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Víctimas de las protestas de mayo 2017 en Barinas aún esperan justicia

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Fundehullan afirmó que ante estos hechos el Estado venezolano ha vulnerado el debido proceso y sus principios y garantías fundamentales y constitucionales del derecho a la vida

 

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció que aunque han transcurrido seis años y nueve meses de las protestas de mayo de 2017 en Barinas, las familias de los jóvenes fallecidos aún esperan justicia.

Yorman Alí Bervecia Cabeza, Elvis Adonis Montilla Pérez y Miguel Ángel Bravo fueron asesinados en la ola de protestas los días 21, 22 y 23 de mayo. Desde entonces sus familiares, acompañados con asistencia jurídica por parte de Fundehullan, exigen justicia al Estado, debido a que los casos aún se encuentran en “proceso de investigación”.

Yorman Berbecia, de 18 años, estudiante, se encontraba en la urbanización José Antonio Páez en el sector “Los Pozones”, cuando participaba en una protesta y recibió un disparo en el tórax.

Elvis Adonis Montilla Pérez se encontraba en la urbanización Andrés Eloy Blanco, en una manifestación pacífica, cuando recibió un disparo en el intercostal izquierdo, fue trasladado al Hospital Luis Razetti de Barinas, donde llego sin signos vitales.

Mientras que Miguel Ángel Bravo tenía 25 años el día de su asesinato. Falleció de una hemorragia interna y shock hipovolémico a causa de heridas de arma de fuego en Socopó.

Vulneración al derecho a la vida

Fundehullan afirmó que ante estos hechos el Estado venezolano ha vulnerado “el debido proceso y sus principios y garantías fundamentales y constitucionales del derecho a la vida”.

Resaltaron que en los tres casos ha habido retardo procesal y silencio por parte del Ministerio Público y de los Jueces del Circuito Judicial Penal del estado Barinas a las diferentes solicitudes realizadas.

Cabe destacar que con que este hecho violatorio de derechos humanos fue vulnerado el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá someterse a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, en el que Venezuela esta suscrita desde 1.978.

Del mismo modo, fue vulnerado el derecho a la vida consagrado en el Artículo 4 en el Pacto de San José, en este se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, del cual Venezuela ya no es parte desde el año 2013. Con este hecho también se vulnera el artículo 43 establece “el derecho a la vida es inviolable” de la Carta Magna de Venezuela.

Finalmente, Fundehullan exhortó al Estado venezolano a hacer justicia y reparación a las víctimas.

Sector químico y petroquímico se mantuvieron estancados durante el cuarto trimestre de 2023

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El 50% de los consultados dijo que la producción disminuyó mientras que igual porcentaje afirmó que también las ventas fueron menores al cierre de 2023 comparadas con el mismo período del año anterior

El sector químico y petroquímico de Venezuela se mantiene estancado, de acuerdo con datos de la encuesta de coyuntura industrial del cuarto trimestre de 2023, que realiza la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim).

Al cierre del año pasado, según el estudio, el 75% de las empresas apenas utilizó entre 0% y 40% de su capacidad instalada y tanto las ventas como la producción cayeron con respecto a 2022.

En ese sentido, el presidente de Asoquim, Guillermo Wallis, considera urgente que se acometan las medidas económicas y políticas necesarias, de corto y mediano plazo, que permitan reactivar a una industria que es capaz de generar crecimiento y riqueza para el país.

Wallis señaló que 50% de los consultados dijo que la producción disminuyó, mientras que igual porcentaje afirmó que también las ventas fueron menores al cierre de 2023 comparadas con el mismo período del año anterior.

Con respecto a los principales factores que limitan el crecimiento del sector, las respuestas coinciden en la baja demanda nacional, falta de financiamiento, excesivos tributos fiscales y parafiscales, un entorno macroeconómico nacional negativo (inflación y devaluación) y la competencia del producto importado de manera desleal.

“Por eso es urgente que se apliquen medidas como apertura del financiamiento a más largo plazo para las empresas, homologación del sistema tributario fiscal y parafiscal y freno a la importación desleal de productos importados terminados”, planteó Wallis.

Propuesta para mejorar el sector

Guillermo Wallis recordó que en la celebración del 60 aniversario de la asociación, Asoquim presentó la propuesta “Petroquímica: invirtiendo en un mejor futuro, hecho en Venezuela para el mundo”, que plantea el potencial del sector químico y petroquímico, cuyo PIB puede quintuplicarse en 6 años con un efecto dinamizador de la economía y un impacto social que se verá reflejado en la creación de 100 mil empleos directos e indirectos.

Según esta propuesta, para que la industria química y petroquímica nacional pueda recuperar su tamaño requerirá de una inversión cuantiosa, por el orden de los 8 mil millones de dólares, y eso solo se puede lograr con capital privado, proveniente de las empresas, de organismos multilaterales o del mercado de capitales.

Wallis apuntó que estas inversiones solamente se materializarán con la puesta en marcha de un plan coherente para la reactivación, recuperación y reestructuración de la Industria Petroquímica Nacional.

*Nota de prensa

Kapé Kapé: Al menos tres indígenas murieron en derrumbe de mina Bulla Loca

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Entre las vícitmas del desastre socioambiental se encuentran, por ahora, están dos personas de la etnia pemón y una de la etnia siriana

Foto: Rayner Peña (EFE)

La ONG de Venezuela Kapé – Kapé aseguró este 22 de febrero que tres indígenas fallecieron en el derrumbe que tuvo lugar en la mina ilegal «Bulla Loca» en el estado amazónico Bolívar, donde, según las cifras de la administración de Nicolás Maduro, 16 personas perdieron la vida y otras 16 sufrieron heridas.

En una nota de prensa, la organización no gubernamental explicó que tres hombres de dos comunidades autóctonas figuran en el listado de víctimas mortales.

Según la confirmación de «autoridades indígenas», que resguardaron su identidad por protección humanitaria, son: Daniel Willian, pemón de la comunidad Casabe, Niomar González, pemón de la comunidad Casabe y Reinaldo Lezama, siriano de la comunidad Arutani.

Todas las comunidades se encuentran en la frontera entre Venezuela y Brasil. 

La cara de un desastre socioambiental más grande

«El reciente derrumbe en la mina “Bulla Loca” (…) ilustra la crisis ambiental y social que acompaña a la minería ilegal en el país, especialmente en regiones habitadas por comunidades indígenas», prosigue la nota.

La ONG remarcó que la actividad minera «contamina las fuentes de agua con mercurio, sedimentos y otros químicos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y la fauna local», mientras que la deforestación masiva «genera erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y afectación del clima local».

Asimismo, denunció que las comunidades indígenas «se ven desplazadas de sus territorios ancestrales» debido al extractivismo de recursos naturales que predomina en esta zona, en la que operan grupos armados.

Más muertes que las cifras oficiales

Sobrevivientes del derrumbe aseguraron a la agencia de noticias EFE que el Gobierno de Nicolás Maduro miente sobre el número de fallecidos tras el colapso, ocurrido el pasado 20 de febrero, y exigieron a las autoridades datos reales y mantener la búsqueda de las personas que, aseguran, aún se encuentran tapiadas.

Ese mismo 22 de febrero, los sobrevivientes del desastre y los familiares de las víctimas protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra ofrecida por el mandatario el pasado 22 de febrero.

Afirman que existen más de 100 desaparecidos y más de 30 muertos.

La ONG SOS Orinoco denunció hoy que la mina había registrado una expansión acelerada de 80 hectáreas en 10 meses, algo que se repite en otras minas ubicadas en la zona, donde, según la organización, «podrían ocurrir accidentes parecidos».

Frecuencia del transporte público se ve afectada por fallas de combustible

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Un 80% de los encuestados por Cedice manifestó su preocupación respecto a la mala educación vial que hay en el país y la ineficiente aplicación de las normativas
Los venezolanos que usan transporte público gastan, en promedio,  entre tres y seis dólares al día. El salario mínimo, que no se aumenta desde marzo de 2022, equivale a poco más de cuatro dólares

 

Foto: EFE

El Observatorio de Gasto Público de Cedice dio a conocer su Monitoreo de Servicios Básicos del mes de enero, en el que el 88% encuestados afirmó que en Venezuela el transporte público (urbano y rural) es “caótico y desordenado” y da la “sensación de inseguridad y desgobierno”.

Esta encuesta digital se remite a 2300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades del país. El instrumento recolecta insumos cuantitativos sobre el desempeño de los servicios básicos en términos de continuidad, cobertura y calidad.

Un 37% de los consultados afirmó que las alcabalas de cuerpos policiales “suelen ser ineficientes para controlar la circulación vial”. Por está razón, resaltaron que presentan una “sensación de inexperiencia” respecto al control en situaciones viales.

Un 72% de los encuestados por Cedice está a favor de “un programa intensivo de culturización y concientización vial”, así como también de la  creación de un plan de cumplimiento vial mediante puntos que limite la vigencia de la vigencia a la hora de presentarse infracciones.

A su vez, 91% de los encuestados propuso la creación de una asociación multidisciplinaria que de auge a “la discusión e implementación de ideas en pro de mejorar el transporte público”. Para ello, proponen que las universidades, así como el sector público y privado, policías y ciudadanos puedan participar en ello.

68% de los consultados apoyaría la creación de una plataforma en la que se pueda registrar, seguir y alertar situaciones que tengan que ver con la seguridad vial no solo en Caracas, sino a lo largo y ancho de todo el país.

Gastan de tres a seis dólares al día en transporte

8 de cada 10 encuestados por Cedice aseguró que debe tomar entre dos y tres unidades de transporte para trasladarse diariamente, lo cual supone un gastro de entre tres y seis dólares al día.

Todo esto es sin “contar que haya algún incidente en la vía que requiera el uso de otra unidad o una alternativa “pirata” que puede llegar a cobrar hasta cinco dólares por traslado”, explicó el informe.

Debido a los costos diarios que deben manejar para trasladarse, gran parte de los ciudadanos afirma “no estar a favor de los constantes incrementos en la tarifa”. Sin embargo, tienen presente la necesidad de una reformulación tarifaria para mejorar las coberturas de las rutas, frecuencia y calidad.

5 puntos de dolor para quienes usan transporte público

Lo que más aqueja a quienes usan diariamente transporte público es en primer lugar la frecuencia, que se ve “estrechamente afectada” por la distribución de combustible. Por otro lado, se sienten afectados por la inseguridad vial.

Además, a juico de los encuestados, 7 de cada 10 accidentes viales se relaciona con la ineficiente aplicación de las normas de transito, lo que alerta sobre el incumplimiento a nivel general de las normas tanto del lado de los transportistas como de los peatones.

El estudio destaca que no hay un programa que busque mitigar “el embotellamiento” vial y ayude a la circulación.

Además. existen problemas en términos de tiempo. ya que solo un 20% de los transportistas cumple con las paradas, zonas de carga de personas y frecuencias. Esto lleva a que las personas duren entre 45 minutos y hasta 2 horas para trasladarse a sus destinos.

Persisten problemas de vialidad

Los estados de Venezuela con mayores incidentes viales son, de acuerdo con este estudio de Cedice,  Miranda, Barinas, Sucre, Falcón y Guárico.

De acuerdo a un 86% de los encuestados la vialidad en el país se encuentra muy deteriorada presentado “fisuras y desacoples en la mayor parte de la capa asfáltica”. Esto ha llevado a que 76% de los consultados se sienta inseguro a la hora de trasladarse, sobre todo en horas de la noche, pues hay falta de vigilancia y zonas de auxilio vial.

Esto además se se ve reflejado en que “80% de las alcantarillas están levantadas o sin mantenimiento”. No obstante, los canales para denunciar irregularidades son desconocidos, por lo que 54% de los encuestados está a favor de la creación de un “programa de reacondicionamiento de la vialidad durante la noche y madrugada, a fin de evitar la congestión del tránsito”.

“62% de los encuestados está a favor de la creación de una asociación de carácter nacional que estudie y proponga las alternativas técnicas y operativas para mejorar la vialidad en el país”, recalcó el documento.

Gran parte de los encuestados consideraron que los problemas en materia de vialidad se deben, sobre todo, a la falta de inversión por parte del Estado.

Expreso político estadounidense demandó a Maduro por trauma causado por prisión en Venezuela

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La demanda busca daños y perjuicios por el trauma que los Holt dicen que ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión

Joshua Holt, un ciudadano estadounidense que fue preso político en Venezuela durante casi dos años, demandó a Nicolás Maduro por el trauma causado debido al tiempo que estuvo en prisión en el país.

De acuerdo con una nota de Associated Press, Holt acusó al líder del oficialismo de encabezar una “empresa criminal” que “secuestra, tortura y encarcela injustamente” a ciudadanos estadounidenses.

La denuncia, que presentó Joshua Holt el 22 de febrero ante el tribunal federal de Miami, es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Estados Unidos ha designado grupo terrorista.

En la demanda, Holt solicitó compensación por los daños que él y su familia dicen haber sufrido en virtud de una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios.

La demanda busca daños y perjuicios por el trauma que los Holt dicen que ellos y sus seres queridos siguen sufriendo, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión.

Laurie Holt, quien lideró la campaña por la liberación de su hijo, murió en 2019 a los 50 años de una enfermedad cardíaca que su familia cree fue causada por el largo encarcelamiento.

“Desafortunadamente, la fuga de los Holt de Venezuela no fue el final de la terrible experiencia de la familia Holt”, dice la denuncia.

Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han logrado obtener sentencias importantes contra Maduro y su círculo íntimo por motivos legales similares.

El caso de Joshua Holt

En 2016, Holt viajó a Venezuela para casarse con una mujer que conoció en Internet mientras practicaba español. Poco después, fueron detenidos en el apartamento de la familia de ella en un complejo de viviendas públicas en Ciudad Caribia, durante una redada de las fuerzas de seguridad, quienes dijeron que encontraron un arma de asalto y granadas. Días después, altos funcionarios aparecieron en la televisión estatal acusando a Holt de ser un “terrorista de la CIA” enviado para derrocar a Maduro .

Holt, en su denuncia de 99 páginas, detalla cómo después de ser arrestado lo llevaron a un sitio de construcción abandonado, donde lo alinearon contra una pared mientras lo que parecía un pelotón de fusilamiento le apuntaba con sus armas y disparaba.

“Fue un simulacro de ejecución: las armas no estaban cargadas”, según la denuncia. “Josh pensó ‘este es el punto en el que voy a morir, uno de estos policías va a recibir una bala’. “

Durante los primeros seis meses de encarcelamiento, Holt perdió 60 libras . Y casi sin tratamiento médico, soportó cálculos renales, bronquitis y una dolorosa fractura en un diente mientras estaba recluido en una pequeña celda llena de hedor y sin baño.

Su esposa, Thamy Holt, también fue encarcelada y presionada repetidamente para que firmara una confesión de que su marido era parte de un complot de la CIA, algo que ella nunca aceptó hacer.

Finalmente, en 2018, Holt sería liberado como resultado de negociaciones clandestinas dirigidas por un miembro del personal del senador Bob Corker, un republicano de Tennessee que presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de jubilarse en 2019. Según la denuncia, el carcelero de Holt , Gustavo González López, entonces jefe de la policía de inteligencia del SEBIN, reconoció la naturaleza falsa de los cargos tras la liberación del estadounidense.

*Puede leer el artículo completo aquí

Sobrevivientes del derrumbe en la mina Bulla Loca exigen a las autoridades dar una «cifra real» de fallecidos

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Familiares de los mineros desaparecidos durante el desastre socioambiental protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Bolívar para mantener la búsqueda

Con información de EFE y Correo del Caroní

Este 22 de febrero, los habitantes de la comunidad La Paragua, municipio bolivariano Angostura, estado Bolívar, protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra de fallecidos por el derrumbe de la mina «Bulla Loca» ofrecida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. 

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo Rafael Flores, sobreviviente del desastre, a la agencia de noticias EFE.

Hasta la fecha de la protesta, la cifra de fallecidos había aumentado a 16, de los cuales al menos 3 de ellos son indígenas, según la ONG Kapé – Kapé. 

«Están jugando con el pueblo, diciéndole mentiras. Le pido al Gobierno que venga y tome cartas en el asunto con todos los compañeros mineros que hay allá tapados en ese hueco», solicitó Flores.

Más de 30 muertos: la cifra «extraoficial»

Un día después del derrumbe, el 21 de febrero, el alcalde de La Paragua, Yorgi Arciniega, informó que se registraban al menos 30 fallecidos y 100 desaparecidos por el desastre.

Sin embargo, Maduro desacreditó al alcalde en una transmisión televisiva al día siguiente ofreciendo una «cifra oficial» de 15 muertos y 15 heridos, sin dar ningún detalle de los desaparecidos. 

Sin embargo, los habitantes y sobrevivientes del desastre de «Bulla Loca» afirman haber presenciado decenas de cadáveres.

«Aproximadamente sacaron 20 muertos por el puerto (de La Paragua), porque yo los conté, y nos suministraron una información de que hay 40 afuera ya, sin contar los que todavía están tapados. Entonces, ¿Por qué tienen que mentirle al pueblo de esa manera?», dijo Onni Brito, otro sobreviviente del derrumbe, a la agencia de noticias internacional. 

Hasta la fecha, miembros de Protección Civil Bolívar y otros cuerpos de seguridad del Estado mantienen labores de monitoreo y rescate de las víctimas del derrumbe y Maduro ni el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, han actualizado las cifras.

«No se puede cambiar petróleo por dictadura»: Argentina pedirá a Biden modificar política hacia Maduro

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El Senador de EE.UU. reiteró que el gobierno norteamericano debe «reconocer la amenaza que representa» la administración madurista

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, pedirá al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) cambiar su política de acercamiento a con la administración de Nicolas Maduro en Venezuela. A su juicio, los gobiernos del continente americano ya no deberían «apoyar una dictadura».

La ministra, que se encuentra en Washington desde el 21 de febrero, se reunirá con el nuevo asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Daniel Erikson, al igual que con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional, según adelantó en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

«El continente tiene que tener valores democráticos (…) no se puede apoyar a dictaduras. No se puede cambiar dictadura por petróleo», dijo Bullrich a la salida de la sesión inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Oponerse a la relajación de sanciones

La ministra destacó que la «última conversación» que sostuvo el Gobierno argentino con los funcionarios de EEUU sobre Venezuela, en octubre del 2023, fue «bastante dura»: La Casa Rosada se oponía —y se opone— a la relajación de las sanciones económicas a Venezuela a cambio de un acuerdo electoral con la oposición.

Durante la CPAC, Bullrich pidió ayuda a la comunidad internacional para empezar un cambio político en Latinoamérica.

«Tenemos a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua (…) necesitamos todo el apoyo para mejorar la democracia» en la región, dijo la ministra argentina.

Mientras tanto, el Senador de EEUU Marcos Rubio, anunció su apoyo con respecto a las solicitudes del gobierno argentino sobre Venezuela en su cuenta de X (Twitter) este 22 de febrero.

«Otros países deberían hacer lo mismo y reconocer la amenaza que representa el narco-régimen criminal de Maduro en nuestro hemisferio», escribió Rubio en la red social.

El pasado 15 de febrero, el gobierno de Argentina, junto a las cancillerías de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, firmaron un comunicado en conjunto donde expresaban su «rechazo y preocupación» ante la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel por funcionarios del Estado Venezolano, además de la medida de Maduro de expulsar a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

Encuesta revela que 7 de cada 10 venezolanos ha tenido que migrar a soluciones de internet privadas

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Las entidades del país con mayores incidencias en el ámbito de telecomunicaciones son Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Falcón.
De acuerdo a los encuestados por Cedice se debería “replantear el catálogo de servicios, brindando posibilidades para ampliar los límites de consumo sin que eso represente un trámite administrativo muy engorroso”.

Foto: EFE

En Venezuela, las telecomunicaciones públicas siguen sin cumplir las expectativas de los ciudadanos y así lo registró un nuevo informe de Monitor de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público de Cedice. De acuerdo al estudio, el 75% de los encuestados ha tenido que migrar a soluciones de internet privadas, con tarifas que van desde los 20 hasta 60 dólares mensuales. Los ciudadanos consideran que la solución proporcionada por la empresa pública Cantv es “ineficiente y poco confiable”.

Un 73% de los encuestados aseguró que “las fallas o averías suelen ocurrir en horas de mayor provecho del día”, lo cual lleva a postergar y cancelar ciertas actividades o incluso imposibilita las gestiones administrativas y operativas en muchas empresas.

Por otro lado, el 42% de los encuestados alertó sobre denuncias por cobros de tarifas extraoficiales para agilizar procesos de reconexión de telefonía fija o internet, pues llegan a solicitar hasta 400 dólares por una línea fija nueva.

A su vez, 87% de los encuestados experimentó “averías en su servicio de internet o telefonía fija”, algunas de las cuales llevan sin resolución por más de 6 meses debido a fallas eléctricas o falta de inversión en las redes.

Aunque se han hecho jornadas de mantenimiento en algunas zonas del país, el 77% de los encuestados desconoce los canales de registro de incidencias y pide una mayor celeridad en la atención.

Otro 82% aseguró haber “experimentado algún ajuste en su tarifa, lo cual debería implicar una mejora en el servicio”, sin embargo, esto no ha sido así y han aumentado las averías en su localidad.

Los ciudadanos proponen

Para los consultados por Cedice se requiere de “mejoras en los servicios dispuestos por la empresa pública de telecomunicaciones, lo que implica mayor inversión y un seguimiento transparente de los proyectos de ampliación o reacondicionamiento”.

Una vez más, los encuestados estarían de acuerdo con el aumento de los servicios con la condición de una notable mejoría de ellos. Ante esta situación, los usuarios exigen una mayor calidad en los servicios de telecomunicaciones públicas y una respuesta más eficiente por parte de las empresas encargadas de brindar estos servicios en las zonas afectadas.