Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitó el poder a la Contraloría General de la República de controlar los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que incluyen a las empresas militares, para dárselo a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que «el Ministerio se ‘autocontrola’ en su gestión empresarial», denunció Acceso a la Justicia.
«La caja negra militar» fue creada por la sentencia que firma la Sala Político Administrativa en el documento N° 1.421 del 15 de diciembre del 2016, sobre un recurso de interpretación de la Procuraduría General de la República para que “se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Cogefanb), sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al Sector Defensa”.
Acceso a la Justicia denuncia que «la verdadera intención de esta solicitud, era eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar, así como a todos sus entes que manejen recursos del Estado, que como sabemos cada vez son más y en sectores cada vez más estratégicos, como la Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg)«.
De acuerdo al comunicado de prensa, la sentencia fue basada en un artículo del Reglamento de la misma Contraloría de la FANB y no en una norma legal o constitucional. El artículo del reglamento de la Cogefanb señala que «el Contralor de la Fuerza Armada se auto otorga la ‘supervisión, evaluación, orientación y coordinación de las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa’, competencia que como hemos dicho ni la Constitución ni la ley le otorgan».
«El control del gasto público en las empresas militares queda enteramente en manos militares, quedando fuera del control civil que de acuerdo a la Constitución tiene asignada la Contraloría General de la República y además que el órgano que debe controlar tan importante sector, no lo va a hacer más… Como consecuencia de ello, en su afán de destrucción del Estado de derecho y más recientemente de favorecer la militarización del país, ahora el TSJ en vez de darle más transparencia al uso del dinero público, le da mucha más opacidad.» advierte el observatorio.
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*Con información de Acceso a la Justicia