La compleja situación que ya enfrentaban los periodistas venezolanos desde hace más de dos décadas se ha agudizado durante la cuarentena
Las agresiones físicas, el hostigamiento y los ataques registrados contra periodistas y representantes de los medios de comunicación, durante las dos últimas décadas, conforman el cuadro que ha convertido el ejercicio de la profesión en una de las más riesgosas en Venezuela. Para el gremio independiente, lejos de ser motivo de celebración, este Día del Periodista se presenta como una nueva oportunidad para la reflexión, la documentación y la denuncia de estos hechos, que se han venido profundizando de forma progresiva desde el primer decreto de emergencia sanitaria, emitido por el gobierno de Nicolás Maduro para contener la pandemia por COVID-19, hace poco más de 100 días. Las medidas restrictivas propias de la cuarentena han servido de excusa para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información, como advertía el pasado 3 de mayo, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Defiende Venezuela, expertos en Derechos Humanos de la ONU. La organización apuntó que desde el inicio del confinamiento aumentaron las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según las cifras de la agencia, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 periodistas.
De igual modo, el gremio nacional reportaba para mayo de este año 92 ataques contra comunicadores sociales, en el ejercicio de su labor informativa. Édgar Cadenas, del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, aseguró que 18 periodistas habían sido detenidos de forma arbitraria y, en muchos casos, también sus familiares. Lo mismo hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) con el informe “Pandemia de la desinformación”, en el que recopila una serie de hechos y experiencias que describen los desafíos del trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo, fecha en que se decreta la emergencia sanitaria, y el 3 de mayo. Afirma el documento que, antes de confirmarse los primeros contagios en el país, la persecución contra los medios y periodistas intentaba inhibir el debate en torno a un tema de tanto interés para la población. En concreto, señalaban que publicar información distinta o complementaria a la ofrecida por los voceros oficiales le había valido encarcelamiento a una veintena de periodistas en distintas regiones del país. En el lapso que abarca el informe, el SNTP documentó 57 hechos que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información , así como el derecho al trabajo de comunicadores, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de los medios.
Una curva que no se aplana
El informe del SNTP concluye que las complejas condiciones de trabajo de la prensa venezolana empeoraron durante la cobertura de la pandemia, y así lo reflejaron las 150 víctimas de violaciones en casos de censura, intimidación, detenciones, amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad laboral que documentó la organización sindical. Del total de las 57 violaciones a la libertad de prensa reportado en ese entonces, 22 correspondían a detenciones arbitrarias, 21 a hostigamiento verbal o intimidación, 9 a censura y 5 casos de precarización del trabajo. De estos hechos, que también son agresiones, 26 fueron cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, cuya función en alcabalas, estaciones de servicio y centros de salud, según el reporte, ha sido obstaculizar la labor de la prensa.
A casi dos meses de esta publicación, casos recientes documentados por el gremio periodístico, organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes y redes sociales, dan cuenta de que en esta fase de la pandemia se ha intensificado la detención e intimidación a los periodistas y que, en lugar de “aplanarse la curva” de la censura, agresiones y persecuciones, los casos han aumentado en ocurrencia y en niveles de agresividad y arbitrariedad. Las detenciones del periodista Davirson Rojas, quien permaneció 12 días en una comisaría policial por tuitear cifras sobre COVID-19 distintas a las que había suministrado el gobierno; y la de Carol Romero, quien fue arrestada por grabar una protesta por falta de gasolina en una estación de servicio y cuya foto esposada se hizo viral en las redes, son ejemplos de estos atropellos.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, señaló que, hasta mayo, ocurrieron en el país 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan la intimidación y la censura. La mayoría de las víctimas son periodistas y como responsables se identifica a cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios. Asimismo, la organización publicó que del 16 de marzo al 14 de junio, se registraron 65 privaciones de libertad y 28 detenciones de trabajadores de los medios, mientras ejercían su derecho a buscar, recibir y difundir información. De este último total, 25 están vinculadas de forma directa con la cobertura del COVID-19. “Hay un recrudecimiento. Antes quedaba en una detención rápida, pero ahora la persecución es penal. Lo más terrible es que los tribunales no están funcionando y les dan medidas privativas de libertad”, declaró Correa.
En este contexto, la llamada “Ley del Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” se ha convertido en la principal herramienta para justificar acciones de amedrentamiento, persecución judicial, amenazas y presiones que pretenden silenciar las voces disidentes y acallar las demandas de una población agobiada por la emergencia humanitaria compleja.
Menos espacios
Espacio Público también alertó que, durante el confinamiento, fueron cerradas varias emisoras de radio, la más reciente fue Rumbera 106.9FM, de los Valles del Tuy, en Miranda, que se sumó a los más de 200 medios clausurados en todo el país desde 2004. También varios programas noticiosos conducidos por periodistas fueron sacados del aire, uno de ellos era transmitido por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV) y otro por el canal privado Globovisión. Sin embargo, aunque no vinculado directamente con el ejercicio del periodismo, pero sí con la libertad de expresión e información, el mayor impacto, en cuanto a reducción de espacios se refiere, ocurrió con el cese de operaciones en el país de DIRECTV, que se materializó el 19 de mayo y dejó sin acceso al servicio de televisión satelital a más de 2 millones de hogares venezolanos.
A esto se añaden los ataques cibernéticos y las reiteradas restricciones de Internet, a través de la principal prestadora del servicio: ABA, de la estatal Cantv, que se expresan en el bloqueo a portales informativos y redes sociales; y la interrupción del servicio de energía eléctrica a escala nacional o regional como consecuencia del colapso del sistema eléctrico, debido a la corrupción, la falta de inversión y de mantenimiento. Este escenario ha sido terreno fértil para que florezcan los medios digitales como espacio de expresión para periodistas y para que las redes sociales se posicionen como principal fuente de acceso a la información para los venezolanos.
A la par de este progresivo deterioro de la libertad de expresión y la criminalización de la labor periodística, en Venezuela se ha instaurado una plataforma hegemónica de medios con la creación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), conformado por una red de emisoras, radios y televisoras en manos del Estado; así como la compra de medios “independientes” que exhiben ahora una línea informativa afín al gobierno y en los cuales no tienen cabida periodistas y comunicadores que disientan de la política editorial y el discurso oficial.
Desde el decreto de la cuarentena, Transparencia Venezuela no solo ha advertido sobre los riesgos de corrupción asociados a la pandemia, sino también sobre el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para combatir el COVID-19 sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de informar y estar informado. Las convenciones internacionales suscritas por nuestro país obligan al Estado a proteger y garantizar la diversidad de medios de comunicación y, por ende, la pluralidad y la independencia informativa. De igual modo, la Constitución Nacional garantiza los derechos a la libre expresión y a la información (artículos 57 y 58), a la vez que establece que tales derechos no pueden ser suspendidos ni en los estados de emergencia o excepción. No obstante, las autoridades venezolanas, por omisión y de hecho, han vulnerado de forma flagrante estos derechos que atañen de forma transversal al periodismo.
