Denuncian propagación de tuberculosis en calabozos de Trujillo
Familiares de un enfermo de gravedad en Valera piden una medida humanitaria
Las cárceles y centros de detención preventiva no escapan de las enfermedades. Un aumento en los casos de tuberculosis denunciaron familiares de detenidos en el Centro de Coordinación Policial Número 2 de Valera, perteneciente al Cuerpo de Policía del estado Trujillo (CPET).
En vista del silencio oficial en torno a las condiciones salubres de los reclusos no se maneja una cifra precisa de contagios, sin embargo, se conoció que uno de los detenidos, de 29 años de edad, presenta síntomas graves y estuvo casi un mes internado en el Hospital Universitario “Pedro Emilio Carrillo” de Valera.
Trascendió que el hallazgo del enfermo fue producto de una jornada médica oficial durante la primera semana de noviembre, donde revisaron el estado de salud de al menos 90 privados de libertad.
Según su esposa y padre, el detenido de 29 años no ha recibido atención médica especial en diez meses de reclusión. Denunciaron que el hombre, de 1,89 metros de estatura, ingresó al calabozo con 81 kilogramos y ha perdido 18, producto de una dieta inadecuada, además de privación de medicamentos.
Otros familiares denunciaron que, en vista de encontrarse hacinados en una misma celda, la enfermedad se ha propagado.
“No hay privilegios para nadie, están todos juntos”, dijo uno de los familiares durante una de las visitas.
El hacinamiento en cárceles y calabozos ha sido un problema consecuente no solo en una de las sedes del CPET de Valera sino en todo el estado andino. Específicamente en el comando Nro. 2 existen solo tres celdas y los reclusos se ven obligados a dormir en el piso, de pie o en hamacas improvisadas.
“El que está parado no puede acostarse en el suelo y el que está en la hamaca, debe quedarse ahí”, relató un testigo que prefirió el anonimato a la ONG Una Ventana a la Libertad.
Los familiares del enfermo de gravedad esperan la intermediación del fiscal encargado de velar por los derechos humanos de los privados de libertad y una posible medida humanitaria del Ministerio Público.
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