LA ASAMBLEA NACIONAL SEÑALÓ ESTE martes que en el país hay 198 militares detenidos, acusados de «traición a la patria» por pedir respeto a la Constitución, alimentos en los cuarteles o por «emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares».
«Tenemos 198 militares detenidos, injustamente detenidos: 92 del Ejército, 23 de la Aviación, 25 de la Armada, 58 de la Guardia Nacional», dijo el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Eliezer Sirit, durante un debate sobre la «persecución» a los miembros de la Fuerza Armada.
Explicó que a estos funcionarios se les siguen causas «por traición a la patria por el solo hecho de plegarse a nuestra Constitución» o porque se han quejado porque «en los cuarteles no existe la comida».
«Hemos presenciado (…) relatos, historia, de cada uno de los familiares que acuden a esta comisión para denunciar los atropellos, los vejámenes, las torturas físicas y mentales de los cuales son objeto estos oficiales, estos militares», agregó.
Dentro de esta cifra se contabilizan al general de la Aviación Miguel Sisco, los coroneles Miguel Castillo y Francisco Torres, y el capitán Rafael Acosta, quienes, según los diputados, se encuentran en «desaparición forzada» desde el viernes pasado, cuando la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, finalizaba su visita al país.
«No había llegado la señora Bachelet a su destino cuando se inició una razia, la redada dirigida por agentes cubanos y están además del general de la Aviación Miguel Sisco, coroneles como Miguel Castillo y Francisco Torres, del capitán Rafael Acosta, de comisarios como Miguel Ibarreto y José Valladares», dijo el diputado Luis Barragán.
Los parlamentarios resaltaron, además, que dos exministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) que se encuentran detenidos, los militares Miguel Rodríguez Torres y Raúl Emilio Baduel, están incomunicados y sin contacto con sus familiares.
El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, cuestionó la actuación de los militares en relación a sus compañeros de armas detenidos y les invitó nuevamente a defender la Constitución.
Por su parte, la legisladora Delsa Solórzano indicó que el Parlamento entregó a la comisión de derechos humanos de la ONU que Bachelet dejó instalada en el país un «informe completo» de la desaparición de civiles y militares.