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Una Ventana a la Libertad

Jóvenes detenidos durante protesta en Barcelona reciben medida cautelar
Representantes de los cinco detenidos aseguraron que las aprehensiones fueron realizadas luego de que los efectivos reprimieran una concentración 

 

Representantes del Foro Penal lograron libertad para cuatro de los cinco jóvenes detenidos durante la concentración opositora  del  pasado 16 de noviembre realizada en la avenida Fuerzas Armadas del municipio Bolívar, capital del estado Anzoátegui.

La coordinadora regional del Foro Penal, Arelys Ayala, informó que los jóvenes excacelados fueron Carlos Alberto Foucault Montañez (28), Jonner José Mendoza Rengel (24), Rommel Lee Fuentes Mejías (25) y un adolescente de 15 años de edad, quienes recibieron medida cautelar bajo presentación cada 30 días.

“No existían elementos suficientes que involucraran a los detenidos en los delitos que se les presentaban, sin embargo, fueron imputados por obstaculización de la vía pública y puestos en libertad, luego de permanecer dos días arrestados en los calabozos de Polianzoátegui ”.

La jurista resaltó que el quinto detenido fue libertado el lunes en horas de la tarde tras ser presentado ante el Tribunal competente de Barcelona, donde también le otorgaron medida cautelar bajo presentación pero en esta oportunidad le imputaron por obstaculización de la vía y daños a la propiedad.

Representantes de los cinco jóvenes arrestados aseguraron que las aprehensiones  fueron realizadas luego de que los efectivos castrenses reprimieran la concentración cívica y pacífica que se llevaba a cabo en la capital del estado Anzoátegui y la cual estaba a minutos de culminar.

Una Ventana a la Libertad: 168 reclusos murieron en los calabozos policiales en el primer trimestre de 2019
Carlos Nieto Palma expuso  la situación carcelaria en Venezuela, durante el 74º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, expuso este martes 12 de noviembre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, durante el 74º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Durante su intervención, Nieto denunció las condiciones de permanecia en los calabozos policiales del país, los cuales solo deben albergar a los detenidos por máximo 48 horas, pero que actualmente se han convertido en pequeños prisiones donde los reos permanecen por tiempo indefinido.

«Queremos pedir a la Cidh que muestre atención a la situación que se vive en los centros de detención preventiva que, en Venezuela, se han convertido en cárceles permanentes donde ocurren violaciones masivas a los derechos humanos de las personas allí recluidas. Además es importante que insistan en la realización de visitas a estos espacios para constatar la situación«, dijo.

Indicó que durante el primer trimestre de 2019 murieron 168 reclusos en los calabozos policiales, según lo monitoreado por la ONG, de los cuales 42 perdieron la vida por enfermedades, 37 en intentos de fuga, 30 fueron asesinados en riñas y el resto por causas que no se pudieron precisar.

«A esta cifra de fallecidos debemos sumarle la de los 30 reclusos que murieron el pasado mes de marzo en un CDP (Centro de Detención Preventiva) en el estado Portuguesa. Los eventos carcelarios más graves que han ocurrido en Venezuela en los últimos dos años han sido en calabozos policiales. Recordemos que en marzo de 2018 hubo una tragedia en la Policía del Estado Carabobo con un saldo de 69 personas que murieron quemadas, entre los que estaban dos damas de visita«, agregó.

Nieto explicó que actualmente existen en Venezuela dos sistemas carcelarios paralelos y complementamente diferentes: uno administrado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que compone las 45 cárceles del país, y otro alterno que funciona en los centros de detención preventiva y que es controlado por los cuerpos de seguridad nacionales, regionales y municipales, o hasta por la policía científica y organismos de inteligencia del Estado.

“La situación es muy grave en ambos sistemas penitenciarios en los que se sufren las mismas violaciones a los derechos humanos. Pero realmente en los centros de detención preventiva la situación es mucho más grave, pues en estos espaciosno hay infraestructura carcelaria, ni planes de reinserción para la población penitenciaria”, manifestó.

Advirtió que en los 203 centros de detención preventiva visitados por Una Ventana a la Libertad encontraron un hacinamiento de más de 509,58 %, pues existen 19.028 reclusos en las comisarías, las cuales, en total, apenas pueden contener a 3.734 personas.

Joel Hernández, comisionado de la Cidh, expresó su preocupación ante estas cifras, debido a que la media regional en cuanto al hacinamiento es de 36 %, número que es muy superior en el caso de Venezuela. También enfatizó que en todo momento han tenido el interés de visitar el país para constatar estas denuncias, pero advirtió que no les dan dado garantías de seguridad y cooperación para ese trabajo.

Plan de descongestionamiento de calabozos: 83 personas fueron liberadas y 90 trasladadas a cárceles
Hasta los momentos no han sido beneficiados reclusos  en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana

 

El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dio detalles el 1 de noviembre en rueda de prensa del Plan de Descongestionamiento en Calabozos Policiales que fue anunciado a mediados del mes de octubre de este 2019.

Saab explicó que entre miércoles y jueves se realizaron 123 audiencias para evaluar los casos de los privados de libertad que optaban por una medida de libertad o traslado desde los centros policiales en los  los que estaban detenidos para cárceles.

En las dos primeras semanas del plan que es impulsado por la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicio Penitenciario, 83 personas quedaron en libertad y 90 reclusos fueron trasladados a centros carcelarios.

“Se dictaron 118 privativas de libertad, de los cuales, en 65 casos se admitieron los hechos, 53 reclusos pasaron a juicio, se dictaron seis sobreseimientos provisionales, 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias. En total quedaron en libertad por sobreseimientos, medidas cautelares y medidas humanitarias, 83 personas”, refirió. 

“Este es un logro para las estaciones de policía, para que sean lugares de tránsito y que las estaciones no se conviertan en lugares provisionales de reclusión”, manifestó el fiscal general designado por la ANC. 

Una Ventana a la Libertad confirmó con fuentes extraoficiales que el plan gubernamental para descongestionar los centros de detención preventiva fue instalado el 16 de octubre de este 2019 en la sede del Cicpc ubicada en El Rosal, Caracas. Desde esa policía funciona una especie de centro de operaciones para evaluar la situación de los internos que están detenidos en otras comisarías de la policía científica ubicadas en la capital de Venezuela. 

UVL también confirmó que, hasta los momentos, no han sido beneficiados reclusos detenidos en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, sí se tuvo conocimiento de una inspección que hizo el equipo multidisciplinario de las distintas instancias del Estado en la PNB de Boleíta, pero hasta la fecha, ningún detenido de ese CDP ha sido trasladado a una cárcel o ha recibido beneficios procesales. 

Tras años de motines y muertes, prometen descongestionar centros de detención preventiva

EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO anunció este 15 de octubre un plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva, considerados como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la Constitución estipula que los internos no deben permanecer en ellos más de 48 horas.

Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa de desahogar los calabozos nació como parte de la preocupación del gobierno que representa por garantizar la justicia y los derechos humanos. Saab no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el director del Sebin, Gustavo González López, y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

De acuerdo con Saab, desde el miércoles 16 de octubre iniciarán las primeras acciones para disminuir el hacinamiento de los centros de detención en el ámbito nacional, primero en la Gran Caracas y luego irán por los que están situados en los ocho estados con mayor índice poblacional. 

La medida ha sido anunciada para los calabozos de la Guardia Nacional y del Cicpc, a pesar que los que agrupa la Policía Nacional Bolivariana son los que tienen mayor cantidad de denuncias de motines y homicidios, como la Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, donde el pasado 7 de septiembre se registraron dos muertos como consecuencia de una fuga masiva en la que escaparon más de 30 detenidos.

También se omitió a los calabozos de las policías estadales, donde también se han registrado hechos que lamentar, un ejemplo es la masacre de PoliCarabobo, dónde 69 privados de libertad fallecieron calcinados el 28 de marzo de 2018 debido a un incendio durante un supuesto motín que protagonizaron los reos, en protesta A una requisa organizada por los custodios.

¿Qué lleva al gobierno a anunciar esta medida?

El 31 de julio, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció una radiografía de lo que se vivió en 203 centros de detención preventiva durante los primeros seis meses de 2019. La investigación que se focalizó en los calabozos ubicados en las zonas con mayor población del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira, nuevamente, alertó a la población de lo que se vive puertas adentro de estos centros, cuya Fran mayoría se encuentran muy de conjuntos residenciales, escuelas y colegios.

Según datos de la organización no gubernamental de los 110.000 presos que hay en Venezuela, al menos 60.000 están ubicados en los calabozos policiales, y es por ello que son víctimas de hacinamiento, enfermedades, y falta de instalaciones óptimas para cumplir una condena como lo son comedores, baños para damas y caballeros, canchas deportivas, y celdas mayores a tres metros de ancho por tres metros de largo.

La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Forero responsabiliza a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela de esta realidad. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, también la señala e indica que el Código Orgánico Procesal Penal establece que al ministerio que encabeza le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.

A pesar de las acusaciones, en los últimos años la ministra Varela ha negado su cuota de responsabilidad en lo que se vive en los centros de detención preventiva. El pasado 2 de abril de 2018, días después de la masacre de PoliCarabobo, indicó que lamentaba lo sucedido, pero que la cartera que representa no le correspondía darle reparo a los familiares de las víctimas, porque «los calabozos policiales son función policial».

El último informe de Una Ventana a la Libertad, publicado el 31 de julio de 2019, detalla que hasta el 31 de junio de este año bmurieron 119 detenidos; 26 de ellos fallecieron en intentos de fugas o evasiones exitosas, otros fallecieron en golpizas, motines, y enfrentamientos entre reclusos. Respecto a los muertos por enfermedades se calcula que 20 hombres fallecieron luego de padecer tuberculosis y paludismo.

Denuncian que PNB dejó a morir a preso enfermo de tuberculosis en la Zona 7 de Boleíta

DE COMPLICACIONES DERIVADAS DE TUBERCULOSIS falleció este martes 1 de octubre Johan Jiménez, preso recluido en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, mejor conocido como la “Zona 7”.

Familiares denunciaron que Jiménez de 29 años tenía meses padeciendo la enfermedad y nunca fue trasladado a un centro asistencial para recibir tratamiento. Solo lo entregaron cuando ya no se podía hacer más nada.

“Apenas días antes de morir fue que pudimos ingresarlo en el Hospital José Gregorio Hernández de la avenida Panteón, pero el mal ya estaba hecho”, dijo un familiar de la víctima que prefirió no ser identificado.

Jiménez fue aprehendido el pasado 28 de diciembre de 2018 por hurto agravado y según versión de la familia contrajo la enfermedad en la Zona 7. “A los enfermos ahí les dicen los desasistidos, en unos calabozos para 80 personas meten a mil. Por supuesto quien llega sano, sale enfermo. Para todo se debe pagar. Hay extorsión en dólares. Uno les lleva la comida y no se las dan, hay presos que no toman ni agua”, dijo un familiar de Jiménez, quien era electricista y deja huérfanos a cuatro hijos, dos varones y dos hembras.

De acuerdo a la ONG Una Ventana a la Libertad, en el año 2018 murieron por tuberculosis y desnutrición 134 presos en comisarías policiales y militares.

En lo que va de 2019, ocho reos han sido asesinados en la Zona 7, otro falleció por un tumor en la garganta y otros dos fueron muertos en un operativo de recaptura luego de una fuga masiva.

Según UVL, en Caracas hay únicamente cinco centros de reclusión que cuentan con traslados a la hora de una emergencia

Al menos 11 presos detenidos en la PNB de Boleíta han muerto en 2019

ESTE 2019 AL MENOS ONCE PRESOS que estaban detenidos en los calabozos ubicados en la sede de la Policía Nacional de Boleíta han muerto. El fallecimiento más reciente es de un interno que tenía un absceso en la garganta.

El recluso fue identificado como Luis Santiago Urbáez, de 30 años de edad. El hombre estuvo seis días hospitalizado en el Domingo Luciani, en El Llanito, en donde falleció.

Otros ocho privados de libertad han sido asesinados este año en ese centro de detención preventiva y otros dos murieron en un presunto enfrentamiento con funcionarios de Las FAES el 11 de septiembre cuando los uniformados realizaban un operativo para recapturar a 30 reclusos fugados, entre ellos, los dos fallecidos.

Los calabozos de la PNB de Boleíta, que anteriormente eran el centro de detención preventiva de la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, son el centro transitorio con más hacinamiento, enfermedades y corrupción policial que Una Ventana a la Libertad ha monitoreado en la Gran Caracas desde agosto de 2016. 

 

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Corrupción policial es la principal causa de retardo procesal según Una Ventana a la Libertad

UN INFORME DE LA ONG Una Ventana a la Libertad revela que la corrupción policial es la principal causa del retardo procesal en los centros de detención preventiva en Venezuela.

Una consulta anónima a abogados que trabajan en distintos tribunales del país arrojó que el 49% de los entrevistados considera que la corruptela de los funcionarios es la razón medular del retardo.

Otro 41% señaló que la causa fundamental del retardo procesal se debe a una alta incidencia en la corrupción judicial. Cualquier actuación en los Tribunales tiene un costo, incluso el hecho de pedir a un aguacil que traslade un expediente.

Por su parte, un 10% manifestó que está asociado al alto índice de diferimiento de las audiencias.

Según el artículo 49 de la Constitución Nacional , toda persona se presume inocente hasta que un juzgado dicte su culpabilidad, premisa que se ratifica en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal.

Un funcionario del Palacio de Justicia del Estado Zulia, que prefirió mantenerse en el anonimato , indicó que de 1.275 audiencias fijadas en una semana solo se realizaron 248, por lo que quedaron diferidas 1.027, es decir un 75% de las audiencias.

En el limbo judicial

De acuerdo al Foro Penal Venezolano, el 70% de los reclusos en Venezuela no tiene una sentencia definitiva, lo que se traduce en unas 50 mil personas.

Para 2015, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas informó que más del 60% de los detenidos en Venezuela se encontraban en prisión preventiva.

“La mayoría de los abogados consideran que entre las principales consecuencias del retardo procesal se encuentra, el hecho que se genere un estado de indefensión, la violación de derechos fundamentales y las condiciones de hacinamiento en los centros de detención preventiva que ocasionan graves afectaciones a la salud e integridad de los detenidos”, se desprende del informe 

Una Ventana a la Libertad denunció que murieron 305 privados de libertad en 174 centros de detención monitoreados durante  2018, la mayoría por deterioro físico producto de tuberculosis y desnutrición aguda. Además, 114 reos resultaron lesionados, la mitad en huelgas de hambre.

Entre las soluciones al problema del retardo procesal, 29% de los encuestados considera oportuno que se realice una depuración del sistema de justicia en Venezuela, 22% de los entrevistados piensa que es fundamental ampliar la estructura tribunalicia, 18% propone que exista una aplicación estricta de los principios constitucionales en materia procesal, 14% no confía en la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y 16% considera que la disminución del retardo procesal pasa por establecer un sistema de meritocracia.

Lea el informe completo aquí

Claves: Lo que no se dijo de las fugas masivas en Caracas

LA MADRUGADA DEL 11 DE SEPTIEMBRE al menos 60 presos se fugaron de dos calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas: el Eje de Homicidios del Cicpc, que está en El Paraíso, y la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta. El difícil acceso a la información y el hermetismo de algunas autoridades, que tras 24 horas de las dos fugas masivas no se han pronunciado, contribuyó a que algunas informaciones importantes no se conocieran.

1. No existe una cifra exacta de los presos fugados de la PNB de Boleíta. Aunque extraoficialmente se manejó una cifra de 30 fugados, ningún funcionario de la Policía Nacional tiene conocimiento de cuántos internos lograron fugarse. De hecho, en las minutas policiales internas así quedó demostrado. En todas se reporta la fuga, pero no la cantidad de presos que lograron evadirse.

2. Algunos funcionarios reportaron las fugas simultáneas en algunos chats policiales, lo que ocasionó que las informaciones se cruzaran y, en principio, se reportara que todos los fugados del Eje de Homicidios del Cicpc fueron recapturados, pero no fue así. Solo seis reclusos de 30 fueron recapturados. 

Más de 20 presos, que estaban detenidos por homicidio y secuestro en ese eje de la policía científica, están en fuga. Extraoficialmente se maneja que los delincuentes pueden estar resguardados en la Cota 905, un sector popular en Caracas que, junto con El Valle y El Cementerio, es una “zona de paz” desde 2015 en la que los criminales no permiten el ingreso de funcionarios policiales para operar libremente.   

“De esos presos del eje se escapó uno que camina con Pedrito del Cementerio y Loco Leo”, este mensaje lo difundieron algunos funcionarios en comunicaciones internas policiales para advertir que uno de los fugados del Eje de Homicidios del Cicpc ubicado en El Paraíso está vinculado con criminales que operan en El Valle. 

3. Familiares de la población reclusa de la PNB de Boleíta informaron a Una Ventana a la Libertad que a inicios de semana algunos presos de ese centro de detención preventiva ordenaron a toda la población que contribuyeran con la fuga, pues de lo contrario, tomarían acciones en su contra. Sin embargo, algunos se abstuvieron por temor a exponer sus vidas en posteriores operativos de recaptura.

4. En los calabozos de la PNB de Boleíta se fugaron por el techo del centro de resguardo, mientras que en el Eje de Homicidios del Cicpc ubicado en El Paraíso los reclusos se fugaron desde el segundo piso, luego que rompieron una de las rejas y, con sábanas, hicieron una cuerda para descender hasta la parte de abajo.

5. La fuga masiva en la PNB de Boleíta se registró una semana después de un motín que duró 48 horas y en el que dos reclusos fueron asesinados. Uno de los internos fue decapitado. UVL confirmó con varios familiares de la población penitenciaria de ese centro de detención preventiva que hay un descontento general, pues no se han concretado más traslados para cárceles. El miércoles 4 de septiembre solo fueron trasladados a la cárcel de Yare, en el estado Miranda, 80 de los 953 reclusos que están detenidos allí. 

6. En ambos operativos de recaptura se necesitaron comisiones mixtas. Para recapturar a los fugados de la PNB de Boleíta se activaron comisiones de Polisucre y de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y, para recapturar a los fugados del Eje de Homicidios del Cicpc El Paraíso, participaron funcionarios de la Policía Nacional.

7. Los vecinos de El Paraíso y de las inmediaciones de la PNB de Boleíta fueron madrugados por los operativos de recaptura. Comisiones policiales se apostaron en las avenidas y en las entradas de urbanizaciones residenciales. En el caso de la PNB de Boleíta, como en anteriores fugas, las asociaciones de vecinos vivieron momentos de tensión.

Funcionarios de la PNB se desplegaron en la entrada del Colegio San Agustín, que colinda con ese calabozo policial. Afortunadamente, la seguridad del plantel educativo no se vio comprometida, pues continúan las vacaciones escolares. Pero en anteriores fugas los reclusos han saltado una cerca y han caído en el patio de ese colegio. 

8. Al menos dos reclusos fugados de la PNB de Boleíta murieron en un presunto enfrentamiento con funcionarios policiales en la Avenida Sánz de El Marqués. Ambos fueron trasladados al hospital Domingo Luciani ubicado en El Llanito, pero ingresaron sin signos vitales. El presunto enfrentamiento se registró entre las 4 y 5 de madrugada del 11 de septiembre.

Como lo ha advertido Una Ventana a la Libertad desde agosto de 2016, los calabozos policiales son espacios transitorios en los que las personas deben permanecer 48 horas mientras son presentadas en tribunales. Estas áreas no cuentan con infraestructura carcelaria para la reinserción social, ni el esparcimiento de la población reclusa.

Expertos en seguridad ciudadana coinciden en que si un privado de libertad no participa en actividades de reinserción, si sale en libertad o si se fuga, puede reincidir y cometer crímenes más atroces. 

La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha asegurado que lo que ocurre en los centros de detención preventiva no es su competencia.

 

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