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La educación sexual integral es una herramienta contra la violencia de género

La feminista y psicóloga Magdymar León, coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), advirtió que la educación sexual integral en el país está en riesgo por la acción de grupos conservadores que apuestan por eliminar del currículo educativo «lo que ha sido un logro, el hecho de alcanzar la educación sexual integral como un derecho reproductivo y humano».

«Negar ese derecho humano le resta la posibilidad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a toda la población del ejercicio de una sexualidad responsable. Si no conozco la realidad de la sexualidad y las decisiones y riesgos que enfrentamos, como las infecciones de transmisión sexual, no podemos protegernos y no se pueden construir las bases para que una persona respete a la otra en condiciones de igualdad. La educación sexual integral es una necesidad en la Venezuela de hoy en día, donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, violaciones y abuso sexual infantil, además de  embarazos muy tempranos en adolescentes», explicó en declaraciones a Runrun.es, y en el marco de una actividad celebrada el pasado 10 de abril para celebrar los 40 años de Avesa. 

León acotó que aunque en el país existe el marco normativo jurídico favorable para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero en la práctica, no hay programas ni políticas públicas que acompañen este proceso. 

Respecto a la violencia contra la mujer, recordó que ocurre porque la sociedad las sigue mirando como ocupantes de un espacio subordinado.

«Se sigue viendo a la mujer como que se le puede dominar y controlar a través de la violencia. Entender que somos sujetas de derecho, que valemos, que merecemos un trato igualitario con respecto a los hombres es algo básico. Necesitamos aprender a identificar la violencia contra las mujeres en sus primeras manifestaciones, y es algo que se puede lograr gracias a la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres no es solamente cuando recibo un golpe o una amenaza de muerte, esas son las formas extremas,  hay otros indicios que se pueden detectar antes y la educación sexual integral es una herramienta para detectar temprano la violencia y corregirla, pero también para educar a los hombres sobre conductas violentas que deben ser transformadas. Entonces, la educación sexual integral tiene un componente de prevenir no solo víctimas, sino también agresores», explicó León. 

Una educación sexual patriarcal y machista

La educación sexual la reciben a diario los niños y adolescentes en distintos entornos. Y a pesar de que se incluye dentro de los derechos sexuales y reproductivos concebidos como derechos humanos,  su enfoque tradicional ha sido «machista, patriarcal y moralista», lo que dificulta que las personas tomen sus propias decisiones conscientemente a través de la reflexión de lo aprendido y no automáticamente. 

Así lo comentó Mercedes Muñoz, presidenta de la Junta Directiva de de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) en el conversatorio organizado el pasado 10 de abril por el aniversario de la asociación. 

«Hay que sacarse de la cabeza que la educación sexual es un tema frívolo, porque es un tema trascendental. Acá no hay tendencia política, derecha o izquierda, que no haya sacrificado lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer por sus necesidades políticas», amplió. 

Magdymar León, por su parte, insistió en que la educación sexual inicia en los primeros años de vida con el reconocimiento de los órganos del cuerpo.

«La educación sexual integral no se circunscribe al coito o relaciones sexuales, tiene que ver con la emocionalidad, con la forma en la que nos relacionamos en pareja, si queremos tener una familia y reproducirnos. De manera que estamos hablando de emociones, cuerpo, aspectos biológicos, derechos, dignidad, respeto, estamos hablando de muchos temas cuando hablamos de educación sexual integral. Eso es lo que se tiene que entender. Se tiene la idea de que hablar de educación sexual es solo hablar de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos, eso es solo una pequeña parte de todo», amplió. 

Las iniciativas chocan con la realidad del sistema educativo

Fernando Pereira, cofundador de Cecodap, también tomó la palabra en el conversatorio sobre las  perspectivas, riesgos y desafíos de la educación sexual integral y destacó como uno de los rectos actuales en la materia el cuestionamiento de algunos sectores que plantean que la educación sexual es un tema exclusivamente familiar y que le compete a la madre y padre.

«En la práctica se ha instaurado la matriz de la ideología de género y eso ha ido en detrimento de paralizar muchas de las experiencias y retos del acompañamiento crítico que se debería seguir desarrollando», opinó.

Insistió en que, en general, las condiciones actuales del sistema educativo educación no favorecen la promoción de una educación sexual alternativa. 

«No solo este tema, sino cualquier otro que sea alternativo, humanista, formativo o complementario como la formación en derechos humanos, ciudadanía, derechos de niños y prevención de violencia está chocando con la realidad del sistema educativo y de las escuelas que se encuentran en modo supervivencia, con horarios escalonados, actividades restringidas, con maestras y maestros que apenas les alcanza para poder llegar a su trabajo, incluso poniendo de su bolsillo para el desarrollo de las actividades”, especificó. 

 

Pereira destacó que es necesario hacer un esfuerzo pedagógico para comunicarse con las comunidades y la familia desde la perspectivas de que los problemas como la violencia de género, violencia en las relaciones y abuso sexual los afectan cotidianamente. 

A propósito de este punto Magaly Huggins, una de las fundadoras de Avesa, magíster en Criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, intervino para comentar que entre 2022 y 2023 entre las primeras causas de detención en los 300 centros de detención preventiva -calabozos- figuraban casos de violencia de género y abuso sexual infantil. 

«Eso pone los pelos de punta, porque lo que llega a los calabozos es un porcentaje del total. Esta es una lucha de hombres y mujeres por el tema de la equidad, que nos involucra a todos. Las personas que padecen a sus hijas embarazándose a los 13 ó 14 años, o que tienen el riesgo de que sus hijos sean abusados, cuando uno les habla de educación sexual desde otra perspectiva, se olvidan de lo político», acotó. 

40 años promoviendo la educación sexual alternativa

En 1984, un grupo de mujeres valientes, lideradas por Elisa Jiménez, oficializaron el registro de una de las organizaciones no gubernamentales pioneras de Venezuela. La coordinadora de Comunicaciones de Avesa, Belkis Lugo, aseguró que cumplir 40 años significa plantearse y replantearse sobre lo útil del camino hecho y lo que se presenta como oportunidad.

“Dicen que tamaño y tiempo no son causa de crecimiento ni envejecimiento. Organizaciones con larga tradición no son necesariamente viejas y organizaciones sin mucho trayecto no son necesariamente jóvenes. Si una empresa que cumple 40 años demuestra capacidad para cambiar, de hacer adaptaciones, reconocer su trayectoria, revisar su misión, no es vieja ni joven: es una empresa madura y se dice que está en plenitud y sigue apostando al futuro”, recalcó.

Mientras que Magdymar León, coordinadora general de Avesa, narró los hitos, desafíos y logros de la organización en estas cuatro décadas, como el hecho de ser la primera organización que en Venezuela fundó un servicio de atención psicológica a víctimas de violencia sexual.

Asimismo, afirmó que la prestación de servicios en Avesa es una herramienta para lograr un objetivo mayor junto con la investigación, formación, capacitación y creación de conocimiento: la transformación sociocultural para una sociedad más justa, equitativa y democrática.

“Porque sin la participación de las mujeres, sin respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, no podemos hablar de democracia. Entonces Avesa tiene un fin político, que no es político-partidista sino político-femenista”, remató.

Claves | Venezuela cierra el 2023 con menos muertes violentas, pero hay mayor opacidad
OVV: durante el 2023 la prensa y las ONG registraron 6.973 muertes violentas, un 25,56 % menos que en 2022
Después de varios años, otro país de Suramérica supera a Venezuela en cifras de violencia: Ecuador registró en 2023 más de 7.600 muertes violentas
Según los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, durante cada día del 2023 hubo 7 casos de suicidio, 6 de homicidios y 4 de desapariciones. Denuncian que la violencia de género aún mantiene cifras opacas
La sociedad civil venezolana advierte que en tres municipios del estado Bolívar se ha concentrado la mayor cantidad de muertes violentas. La minería ilegal y la brutalidad por parte de los organismos armados para estatales se ha normalizado en la zona y encubre las cifras verdaderas

Foto: EFE

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) presentó su informe anual para el 2023. De acuerdo con los datos recopilados de la ONG a través de los medios de comunicación y más de 15 equipos de investigación, en el país hubo 1.956 asesinatos durante el año, un 15,9 % menos que en 2022

La ONG denunció que desde el año 2005 el Estado no brinda información sobre la violencia y la justicia en Venezuela. Sin embargo, algunas tendencias sobre la violencia hacia la juventud venezolana se mantiene en los registros de la sociedad civil en los últimos 10 años: el 66 % de las víctimas de homicidio en 2023 tienen un rango de edad entre los 15 y los 44 años.

El director del OVV, Roberto Briceño-León afirmó que, si bien la tasa de muertes violentas ha bajado comparado con el periodo de los años 2013 y 2018, «aún no encontramos en un gran problema de seguridad y salud pública».

La pandemia del covid-19, la emergencia humanitaria compleja venezolana y el incremento de la influencia de los grupos criminales como el Tren de Aragua está reconfigurando el resigtro de la violencia en el país

En Runrun.es presentaremos las siguientes siete claves para resumir los datos presentados por el Observatorio Venezolano de la Violencia

Seguimos bajo una «epidemia de la violencia»

Los homicidios confirmados representaron el 28,05 % de las muertes violentas en el país durante el 2023. La ONG estimó que hay otros 4.064 casos que están bajo «averiguación», personas que han fallecido y la justicia o no ha investigado el caso o no ha dado una sentencia firme sobre la naturaleza «accidental» del deceso.

En total, el OVV registrpo un total de 6.973 de muertes violentas registradas en el país, donde el 58,28 % están bajo averiguación y otros 953 casos son de personas que perdieron la vida a manos de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

La tasa de homicidio se ubica en 7,5 por cada 100.000 habitantes si se cuentan los casos confirmados. Mientras tanto, la tasa de las muertes violentas global se ubicó en 26,8 a nivel nacional, casi nueve puntos por debajo que en 2022.

«En años anteriores había meses que tenían una mayor presencia de violencia, este año vemos que hay una cierta homogeneización a lo largo de 12 meses, lo cual lo interpretamos como una estabilización de los eventos en una fase de violencia crónica que se ha ido instalando en el país», dijo el director del OVV en una rueda de prensa digital.

OVV.-Info1.-Top-5-estados-con-mayor-tasa-de-muertes-violentas-en-2023

La ONG advirtió que la tasa sigue siendo muy alta, manifestando una «epidemia de la violencia, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud», donde se establece que una tasa de 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes «es una característica de la violencia endémica».

La policía quiso igualarse con la delincuencia

Briceño-León enfatizó que en 37 de los 335 municipios del país las muertes por intervención policial fueron mayores que los homicidios, como en el caso de la localidad caraqueña de Baruta. Solo en el primer semestre del año se registraron 355 ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad en el país, según la ONG Lupa por La Vida

«En el estado Carabobo las muertes por intervención policial superaron a las víctimas de la delincuencia (con 131 casos), y en los estados Miranda y Aragua las magnitudes de ambas categorías fueron
similares (con 227 y 100 víctimas, respectivamente)», se lee en el informe.

OVV.-Info2.-Top-5-de-estados-con-mayores-ejecuciones-extrajudiciales-en-2023

Bolívar: la normalización de la violencia

Los tres municipios más violentos este año se encuentran en el estado Bolívar: El Callao, Sifontes y Roscio. Solo en ese espacio geográfico se datan 202 muertes violentas.

La abogada Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del OVV, describió que los actos de violencia letales y la eslcavitud moderna se han «normalizado» entre los pobladores debido a la presencia de los grupos criminales ligados al Arco Minero del Orinoco.  

«Estos grupos han suplido funciones que son competencia expresa del Estado: han reparado plantas eléctricas, (…) han creado rutas de transporte para los niños que hacen vida en las minas para que puedan asistir a las escuelas, entregan a los docentes las “bolsas mineras” —compuesta de alimentos no perecederos— (…). Y, ciertamente, cuando se producen castigos, las personas lo asumen como la consecuencia natural de no haberse plegado a las condiciones que establecen estos grupos. En función de eso, no hay denuncias constantes o permanentes sobre situacione de violencias», especificó Moya.

El director de la OVV agregó que una de las hipótesis es que ya la opacidad en Venezuela sobre la violencia de grupos como El Tren de Aragua vienen desde los «convenios» con funcionarios del Estado para «tapar» los delitos. 

Aumentan las desapariciones

Durante la rueda de prensa digital, el director del OVV especificó que hubo 1.443 casos de desapariciones reportadas en el país. Existió un aumento del 5,3 % comparado con el año 2022.

Los estados con mayor número de reportes fueron Distrito Capital (con 348 casos o el 15 % del total), Miranda (con 183 reportes) y Bolívar (con 163). La tasa nacional se ubicó en los 5,5 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Además, indicaron que el estado Amazonas es donde se está elevando el número de casos de desapariciones forzadas debido a la minería ilegal. 

«El panorama de las desapariciones es compleja, porque aún no podemos discernir si es por la participación directa de las bandas criminales, como ocurre en México actualmente, o es una práctica del Estado, como ocurrió con la dictadura Argentina en la década de 1980, o ambas», afirmó Briceño-León. 

El silencio del femicidio

Si bien el 88,4 % de las víctimas de las muertes violentas y el 98,6 % de las víctimas por intervención policial se identificaban como hombres, el Estado no ha sistematizado los datos sobre la violencia de género

La información sobre la violencia letal de género se registra exclusivamente en la sociedad civil venezolana. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha documentado desde enero hasta septiembre del 2023 cerca de 201 femicidios consumados, mientras que en 2022 hubo 282 durante todo ese año. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ informó de 4 asesinatos a mujeres trans en 2023.

«Buena parte de esta violencia no es conocida, no es registrada, ni siquiera es denunciada, informada, porque no hay confianza al respecto ante las instituciones públicas y en consecuencia no están en registros oficiales», dijo Gloria Perdomo, directora de la Fundación Luz y Vida y coordinadora del OVV. 

El observatorio destacó que la violencia no letal es la más recurrente en la población femenina. Cerca del 96 % de las víctimas de abuso sexual y violaciones en Venezuela son mujeres. Al menos 171 adolescentes mujeres víctimas de violación y otras agresiones sexuales y otros 153 niños y niñas son víctimas de estos delitos (y de ese grupo, el 89 % son menores de 12 años).

Perdomo resaltó que el Estado ni siquiera comunica dónde se comenten estos delitos. «Sencillamente estamos trabajando a ciegas en materia de programas, acción, prevención y protección. Es una necesidad enseñarle a las instituciones públicas a cómo registrar adecuadamente estos casos», dijo.

El suicidio superó a los homicidios confirmados

A partir de los datos del OVV se puede calcular que se registraban 6 homicidios cada día del 2023, pero hubo 7 casos de suicidio en el mismo periodo. Gustavo Páez, geógrafo especialista en análisis demográfico y coordinador del OVV en Mérida, advirtió que se registraron 2.358 casos de violencia autoinflingida letal

La tasa de suicidios nacional se ubicó en 8,2 víctimas por cada 100.000 habitantes, un aumento del 6,5 % comparado con el año 2022. Los casos se localizaron en su mayoría en los estados andinos —Mérida, Táchira y Trujillo— y en Caracas, mantieniendo la tendencia histórica nacional.

Mientras tanto, la tasa de suicidios en Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y de otros 14 estados del país aumentaron. 

OVV.-Info3.-Top-5-estados-con-mayor-tasa-de-suicidios-en-2023

Para Páez, los detonantes más destacados es la precarización de la economía y de la salud mental y física en Venezuela desde el año 2015.

«La emergencia humanitaria compleja presiste en la actualidad, solo que con matices diferentes y particularidades», dijo Páez. «Mientras no acontezcan en el país los cambios estructurales económicos, políticos e institucionales, en tanto no se pongan en práctica las políticas públicas en materia de prevención de la violencia autoinflingida, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación en el país».

Venezuela ya no es el país más violento de América Latina

«Aunque observamos una reducción importante en las cifras de las tasas de muertes violentas en el país, la tasa que tenemos a nivel nacional es superior a la de países tradicionalmente violentos, como México, Colombia y Brasil, siendo la tasa de Venezuela solo superada por Ecuador y Honduras, que serían los países que encabezarían las cifras en la región», advirtió el director del OVV.

Ecuador se conorará este 2023 como el país de Latino América con mayor cantidad de muertes violentas, con un registro de 7.607 homicidios entre enero y octubre, según el Ministerio del Interior de ese país y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado

Para la ONG, las causas de la reducción de la violencia en Venezuela aún no se puede precisar, debido a que el Estado no ha brindado información demográfica desde el año 2011: la migración de los jóvenes podría significar la reconfiguración de las oportunidades del crimen.

Incluso, afirmaron que no se puede precisar con exactitud la magnitud del desplazamiento interno o externo debido a la violencia, aunque la OVV hizo una encuesta y el 22 % de los participantes aseguraron que se han tenido que mudar por estos motivos

Pese a la reducción de la violencia delictiva y policial, el 43 % de los participantes encuestados afirmaron que la situación de violencia en el país se mantiene igual, mientras que el 35 % señaló que ha aumentado.

Así reaccionó la sociedad civil luego de que Ibsen Martínez reconociera que es un maltratador
Ibsen Martínez; escritor, dramaturgo, guionista, novelista, ensayista, colaborador para grandes medios y revistas como El País de España, El Malpensante (Colombia) y Letras Libres (México), admitió al menos tres agresiones ocurridas entre los años 80 y 90

 

La red social X, antes Twitter, fue el escenario para que este sábado, 16 de diciembre, muchos internautas expresaran su enojo, incredulidad y desconcierto, luego de conocerse que el escritor y columnista Ibsen Martínez admitió que a lo largo de su vida agredió físicamente a varias mujeres de su entorno cuando eran sus parejas sentimentales.

El escritor de 72 años, afirmó que la entrevista le generaba un gran alivio, algo que según él tiene que ver con la edad, pues asegura que «está solo como un huevón porque es un maltratador». 

Ibsen Martínez; escritor, dramaturgo, guionista, novelista, ensayista, colaborador para grandes medios y revistas como El País de España, El Malpensante (Colombia) y Letras Libres (México), admitió al menos tres agresiones ocurridas entre los años 80 y 90. 

Según el medio, la violencia de Ibsen contra sus parejas era algo que «ya se presumía en los círculos intelectuales, pero que se mantuvo en silencio».

El País de España señaló que una de sus víctimas, la escritora Sandra Caula, editora de Cinco 8 y también expareja de Martínez, en el año 2019 publicó en el artículo «Secreto a voces» que había sufrido un episodio de violencia de género hace un tiempo en Caracas. Si bien no mencionó directamente al escritor, comentó que recibió “una paliza” mientras su bebé recién nacido estaba al lado.

Al ser cuestionado sobre la veracidad de este señalamiento Martínez afirmó que «en efecto, así fue».

Las reacciones en X

Periodistas, profesores, políticos, escritores y economistas utilizaron la red social para expresar su opinión sobre las declaraciones de Martínez a El País de España. 

Una de las primeras en pronunciarse fue la escritora y poeta Claudia Noguera Penso, quien indicó que «finalmente pusieron la basura en su lugar, y le hicieron justicia a Sandra Caula».

La periodista Ibéyise Pacheco publicó la página de la entrevista y cuestionó que el escritor no muestra arrepentimiento y que solo lamenta estar solo. 

La periodista Mari Montes aseguró que aunque pidió a Martínez que hiciera el prólogo de su libro «Mis Barajitas», desconocía que era un maltratador. 

La profesora Gisela Kozak Rovero se solidarizó con Sandra Caula y cuestionó la normalización de la violencia de genero en la sociedad.

El poeta Guillermo Parra afirmó sentir asco por Ibsen Martínez. «Qué sujeto tan cobarde y miserable», dijo.

El economista Francisco Ibarra expresó que para él ha sido un honor que Ibsen Martínez llo haya bloqueado de sus redes sociales. «Siempre fue lo que es, pero en Vzla ha existido siempre esa especie de culto y de perdonarle todo a ciertas personas. Recordemos al inefable Edmundo Chirinos».

«Solo puedo pensar en las víctimas de Ibsen Martínez. Es lo que importa. Ellas importan. Siento rabia y tristeza. Un abrazo para ellas, para todas», publicó la escritora Oriette D’Angelo.

 
Mérida Feminista realizó jornada de concientización sobre violencia de género
Activistas y colaboradores estuvieron presentes con carteles, folletos, violentómetros y stickers haciendo entrega a los vehículos y personas que se encontraban transitando en la Avenida Las Américas en horas de la tarde de este sábado

 

Foto: Red Mérida Feminista

 

Distintas organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles de la ciudad de Mérida el pasado 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de informar, educar y concientizar a la población acerca de esta problemática que aborda al mundo entero. 

La actividad fue una iniciativa de la Red Mérida Feminista, Movimiento SOMOS, Centro LGBTIQ, Proyecto Ciudad, Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, Dirección de Cultura ULA, ULA Mujer, Cátedra de la Paz, Juventud Preventiva, Liga Merideña de la lucha contra el VIH, la Universidad de Los Andes, Faldas R, la Red de Mujeres Amnistía Internacional Mérida y Red Naranja Venezuela.

Activistas y colaboradores estuvieron presentes con carteles, folletos, violentómetros y stickers facilitados por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) en Venezuela, herramientas para medir e identificar la violencia de género haciendo entrega a los vehículos y personas que se encontraban transitando en la Avenida Las Américas en horas de la tarde de este sábado. 

Servicios, líneas de apoyo y ayuda psicológica, eran parte del contenido de los folletos que informaban sobre la violencia contra la mujer. 

Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de allí el origen de la conmemoración a esta fecha.

El acuerdo internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es fundamental. Según ONU la violencia contra las mujeres de la región de América Latina y el Caribe continúa siendo un tema de preocupación, que cada vez sigue aumentando.

Observatorios de derechos humanos que contabilizan este tipo de violencia llevan un sub registro por la falta de cifras oficiales, tal es el caso de La Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer) que registró durante el mes de octubre ocho casos de violencia de género en la región andina.

En ese mismo mes ULA Mujer en su investigación identificó cuatro formas de violencia de las 25 que se encuentran tipificadas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y feminicidio en grado de frustración.

Erradicar la violencia de género pasa por combatir la falta de información
La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Venezuela se enfrenta a la falta de información: por un lado los programas del Estado no tienen suficiente visibilidad, y tampoco hay cifras oficiales que ayuden a determinar la magnitud del problema y sirvan para implementar correctivos

 

Redacción

 

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca visibilizar y erradicar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y graves en el mundo.

En Venezuela, de la atención a la mujer se habla poco. Aunque hay esfuerzos en el país para brindar protección contra la violencia de género, las iniciativas no se conocen y pasan por debajo de la mesa mientras las agresiones aumentan y la sensación de vulnerabilidad no da tregua.

Por otro lado, en Venezuela no existe un registro oficial que refleje los casos desglosados de violencia contra la mujer. En la página web del Instituto Nacional de Estadística, Ine, solo hay un escueto informe del 2020 que recuenta el índice ocupacional o laboral de las mujeres. Solo algunos monitores de ONG como Utopix, Provea, Cepaz y Cofavic, entre otras, dan cuenta que al menos desde el año 2017 hasta el 2022, en Venezuela han muerto más de 2.500 mujeres por causas violentas, hechos que se conocen como femicidios.

Verónica Colina, coordinadora de Redes y Activismos del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), destacó que de enero hasta octubre de 2023 ocurrieron más de 193 femicidios en todo el país, contando solo los casos documentados por medios de comunicación, ya que es la única fuente documental a la que tienen acceso. 

De esta cifra, 160 ocurrieron en el primer semestre del año y causaron que 55 niños quedaran huérfanos, algunos presenciaron la muerte de su madre. Lo más alarmante es que no hay una política de Estado para proteger a estos niños, indicó Colina. «44,4% de los agresores se encuentran en fuga, de este porcentaje 29,4% corresponde a parejas o ex parejas, y el 40% de los hechos ocurrió en casa de la mujer», señaló.

La antropóloga Aimée Zambrano, directora de Utopix, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que sólo en el mes de agosto de este año se contabilizaron 20 femicidios en el país. “Nuestra información se basa en las publicaciones que hacen medios de comunicación digitales, nacionales y regionales, y no con datos de algún ente oficial del Estado”, aclaró Zambrano.

Entre los estados más violentos, Zambrano destacó a Carabobo en el primer lugar, seguido de Miranda, Bolívar, Zulia, Lara y Anzoátegui. “Esto no implica que no ocurran femicidios en los otros estados”, refirió.

En voz baja

«No estás Sola» es una guía para afrontar la violencia contra la mujer, realizada por la Red Mérida Feminista. Busca orientar frente a cualquier situación de abuso o violencia, y define las 21 formas de agresión que se consideran delito en Venezuela, según la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida libre de Violencia. 

Violencia psicológica, violencia física, acceso carnal violento, acoso sexual, violencia obstétrica, violencia institucional, acoso u hostigamiento, prostitución forzada, violencia domestica, violencia laboral, esterilización forzada, violencia simbólica, amenaza, violencia sexual, esclavitud sexual, violencia mediática, violencia patrimonial y económica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes y, por último, femicidio que es la expresión más grave.

Sin embargo, no hay registro oficial de los delitos cometidos contra las mujeres. Colina hizo especial énfasis en que el Estado debe generar estadísticas oficiales y que, cualquier esfuerzo que provenga de la documentación de casos denunciados por medios de comunicación y redes sociales siempre serán parciales y limitados. 

La ONG Cofavic reporta en su portal web que las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y casos resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas.

Sin embargo, son diversas las organizaciones no gubernamentales que intentan suplir las carencias del Estado en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), Tinta Violeta, Mulier Venezuela, Yo te creo Venezuela, Proyecto Redes, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela y la Casa de la Mujer de Catia son algunas de las instituciones abocadas a esta labor, aunque reconocen que el problema inicia con la falta de información

Aunque desde el Estado se intenta atender el problema, e incluso existe una línea gratuita nacional para denunciar los casos de violencia de género (0800-MUJERES o 0800-6853737 ), las iniciativas no se conocen porque no tienen ni la promoción ni la repercusión requerida en la comunidad. No solamente los esfuerzos nacionales se diluyen, tampoco son conocidos los que se llevan desde las regiones o los gobiernos locales.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ofrece orientación jurídica y vigilancia del cumplimiento de las leyes Órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer venezolana; también la Defensoría del Pueblo debería promocionar, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, es poco lo que se conoce.

Lo mismo ocurre con la División de atención a la violencia contra la mujer y la familia del Cicpc y la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de la República, que deberían brindar atención en casos de agresiones, reincidencias y denuncias no atendidas en otros organismos.

Los problemas son los mismos en las regiones que en la capital. Existen los programas, pero son poco conocidos entre las mujeres y su alcance es mínimo.

Acompañamiento en Anzoátegui

En el estado Anzoátegui, la directora estadal del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MinMujer) y del Instituto Estadal de la Mujer en Anzoátegui (IEMA), Marina Martínez, informó que desde estos espacios cuentan con abogadas para acompañar a las víctimas de violencia de género desde que formulan la denuncia, hasta todo el proceso necesario para lograr justicia.

De igual manera, señaló que por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), uno de los entes adscritos al MinMujer, se encarga de la formación de las defensoras comunales de los derechos humanos de las mujeres que, posteriormente, se unen a los Centros Comunales que son inaugurados en la entidad. Actualmente existen 24.

Todos los viernes hacen un recorrido casa a casa por algún sector vulnerable de los municipios. Aquí les llevan un instrumento que llaman violentómetro, que explica de forma sencilla los distintos niveles de violencia de género para reconocerlos a tiempo y evitar desenlaces trágicos como el femicidio.

En Anzoátegui no hay un centro formal ni observatorio para este tipo de denuncias, pero los indicadores dan que cada mes, por lo menos dos mujeres, son víctimas de femicidio. En general, los municipios con más alta incidencia de violencia de género con denuncias son Guanipa, Simón Rodríguez y en la zona norte Bolívar y Sotillo.

Pese a todos los programas que se desarrollan en la entidad en pro de la eliminación de la violencia de contra la mujer, sólo dos de 10 féminas consultadas señalaron que tenían conocimientos de que el Estado cada vez protege más a las mujeres y desconocen cuáles son las acciones que realizan en concreto.

Atención a las víctimas en Yaracuy

En el municipio Independencia del estado Yaracuy fue creado el Instituto Municipal de Atención a la Familia (IMAF) para minimizar la violencia contra la mujer y la violencia de género. Entre los programas y planes que desarrollan están: atención psicológica a la víctima, asesoría Jurídica, jornadas de atención social, así como formación y capacitación (cursos, talleres) en estilismo, corte y costura, manualidades, electricidad, tejido en vetiver, repostería, panadería, barbería, productos lácteos, harinas alternativas y embutidos, estos tres últimos en alianza con el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE).

También dictan charlas en las que abordan los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, los derechos humanos de la mujer, el maltrato intrafamiliar, bullying y violencia en el noviazgo, estas tres últimas las realizan sobre todo en instituciones educativas. 

Nohelys Angarita, presidenta del IMAF, detalló que en el último semestre de 2023 los casos de violencia han aumentado 10 por ciento y que atienden este tipo de casos los lunes y jueves, y entre ambos días asisten a unas 10 personas a la semana. 

Algunas de las mujeres consultadas reconocen la importancia del programa, pero otras no saben de qué se trata. «Revisaré cuáles actividades ofrece porque la mujer hoy en día está más empoderada que nunca y nadie tiene derecho a hacerle daño» , dijo Jessica Mújica, vecina de San Felipe.

En Táchira no denuncian

De enero a julio, en la región de los andes hubo 68 femicidios, de los cuales 51% ocurrieron en Mérida, 35% en Táchira y 13% en Trujillo. La mayoría de los casos que ocurren en Mérida, en los que hay violencia y abuso sexual, no son denunciados sobre todo en las zonas rurales.

En el estado Táchira funcionan varias instituciones dependientes de la Gobernación del estado, como el Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), encargadas de atender los casos de violencia contra la mujer. En estos organismos reciben asistencia legal y psicológica, y además dictan talleres formativos. 

Beatriz Mora, directora general de la Fundación en Pro de la Igualdad, Derechos Humanos, Empoderamiento y la Acción Social (Pro- Idheas), atiende en el Táchira a mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. Manejan programas sociales y de atención en esta entidad.

Wendy Córdoba, vive en un sector de la parroquia La Concordia de San Cristóbal y tiene un punto de reparación de zapatos, dijo que ignora los planes y programas que abordan la violencia contra la mujer y tampoco conoce los sitios ni los pasos para formular una denuncia.

En cambio, Kely Castro sabe que a nivel regional hay planes para luchar contra la violencia a la mujer, pero no los conoce. “He escuchado en las noticias que a nivel de la gobernación y del municipio manejan planes que favorecen y protegen a la mujer, pero en realidad esa información como tal sobre los programas no la manejo”, afirmó.

Lo mismo ocurre con Zulay Leal, quien trabaja en las cuadrillas de limpieza de la alcaldía de San Cristóbal y desconoce los programas y acciones que adelantan las instituciones públicas y privadas en defensa de los derechos de la mujer.

Violencia psicológica en Lara

Diversas instituciones y organizaciones del estado Lara se han sumado a los esfuerzos de divulgación para erradicar la violencia de género. Atención, prevención y educación a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia basada en género son los objetivos que guían estas iniciativas.

Según datos de Alaplaf, una asociación civil que da asesoría legal y psicológica a las víctimas de violencia, actualmente los casos más frecuentes que han recibido son 297 casos de violencia psicológica, 25 casos de violencia física, 23 casos de violencia sexual, 15 casos de violencia económica y 6 casos de violencia laboral, en total han atendido 377 casos con diversas tipologías de violencia en lo que va de año.

Desde el Instituto Municipal Para la Mujer e Igualdad de Género de Iribarren se está realizando un trabajo de salud mental para que las mujeres sepan cuándo deben acudir a los organismos competentes  a realizar denuncias. “Estamos en las comunidades dando talleres sobre la violencia y femicidio. El pasado 7 de noviembre acreditamos 30 compañeras que recibieron su certificación del diplomado de derechos humanos para la mujer y los derechos humanos y ellas se convierten en difusoras de su formación”, afirma López.

Pero falta mucho por hacer.  Al consultar a personas en las calles acerca de si tienen conocimiento sobre los planes desarrollados desde IMMI y otros organismos, el 60 % reconoció no tener conocimiento de los programas llevados a cabo desde estas instituciones regionales para concienciar acerca de la importancia de erradicar la violencia contra la mujer.

En Zulia la prioridad son las víctimas

Gabriela Hernández Barboza, quien está a cargo de la Secretaría de Atención Integral para la Mujer e Igualdad de Género de la Gobernación del Zulia, indicó que esa dependencia brinda asesoría psicológica y legal a todas las víctimas de agresiones, y las ayuda en los procesos judiciales al momento de presentar denuncias formales.

Este departamento trabaja en alianza con ocho oenegés nacionales e internacionales, las cuales son: Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Save the children, Azul positivo, Cruz roja, Renaciendo en familia, Cairus y Rehabilitarte. 

La secretaría promueve talleres y programas sociales, de los cuales se han beneficiado cerca de 5.000 mujeres en lo que va de año, pero el alcance sigue siendo reducido. A través de una encuesta realizada a 10 mujeres del Zulia, 5 de ellas residenciadas en Maracaibo y las otras cinco en Cabimas, San Francisco, Machiques de Perijá, Lagunillas y Mara, se determinó que ninguna conoce la iniciativa del Gobierno nacional de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Opciones para denunciar en Bolívar

Además de las fiscalías y los tribunales  con competencia en materia de Violencia contra la Mujer, de acuerdo con información oficial, cualquier órgano receptor de denuncias como las comisarías y dependencias de la Policía del estado Bolívar y de las municipalidades, están en capacidad de atender y canalizar denuncias por violencia de género. 

Las víctimas también pueden acudir a las distintas sedes del CICPC en la entidad, las cuales están en el deber de procesar denuncias por delitos contra la mujer. 

La Gobernación del estado Bolívar cuenta con el Instituto Autónomo Regional de la Mujer Mamá Rosa para  brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas de violencia que acuden a su servicio. También operan organizaciones como la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que atiende a las mujeres sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. 

 

 

Créditos: Elisa Gómez (El Tiempo), Beisys Marcano (Correo del Caroní), Luis Daniel Cambero (Elimpulso.com), Josed Alastre (La Verdad), Frida Guerrero (TalCual) redacciones Runrun.es, Correo del Caroní, Yaracuy al día, La Nación, y Radio Fe y Alegría.

Utopix contabiliza 169 femicidios entre enero y octubre de 2023
Utopix reseñó que, de un total de 17 femicidas, cinco están presos, cinco permanecen fugados, uno se suicidó y, por el momento, se desconoce qué ha ocurrido con los otros seis

La ONG Utopix contabilizó 169 femicidios en Venezuela ocurridos entre enero y octubre de este año 2023, de acuerdo con un informe que publicó este jueves, 23 de noviembre.

Mediante el informe, Utopix aseguró que en 10 meses del año «se contabilizan un total de 169 femicidios a nivel nacional», mientras que «desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática».

La cifra registrada, prosiguió la organización, corresponde a un «femicidio consumado» cada 43 horas, y un femicidio en grado de frustración cada 39 horas.

Solo en octubre, la ONG contabilizó un total de 15 víctimas fatales por violencia machista en el país, cifra exactamente igual a la registrada en septiembre.

Sobre los femicidios registrados en octubre, Utopix detalló que, en cuatro casos, ocurrieron por golpes; en dos, por armas blancas; otros dos, en los que «se presume que las víctimas fueron intoxicadas con drogas; uno, por arma de fuego; y uno, por quemaduras con fuego.

 

Además, contabilizó un caso de femicidio por «violencia obstétrica», otro en el que la muerte «se debió a lesiones causadas por un abuso sexual, uno más en el que la víctima fue atropellada y otros dos sobre los que no hay información.

Utopix reseñó que, de un total de 17 femicidas, cinco están presos, cinco permanecen fugados, uno se suicidó y, por el momento, se desconoce qué ha ocurrido con los otros seis.

El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó este jueves que los casos de violencia contra la mujer en Venezuela se redujeron un 65 % entre los años 2017 y 2022.

En un balance ofrecido, a propósito del 54 aniversario del Ministerio Público, indicó que el año pasado se registraron 12.509 casos relacionados con el «delito de violencia física cometido en perjuicio de las mujeres«, que son 23.630 menos respecto a los 36.139 computados en 2017.

 

*Con información de EFE

Siete mujeres han sido asesinadas en el estado Lara en lo que va de 2023 
En al menos un caso, el Estado hizo caso omiso a las denuncias de violencia intrafamiliar 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, siete femicidios han ocurrido en el estado Lara en lo que va de 2023.

El reporte indica que el primero de los femicidios ocurrió en febrero, pero desde mayo hasta la primera quincena de noviembre mataron a una mujer en cada uno de estos meses

Dos de los homicidas se suicidaron, otros dos fueron aprehendidos por las autoridades y del resto se desconoce su paradero, aunque los casos están en proceso de investigación.

La víctima de febrero tenía 31 años de edad y vivía en el municipio Morán, su expareja le roció combustible y le prendió fuego

En mayo, una mujer de 41 años residenciada en la parroquia Tamaca del municipio Iribarren, fue asesinada de un tiro por un vecino que le reclamó una deuda

Mientras que en agosto  una señora de 85 años fue golpeada hasta la muerte por su propio hijo. En otro caso, una joven de 26 años fue apuñalada y baleada en el rostro, su cuerpo fue abandonado en la Circunvalación Norte de Barquisimeto, cerca de su residencia. 

El caso de un comerciante que asesinó a su exesposa y luego se suicidó en presencia de sus tres hijas menores de edad fue otro suceso de la lista de femicidios en Lara. La mujer de 34 años, había retornado a Venezuela desde Chile en vista de que el agresor amenazó con matar a las menores si la madre no regresaba. Versiones señalan que antes de ir por las niñas la víctima había acudido a tres organismos policiales de Barquisimeto en busca de protección, pero ante la negativa a su solicitud de que fuera acompañada por funcionarios, se arriesgó a ir sola hasta la casa donde la esperaba su exmarido. 

La abogada Yaira Rivero declaró al diario La Prensa que en el caso del femicidio-suicidio, los derechos de la mujer asesinada fueron doblemente conculcados, ya que no se le aceptó su denuncia en la policía ni se le impuso medida de protección, como establece la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

“En mi experiencia he observado que los funcionarios no cuentan con la preparación para abordar los temas de violencia de género en todas sus perspectivas. Desconocen los artículos de la Ley, eso hace deficiente la atención y la respuesta que deben ofrecer a las víctimas”, dijo María José Parada, directora de la escuela de Derecho de la Universidad Yacambú.

 

Organizaciones para denunciar la violencia de género

  • Ministerio Público: 0212-509-8251. Correo: dgpfm@mp.gob.ve
  • Defensoría del Pueblo: 0212-5077071 atencionddp@defensoria.gov.ve.

Algunas ONG que brindan asesoría a las víctimas

  • Cepaz. Atención psicológica y legal. 0412-3071273 y 0424-1831025. Twitter @_Cepaz.
  • AVESA. 0424-1662220. Twitter es @AVESA_ONG_VZLA.
  • Alaplaf. Atención psicosocial 0414-2381196. Asesoría Legal: 0424 1831025

 

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia

 

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Tribunales no protegen eficazmente a víctimas de violencia de género de su agresor
Según el informe de la ONG, en la mayoría de los casos analizados se evidencia un patrón de revictimización de las mujeres que buscan justicia
la ONG hizo un llamado a que se debe incluir la perspectiva de género en las sentencias, enfatizando que su incorporación no es solo un asunto de mujeres, sino un compromiso para el cumplimiento de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

 

El informe Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: historia de otro fracaso del Poder Judicial, presentado este jueves 23 de noviembre a través de un foro transmitido por Zoom, concluyó que los tribunales del país no están capacitados para atender casos de violencia contra la mujer.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, Acceso a la Justicia destacó que en una gran cantidad de casos, las sentencias de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal no cumplen con el propósito de la normativa vigente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Acceso a la Justicia enfatizó que en un país donde varias ONG han denunciado la ocurrencia de 282 femicidios consumados y 120 más en grado de frustración solo durante el año 2022, debería existir un compromiso por parte del Estado de incluir en su actuación la perspectiva de género.

El análisis de la ONG, en el período comprendido entre 2018 a 2022, indicó que el número de sentencias de la Sala de Casación Penal es mucho menor al de la Sala Constitucional, pero que el porcentaje de decisiones sobre violencia contra la mujer de la primera es mucho mayor.

La sumatoria de sentencias entre ambas salas arrojó que durante los últimos 5 años se produjeron un total 5.276 decisiones, de ese total, 306 fueron en materia de violencia contra la mujer, lo que representa apenas el 5,80 % del total.

La cifra, según explicaron los analistas que participaron en el estudio, es baja dada la conflictividad que se vive en el país y en el contexto de emergencia humanitaria. 

El estudio determinó que 62 % de las decisiones fueron solo un trámite y no se le brindó a la víctima la atención necesaria, lo que se traduce en que “un elevado número de fallos que en realidad se limita a resolver temas procesales”. 

Adicionalmente, el estudio indicó que, con bastante frecuencia, los tribunales se niegan a conocer casos que no caen en su competencia, lo que se traduce en una dilatación en el proceso judicial, o toman decisiones formalistas que no protegen a las víctimas del agresor. 

Doblemente víctimas

Según el informe de la ONG, en la mayoría de los casos analizados, se evidencia un patrón de revictimización de las mujeres que buscan justicia.

Acceso a la Justicia señala que el retardo procesal en casos de violencia de género, la negligencia, omisiones y falta de sensibilidad, son algunos de los errores que comete el Estado cuando de temas de violencia de género se trata. 

“Estas prácticas no solo afectan a las víctimas individuales, sino que también tienen un impacto negativo en la confianza general en el sistema judicial”, se lee en el informe. 

La ONG afirmó que en 2023 continúa aplicándose el retardo procesal que «ignora, invisibiliza y potencia la vulnerabilidad de las víctimas».

Por esta razón, la ONG hizo un llamado a que se debe incluir la perspectiva de género en las sentencias, enfatizando que su incorporación no es solo un asunto de mujeres, sino un compromiso para el cumplimiento de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

“Es urgente capacitar en la incorporación de la perspectiva de género a los operadores de justicia con protocolos, criterios de enjuiciamiento en materia de género, matrices de análisis o test de igualdad”, recomendó la organización.