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CIDH determinó que situación electoral en Venezuela ha sufrido un deterioro desde 2013

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Una denuncia hecha por el ex candidato presidencial Henrique Capriles abrió la puerta para una audiencia oral y pública donde se debate el papel del chavismo en los procesos comiciales 

  

A propósito de una denuncia hecha por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que a partir de las elecciones presidenciales de 2013 se ha producido un “serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela”.

La instancia internacional determinó que el patrón ha quedado de manifiesto con “acciones de represalia contra la oposición política y la creación de obstáculos en el ejercicio de derechos políticos de la oposición, así como la falta de independencia del órgano electoral”.

Asimismo, el organismo condenó el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, quien era también el presidente encargado de Venezuela hace once años. 

“La utilización de bienes públicos con fines proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en la campaña electoral, el manejo desproporcionado de los medios de comunicación oficiales en favor de dicho partido político, la presencia de militares con símbolos del partido oficialista en los centros electorales el día de la elección y la represión contra grupos opositores”.

Para sustentar los atropellos cometidos por el régimen chavista, la CIDH citó los informes del Centro Carter y del Instituto de Altos Estudios Europeos.

La CIDH inició una audiencia oral y pública el pasado 6 de febrero en San José de Costa Rica luego que el dos veces candidato presidencial acudiera a la instancia para denunciar la violación de sus derechos políticos por la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondieron a sus denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas en los comicios de 2013, donde Nicolás Maduro  ganó con una pírrica ventaja de 1,49 % de los votos.

A finales de 2022 el caso llegó a la corte, luego que la CIDH determinara que el Estado venezolano violó los artículos 23, 13, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ramón José Medina, abogado de Capriles, señaló que el CNE, el TSJ y el Consejo Moral Republicano “han sido miembros activos del partido de Gobierno”.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

LEA.  Funcionarios de la ONU expulsados por el gobierno venezolano se encuentran en Panamá

Guárico comenzó 2024 con un incremento en las muertes por intervención policial 

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Siete personas fallecieron en operativos de cuerpos de seguridad durante el mes de enero 

 

Al menos siete muertes por intervención policial se registraron en el estado Guárico durante el pasado mes de enero de 2024, cifra que representa un incremento del 250% en comparación con el mismo periodo de 2023, de acuerdo a datos recabados por el Observatorio Venezolano de Violencia.

De acuerdo a los investigadores del OVV Guárico, cuatro de las siete víctimas corresponden a un operativo policial efectuado en el municipio Roscio de San Juan de los Morros. Los otros tres tuvieron lugar en Tucupido, San Rafael de Macaira y El Socorro.

En enero de 2023, el OVV apenas registró dos muertes por intervención policial.

En lo que respecta a los homicidios, el monitoreo local arrojó dos víctimas en enero pasado, en El Calvario y Zaraza, respectivamente, esto denota una disminución de 60% al comparar con los cinco asesinatos registrados en el mismo período del año anterior.

El Observatorio también informó que hubo un aumento de la violencia no letal durante el primer mes del año de 2024.

De cuatro víctimas en enero de 2023, la cifra ascendió a 13 en el primer mes del 2024, lo que significa un incremento del 225%.

De  las 13 víctimas mencionadas, nueve fueron mujeres: 5 agresiones, dos víctimas por tentativa de homicidio y otras dos por agresión sexual, en todos los casos, con excepción de las agresiones sexuales, los perpetradores resultaron ser las parejas o exparejas.

Las otras cuatro víctimas de género masculino corresponden a un niño de tres años agredido por su madre, un comerciante que fue extorsionado y una riña callejera entre dos hombres.

Integrantes del OVV Guárico manifestaron preocupación por el aumento de la violencia contra la mujer.

La organización reiteró la importancia de sistematizar  las diversas manifestaciones de violencia, con el fin de identificar los contextos que prevalecen, además de concientizar a la sociedad de las secuelas profundas y permanentes de la violencia intrafamiliar.

Los investigadores sostuvieron que la violencia intrafamiliar afecta a la víctima directa, incide negativamente en el grupo familiar y en ocasiones deriva en intentos de femicidios.

 

Con información de Observatorio Venezolano de la Violencia 

 

LEA TAMBIÉN:  Denuncian el traslado de 30 presos políticos de la Dgcim a la cárcel de El Rodeo I

MonitordeVíctimas | Cuerpos de seguridad de Venezuela mataron a 65 personas en enero

En lo que parece ser una nueva escalada de violencia policial en Venezuela, Monitor de Víctimas contabilizó seis decenas de muertes de ciudadanos a manos de funcionarios de las policías y la FANB, en 15 estados del país, en los primeros 31 días de 2024. Por lo menos, 63 de estos casos serían presuntas ejecuciones extrajudiciales

 

Ronna Rísquez / Adriana Materano

 

Venezuela no está en guerra y se supone que la delincuencia se ha reducido. Pero militares y policías mataron a 65 personas en 15 estados del país, en el primer mes del año; en promedio, dos víctimas cada día de enero. Tres de los asesinados son menores de edad y casi todos los casos podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.

En estos hechos, presentados en su mayoría como resistencia a la autoridad y enfrentamientos, están involucrados distintos grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en diversas regiones del país, las policías estadales  y municipales de ocho estados.

Los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 12, 11 y 10 casos cada uno, respectivamente. Le siguen Guárico con 8, Anzoátegui con 5 y Monagas con 4. Continúan Trujillo y Falcón, con 3 cada uno; Distrito Federal y Portuguesa, con 2 víctimas, y Táchira, Zulia, Lara, Cojedes y Sucre, con 1 caso de ejecución extrajudicial.

Los cuerpos de seguridad que lideraron la lista de ejecuciones extrajudiciales fueron la PNB, con 24 hechos, y CICPC, con 15 casos. Así mismo, las policías estadales de 7 estados sumaron un total de 15 hechos: 6 de la policía de Carabobo; 4 de la del estado Monagas; en tanto que los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Lara y Sucre registraron 1 caso cada uno.

Las fuerzas militares como la GNB y el Ejército sumaron un total de 8 casos. La mayoría de los asesinados no perdieron la vida en el lugar de los sucesos. Luego de resultar heridos, fueron llevados a las unidades médicas; sin embargo, todos murieron durante la movilización o al poco tiempo de llegar a los centros de salud.

Tres menores de edad asesinados 

Las tres víctimas menores de edad son Jordan Ramón Gómez Roldán, de 16 años; Iverson José Torres, de 17 años, y Cristian González, de 17 años. Los homicidios se ejecutaron en circunstancias que no justifican el uso de la fuerza. Incluso, dos de las víctimas murieron por motivos personales. 

La tarde del 1° de enero, en un casino militar ubicado en el estado Trujillo, el adolescente Jordan Ramón Gómez Roldán fue abusado sexualmente y asesinado por el sargento del Ejército Leonardo Enrique Cardozo Hernández, de 27 años. Todo inició cuando Cardozo encontró a su pareja, una mujer también integrante del Ejército, de 26 años, teniendo relaciones sexuales con el menor de edad.

Cardozo le propinó múltiples golpes al adolescente y lo dejó inconsciente. Posteriormente, lo asfixió hasta causarle la muerte. Las investigaciones llevaron a la detención de Leonardo Enrique Cardozo Hernández, tras comprobarse su responsabilidad en el hecho. En la audiencia de presentación, el agresor fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y abuso sexual a adolescente con penetración.

El segundo adolescente asesinado fue Aiverson José Torres, quien estudiaba 5to año de bachillerato. El adolescente trabajaba como mecánico con su papá y quería ser abogado. Aiverson fue asesinado de dos disparos en la cabeza en un hecho en el que participaron los policías del estado Trujillo, Kelvin Gabriel Leal Mendoza (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26), Eli Rafael José Piña Díaz (23) y Vilma Maribel Quero Franco (34).

El homicidio ocurrió la noche del martes 9 de enero de 2024, en la localidad de Carora, estado Lara, luego de que los policías intentaran detener al menor, quien transitaba en una moto, presuntamente, por no usar casco. Al no acatar la orden, el policía Leal Mendoza detonó dos disparos al aire y luego dos más a la cabeza del menor de edad.  

Este suceso generó múltiples protestas por parte de los familiares de Torres y de la comunidad, De igual forma, se registraron enfrentamientos entre motorizados molestos y efectivos de la policía. 

Los cuatro (4) funcionarios de la policía fueron detenidos y expulsados, dos días después. Efectivos del CICPC reconstruyeron la escena del crimen con la intención de individualizar las responsabilidades por el asesinato de Aiverson Tórres. 

Cristian Gonzalez de 17 años fue el tercer menor de edad asesinado. El hecho se registró la noche del domingo 21 de enero en la localidad de Turen, estado Portuguesa. Cristian murió luego de recibir un disparo en el pecho que propinó su padrastro Augusto Flores, un sargento adscrito al Destacamento № 312 de la GNB. 

Según la versión policial, el sargento llegó en estado de ebriedad a su casa, donde se encontraban la víctima, su madre y dos infantes, hijos de la pareja. Al forcejear la puerta, Flores, junto con un acompañante identificado como Yoelvi Antonio Lameda Nelo, alias “el Morao”, entraron a la vivienda. Una vez adentro, Cristian se dispuso a enfrentar a su padrastro, quien detonó un disparo al pecho del joven.

Se supo que tanto Flores como Lameda fueron capturados por las autoridades luego de que ambos se dieran a la fuga. De igual forma, se conoció que Yoelvi Antonio Lameda Nelo tenía antecedentes por porte ilícito de arma de fuego y por violación.

Siete hombres asesinados por funcionarios de seguridad

Marlon Montilla, de 22 años, y Jhonaiker Ramírez, de 21 años, fueron asesinados por cuatro funcionarios de la PNB, la noche del pasado 24 de enero de 2024. El hecho ocurrió en el Municipio Valera del estado Trujillo. Según las investigaciones de los efectivos del CICPC, los funcionarios simularon un enfrentamiento con las víctimas.

Testimonios de familiares de los fallecidos confirmaron que Marlon Montilla y Jhonaiker Ramírez estaban en la cancha de la urbanización Bella Vista, cuando fueron interceptados por los funcionarios. Luego de realizarles una pesquisa, los policías llevaron a los jóvenes a su comando. Horas más tardes, Marlon y Jhonaiker, aparecieron muertos dentro de un carro en el eje vial de Valera, lugar donde los efectivos de seguridad simularon el enfrentamiento.

Los cuatro funcionarios están privados de libertad y a la orden del Ministerio Público. De igual forma, se conoce que dos policías más, involucrados en el hecho, están prófugos de la justicia. 

Gregorio Emilio Rebolledo de 62 años y Carlos Luis Rebolledo de 33 años, padre e hijo, fueron víctimas de una ejecución a manos de un efectivo de seguridad del Estado Carabobo, cuando se encontraban en un puesto de comida rápida. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2024, en horas de la noche.

Mientras Gregorio Rebolledo y su hijo Carlos Rebolledo esperaban unas hamburguesas, el funcionario, identificado como José Vicente Vargas Meza de 28 años, que estaba franco de servicio, se aproximó a ellos acompañado de Ricardo Silvino Sánchez, de 26 años. 

Luego de sostener una discusión, el efectivo de seguridad sacó su arma de reglamento y asesinó en el lugar a Gregorio Rebolledo y, luego, hirió a Carlos Rebolledo, quién murió al llegar a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

José Vargas y Ricardo Silvio fueron aprehendidos en el momento, por efectivos de una comisión de la Policía de Carabobo, que se encontraba cerca del lugar. 

Otro caso de homicidio a manos de un efectivo de seguridad se registró el pasado  28 de enero de 2024, en el estado Portuguesa. La víctima, un joven de 20 años, fue identificado como José Manuel Linares. Aunque no hay declaraciones oficiales, familiares del joven aseguran que el asesino fue un funcionario del CICPC, familiar de la víctima.

Según información ofrecida por el medio digital Portuguesa Al día, el funcionario está bajo averiguaciones, para determinar si el hecho se generó de manera intencional o no. 

Los últimos dos casos de presunto homicidio por funcionarios de la PNB fueron registrados el pasado 26 de enero de 2024. Una de las víctimas fue reconocida como Kehiniber Gutiérrez Sucre, de 19 años. Según testigos, la víctima estaba sentado afuera de la casa, donde ocasionalmente residía en Caracas, cuando un grupo de funcionarios de la PNB lo rodearon y le dispararon. 

Según los testimonios de familiares, recabados por la prensa, la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue llevado en una patrulla hasta el hospital Periférico de Coche, donde murió. 

Esa misma noche, otro hombre de 42 años de edad fue presuntamente víctima de la PNB. La identidad del hombre no ha sido revelada. Los familiares, quienes no quisieron dar más detalles del suceso, comunicaron que funcionarios le dispararon al salir de su casa en Filas de Mariche

Presunta ejecución extrajudicial a tres integrantes de una familia

Jaiverson Riso Cedeño, de 18 años; Nelson Reyes Zapata, de 23 años; y Jonklin Rizo Cedeño, de 19 años, fueron presuntamente ejecutados dentro de la vivienda donde residían, en el barrio El Campito de Petare. No hay información oficial del hecho, sin embargo, familiares denuncian que efectivos de la PNB irrumpieron en la casa, desalojaron a 12 niños y 4 adultos, y asesinaron a los tres hombres en la sala.

Se conoce que los efectivos pertenecían a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y que llegaron encapuchados al lugar de los hechos. Según los testimonios recabados por el medio digital El Pitazo, los familiares denunciaron que escucharon los disparos desde afuera y que a los minutos los funcionarios salieron con los cuerpos de los tres hombres y los llevaron al hospital con la intención de simular las ejecuciones.

De igual forma, los familiares también denuncian que los efectivos de seguridad orinaron la sala donde fueron presuntamente ajusticiados los tres hombres, y robaron zapatos, ropa, comida, dólares y hasta un candado con llave que era de la vivienda.

Víctimas por estados 

Anzoátegui

El pasado 16 de enero murieron cuatro presuntos delincuentes a manos del CICPC. Las víctimas fueron Alexander Eduardo Ávila Pino, de 22 años de edad, apodado “el Tata”, junto con su acompañante, un hombre de 25 años de edad, que aún no ha sido identificado; Luis Alejandro Peraza Moreno, de 26 años, alias “el Gordo” y Ricardo Ismael González Velásquez, de 28 años, alias “el Ricky”. 

El 31 de enero se registró la presunta ejecución extrajudicial de José Jesús Guacarán Narváez de 32 años, alias “Joseito”.

Aragua

12 presuntas ejecuciones ocurrieron en este estado durante supuestos procedimientos policiales. Los primeros dos fueron registrados el 12 de enero de 2024 y resultaron muertos Brayan Alexander Gil Romero, de 19 años de edad y Melvin Gómez Batista, de 20 años a manos de efectivos del CICPC. 

Dos días después, el 14 de enero, funcionarios de la PNB ejecutaron, bajo presunto procedimiento policial a Eudy Donaires Montilla, alias “el Tocoroncito” y Alberto William Ruiz Vargas, alias “el Bam Bam”; ambos presuntos integrantes de la banda “el Asdrubal”. 

El 16 de enero fue registrada otra doble presunta ejecución extrajudicial a alias “el Yeferson” y alias “el Yeiner”, supuestos integrantes de la banda de “El chino”, por cuerpos de la GNB. 

Tres días después, el 19 de enero fue asesinado Samuel Alfonzo Escalante, de 27 años de edad, presunto integrante de la banda Los Guaricheros. Escalante fue ejecutado por miembros de seguridad de la PNB. 

El 22 de enero Deiby Enrique Silva Mollan, de 28 años de edad, alias “El culón”, presunto integrante del Tren de Aragua, fue supuestamente ejecutado por efectivos del CICPC.

El 25 de enero, funcionarios de la GNB mataron a Juan Jesús Peñaloza Peñaloza, de 33 años, alias “el Juancho”, presunto cabecilla de la banda “el Wilmer”. Dos días después, el 27 de enero, efectivos de la PNB ejecutaron a alias “el Guajiro” y alias  “el Chanchito”, en el sector La Guadalupe, en la carretera que conecta a Cúa, estado Miranda, con San Casimiro, estado Aragua. 

Por último, el 30 de enero de 2024, alias “el Kelvin” murió a manos de funcionarios de la policía del estado Aragua, en el sector Alí Primera, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

Carabobo

En el estado Carabobo, se contabilizan 11 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 9 fueron efectuadas a presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos e intervenciones legales. Las dos primeras fueron ejecutadas en diferentes operativos, el 11 de enero, en los que resultaron muertos Luis Antonio Rodríguez Castillo (35), apodado “el Culita” a manos de funcionarios del CICPC, y Jonal Mauricio Catary Durant (47), ajusticiado por policías del estado Carabobo. 

De igual forma, el día 18 de enero, dos hombres fueron ejecutados. El primero fue identificado como “el Gordo”, presunto miembro de la banda “la Guaricha”, a manos de funcionarios de la Policía de Carabobo. De igual forma, alias “Carlitos Guanare”, presunto miembro de la banda “El Niño Bote” fue asesinado por fuerzas policiales del municipio Libertador.

Un día después, el 19 de enero, otros dos hombres resultaron ejecutados por una operación conjunta de la PNB. en un presunto enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como alias “Samuelito” y “Enmanuel”, quienes estaban involucrados en un presunto intento de robo en la casa de dos funcionarios.

El sábado 20 de enero, José Ángel Silva (32), alias “el Movicoy”, fue asesinado por la Policía del estado Anzoátegui, en una supuesta intervención legal en el barrio Trapiche. Por último, el 29 de enero, fueron ejecutados alias “el Búho” y Arnaldo Miguel Díaz Escalona, alias “Caricari”, ambos presuntos miembros de la banda “El Niño Bote”, en dos operativos diferentes de la Policía de Carabobo y la Policía del Municipio Libertador.

Cojedes

Una muerte por una presunta ejecución extrajudicial fue registrada en el estado Cojedes, el pasado 20 de enero, en la comunidad Buenos Aires I, del municipio Tinaco. El fallecido fue identificado como Carlos José Riera Cordero, de 35 años, alias “Cochino”. Funcionarios de la Policía de Cojedes fueron los responsables del hecho. 

Distrito Capital

En la ciudad de Caracas, una de tres muertes registradas fue contabilizada como una ejecución en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la PNB, el 25 de enero de 2024. Como Delin Hernández, de 28 años de edad, fue identificado el fallecido. El hecho se registró en el sector Brisas de Propatria.

Falcón 

Tres hombres identificados como Willian Gustavo González Ledezma, de 24 años, alias “Bilita”; Robert Enrique Medina Colina, alias “el Huevo”, y Jesús Enrique Medina Colina, alias “El Pantera”, fueron ejecutados en presuntos enfrentamientos con funcionarios de la PNB. El 22 de enero, fue registrada la muerte de alias “Bilita”, presunto integrante de la banda “Los Chicateros”, mientras que la muerte de alias “el Huevo” y alias “el Pantera”, presuntos integrantes de la banda “Los Rosa Blanco”, ocurrió el 27 de enero de 2024.

Guárico

El estado central de Los Llanos registró siete (7) ejecuciones en presuntos enfrentamientos. Alias “el Zamuro”, que aún no ha sido identificado, fue asesinado el pasado 14 de enero por funcionarios de la PNB. Al día siguiente, en un enfrentamiento con el CICPC fueron asesinados Henry José Corro Torrealba, alias “el Tierra”; Freddy García Lugo, apodado “Pelón”; alias “el Chino” y otro hombre que aún no ha sido identificado. 

El 20 de enero, fue asesinado Robert Omar Pinto (35), alias “el Robertico”,  también por la PNB. Hasta el momento, el último ejecutado extrajudicialmente se registró el día 24 de enero, a manos de la GNB. El fallecido aún no ha sido identificado sin embargo, se le conocía como alias “el Ronco”.

Miranda

En dos operativos, fueron identificados siete (7), de los 10 hombres ejecutados en presuntos enfrentamientos por la PNB y uno por el CICPC. Los primeros cuatro, asesinados el 14 de enero de 2024, fueron reconocidos como: Ángel Daniel Avedaño, alias “el Danielito”, líder de la banda; José Rojas, alias “Chicha”; José Miranda Corrales, alias “el Durito” y Markiyi Osorio, alias “Totorito”. 

Los otros dos hombres murieron el 17 de enero. Aunque el caso no ha sido informado por cuerpos de seguridad ni en medios de comunicación, de manera extra oficial, Monitor de Víctimas logró conversar con familiares de los fallecidos, quienes prefirieron no realizar ninguna denuncia ni declaración. Los ejecutados responden a los nombres de Gregorio Laya y Victor Manuel Villarroel.

Por último, el día 23 de enero de 2024 fue registrada la muerte de Carlos Javier Ramos Guierres, de 25 años, alias “Chonguito”. Ramos, quien murió en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC, y, supuestamente, era integrante de una supuesta banda criminal y poseía historial criminal.

Monagas

Tras un presunto atraco, un funcionario perteneciente a la Policía del estado Monagas mató a dos hombres. El suceso ocurrió el 2 de enero, y según la investigación policial, los hombres, Carlos Alberto Urrieta Bermúdez (38) y Héctor Andrés Salazar León (20) intentaron robar al policía que estaba vestido de civil y se encontraba haciendo carreras de taxi. 

Otros dos hechos se registraron el día 18 y 25 de enero, también perpetrados por la Policía del Estado Monagas. Uno de los ejecutados responde al nombre de Carlos Mosqueda, alias “Carlos Sonrisa”, mientras que el otro, de 20 años de edad, fue identificado como alias “el Pitirre”. Según relatos oficiales, los hombres fueron ejecutados al sostener presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sucre

La víctima fue Ángelo Lorenzo Ávila, de 34 años, presuntamente integrante de  la banda de “El Jaque”. Se conoce que fue asesinado por funcionarios de la Policía del estado Sucre.

Táchira

Como Luiggi Urieta, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC. El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, en la localidad de la Zorca, Providencia.

Zulia 

El 27 de enero, fue ejecutado en un presunto enfrentamiento armado Yendrix José Benítez Infante, alias “el Pelón”. Las fuerzas policiales de la PNB, junto con un Operativo mixto con la Policía de Polibaralt, efectuaron la ejecución.

En la mayoría de los casos, la versión de los cuerpos de seguridad asegura que estas personas tenían antecedentes o registros policiales por robo y otros delitos. Sin embargo, las autoridades no ofrecen información precisa sobre los supuestos prontuarios de las víctimas. Se desconocen las fechas y expedientes de estos supuestos delitos, así como las circunstancias de estos hechos.

De la misma forma, se utiliza el término de “intervención legal” para justificar los supuestos enfrentamientos, en los que no se reportan funcionarios de los cuerpos de seguridad heridos o muertos. 

 

Lanzan archivo digital sobre la historia de los movimientos LGBTIQA+ y VIH en Venezuela

Gracias al aporte de diferentes organizaciones y representantes de la comunidad LGBTIQA+ y VIH, este archivo busca rescatar la memoria del país al compilar información bibliográfica y no bibliografica generada por las comunidades LGBTQIA+ y VIH

 

La Red Historia Venezuela y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), con apoyo de la Embajada Británica en Caracas, presentaron la primera colección documental histórica de los movimientos comunitarios LGBTIQA+ y VIH del país.

Se trata de una iniciativa que seguirá trabajando por el legado de la movilización social de estos movimientos al contribuir en la consolidación de una comunidad de práctica que preserve la memoria y reflexione sobre lecciones aprendidas. También, contribuir con la promoción de la diversidad y la inclusión de diferentes sectores y representantes de las comunidades LGBTQIA+ y VIH para la continua ampliación del archivo.

Conformado, hasta el momento, por 5.677 folios y testimonios de 13 publicaciones distintas (que abarcan contenidos hemerográficos del período 1985-1999); 23 sentencias judiciales; y 15 entrevistas con líderes y lideresas de las comunidades LGBTIQA+ y VIH.

El Archivo digital sobre la historia de los movimientos LGBTQIA+ y VIH en Venezuela fue lanzado en febrero de 2024 en la Residencia de la Embajada del Reino Unido en Caracas. 

La presentación del proyecto estuvo a cargo de Guillermo Guzmán Mirabal, historiador y fundador de Red Historia Venezuela; y Edgar Carrasco, abogado, activista LGBTIQA+ y VIH, miembro fundador de la revista Entendido, y miembro de la Junta Directiva de ACCSI. Además, contó con la moderación de Magdymar León, psicóloga clínica, docente y Coordinadora General de la ONG feminista, AVESA; y el apoyo de Mariana Scolaro, Oficial de Derechos Humanos de la Embajada.

“Este archivo no solo ve al pasado. También, plantea un propósito en el presente y hacia el futuro… el de enseñar a las nuevas generaciones que los atropellos a los derechos humanos no deben repetirse, ni en los medios de comunicación, ni en el marco legal de nuestro país”, comentó Edgar Carrasco al exponer el propósito y motivaciones detrás del archivo digital.

Por su parte, Guillermo Guzmán Mirabal, encargado de ofrecer un recorrido virtual por la plataforma, destacó el alcance de la colección y compartió aspectos técnicos sobre la concreción del proyecto.

El archivo digital de libre acceso, puede ser consultado a través de la página web https://redhistoriave.org/

Las perlas de Maduro: “Oficina del Alto Comisionado se dedicaba a espionaje y conspiración”

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El mandatario dijo que la ONU no es un ente para «estar calificando» al sistema judicial venezolano

Nicolás Maduro dijo este 19 de febrero, en su programa semanal «Con Maduro +», que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Caracas se dedicaba al “espionaje y la conspiración”

Estas declaraciones ocurrieron luego de que su gobierno obligara a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas el pasado 15 de febrero. Se conoció que estos funcionarios ya están en Panamá.

A continuación, un resumen de las perlas más destacadas de Maduro en su alocución. 

«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

https://twitter.com/i/status/1759744587533254865

«Ellos se la pasaban aplicando el colonialismo judicial», dijo Maduro. 

Hasta ahora, en las universidades se maneja el término «colonialismo judicial» para referirse al reconocimiento jurídico limitado de las poblaciones indígenas durante los siglos XVII y XIX por los reinos de España, Portugal, Países Bajos y Francia. Pero, desde noviembre del 2023, un grupo de periodistas de la «Misión Verdad», una institución del gobierno de Maduro, acuñó el término para referirse a los «orígenes eurocéntricos, expansionistas, asimilacionistas y homogenizadores» de instituciones de alcance mundial como la Corte Internacional de Justicia.

«Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas».

«Se firmó (un acuerdo de entendimiento entre Maduro y la Oacnudh en 2019) y se instaló la oficina, y esa oficina se desvió (…). Aparecía una conspiración de un intento para matar al presidente de la República, y ellos lo primero que hacían era decir ‘queremos ver el expediente’».

«La gota que rebosó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, referida por los involucrados, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía y al poder judicial de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los acuerdos del principio».

Al caso que se refiere Maduro es a la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. El Estado no brindó información por más de 4 días sobre el paradero de San Miguel y de 4 de sus familiares. No fue hasta el 19 de febrero, diez días después, que el abogado de San Miguel informó que la hija de la detenida pudo contactarse. 

La descripción de los hechos coinciden con la definición de desaparición forzada según el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el 13 de febrero, cuatro días después de la denuncia de la detención de San Miguel sin que el Estado respondiera por su paradero, las Naciones Unidas manifestó en su cuenta de X (Twitter) su «preocupación» sobre el caso y su calificación «potencial» como una desaparición forzada. 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1757307231614202368

«Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal en Venezuela. De verdad, aquí las instituciones han respondido. A esta gente se le dio 72 horas. Todos se fueron del país el sábado (17 de febrero), afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique no volverá al país. Esperemos que rectifiquen». 

Dentro de las funciones de la Oacnudh se encuentra el pronunciamiento «frente a las violaciones de derechos humanos» y asesorar a los Estados para mejorar sus sistemas de justicia para vulnerar la menor cantidad de derechos fundamentales posibles.

Con la expulsión de la Oficina de Venezuela, los 13 funcionarios informaron este 20 de marzo que seguirán evaluando las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela desde Panamá, ya que la institución se ampara en el derecho internacional para mantener sus funciones en un país miembro de las Naciones Unidas. 

 

Denuncian el traslado de 30 presos políticos de la Dgcim a la cárcel de El Rodeo I

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Foro Penal denunció que el Estado no ha informado el listado completo de los presos políticos afectados por el traslado

De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, un grupo de al menos 30 presos políticos son trasladados desde 19 de febrero de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Gran Caracas, al Internado Judicial El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.

La organización de derechos humanos denunció en sus redes sociales que el Estado no ha informado ni a los familiares de los privados de libertad ni a la opinión pública quiénes son los trasladados y la causa del cambio.

A través de la denuncia de los familiares de las víctimas a Foro Penal se pudo confirmar que uno de los trasladados sería el teniente coronel (Ej.) Igbert Marín Chaparro, detenido desde el año 2018 por acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro y condenado a siete años y dos meses de prisión en 2020 por el Juzgado Militar Tercero en Funciones de Control de Caracas bajo los presuntos delitos de «instigación a la rebelión» e «instigación al decoro militar».

Por otra parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció en su cuenta de X (Twitter) que el Estado venezolano debería «informar debidamente a sus familiares y defensores de sus nuevos sitios de reclusión y a garantizar su seguridad e integridad como lo establecen las leyes nacionales e internacionales». 

También solicitaron un traslado humanitario al preso político Darío Estrada, quien hasta ahora se encuentra recluido en la sede de la PNB en La Yaguara sin alimentación por parte del Estado y sin atención médica para tratar su diagnóstico de autismo. 

Hasta ahora, Foro Penal estima que en Venezuela hay 263 presos políticos. El caso más reciente es la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel el pasado 9 de febrero. 

Funcionarios de la ONU expulsados por el gobierno venezolano se encuentran en Panamá

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La portavoz de la Oacnudh informó que, pese a estar fuera del país, el derecho internacional les da potestad de seguir evaluando a Venezuela en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Los 13 empleados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este 20 de febrero a la agencia de noticias EFE la portavoz del organismo, Marta Hurtado, después de que la semana pasada el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara suspender sus actividades y expulsar la oficina del país.

Hurtado agregó que la Oacnudh, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí debido al derecho internacional.

La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque Maduro aseguró este lunes, 19 de febrero, que ya se había completado el sábado, 17 de febrero, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.

Maduro aseguró en un programa de televisión Estatal que la Oacnudh «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.

Expulsados por denunciar violaciones a los DDHH

De acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, el pasado 15 de febrero, el origen de la suspensión y expulsión del organismo internacional de Venezuela es porque la Oacnudh «ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano». 

Sin embargo, la decisión del gobierno madurista se enmarca entre las denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos sobre la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de la activista venezolana Rocío San Miguel, quién se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) «El Helicoide», en Caracas, reconocido por la ONU como un centro de torturas para los más de 270 presos políticos que mantiene Maduro hasta la fecha. 

El día anterior al anuncio de la expulsión, el 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.

La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.

La comunidad internacional destacó que el retiro de la Oacnudh de Venezuela «deja una laguna de desprotección a las víctimas y a las poblaciones en riesgo», y al menos 25 ONG internacionales advirtieron que denunciarían este tema en el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el mes de marzo de este año.

Migrantes venezolanos retornan al país en peores condiciones que con las que salieron

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El ODISEF realiza con regularidad este tipo de informes no solamente en el Táchira sino también en Apure, Barinas, Mérida y Zulia

Foto: EFE

Al menos, 6,11 millones de venezolanos migrantes se encuentran alrededor del mundo y han salido del país en búsqueda de mejores oportunidades y calidad de vida. Sin embargo, así como se han ido y continúan saliendo otros han regresado, pero en peores condiciones que las que tenían cuando salieron del país.

Un nuevo informe del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (ODISEF, titulado “Otra cara de la vulnerabilidad de quienes retornan: el deterioro del estado nutricional reflejado en el índice de masa corporal”, reveló que gran parte de la cifra de los migrantes venezolanos que regresan a su país llegan en condiciones no tan favorables, siendo una de las más comunes la malnutrición.

“Quienes retornan (o ingresan según la intencionalidad de permanencia), regresan al país muchas veces en condiciones peores a con las que se fueron, pues no lograron integrarse al país de acogida. Eso no sólo deja secuelas psicosociales sino también físicas, ya que producto de la inseguridad alimentaria y la malnutrición (por déficit o exceso) muchos se enfrentan a un bajo peso o también pueden presentar obesidad moderada, grave o mórbida, producto de la ingesta poco saludable de alimentos que tiende a ser en su mayoría carbohidratos con muy poca ingesta de proteína”, explican en e documento. 

El ODISEF llegó a esta conclusión a partir de un estudio que fue realizado a 1352 personas en movilidad, específicamente, caminantes en calidad de retorno que llegaron a Venezuela por el límite fronterizo del Táchira con el Norte de Santander, Colombia.

Estas personas transitaron además por el Táchira y llegaron a Barina, donde fueron asistidos en el punto de atención ubicado en Punta de Pie del municipio Ezequiel Zamora, Allí se les brindó atención primaria desde el 2 de agosto hasta el 12 de diciembre de 2023 con el objetivo de evaluar el índice de masa corporal (IMC) que presentaban, “una herramienta estándar que permite aproximarse al estado de salud por medio del estudio del estado nutricional de las personas”.

Bajo peso

Los resultados de esta medición indicaron que “del total de personas en movilidad de retorno atendidas en el punto indicado entre los meses de agosto y diciembre de 2023, fue posible observar que hay un importante porcentaje de personas que no cuentan con un peso saludable, y están por debajo de los niveles recomendados internacionalmente”.

De acuerdo al documento, estos resultados son la consecuencia de “no poder contar con el consumo de kilocalorías suficientes en su día a día, lo que se acentúa debido al desgaste físico propio de hacer caminando parte del continuo de movilidad”.

El informe también detalló que muchos deben recorrer largas distancias y no tienen los recursos para la compra de sus alimentos, ni mucho menos la ayuda necesaria para ello.