A más de un mes del doblete sísmico del pasado 24 de junio, las consecuencias de la contingencia no solo se reflejan en el impacto en las infraestructuras y las familias en el país, sino también en la continuidad de patrones institucionales de represión y de control social.
Durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de agosto, diversos representantes de organizaciones no gubernamentales expusieron y explicaron la situación en el país y el panorama posterior a los terremotos en Venezuela. Dentro de las realidades abordadas, estuvo lo que Amnistía Internacional denunció como “institucionalización de la política de retorno”, así como la falta de información oficial sobre los fallecidos tras ser deportados desde Estados Unidos en el vuelo 164 el mismo día de la tragedia.
En la jornada en vivo, las organizaciones enfatizaron que “los métodos ‘legales’ e institucionales que persiguen y restringen aún se mantiene intactos en el país, pese al cambio de mando del 3 de enero a una presidencia interina tutelada por Estados Unidos.
Barreras políticas
La directora de Amnistía Internacional Venezuela, Nastassja Rojas abordó el impacto de la movilidad y las barreras impuestas a la población venezolana en el exterior, destacando las contradicciones entre el discurso oficial y las exigencias para poder regresar al país.
Rojas denunció que el Estado venezolano impone trabas económicas a sus propios ciudadanos en el extranjero para que viajen a Venezuela, como un elevado costo de los pasaportes -que supera los 300 dólares– y la exigencia de un salvoconducto para poder retornar.
“Se cobra el retorno, se condiciona un derecho inderogable a una tarifa, dejando a miles sin poder volver”, afirmó la directora.
Rojas mencionó además que el manejo de la repatriación se ha convertido en una estrategia oficial que carece de garantías básicas de transparencia e inventarios públicos.
“El Estado presenta la ‘Gran Misión Vuelta a la Patria’ como protección, cuando es una operación sin protocolos, sin censos ni listados oficiales. El vuelo 164 lo expone”, enfatizó Rojas.
El destino del vuelo 164
La falta de protocolo en los procesos de deportación y repatriación quedó expuesta con el caso del vuelo 164, un avión proveniente de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 146 personas a bordo (120 hombres, 19 mujeres y 7 menores) el propio 24 de junio, fecha en la que ocurrieron los dos devastadores sismos.
Tras su llegada, los deportados fueron trasladados y retenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Hotel El Santuario en La Llanada (estado La Guaira), un espacio bajo el control estatal que no funcionaba como hotel.
Según las denuncias presentadas y documentadas por familiares, y expuestas en trabajos como el que recientemente publicó The Washington Post, a los migrantes se les confiscaron sus teléfonos, se les exigieron contraseñas de los mismos y se les mantuvo bajo estricta vigilancia con acceso a una sola llamada, sin tener aclarada la razón legal de dicha retención, porque no tenían antecedentes penales.
Horas después del ingreso de los deportados al hotel, el edificio se derrumbó por completo a causa del doblete sísmico y de acuerdo con el reportaje estadounidense, solo tres personas sobrevivieron al colapso.
“146 personas deportadas fueron recibidas bajo esa misión por su propio coordinador y llevadas a un recinto del que, según sus familias, no podían salir. Horas después, los terremotos hicieron colapsar el edificio. La deportación, sumada al abandono estatal, se convirtió en una condena de muerte”, lamentó la directora de amnistía venezuela.
A más de mes de lo ocurrido, ni las autoridades de Estados Unidos ni el gobierno venezolano han difundido una lista oficial sobre quiénes viajaban en ese vuelo. Los familiares han tenido que recorrer morgues y centros para poder identificar a las víctimas mediante pertenencias o tatuajes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
