Wall Street Journal

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas del Banco Mundial clasificó a Venezuela como el sexto país con mayor quema de gas del mundo en 2021, aunque ocupó el puesto 26 en producción de petróleo

The Wall Street Journal (WSJ) reseñó en una publicación que la industria petrolera de Venezuela es un gran agente contaminante. Los derrames petroleros constantes, la carencia de gestión y mantenimiento serán obstáculos para los inversionistas que buscan reanudar su trabajo con el crudo venezolano. 

Diversos ambientalistas han denunciado que las tuberías oxidadas y los tanques de almacenamiento ubicados en el Lago de Maracaibo filtran contaminantes al suelo de manera rutinaria.

Esta imagen de radar #Sentinel1 #8Feb muestra las instalaciones @PDVSA que están derramando petróleo al #LagoMAracaibo. Cada punto brillante es un pozo o una planta. Esto es lo normal en el lago: múltiples derrames continuos que permanecen por semanas y hasta meses pic.twitter.com/whTB4sMojl

— diodon histrix (@diodon321) February 14, 2023

El derrame más reciente se registró el 8 de febrero. De acuerdo con Eduardo Klein, profesor de la Universidad Simón Bolívar, los múltiples derrames continuos que permanecen por semanas y hasta meses ocurren con frecuencia. 

A continuación, 15 claves que reseñó WSJ sobre lo que ha causado el deterioro de industria petrolera venezolana y lo que deberán enfrentar las compañías petroleras que deseen reanudar sus labores en Venezuela:

Las explosiones de refinerías en los últimos años han enviado humo negro hacia el cielo. Petróleos de Venezuela, incapaz de procesar el gas natural que es un subproducto de la producción de petróleo, quema lo suficiente cada día para abastecer al estado de Georgia.

Tras la decisión del gobierno de Joe Biden el año pasado de aliviar las sanciones para permitir que Chevron Corp. reanude sus operaciones en Venezuela, las compañías petroleras estadounidenses y europeas han estado presionando a Estados Unidos para que los autorice a extraer petróleo en medio de la agitación del mercado derivada de la guerra en Ucrania, revelaron personas cercanas a la empresa. 

La negligencia y mala gestión de Venezuela reflejan los desafíos que enfrentan las empresas energéticas internacionales y los inversionistas que buscan regresar al país, que se encuentra sobre algunas de las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo.

El interés de reanudar operaciones en Venezuela se ha profundizando a pesar de que defensores ambientales y laborales advierten sobre los peligros en la industria energética de Venezuela, donde la supervisión regulatoria es escasa,  incluso cuando el gobierno de Nicolás Maduro está trabajando para aumentar la producción.  Morningstar Sustainalytics, que evalúa el riesgo ambiental, social y de gobernanza para los inversionistas, clasifica a Pdvsa como un «riesgo severo» debido a su amplia exposición y gestión de problemas ambientales.

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas del Banco Mundial clasificó a Venezuela como el sexto país con mayor quema de gas del mundo en 2021, aunque ocupó el puesto 26 en producción de petróleo.

Según Ausberto Quero, ingeniero civil venezolano y experto en el impacto ambiental de la industria petrolera, Pdvsa está enfocada en exprimir cualquier producción que pueda, en lugar de atender la situación ambiental. 

Quero aseguró a WSJ que no hay personal para atender los derrames y fugas que son prácticamente constantes. «Venezuela ha visto a muchos técnicos y trabajadores experimentados en campos petroleros huir del país durante la última década a medida que la economía se derrumbó», indicó el diario.

Pdvsa no ha rendido cuentas sobre los derrames de petróleo y accidentes laborales desde 2016. Ese año se registraron 8.000 derrames, cuatro veces más que en 1999, cuando Hugo Chávez asumió el poder y Venezuela produjo mucho más petróleo.

En octubre de 2022, un flamenco quedó cubierto de petróleo luego de un derrame petrolero llegara a las playas del lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela.

Foto: EFE/ Henry Chirinos.

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela documentó 86 derrames de petróleo durante 2022, frente a los 77 del año anterior. Mientras que el Observatorio Venezolano de Derechos Ambientales catalogó alrededor de 200 derrames entre 2016 y 2021, las autoridades nunca hicieron públicos muchos de ellos. Ambos grupos dicen que debido al apagón informativo, el número real de accidentes probablemente sea mucho mayor.

Durante décadas, el gobierno de Venezuela había hecho que el combustible fuera prácticamente gratuito para sus casi 30 millones de habitantes, lo que, según ambientalistas y economistas, fomentó el desperdicio y ayudó a colocar al país en el ranking de los mayores emisores de CO2 per cápita de la región, según la plataforma de datos Climate Watch.

Aunque las emisiones cayeron a medida que la producción de petróleo se contrajo 70% desde 2015, a unos 700.000 barriles de petróleo diarios en la actualidad, los grupos ambientalistas dicen que la falta de inversión y mantenimiento, junto con el éxodo de trabajadores calificados, han dejado a la industria vital del país decididamente más sucia y más propensa a accidentes.

La contaminación de la industria petrolera ha golpeado a los venezolanos comunes, como a los pescadores de la costa este del lago de Maracaibo.

Los ejecutivos y analistas de la industria petrolera consultados por WSJ aseguraron que permitir que las empresas internacionales regresen a Venezuela podría ayudar a limpiar la industria petrolera, al elevar los estándares ambientales y de seguridad y traer tecnología moderna. 

Según WSJ, entre los posibles recién llegados, se encuentra el ex ejecutivo de Shell, Mounir Bouaziz, que busca procesar el gas quemado de Venezuela para exportarlo y combustible para cocinar que es muy necesario para el mercado interno.

Pdvsa quema alrededor de 2 mil millones de pies cúbicos de gas por día, el doble del volumen comercial que produce la industria energética de Colombia. La quema se cuadruplicó en la última década, más que en cualquier otro país estudiado por la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas del Banco Mundial.

LOS FUTUROS DEL petróleo crudo se mantienen este lunes en un mínimo de 17 meses, en medio de las preocupaciones sobre la producción mundial de crudo y los temores de una desaceleración económica internacional que podría erosionar la demanda.

El comercio de petróleo en el Nymex se cerrará a la 1:30 pm, hora del este, una hora antes, por la víspera de la Navidad, y los mercados globales cerrarán el martes todo el día en conmemoración del feriado, reseña MarketWatch

El West Texas Intermediate CLG9, -2,15%  se cotiza a $ 45.49 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, después de tener una pérdida de 11,4% la semana pasada , según datos de mercado del Dow Jones . Los contratos de referencia de EE.UU. finalizaron en lo más bajo para un contrato de primer mes desde el 12 de julio de 2017.

Mientras tanto, el Brent LCOG9  índice de referencia mundial, agregó un centavo, o menos de 0.1%, para llegar a $ 53.78 por barril, luego de una caída semanal del del 10.7%, marcando su liquidación más baja desde el 8 de septiembre de 2017.

Ambos grados de crudo se encuentran en un mercado bajista, generalmente definido como una disminución de al menos 20% desde un pico reciente. El petróleo de WTI ha bajado un 40,5% desde su máximo reciente del 3 de octubre, mientras que Brent ha perdido un 38% desde su máximo reciente de octubre.

La evidencia de la caída de la expansión económica en todo el mundo, con la excepción de los EE. UU., ha dado lugar a que los mercados bajistas aumenten en varios mercados bursátiles, lo que disminuye el apetito por los activos percibidos como riesgosos, como el petróleo. El retroceso del crecimiento global podría llevar a una demanda de energía más débil.

Hasta ahora, los esfuerzos de Arabia Saudita, el líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de limitar la producción a principios del próximo año en 322,000 barriles diarios, más que un recorte previamente anunciado de 250,000 barriles diarios durante seis meses a partir de Enero, según el Wall Street Journal, no ha sofocado adecuadamente las preocupaciones. El crecimiento continuo en la producción de crudo de los EE. UU., en particular por parte de los productores de petróleo de lutitas, también ha contribuido a las preocupaciones sobre un creciente exceso de la oferta mundial.

“Increíblemente, ante los recortes de producción aún más profundos, los mercados del petróleo han alcanzado nuevos mínimos. Y mientras que el recorte de producción debería restaurar una apariencia de balance de suministro para la primera mitad de 2019 “, escribió Stephen Innes, jefe de comercio de Asia Pacífico en Oanda, en una nota de investigación con fecha del 23 de diciembre.

“Las preocupaciones sobre el crecimiento global y la producción de petróleo de lutitas, que siguen alcanzando nuevos récords, preocupan profundamente a los inversores”, dijo.

 

Goldman Sachs cerró la compra de bonos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela con un descuento del 69%. La firma estadounidense acordó pagar al Banco Central de ese país 865 millones de dólares, 31 céntimos por dólar, por la adquisición efectiva de títulos emitidos en 2014 con vencimiento en 2022 por un valor de 2.800 millones, publicó El País.

La operación, adelantada este domingo por el Wall Street Journal, provocó la inmediata reacción de la oposición, empezando por el líder de la MUD, Henrique Capriles, quien exigió explicaciones al Gobierno de Nicolás Maduro por la venta. “Muy grave, debe explicarse con detalle a los venezolanos”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.

Venezuela, país productor de crudo cuya economía depende del valor del petróleo, se encuentra inmersa en una gravísima crisis institucional a la que se suman una dramática falta de liquidez y una marcada tendencia hiperinflacionista. La misma estructura del Estado y el farragoso sistema de subvenciones ha generado unos gastos que el Ejecutivo no puede sostener en el tiempo y que necesita para mantener el pulso a los opositores en medio de las protestas que desde hace casi dos meses reclaman la liberación de presos políticos y la convocatoria de elecciones. Maduro ha puesto en marcha el procedimiento para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente bajo unas condiciones favorables al actual régimen.

En este contexto, el Gobierno busca liquidez a través de la principal compañía de Venezuela. Pdvsa ha estado ya en el pasado al borde de la quiebra. En 2016, la empresa lanzó un aviso a los tenedores de bonos para que aceptaran el canje de la deuda. En caso contrario, advirtió entonces, su capacidad para hacer frente a sus pagos se vería perjudicada. La petrolera es uno de los mayores exportadores mundiales de crudo y también uno de los mayores titulares de reservas. Venezuela es el país con mayor cantidad de crudo en el subsuelo: según algunos cálculos, el país latinoamericano podría seguir extrayendo petróleo durante 300 años al ritmo actual sin agotar su mayor tesoro natural. No obstante, en medio de la crisis, el año pasado se vio obligado a comprar, por primera vez, crudo ligero estadounidense para mezclarlo con el crudo pesado (el que más produce) y poder así exportarlo.

 

La defensa del periódico norteamericano Wall Street Journal pidió nuevamente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York rechazar la segunda demanda enmendada que, por difamación, interpuso Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, en mayo de 2016.

Los abogados de Dow Jones & Company, Inc aseguran que Cabello no ha sido capaz de demostrar la falsedad en la afirmación base del reportaje publicado por el diario el 18 de mayo de 2015, en el que se afirmó que el político oficialista es investigado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en las agencias federales de los Estados Unidos.

De acuerdo con el documento presentado por los abogados Katherine Bolger y Jeremy Kutne del escritorio jurídico Levine Sullivan, Koch & Schulz, LLP señala que las alegaciones hechas por Cabello deben ser rechazadas, como se pidió anteriormente, ya que las mismas no argumentan razonablemente la presunta difamación y malicia por parte del Wall Street Journal, reseñó la periodista Maibort Petit en su blog.

La compañía solicita que la Corte rechace las acusaciones de Cabello presentadas en su segunda queja modificada, pues en dicha demanda no se corrigieron las dos deficiencias centrales que se objetaron en la primera versión de la queja.

“De hecho a pesar de haber hecho dos enmiendas a la demanda original y de haber escrito casi 20 páginas de información sobre esta moción,

Diosdado Cabello todavía no ha logrado hacer las alegación de que no está siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero en los EE UU”, se lee en el memorando.

En consecuencia, la corte puede descartar la demanda en esta primera etapa y así concluir el proceso.

 

El capitán Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, y notorio por hallarse en la lista de los capos del narcotráfico global más buscados por la DEA, ha demandado al diario Wall Street Journal por difamación. Declararse difamado en su honor ante obsecuentes jueces penales venezolanos ha permitido a Cabello acorralar a numerosos medios de prensa, condenar a arresto domiciliario indefinido al editor Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, enviar al destierro a Miguel Henrique Otero, editor del matutino El Nacional, y someter a juicio penal a periodistas y directivos de estos y otros medios del país. Los medios imputados no hicieron más que reproducir bien averiguadas noticias, publicadas en medios extranjeros, tales como las que justamente publicó el diario de la calle 44 de Manhattan, del cual espera Cabello una indemnización que, según el texto de la demanda, excede los 75.000 dólares.

Todo esto me ha llevado a pensar en L. B. Sullivan, quien fue comisionado de policía de la ciudad de Montgomery, Alabama, en los tiempos en que el doctor Martin Luther King Jr. desafiaba valerosamente el racismo estadounidense. En enero de 1964, The New York Times publicó un aviso pagado por una organización activista de la lucha por los derechos civiles. El aviso afirmaba que el arresto del reverendo Martin Luther King Jr., acusado de perjurio en Alabama, formaba parte de una conjura contra los esfuerzos del reverendo por poner fin a la segregación en el registro electoral en los Estados del sur.

El comisionado Sullivan demandó ante un tribunal de su Estado al gran diario neoyorquino, y a cuatro ministros protestantes negros que firmaban el aviso, por considerar que las denuncias que el mismo hacía contra el departamento de policía de Montgomery lo difamaban en lo personal.

El tribunal de Alabama falló a favor del comisionado Sullivan y fijó una indemnización de 500.000 dólares. The New York Times y los reverendos apelaron el fallo y el pleito llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta, en una decisión histórica, encontró que, en virtud de la llamada Primera Enmienda (que garantiza plena libertad de expresión), la Constitución protegía todo tipo de afirmación, incluso aquellas que resultasen falsas, en torno al desempeño de cualquier funcionario público.

Hacía una sola excepción con aquellos asertos hechos con plena consciencia de su falsedad, o con claro e imprudente desprecio de su veracidad o falsedad. Pero aún en estos casos, la corte ratificó la doctrina del derecho anglosajón de circunscribirlos a la jurisdicción civil y no a la penal. Los magistrados de la corte americana juzgaron que la defensa de la libertad de expresión debía prevalecer en los juicios por difamación incoados contra la prensa por cualquier funcionario público en el desempeño de su trabajo.

La Corte Suprema dictaminó, pues, que la protección de la reputación personal, entendida como un bien privado susceptible de daño y perjuicio, no debía inhibir o coartar el escrutinio público. Con ello, no solo la acción del comisionado Sullivan contra The New York Times fracasó ruidosamente, sino que, literalmente, cambió el curso de la historia mundial del Derecho comparado. En efecto, la argumentación, digamos filosófica, de los nueve magistrados gringos influyó determinantemente para que legisladores y juristas del mundo entero propugnasen reformas encaminadas a la despenalización de los llamados “delitos contra la honra”.

La materia, sin duda, da para muchas páginas porque el bien jurídico a proteger es inaprehensible. Ya el célebre penalista estadounidense Clarence Darrow afirmaba que el honor es como la felicidad: algo muy difícil de describir para fines legales. Lo cierto es que, desde 1964 hasta la fecha, son muchísimos los países que han venido incorporando esta doctrina despenalizadora a sus constituciones o a sus leyes específicas. Puede decirse que hoy la protección de la libertad de información, tradicionalmente fundada en la “verdad objetiva”, se estima inconveniente en muchos países. Con lo que la tutela penal al honor del funcionario público se ha hecho cada vez más débil, desplazándose, a su vez, el peso de su protección hacia el recurso civil.

Según la sentencia de la querella Sullivan versus The New York Times que vengo comentando, las opiniones y valoraciones no están sujetas al límite de la veracidad. Tampoco son susceptibles de una comprobación objetiva, por lo que, respecto a ellas, no rige la exceptio veritatis.

¿Qué rayos es la exceptio veritatis? La exceptio veritatis es eso que suelen invocar los abogados de los imputados por difamación: “Si demuestro que los horrores que dije de Fulano son verdad, demuestro que no he incurrido en delito y me absuelven”.

En cierta forma, la exceptio veritatis es la doctrina penal contra la que falló la Corte Suprema estadounidense. Lo peor que tiene dicha doctrina es que muchos malhechores funcionarios latinoamericanos la invocan a su modo ante tribunales complacientes, y exigen del periodista pruebas que en muchos casos se han cuidado muy bien de destruir ellos mismos.

Entablar juicios penales por difamación e injuria ha sido la estratagema favorita de quienes, como Diosdado Cabello, se han ganado con sus desmanes la atención de la prensa. El juicio penal por difamación contra un periodista ha envenenado secularmente la vida republicana en Hispanoamérica desde el siglo XIX. La Venezuela de la era chavista no ha sido una excepción. Es por ello que una de las iniciativas más loables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido, justamente, promover la despenalización de los casos de difamación en nuestro continente.

Sin embargo, la solicitud de protección penal para el “honor” del funcionario público que se considere difamado, prevista en la reforma chavista de nuestro Código Penal, canceló en Venezuela los avances jurídicos planetarios que, en materia de libertad de expresión, comenzaron en 1964 con el caso Sullivan versus The New York Times.

Los abogados que representan al capitán Cabello ante la corte del distrito sur de Nueva York son un afamado bufete de Nueva Jersey, de esos que traen varios apellidos en la placa, y un abogado de Miami, apellidado Pérez y especializado, entre otras cosas, en infracciones de tránsito.

Preguntas: ¿Se impondrá la jurisprudencia sentada en el caso Sullivan versus TheNew York Times? ¿Alcanza el sueldo de Diosdado Cabello como diputado a la Asamblea Nacional para pagar honorarios profesionales dignos de la serie Boston Legal o The Practice?

Fiat justitia et ruat caelum.

@ibsenmartinez

El Nacional

En rueda de prensa ante profesionales de medios nacionales e internacionales, el presidente de la República Nicolás Maduro, aseguró que: “La Asamblea Nacional perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca. Pido disculpa para nuestros diputados que hacen esfuerzo dentro de la asamblea”.

El jefe de Estado ofreció esta declaración un día después de que se oficializara el decreto de “estado de excepción y emergencia económica”, dictada para hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado a la Administración del líder chavista.

El mandatario nacional exhibió las primeras planas de los diarios españoles ABC, El Mundo, El País y de los estadounidenses New York Times, Washington Post y Wall Street Journal, y tras mencionar a periodistas con nombres y apellidos, dijo que estas son pruebas de la “campaña” contra Venezuela.

El primer mandatario aseguró que estos medios solo quieren crear el terreno para una intervención. Venezuela “quiere ser llevada por agentes externos, con factores políticos internos aliados, a una situación de violencia generalizada”.

Por otro lado, Maduro denunció que dos aviones Boing estadounidenses incursionaron en territorio venezolano. Un avión militar “con capacidades técnicas letales” de Estados Unidos ingresó ilegalmente en el espacio aéreo venezolano en dos ocasiones en la última semana, aseguró el presidente de Venezuela.

Este tipo de aviones son utilizados por Estados Unidos para comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para inutilizar equipos del gobierno o de la Fuerza Armada. Son aviones con capacidades técnicas letales, recalcó el mandatario.

“Estoy plantado para la lucha. No es tiempo de traiciones ni traidores, es tiempo de lealtad por lo nuestro. Es tiempo de autoconstruirnos y cometer los errores como país libre y a rectificarlos. Construir nuestro propio sistema, no el que se nos impone.

 

 

 

 

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Diosdado Cabello, presentó una demanda este jueves acusando al diario Wall Street Journal de difamarlo en un artículo que asegura que es objeto de una investigación por narcotráfico en Estados Unidos.

Cabello presentó una demanda en el tribunal federal de Manhattan contra News Corp, propietario del periódico, asegurando que el artículo publicado en mayo del 2015 contiene «acusaciones falsas y difamatorias» de que Cabello está implicado en actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

La historia causó un «enorme daño a la reputación y el buen nombre del señor Cabello, tanto a nivel personal como de miembro clave de la Asamblea nacional de Venezuela», señaló la querella. La acción judicial busca una compensación no especificada por parte de News Corp y su subsidiaria Dow Jones, que fue nombrada también como acusada.

Un portavoz de News Corp no realizó comentarios de forma inmediata. La demanda se produce cuando autoridades estadounidenses, incluidos fiscales federales y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investigan hasta qué punto funcionarios venezolanos facilitaron el narcotráfico.

En el artículo del 18 de mayo del 2015, titulado «Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir su país en centro global de cocaína», el Wall Street Journal reportó que Cabello es uno de los principales objetivos de las pesquisas. Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, es miembro de la Asamblea Nacional, que presidió entre enero de 2012 y enero de 2016. Ha negado su implicación en el narcotráfico en repetidas ocasiones.

En su demanda, Cabello afirma que el diario incluyó de forma imprecisa citas de fuentes anónimas y aseguró falsamente que es el «objetivo principal» de la investigación.

 

Copyright 2015 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.