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Oposición pide investigar secuestro y asesinato de exmilitar Ronald Ojeda Moreno

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Dirigentes de oposición venezolana piden al gobierno de Chile que investigue y esclarezca el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.

Ojeda Moreno fue secuestrado en su residencia en Santiago el pasado 21 de febrero, cuando sujetos que fingían ser funcionarios policiales se lo llevaron a la fuerza. La Fiscalía de Chile halló su cadáver el 1 de marzo en una fosa de 1,4 metros de profundidad.

El hecho conmocionó a la comunidad venezolana, por lo que diferentes políticos que hacen vida dentro y fuera de Venezuela se dirigieron al gobierno de Chile para pedirle que investigue el caso y castigue a los responsables.

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y ganadora de la primaria opositora, pidió al gobierno de Gabriel Boric realizar una investigación «exhaustiva» que permita conocer la verdad lo que ocurrió con Ojeda Moreno.

“Esperamos los resultados de una investigación exhaustiva por parte del gobierno de Chile para llegar a la verdad de los hechos y para que los responsables enfrenten la justicia”, escribió Machado en una publicación hecha el 3 de marzo en X (antes Twitter).

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), emitió un comunicado el 2 de marzo en X, en el cual condenó el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda Moreno y también exigió al gobierno chileno investigar el suceso.

“Exigimos al Estado Chileno que profundice la investigación de este condenable crimen y se puedan determinar y castigar tantos a los autores materiales como los autores intelectuales”, señala el texto.

A su vez, el partido político Voluntad Popular, también se unió a la exigencia de una investigación. “Exigimos al gobierno chileno esclarecer los hechos e impartir justicia en este caso”, indicaron en X.

“Ojeda es una nueva víctima de un régimen que lo hizo huir de Venezuela y solicitar asilo político en Chile para resguardar su vida. Ahora, Ojeda fue secuestrado y ajusticiado en territorio extranjero en circunstancias altamente sospechosas”, agregó la tolda naranja.

Diario inédito de Ronald Ojeda sobre las torturas que sufrió en la Dgcim

Javier Ojeda, hermano del extiente retirado Ronald Ojeda Moreno, reveló que el exmilitar asesinado en Chile dejó unos escritos en los que contaba sobre las torturas que sufrió cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo.

El escrito contiene 185 páginas a las que tuvo acceso el diario chileno La Tercera. Javier explicó que Ronald, tras salir de Venezuela huyendo de la prisión, comenzó a escribir sus vivencias y dejar registro de ello.

“No alcanzó a publicarlo, pero él sabía que el régimen lo estaba cazando. Por eso me lo dio”, dijo el hermano de Ronald Ojeda en declaraciones que ofreció al citado medio.

Primer secuestro

Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado el 25 de marzo de 2017 hacía guardia en su puesto de mando en Apure.

“Es una zona de vital importancia para grupos insurgentes, radicales, liderados por la FARC y el ELN, ligados al narcotráfico, secuestro, extorsión y contrabando”, relató el exmilitar asesinado en Chile.

Ese sería el día en que todo cambió. Lo citaron a una reunión en Caracas y se preparaba para viajar, para lo cual  fue a la oficina de su superior, “el general de brigada Ovidio Delgado Ramírez”.

El militar felicitó a Ojeda por su trabajo, y lo calificó de ejemplar. Le hizo varias preguntas. Luego, le dio un sobre con dinero.

“Desconocía por completo que a ese nivel se entregarán ‘premios’ de esta índole con tal ligereza e informalidad. ‘Toma, Ojeda, para que compartas con tu familia y por el futuro niño. Hiciste un buen trabajo’”, escribió el exteniente.

En el escrito, Ojedaba narra que se retiró a su habitación para preparar el viaje y en eso, un sargento le pidió abandonar la unidad en 10 minutos. Tomó sus pertenencias y subió a su vehículo. Pero otro auto se le cruzó en el camino.

A bordo iba uno de sus compañeros, quien minutos atrás lo había felicitado. “Era el coronel segundo comandante de la brigada Marco Tulio Álvarez Reyes, alias Machetico. Muy apresurado se baja, abre la puerta de mi vehículo y me apunta a la cabeza con su arma de reglamento. ‘Teniente, maldito traidor’”, recuerda que le dijo.

Ojeda escribió que fue trasladado a un aeropuerto abandonado. Allí había militares vestidos de negro, sin identificación, que portaban el logo de la Dgcim.

Relató que el general Delgado lo esposó y le explicó por qué estaba detenido: “(Lo hizo) para entregarme al órgano de inteligencia de la tiranía; por un presunto golpe militar fallido contra el tirano Nicolás Maduro y sus acólitos”, explicó Ojeda.

“Me dice: ‘eres un traidor, ¿estás conspirando?’. Si era verdad, no podía darle razones y, si era mentira, no podía darle elementos para crear supuestos. Así que mi ‘no’ fue muy sincero: ‘nada que ver mi general’”, prosiguió.

Inician las torturas contra Ronald Ojeda en la Dgcim

En las páginas de su escrito, Ojeda Moreno señaló que lo subieron a un avión y lo interrogaron por el dinero que llevaba consigo, el mismo que le habían obsequiado hace unos minutos.

Allí comenzaron las torturas de las que fue víctima por la Dgcim, denunció.

Ronald recibió primero una patada en la cabeza. Los funcionarios abrían la puerta y amenazaban con lanzarlo. También lo rociaron con gas pimienta en el rostro y lo asfixiaron con una cuerda amarrada a su cuello, añaden las páginas.

Lo primero fue una patada en la cabeza. Abrían la puerta del avión, amenazando con lanzarlo. Le rociaron gas pimienta en el rostro, y luego lo asfixiaron con una cuerda amarrada a su cuello.

Las preguntas seguían. Pero Ojeda pensó que la forma en que eran formuladas sólo delataba la falta de información de sus captores.

“¿Qué sabes?; dinos todo y se acaba esto, si nos colaboras, nosotros podemos ayudarte”, decían. “No sé nada”, respondía Ojeda.

“Ahora con descargas eléctricas para ver si con eso lograban alguna respuesta. Sesiones interminables donde ataban los cables a los extremos de mis orejas, en los dedos meñiques de las manos, en los tobillos. Rociaban la capucha negra con agua, para evitar que entrara oxígeno”, suma el escrito.

El avión aterrizó en la ciudad de Caracas, pero Ronald estaba seguro de que el aterrizaje solo era el principio de algo más escabroso.

Un paso por su vida militar

Ronald recuerda en las páginas que durante su infancia algo le fascinaba de la vida militar. Por eso es que jugaba a marchar con una escoba bajo el brazo. Las tardes de infancia y adolescencia escuchando el programa de Hugo Chávez también lo acercaron a eso.

Se alistó al Ejército a los 17 años y, según explica, allí comenzó un fuerte “adoctrinamiento”, explicando que la idea era que al final del proceso él fuera otra persona distinta a la que entró.

“El producto final de cuatro años de formación militante es un ser totalmente sumiso, sin las capacidades idóneas para los futuros cargos, la meritocracia queda totalmente excluida en el desempeño de las funciones, sólo basta adular al sistema y al líder, para ganar algún cargo, puesto de preferencia o futuros ascensos. El militar no es fiel a la Constitución, principios, códigos o legado. Sólo obedecerá al poder del partido”, agregó.

Pero el exteniente también relató en sus escritos las irregularidades que vio en su carrera en el Ejército.

Pese a que consideraba que gran parte de sus compañeros eran gente abnegada y dedicada, había “procesos corruptos”.

“Solo por ser asignado, ya existía un pago y una remuneración constante con los jefes. (…) Si (la actividad) es lucrativa, se deja de lado todo trato castrense y se toma algo más aligerado como camaradas. Si no tiene ningún lucro: el trato es netamente castrense”, contó.

De ver la corrupción a una celda de la Dgcim

Años después de ser testigo de tantas irregularidades en el cuerpo castrense, Ronald Ojeda despertó en una celda de una cárcel de la Dgcim sucia, totalmente oscura y sin luz.

En su escrito dejó plasmado que le lanzaban la comida al suelo sin platos y solo le daban arepa y lentejas. Cuando terminaba de comer, lo sacaban para más sesiones de tortura e interrogatorio, encabezadas por mandos medios de la Dgcim, denuncia.

El exmilitar precisó que en plena oscuridad escuchaba cómo torturaban también a otros acusados en celdas vecinas. Describió las sesiones:

“Las descargas eléctricas se convierten en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienzan con leves sesiones, que aumentarán progresivamente dependiendo el grado de información que le suministres. (…) La asfixia mecánica y golpes con barras metálicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley allí no existe. Los cuartos oscuros y celdas aisladas tienen como fin dominar tu mente, llevarte al conflicto interno para asumir la autoculpa, el autoseñalarte como victimario; decirle al sistema que aceptas lo impuesto como flagelo por el pecado cometido”. También detalla cómo era colgado de una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde con agua “para que hablara y dijera algún testimonio que ellos querían que repitiera”.

Así fue durante 13 días. Por la falta de aseo sufría de picazón y desarrolló sarna. Su esposa dio a luz en esos días. A pesar de eso, ella lo buscaba pero solo le respondían una cosa:

“Él ha sido detenido por estar involucrado en actividades de corrupción, cuando fue detenido se le incautó un maletín lleno de dinero”.

Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en Chile

La madrugada del miércoles 21 de febrero, sujetos que fingían ser funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ingresaron a la casa de Ronald Ojeda Moreno, en Santiago, y se lo llevaron.

Durante nueve días el exmilitar venezolano estuvo desaparecido, hasta que el viernes 1 de marzo, la Fiscalía de Chile confirmó su muerte. Su cadáver fue encontrado en una comuna del sur de Santiago, debajo de un bloque de cemento, a 1,4 metros de profundidad.

Héctor Barros, fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana (RM), indicó que según el médico, la muerte de Ojeda Moreno ocurrió entre siete y 10 días antes del hallazgo de su cuerpo.

Mina Bulla Loca: Informan el desalojo de más de 1.200 mineros ilegales

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Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó que el cuerpo castrense ha desalojado unos 1.271 mineros ilegales de la mina Bulla Loca, en La Paragua, estado Bolívar.

Mediante un balance que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), Hernández Larez difundió la relación de personas que desalojaron de la mina: en total, 239 pertenecen a comunidades indígenas, 301 son mujeres y 82 eran niños. No se especificaron las edades.

El pasado 20 de febrero de 2024 se produjo un derrumbe en la mina que, según las cifras oficiales de las autoridades, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y 36 heridos.

https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1764253203405648176

Protestas por cifras reales de muertos en la mina Bulla Loca

El pasado 22 de febrero, familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe en la mina cuestionaron la cifra de 16 fallecidos que informó Nicolás Maduro. Para aquel momento, advirtieron que existían más de 30 víctimas mortales del desastre.

La mayoría de los heridos y fallecidos deben ser trasportados en balsas, puesto que la localidad de La Paragua no tiene carreteras ni otras vías de comunicación terrestre.

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo el sobreviviente Rafael Flores a EFE.

La manifestación se llevó a cabo frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar.

Más de 50 muertos por derrumbes mineros en el último año

El Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela, proyecto de la ONG SOS Orinoco, alertó que 50 personas han muerto en derrumbes mineros en la Amazonía venezolana en los últimos 13 meses.

Según el reporte de la ONG, que se difundió el 29 de febrero, hubo al menos 18 accidentes en minas ilegales en los estados Bolívar y Amazonas desde enero de 2023 hasta febrero de 2024.

También, la organización advirtió que la cifra superó al registro del observatorio durante el periodo 2012 – 2022, cuando hubo al menos 47 muertos por desastres socioambientales en las minas de Bolívar y Amazonas.

La ONG advirtió que las cifras obtenidas por trabajadores en las minas del Arco Minero del Orinoco siempre son mayores a las que emite el Estado, por lo que llaman a la «necesidad de que se haga una indagación específica y pertinente» para estos desastres. 

“Tango Bar”: la película que exhibe el drama del tráfico sexual 

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“¿Cuál deuda?”, le pregunta María al responsable del bar donde apenas comienza a trabajar. 

Así, con esa inocente interrogante, la mujer que aceptó un viaje pago al extranjero con la promesa de convertirse en una connotada modelo, comienza su áspero tránsito por el mundo de la trata de personas y prostitución forzada.

En “Tango Bar”, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Francisco Villaroel, María, ahora devenida en Malena para los clientes, lucha para salir de la violencia de género y explotación sexual, un drama al que se enfrentan miles de mujeres en el mundo.

La cinta dirigida por Gibelys Coronado, la misma de “Dos otoños en París”, será estrenada en Venezuela este jueves 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

“Denuncia el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y no es casual su estreno el día antes del Día Internacional de la Mujer”, dijo Villaroel, quien además de ser guionista junto a Carlos Tabares es productor y encarna el papel de Edmundo en la película.

La cinta viene de ser laureada en el Rajasthan International Film Festival en la India y también fue exhibida en el Festival de Cine de Santander en Colombia.

El personaje central, María, interpretado por América Zerpa, es captada bajo una falsa promesa por Azabache (Yeimmy Rodríguez) y una vez en “Tango Bar” es despojada de su documentación y sometida a violencia psicológica, física y sexual; sin embargo nunca pierde el deseo de recuperar su libertad.

El largometraje de Mob Producciones contó con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y la distribución estuvo a cargo del Circuito Gran Cine.

“Es la última intervención en el cine de César Bolívar, quien quiso contribuir como director de fotografía”, dijo Villaroel.

Además de Zerpa y Rodríguez, la producción cuenta con la participación de Ramón Roa, Amneris Treco, Jeska Ruiz, Ana Sofía Rodríguez, Bea Sojo y las actuaciones especiales de Henry Soto, Juliana Cuervos, y Carlos Manuel González. 

“Todas las mujeres deben verla, la han comparado con Sonido de Libertad, que trata sobre el tráfico de niños”, sostuvo Villaroel. “Los Gobiernos tienen que atacar este flagelo, es necesario una cooperación internacional”, agregó.

Villaroel informó que además de salas comerciales, la intención es exhibir la cinta de manera gratuita en sectores populares como Petare.

“El feedback que hemos tenido de personas que han podido verla en preestreno ha sido positivo, el llamado a conciencia es para que las jóvenes no caigan en este engaño, que creen que van a tener un sueño y al final se convierte en una pesadilla”, agregó.

 

La foto de Fausto

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Fausto Masó en su biblioteca. Foto Juan E. Fernández (@Juanette) 

Hoy les quiero contar cómo pasó Fausto Masó por un momento puntual de mi ejercicio como periodista

 

@SoyJuanette

La semana pasada por primera vez noté que todas las personas que fueron mi referencia durante la juventud se están marchando. Es decir, genuinamente descubrí que el tiempo es finito: Fausto Masó, aquel tipo que de entrada parecía mal encarado, pero una vez lo conocías era una de las personas más graciosas del mundo, había muerto.

Si usted amigo lector, está esperando una “caja negra” del escritor y periodista cubano/venezolano fallecido a los 90 años, este artículo no es para usted. Básicamente porque si escribo una reseña de la vida y obra de Fausto, él mismo me diría: “Esto es más de lo mismo chico, no lo va a leer nadie, es más, creo que me quedé dormido”. Y cerraría con un “anda a escribir de verdad”. Es por eso que hoy les quiero contar cómo pasó Fausto Masó por un momento puntual de mi ejercicio como periodista.

Fausto era un tipo conocido, pues muchos leíamos su columna publicada en el diario El Nacional, y también por su programa Golpe a golpe”. Pero la primera vez que me encontré en persona con Masó ocurrió en 2009 y fue por petición de Alfredo Meza e Ismael Medina, quienes eran mis jefes en una revista maravillosa que se llamó Poder y Negocios, donde yo era asistente editorial. En aquella oportunidad se me encomendó hacer las fotos de los columnistas fijos de la revista; fue así como fotografié a Oscar Medina, Milagros Socorro, Hugo Prieto y, por supuesto, a Fausto Masó.

Llegué a la casa de Fausto en Los Palos Grandes, toqué la puerta y me hizo entrar. Lo primero que me dijo con su característico acento cubano fue: “De una vez te digo que no me voy a cambiar de ropa”. Me lo decía porque estaba en short y sandalias. Me quedé paralizado y, a los pocos segundos, el tipo soltó una carcajada que me dio tranquilidad.

Me dejó merodear por la sala, el comedor y su estudio, donde finalmente decidí que se hicieran las fotos. Específicamente en la biblioteca. Tomé creo que 10 fotografías, pero la verdad ninguna me convencía, por lo que le dije a Masó:

–Está muy formal, hagamos algo más natural, más genuino.

A lo que él respondió:

– ¿Más genuino? Bueno…

Acto seguido, Masó me mostró sus dos dedos medios y una sonrisa y agregó:

–Coño yo no sé si esto sea genuino, pero original sí que lo es

Por supuesto le tomé la palabra y capturé el momento. Ahora que lo pienso, es una lástima que en 2009 no existieran los stickers para enviar por WhatsApp, porque hubiese sido muy bueno.

Tras terminar la sesión de fotos, me fui a la revista y al llegar les conté a Ismael, Alfredo y a Roland Carreño, quien se sumó a la reunión (porque era el director de la Revista Caras y compartíamos una oficina en El Centro Lido). 

Los cuatro nos reímos a más no poder con la ocurrencia de Fausto. Recuerdo que debatimos si usábamos la foto, pero al final se decidió que no.

Cuando supe de la muerte de Fausto corrí a buscar aquella foto graciosa en mis correos, en dos pendrives que traje de Venezuela y hasta en mi disco portátil, pero no hubo caso. Probablemente la borré. 

Tras mi paso por la revista Poder y Negocios, se me encomendó entrevistar a Fausto por el relanzamiento de su libro Sabana Grande era una fiesta, probablemente fue en 2011. En aquella ocasión fui de nuevo a su casa y las fotos que se hicieron para el reportaje las tomó mi padre.

Recuerdo que le llevé a Fausto una cajita de habanos Cohíba y, luego de agradecerme, me dijo: Cómo veo que te va bien carajito. La abrió, encendió uno y comenzamos a charlar. Pero una vez que apagué la grabadora, invitó a papá a sentarse y se pusieron hablar por horas, prediciendo lo que podría pasar en una Venezuela ya maltrecha para entonces.

Entrevista con Fausto Masó. Foto Juan De La Cruz Fernández
En entrevista con Fausto Masó. Foto: Juan De La Cruz Fernández.

De aquel encuentro me llevé tres tesoros: las fotos que tomó mi difunto padre, un ejemplar del libro dedicado por Fausto (que ahora quiero ver cómo lo traigo de Caracas a Buenos Aires) y aquella conversación.

Una de las últimas veces que vi a Fausto me parece que fue en Globovisión, donde él tenía un programa junto con Roberto Giusti, y yo era productor de Brújula Internacional (programa conducido por el embajador Julio Cesar Pineda). Y aunque frente a las cámaras Fausto se mostraba directo y hasta un poco cascarrabias, el Masó fuera de toma era un tipo gracioso y consejero.

q e. p. d. Fausto.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 

CDJ registró 97 ataques contra defensores de DDHH en Venezuela durante enero

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El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 97 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de los derechos humanos (DDHH) en Venezuela durante enero de 2024.

Mediante su reporte anual, el CDJ alertó un recrudecimiento de las agresiones contra de la sociedad civil, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica”.

“El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, agrega.

Los 97 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso se reflejan, principalmente, en los siguientes patrones de agresión:

– Estigmatización: 39

– Intimidación y Hostigamiento: 32

– Amenaza: 23

– Ataque Digital: 2

– Otros: 1

El CDJ observó un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil en el marco del contexto electoral de este año 2024.

Las personas y organizaciones defensoras han sido de las principales afectadas, al ser calificarlas de “enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras siendo objeto de amenazas y otras agresiones”.

Caracterización de los ataques

Un total de 85 ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, equivalente a un 88 % del total.

Por otra parte, 12 de los incidentes fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos, el 12 % restante.

El CDJ destaca los constantes señalamientos, estigmatización, amenazas y actos de intimidación en contra de la ONG Provea, Transparencia Venezuela, Control ciudadano, entre otras.

“Asimismo, preocupa el incremento de ataques generalizados en contra de las organizaciones no gubernamentales, calificando sus actividades de injerencistas y desestabilizadoras”, alertan.

Los responsables de los ataques contra defensores de DDHH

El CDJ indicó que los principales responsables de las agresiones cometidas identificados son funcionarios del Estado (39 %), incluyendo miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional, entre otros integrantes de entes o instituciones públicas.

Asimismo, destacan programas de radio y televisión junto con medios digitales, integrantes del sistema nacional de medios públicos y medios asociados al Estado (31 %), sirvieron de plataforma para las campañas de estigmatización y los llamados a violencia:

– Con el Mazo Dando

– Misión Verdad

– Zurda Kondukta

– Correo del Orinoco

– Venezuela News

– Venezolana de Televisión (VTV)

También, miembros asociados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), periodistas identificados con organismos gubernamentales y otras personas afines también forman parte de este grupo (20 %).

Por último, organismos de seguridad del Estado (4 %), incluyendo militares como de los servicios de inteligencia fueron responsables de intimidar y hostigar.

ataques contra defensores de DDHH

Se sigue desprestigiando el trabajo de ONG

Durante enero, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), se observaron “nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores”.

Todas esas acciones se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones a raíz del inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.

Es preocupante para el CDJ que sigue “desprestigiándose el trabajo de las organizaciones”, señalándolas de “conspiradoras”, “traidoras”, “desestabilizadoras”, entre otras, con el objeto de justificar la supuesta necesidad de un instrumento de esta naturaleza con base en acusaciones en contra de organizaciones y personas defensoras sobre el uso del financiamiento internacional “con fines políticos e injerencistas”, o que sus actividades “atentan contra la paz y soberanía nacional”.

A su vez, se  pretendió asociar su funcionamiento con actividades  de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este discurso tomaron parte diputados a la Asamblea Nacional, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas progubernamentales y personas afectas al partido de gobierno.

Tarek William Saab insiste en que en Venezuela “no se han cometido crímenes de lesa humanidad”

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Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, negó este viernes, 1 de marzo, que en Venezuela se cometan crímenes de lesa humanidad.

Así lo dijo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso Venezuela I.

“Como Ministerio Público rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos”, aseguró Saab.

El fiscal señaló que la estrategia de “acusar a Venezuela en la CPI” fue, supuestamente, “coordinada” entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima “para lograr lo que por otras vías no han logrado”.

“Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad”, insistió Saab, añadiendo que el Ministerio Público, junto con los órganos de justicia sigue investigando cada caso de “presuntas violaciones a derechos humanos”.

Por otra parte, denunció la aplicación de un “lawfare” contra Venezuela, lo que, según explicó, “se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial”.

Saab también banalizó los crímenes de violencia sexual: “Colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, y ya lo colocan como un delito de violencia sexual”, dijo.

CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia del 27 de junio del año 2023, la cual autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante la audiencia, Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Según Tarek William Saab, la Sala de Cuestiones Preliminares revisó “apenas revisó el 20 % de la información suministrada” por el Ministerio Público. “¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado”, dijo.

“Es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes están interesados a destruir la democracia venezolana”, insistió.

Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de la Sala de Apelaciones se confirma que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

“El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, señaló Ballesta en un conversatorio de expertos sobre el tema.

No obstante, Michelle Reyes, asesora de Human Right Watch (HRW), afirmó que el gobierno de Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que implica que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que se complementan.

Caso Venezuela I en la CPI: Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

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Este viernes, 1 de marzo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) analizó junto a varios defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales la sentencia de la Sala de Apelaciones sobre la situación del Caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La Sala de Apelaciones de la CPI desestimó, de manera unánime, la apelación que había hecho el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que había autorizado antes continuar la investigación por casos de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones de 2017 y 2019, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. 

Ante la importancia de este suceso, Valentina Ballesta, de Amnistía Internacional (AI), Laura Dib, de la organización The Washington Office on Latin America (Wola), Michelle Reyes de Human Right Watch (HRW) y Calixto Ávila, de Provea, analizaron varios aspectos sobre la decisión que se detallan a continuación: 

CPI Caso Venezuela: qué ocurrió este 1 de marzo

Sobre la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones, el abogado e investigador especialista en derechos humanos, Calixto Ávila, señaló que “es un hecho de especial importancia para el tema de la lucha por la justicia y la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de esta humanidad”.

Ávila destacó que la decisión tomada el 27 de junio de 2023, mediante la cual se autorizaba al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue objeto de apelación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, pero este 1 de marzo esa solicitud de apelación fue desestimada de manera unánime, lo que calificó como “muy importante”,  porque “no hubo diferencias entre los jueces, ni en los contenidos, ni en la decisión final de la Sala de Apelaciones, por lo tanto esto significa que es una decisión definitiva”, Es decir, la CPI va a llevar a cabo su investigación sobre el caso Venezuela I. 

Calixto Ávila aclaró que de aquí en adelante se abre un proceso de investigación consolidado que no se sabe cuándo será porque no existe un plazo establecido, pero determinará responsables y estas personas podrían recibir órdenes de comparecencia o órdenes de arresto emitidas por los jueces.

Sobre la importancia de este hecho, Michelle Reyes, asesora legal de Human Right Watch (HRW), agregó que con la decisión que se informó hoy se reanudó y se devolvió la esperanza de que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela sean juzgados. 

“Es un camino de esperanza para quienes no han podido encontrar una respuesta judicial en el propio ordenamiento interno de Venezuela”, enfatizó Reyes. 

¿Puede el gobierno venezolano seguir retrasando la investigación de la CPI?

La asesora de HRW destacó que los seis puntos presentados por el gobierno de Maduro en la apelación fueron desestimados por parte de la Sala de Apelaciones. “En esta etapa no solo se refiere a tener resultados concretos o tangibles, sino también que no se trate solo de promesas de que se van a llevar a cabo las investigaciones”, dijo.

Reyes coincidió con Ávila en que la unanimidad en la decisión no se puede revertir porque todos los elementos fundamentados por el gobierno fueron rechazados. 

Al respecto, la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de hoy quedó confirmado que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

“Hay unos aspectos técnicos súper importantes en la lucha contra la impunidad en Venezuela, pero tengo una certeza de que el proceso ya no puede ser detenido. El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, dijo.

Sin embargo, Michelle Reyes, asesora de HRW, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que significa que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional sino que se complementan.

Esto se traduce en que si el gobierno llegara a abrir o considerar abrir los casos específicos considerados como crímenes de lesa humanidad, puede también utilizar herramientas concretas que le brinda el Instituto Roma como es el artículo 19 para cuestionar la visibilidad de los casos concretos.

“Como en el caso de Libia, estamos viendo un fiscal que ha anunciado el cierre de varias investigaciones y está tratando de cerrar algunas que han llevado muchos años por falta de incorporación de perspectivas la sociedad civil otras porque no hay muchos casos”, explicó Reyes.

¿Está sola Venezuela, cuál es el rol de la Comunidad Internacional?

El rol de la comunidad internacional y de organismos defensores de derechos humanos que a diario tienen sus ojos posados sobre Venezuela, han sido de gran importancia para que la CPI haya decidido investigar crímenes de lesa humanidad. 

A juicio de Michelle Reyes y Calixto Ávila, la interacción entre el Consejo de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y demás organismos, que en general pueden tener mandatos distintos, tienen un punto en común que es la lucha contra la impunidad.

“Venezuela no está sola, hay muchos mecanismos trabajando y es necesario que la sociedad civil y en especial las víctimas, sigan de cerca el trabajo que estas organizaciones internacionales han venido realizando y que puedan participar de manera eficiente con el apoyo técnico”, explicó Ávila. 

Para Michelle Reyes, la CPI tiene una tarea muy importante de seguir buscando ese balance en comunicar debidamente tratar de ser lo más transparente posible en un contexto donde también hay exigencias de seguridad y confidencialidad con la sociedad civil.

Agregó que la comunidad internacional va a jugar un papel importante en contribuir a la protección de las personas que están en riesgo, en buscar medidas para garantizar que quienes están trabajando en estos casos no sufran represalias y que si la sufren que puedan recibir protección en otros países.

El rol de la sociedad civil será fundamental 

Michelle Reyes resaltó la intervención de la sociedad civil en todo este largo camino que ha sido el caso Venezuela I. “Realmente es para sacarse el sombrero por el trabajo incesante e incansable que ha hecho la sociedad civil en Venezuela y fuera de ella”.

Exhortó que la tarea para la sociedad civil también continúa con el aporte de testimonios, evidencias y la interacción dentro de la CPI con  las limitaciones existentes. 

Reyes agregó que por ser este un año electoral es importante que la sociedad civil cuente con estrategias y mecanismos para que pueda tener una interacción segura.