automotor antiguo han constituido un escenario para los siniestros

 

Solo en Caracas, entre tres y cuatro personas mueren diariamente en el pavimento por accidentes de tránsito.

 El dato, que solo es una estimación porque las autoridades gubernamentales no dan a conocer la cifra de decesos que se producen en hospitales por causas asociadas a estos incidentes, evidencia que los siniestros van en subida.

La imprudencia de los conductores es la principal causa de los accidentes de tránsito. A lo anterior se le suman las omisiones del Estado y sus cuerpos de seguridad y de fiscalización, el deterioro de las vías, la falta de señalización, y las fallas técnicas de vehículos, muchos de ellos, sobre todo carros, autobuses y transporte de carga pesada, con más de 30 años de antigüedad.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 112 muertos por accidentes de tránsito en todo el país, en las primeras cinco semanas de este año. La ONG registró 303 siniestros en los cuales fallecieron 81 hombres, 20 mujeres y 11 menores de edad.

Motorizados a la vanguardia de los accidentes 

De acuerdo con el OSV, los motorizados y acompañantes lideran el número de fallecidos en accidentes de tránsito. 

Del total de hombres que murieron en enero por este tipo de siniestros, 39 eran motorizados; 11 fueron arrollados y 28 murieron durante choques o colisiones. De la cifra total de mujeres fallecidas, ocho iban en moto como “parrilleras”, cinco fueron arrolladas y seis eran conductoras o acompañantes de vehículos. 

Los accidentes viales evidencian que algo no se está haciendo bien. Venezuela es el décimo país de Suramérica con más decesos por accidentes de tránsito vehicular. Cifras divulgadas, en 2019, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial señalan que en el país mueren cerca de 11.000 personas al año por estos incidentes. 

El Estado debe intervenir

En opinión de Lilian Romero, experta en seguridad vial y directora de Asotransito, urge que el Estado intervenga porque «si seguimos así las cifras serán para el cierre de este año mucho más alarmantes».

«Los siniestros viales han aumentado y eso es evidente porque todos los días en algún lugar la gente se encuentra una cola con un motorizado tirado en el suelo», dice.

Romero, aunque reconoce que el índice de siniestralidad por accidentes viales aún es menor al que se registró entre el 2013 y 2014, destaca que el número diario de muertes en el pavimento por estos siniestro es motivo de preocupación. 

El registro que lleva la directora de Asotransito indica que diciembre cerró con un aproximado de entre tres y cuatro muertes diarias.

El error humano, expone, es la principal causa de los accidentes de tránsito. Sin embargo, no exime de culpas a las autoridades del Estado. Enfatiza que el gobierno debería dar vías de seguridad a la ciudadanía y, recalca, esto se trata de adorno o alumbrado.

«Sabemos que están tratando de meterle mano a las vías pero no es suficiente. Un ejemplo es el pavimento, si no tiene un mantenimiento adecuado vas a ver a muchos motorizados derrapando en la vía, al igual que conductores de automóviles, por más prudentes que sean. Es más, el tema de los huecos también es un problema, porque la persona que conduce al procurar esquivarlos puede ir directo a un desastre», recalcó. 

Romero subraya que «en este momento» el gobierno de Nicolás Maduro no está cumpliendo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas sobre vías y calles seguras.

Cuando se habla de calles seguras «se trata de modernización de las vías, colocación de defensas aptas, rampas que funcionen, señalizaciones, habilitar espacios donde el conductor pueda tomar agua, aunque parezca absurdo, un teléfono de emergencia y garantizar una buena atención a la víctima».

Caldo de cultivo siniestro

Con Romero coincide Celia Herrera, experta en planificación urbana y movilidad. Sin dejar de reconocer que estos incidentes se asocian generalmente al comportamientos del conductor, si se distrajo, o estaba adormecido, subraya que no es la única causa de los accidentes en las vías.

Destaca que la falta de mantenimiento, el mal estado del pavimento, la falta de señalización, la ausencia de iluminación, la falta de fiscalización han hecho de las vías un caldo de cultivo para los siniestros.

En su explicación expone que son tres factores los que intervienen en los siniestros: vía, vehículo y conductor. 

“En términos de adaptarse a los nuevos tiempos hay un rezago en la forma de moverse. En las ciudades a nivel internacional están enfocados en la micro movilidad”, apunta.

Camiones envejecidos 

Los accidentes de transporte de carga pesada son los segundos que más se registran, seguidos por los de transporte público. En ambos casos también influye el hecho de que la flota está envejecida. 

«Tenemos una flota de transporte público y de carga envejecido. Hay muchos que son de los años 80 y están transportando material, esto incrementa los accidentes de tránsito», apunta Lilian Romero, directora de Asotransito.  

La Comisión Venezolana de Normas Industriales recomienda que la altura máxima de un vehículo sea de 4,10 metros y una anchura de 2,60 metros. En cuanto al peso máximo, el mismo instrumento, establece que no debería superar las 48 toneladas.

Reducir la tasa de accidentes y de muertes por estos casos pasa porque las autoridades hagan la tarea y hagan respetar la norma, el Estado fomente la educación vial, la ciudadanía y ponga en práctica sus deberes, dice Romero al respeto. 

Romero ha reiterado en otras oportunidades que, por ejemplo, los puntos de control de la Guardia Nacional (GN) apostados en las autopistas deben ser (los funcionarios que operen) homologados por tránsito cuando están en las arterias viales.

«Todos los funcionarios de la GN deberían saber de tránsito», tanto así para que sean capaces de detener e impedir el tránsito a una gandola que tenga los neumáticos lisos.

«La Ley Transporte Terrestre establece como obligatorio que los vehículos transiten con todos los estándares de seguridad. Los funcionarios deben exigir el cumplimiento de normas Covenin».

Con respecto a las unidades de transporte público destaca que hay una apatía grande por parte del Estado para supervisarlos. Precisa que los operativos los hacen hasta las 7:00 de la noche pese a que esta fiscalización debería estar operativa las 24 horas.

La experta recomienda al Estado hacer inspecciones a las empresas y cooperativas (del transporte de carga pesada y de unidades de transporte público). 

«En el caso de las unidades de autobús es que cuando tienes un vehículo, tienes personas que son una carga inestable. Es decir, cuando una unidad pierde el control con pasajeros a bordo, los ciudadanos se van a mover, se desconoce cuál será su reacción, desestabilizan aún más la unidad y eso puede terminar en una fatalidad», explica.

Educación vial y conciencia 

Jonathan Quiantip, director de la ONG Ángeles de las Vías, se refiere a la atención de la víctimas de accidentes de tránsito. Detalla que con el paso de los años las capacidades de los cuerpos de atención fueron mermando. La loable labor que hacen, es con las uñas.

Quiantip menciona que otro factor desencadenante de los accidentes de tránsito son las alcantarillas sin tapa. Son un peligro «no solo para los motorizados, sino para los vehículos». 

«Recientemente por una boca de visita un vehículo partió el cárter de aceite de motor, cuando lo retiraron (el auto) quedó el aceite y posteriormente hubo accidentes de motorizados», relata.

También cuenta que en la estación de servicio de Caricuao un carro presentó un problema y cuando el conductor se bajó para verificar lo que ocurría cayó 12 metros al vacío por una alcantarilla que estaba sin tapa. 

«Ya no son solo en las autopistas. Sino en las arterias internas. Las reparaciones de la vías no están siendo señalizadas», apunta. 

Reporta que en las primeras cinco semanas de enero se han producido muchos accidentes fatales. «Eso tiene que ver con el gran parque automotor de motos».

Herrera lamenta el deterioro del sistema de prevención. Señala que La ley establece que el Estado -a través de las instancias correspondientes- debe llevar un histórico de la ocurrencia de siniestros, esto con el objetivo de tomar previsiones, reducir los eventos e identificar las causas. 

Observa necesario formular programas orientados a propiciar mejores condiciones de seguridad social, así como también de educación vial. Herrera también celebra la labor que hacen los cuerpos de Protección Civil (PC), bomberos y centros de salud.

Cualquiera tiene una licencia 

Con Herrera coincide Lilian Romero. «La educación vial es importante, la conciencia es importante». Eso por un lado, por el otro destaca que «la gente reclama a los motorizados, pero hay que preguntarse ¿quién les entregó la licencia? Debe haber un control en los motorizados y todas las cadenas».

Romero afirma que el gobierno debe enseriar las multas, supervisiones y sanciones para todas las violaciones a la ley. Considera que no hay excusas porque el transporte público, los mototaxis o los camiones funcionan en cooperativas o empresas, y esta es la vía perfecta para hacer estas supervisiones.

Sobre los recursos que se requieren para garantizar la seguridad vial, Romero afirma que «sí se necesita mucho dinero para arreglar las vías».  Sin embargo, recalca que eso no es excusa, por ejemplo, para la educación vial y los controles.

«Eso es ley. El gobierno no tiene que invertir para supervisar al transporte público. Ellos tienen que cumplir con la Ley del Trabajo y la Lopcymat, que  obliga a las empresas a dar capacitaciones a sus trabajadores cada seis meses, dependiendo del trabajo que realice».

Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, sostiene que hay una necesidad importante de educación vial en los choferes de carga pesada. Detalla que existe un protocolo importante en cuanto al tipo de licencia que deben usar los conductores, el peso de la carga y hasta la altura del vehículo.

Sugiere al Estado reforzar las leyes en esta materia y aumentar la rigurosidad en la imposición de multas.

«Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública porque generan un gasto fuerte. No hay capacidad para pagar todas las consecuencias de un siniestro. Aunque bomberos y cuerpos médicos hacen lo mejor posible, a veces ni ellos tienen cómo atender a los ciudadanos», resalta Cedeño.

 

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Colectivos infringen la ley y el Estado muestra indiferencia 

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La noche de este domingo 4 de febrero, miembros de grupos parapoliciales portaron armas, impidieron el tránsito y retuvieron a personas en la redoma de Petare sin enfrentar castigo alguno
 Ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, no precisó si fueron liberados miembros de colectivos detenidos en la sede de Polisucre adyacente a la redoma de Petare   

 

Este 4  de febrero en la noche, a escasas horas de que Nicolás Maduro conmemorara otro aniversario  del golpe de Estado encabezado por el fallecido presidente Hugo Chávez, colectivos armados y uniformados trancaron las inmediaciones de la redoma de Petare en Caracas exigiendo la liberación de compañeros detenidos en la sede adyacente de Polisucre.  

Portando armas de fuego, un grupo de alrededor de 20 hombres impidieron el tráfico en horas de la noche, secuestraron unidades de transporte colectivo y quemaron basura.

“El pasado 23 de enero, policías del municipio Sucre sabotearon a la economía informal para que trancaran la calle en contra de nuestro Gobierno revolucionario, hoy nos atacan y tienen a 20 hombres detenidos…estos policías son el brazo armado de los opositores y ahí es donde vienen los golpes de Estado…Chávez vive”, vociferó un hombre flanqueado por sujetos ataviados con uniformes negros, chalecos antibalas y pasa montañas.

Horas más tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, indicó que la situación en Petare fue controlada a través del diálogo.

“Y mediante la activación de un despliegue especial con organismos de seguridad, la ciudadanía puede estar tranquila de que vamos a preservar la paz”, dijo el funcionario. 

El fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no se pronunció al respecto.

¿Qué pasó con los colectivos detenidos?

De acuerdo al abogado penalista y profesor de criminología, Luiz Izquiel, lo sucedido en Petare refleja la impunidad con la que operan los colectivos armados en Venezuela.

“La anarquía sembrada por los colectivos lamentablemente es un mal de vieja data en Venezuela. La mayoría de las veces estos individuos quedan impunes de las fechorías que cometen públicamente, lo que indica que tienen el apoyo de gente de poder en el país”, sostuvo Izquiel. 

El experto recalcó que, según lo estipulado en la ley, las personas ajenas a los cuerpos de seguridad no pueden portar armas de fuego.

“En Venezuela desde hace tiempo existe una prohibición de porte de armas para la mayoría de los civiles, sin embargo, muchos de los miembros de estos grupos parapoliciales se pasean con armas de fuego por las calles del país sin sanción alguna”, agregó.

Izquiel informó que según informaciones extraoficiales, los colectivos detenidos en la sede de Polisucre habrían sido liberados por los propios policías.   

“Esto constituye una irregularidad, ya que una vez detenidos debieron ser presentados ante un juez penal de control, que en definitiva es el que debió decidir si continuaban o no detenidos por los delitos que presuntamente estaban cometiendo en flagrancia, los cuales aparentemente eran porte ilícito de arma de fuego y hurto”, detalló.

 

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Noruega insta a cumplir con Acuerdo de Barbados y todo lo convenido en la negociación

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció que la administración de Nicolás Maduro pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo los acuerdos de Barbados

Noruega, país mediador en la negociación política entre el chavismo y la oposición de Venezuela, instó este sábado, 3 de febrero, a que se cumpla el Acuerdo de Barbados, de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Mediante un breve comunicado compartido en X (antes Twitter), Noruega reafirmó su compromiso con las negociaciones, en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021.

“Es fundamental que se implemente el acuerdo (…), así como todo lo convenido en el proceso de diálogo y negociación”, dice el escrito del reino de Noruega en México.

Asimismo, Noruega remarcó la necesidad de que las partes busquen “soluciones constructivas a los asuntos pendientes” para “llegar a arreglos que salvaguarden el bienestar” de los venezolanos.

El comunicado llega una semana después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunciara la violación del acuerdo de garantías electorales firmado en Barbados en octubre pasado, por parte del Ejecutivo, debido a la inhabilitación de María Corina Machado.

Oposición denuncia que Maduro busca quedarse en el poder de espaldas al acuerdo

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este domingo, 4 de febrero, que la administración de Nicolás Maduro pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo los acuerdos de Barbados.

«Queremos alertar acerca de la pretensión de Nicolás Maduro de quedarse en el poder sin tener el apoyo de los votos del pueblo», reza el comunicado de la coalición opositora.

A juicio de la PUD, el espacio político para discutir el cronograma es el Acuerdo de Barbados, el que las partes firmaron en octubre y en el que se comprometieron a promover, «de manera conjunta, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las garantías» acordadas.

En ese sentido, rechazaron que la Asamblea Nacional oficialista se reúna para discutir un cronograma electoral.

Corte IDH analizará irregularidades en presidenciales de 2013 en audiencia este #6Feb

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De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro ganó estos comicios con una diferencia de 1,49%

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) analizará este martes, 6 de febrero, las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2013.

De acuerdo con Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, la actividad se realizará en la sala de audiencias de la sede de la Corte en la ciudad de San José (Costa Rica), a través de una audiencia oral y pública.

Esta decisión la tomó el juzgado continental en una resolución aprobada el 5 de diciembre, en la cual el presidente de la Corte IDH, magistrado Ricardo Pérez Manrique, consideró “necesario” celebrar un acto para recibir “los alegatos y observaciones finales orales de las partes y (de) la Comisión Interamericana, respectivamente”.

 

Durante la audiencia, los magistrados escucharán una declaración de Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial de ese año por la oposición, sobre el desarrollo de la campaña electoral y otros temas relacionados con la elección.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en calidad de demandante, presentará el testimonio del abogado Pedro Salazar Ugarte, que como perito declarará sobre “las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos políticos”.

“En particular, respecto a los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas en el contexto de procesos electorales y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”, dijo.

El perito también “se referirá a los recursos que deben brindar los Estados frente a violaciones a los derechos políticos, particularmente respecto de garantizar de manera efectiva la imparcialidad de las autoridades que participan del control electoral de las elecciones”.

Por último, el abogado hablará sobre otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y el derecho comparado.

Las autoridades venezolanas se defenderán con todo

El agente Larry Devoe Márquez representará al Estado venezolano a través del testimonio de cuatro testigos y de dos peritos, reveló la Corte IDH en su resolución.

Los testigos serán Eglee Sofia Toro Navas, una electora que participó en los comicios denunciados; el exfuncionario del CNE Omar Roa Veliz; Carlos Alberto Álvarez, miembro de la Misión de Observación Electoral de Unasur; y Pedro Contreras, integrante de la organización Proyecto Social.

Por su parte, el abogado Federico Fuenmayor, quien fue magistrado suplente del TSJ, expondrá sobre la regulación de los procesos electorales en Venezuela, sobre los mecanismos de auditoría y los procedimientos existentes para objetarlos.

Finalmente, la abogada Intina Reina López Pérez, declarará sobre la procedencia y trámite del recurso contencioso electoral, conforme a la legislación venezolana.

Elecciones cerradas en falso

Las presidenciales del 14 de abril de 2013 se celebraron luego de que el 5 de marzo de ese año se informara de la muerte de Hugo Chávez, quien fue reelecto en los anteriores comicios de octubre de 2012.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), este proceso fue ganado por el Nicolás Maduro con una diferencia de 1,49%.

Sin embargo, Capriles cuestionó dichos resultados y denunció una serie de irregularidades (ventajismo, presiones a testigos y abusos en el voto asistido) que, según él, inclinaron la balanza a favor de su rival.

Aunque en un principio Maduro aceptó realizar una auditoría para verificar sus resultados, el CNE le cerró las puertas a esta posibilidad y el TSJ rechazó todos los recursos que presentó el opositor.