El Estado exhibe sin disimulos su talante pavoroso. Foto Felipe Romero en Infobae.
El informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Venezuela, presentado días atrás por la alta comisionada Michelle Bachelet, retrata la realidad de un país sometido a un modelo dictatorial, empobrecedor y violento.
Este informe visibiliza nuestra situación y se suma a los numerosos registros que de ella están haciendo, dentro y fuera del país, diversas ONG e instituciones que velan por los derechos humanos. Y que contrarrestan la desinformación, la impunidad y el olvido.
Es evidente que, ante el rechazo popular y mayoritario, el régimen actual se mantiene en el poder a través de la violación masiva de los derechos humanos de la población.
Hostiga a las personas y promueve y ejecuta acciones violentas desde instituciones públicas coaptadas por la dictadura y grupos paramilitares afectos al gobierno.
De igual forma, el uso discrecional del “Estado de alarma” de la pandemia, le ha permitido a la dictadura acentuar la represión y las detenciones ilegales. También ejerce actos de violencia y difamación sobre grupos, como el personal de salud, periodistas o manifestantes.
En nuestra iniciativa Monitor de Víctimas, ya hemos alertado acerca de la acción de cuerpos de seguridad como las FAES, la Policía Nacional y la GN. Solo en Caracas, estas han sido responsables de casi un tercio de las muertes violentas en nuestras comunidades en el último año.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hace referencia a las situaciones de hacinamiento a las que están sometidos los presos políticos en instalaciones de DGCIM y el SEBIN, así como los hechos de violencia producidos en mayo en el centro de detención Cepella en Guanare, estado Portuguesa, que muestran la realidad del sistema carcelario venezolano.
Para los venezolanos lo expuesto en el informe no nos sorprende. Las transgresiones del Estado forman parte de la vida diaria de los ciudadanos. En nuestras comunidades son varios los testimonios de madres, vecinos y líderes sobre esta realidad.
Desde la agudización de sistemas de control como los CLAPS, hasta la generación de situaciones de violencia como las que afectaron a Petare en mayo, y en estos días a las comunidades de La Vega y la Cota 905, el Estado se ha convertido en un factor de colapso, caos y sobre todo violencia, que afecta a la sociedad en todos los niveles de la vida nacional.
Frente a esta situación debemos continuar visibilizando las acciones de la dictadura. Así como profundizar acciones de organización e involucramiento que nos permitan enfrentar los graves problemas de la emergencia generada por el régimen.
Es cierto que sin un cambio político radical la situación que atravesamos solo puede agravarse, pero igualmente debemos generar y fortalecer lazos convivenciales que permitan a la sociedad civil enfrentar la situación dantesca que estamos padeciendo.
Roberto Patiño / Fundador del movimiento Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad. Miembro de Primero Justicia
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