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Trinidad y Tobago

Piden una investigación por muerte de niño venezolano en Trinidad y Tobago
Dos juristas demandan una investigación penal por la muerte a causa de disparos del menor Yaelvis Sarabia Santoyo, de 1 año, que presuntamente falleció a causa de varios tiros por parte de miembros de la Guardia Costera cuando su madre trataba de entrar de forma ilegal al país caribeño

 

Dos abogados locales pidieron una investigación penal para determinar las circunstancias de la muerte, el pasado febrero, de un niño venezolano que migraba junto a su madre en una embarcación a Trinidad y Tobago, fallecido tras recibir varios disparos.

Los juristas Christon Williams y Siddiq Manzano demandan una investigación penal por la muerte a causa de disparos de Yaelvis Sarabia Santoyo, el niño venezolano de 1 año que presuntamente falleció a causa de varios tiros por parte de miembros de la Guardia Costera cuando su madre trataba de entrar de forma ilegal al país caribeño.

Williams y Manzano también quieren que se investigue si hubo manipulación de testigos o pruebas y cualquier intento de pervertir el curso de la Justicia, después de que 29 personas que se encontraban a bordo, testigos del incidente del 5 de febrero de 2022, fueran repatriadas a Venezuela poco después del suceso.

En una carta dirigida al director de la Fiscalía, Roger Gaspard, copia de la cual fue obtenida por EFE, los abogados señalan que «la deportación de los testigos por parte de los servidores del Ministerio de Seguridad Nacional y del oficial jefe de Inmigración, alude a mala conducta en un cargo público y puede ser evidencia de interferencia intencional con una investigación criminal».

La carta indica que cinco días después de la muerte del menor, los abogados escribieron al Ministerio de Seguridad Nacional, al oficial jefe de Inmigración y las Fuerzas de Defensa solicitando que los restantes ocupantes de la embarcación obtuvieran permisos que les permitiera permanecer en Trinidad y Tobago.

Los abogados volvieron a dirigirse al Ministerio de Seguridad Nacional poco después solicitando información sobre el estado de los migrantes, momento en el que se les comunicó que todos habían sido deportados.

Al dirigirse al Estado Mayor de la Defensa solicitando datos del suceso, la respuesta fue que no se enviaría la documentación solicitada en virtud de la sección 25 de la Ley de Libertad de Información.

No se ha dado ninguna otra respuesta por parte de las autoridades hasta la fecha, según la carta de los abogados.

Los letrados sostienen que, según la información de que disponen, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago no han realizado ninguna investigación sobre el incidente.

La Guardia Costera argumenta que sus unidades patrullaban cuando detectaron la embarcación con el menor a bordo, desde la cual se habría, supuestamente, tratado de embestir la lancha de las fuerzas de seguridad de Trinidad y Tobago.

Ello habría provocado que la Guardia Costera abriera fuego después de ordenar al capitán del bote que cambiara de rumbo.

La Guardia Costera justifica que sus miembros solo se dieron cuenta de que había varios migrantes escondidos a bordo después de efectuar los disparos, varios de los cuales alcanzaron al niño en la cabeza.

El gobierno de Venezuela ha pedido a Trinidad y Tobago que realice una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte del niño.

América Latina le declara la “guerra” a los refugiados venezolanos
Fronteras militarizadas, disparos, visas y deportaciones son las armas que han utilizado para frenar el ingreso de miles de migrantes que huyen de la emergencia humanitaria compleja que todavía vive Venezuela

Por: @fefamaya y @Andrea_GP21

 

“Perdí a mi hijo. Anoche nos agarró la Guardia Costera. Eso fue plomo y plomo. Me mataron al muchachito en mis manos. A mi hijo le explotaron la cabeza. También me dispararon a mí”, relató la madre de Yoelvis Santoyo Sarabia, un bebé de un año que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Santoyo Sarabia tomó la decisión de emigrar de Venezuela junto a sus dos hijos para reunirse con el padre de los niños y otros familiares en Trinidad y Tobago.

La Agencia de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que 6,04 millones de venezolanos continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y amenazas, la escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

“La migración venezolana se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo”, indicó ACNUR. 

Al igual que la familia Santoyo Sarabia, los venezolanos que han decidido dejar su país forzosamente enfrentan múltiples obstáculos que no solo les dificultan la llegada a los países donde buscan refugio, sino que además ponen sus vidas en peligro.  

La violencia y el sometimiento por parte de grupos criminales es uno de los riesgos a los que se exponen constantemente en las rutas de migración.

Pero además, cada vez con más frecuencia, son atacados por los gobiernos de la región que obvian los tratados y acuerdos internacionales, y han adoptado medidas como la militarización de las fronteras, deportaciones, exigencias de visas y, como en el caso de Santoyo Sarabia, hasta el uso de armas de fuego contra refugiados desarmados. 

 

De 35 países e islas que conforman América, en 25 han implementado acciones para combatir a los venezolanos que buscan refugio.

Llama la atención que se trata de medidas y acciones radicales y de fuerza que no se han implementado ni siquiera contra los grupos de crimen organizado que operan y se expanden por la región.

Disparos contra refugiados venezolanos

El hecho violento contra venezolanos más reciente ocurrió el 6 de febrero de 2022. La  Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a la embarcación en la que estaba la familia Santoyo Sarabia, según alegaron, “en defensa propia, por aparentar ser una embarcación sospechosa”.

Yoelvis Santoyo Sarabia falleció en brazos de su madre cuando la embarcación recibió los disparos. 

La Guardia Costera trinitense emitió un comunicado en el que asegura que no fue hasta que la embarcación se detuvo que vieron que había migrantes a bordo. Al revisar se dieron cuenta que había una mujer sangrando, a la que trasladaron a un hospital local, pero el bebé que tenía en sus brazos “fue encontrado inconsciente”.

No es la primera vez que se señala al gobierno de Trinidad y Tobago de maltratar a los refugiados venezolanos y violar acuerdo internacionales sobre migración. Las denuncias de diversas ONG, como Amnistía Internacional, han sido frecuentes. 

Militarización de fronteras

El pasado 12 de febrero de este 2022, el gobierno de Chile decretó un “estado de excepción” e inició el despliegue militar en cuatro estados fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de frenar la migración irregular.

Esto ocurre unos días después que miles de ciudadanos protestaron en ese país contra la inmigración irregular y para exigir mayor seguridad. La protesta congregó a más de 4.000 personas y ocurrió unos días después que dos venezolanos fueran acusados de asesinar al camionero Byron Castillo, de 25 años de edad.

Durante la protesta hubo momentos tensos, donde incluso los manifestantes atacaron a un inmigrante que los increpó, mientras que en otro un grupo desmontó y destrozó las carpas de algunos migrantes, entre los que había venezolanos, que se encontraban en una zona cercana a la playa.

Se desplegaron 672 militares y 100 policías para el control de las fronteras con Bolivia y Perú, en provincias como Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan desde el año 2020 por pasos clandestinos que alcanzan hasta los 4.000 metros de altitud.

«Sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras (…) No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados», dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, tras anunciar el inicio del despliegue militar en Santiago.

 

-Un precedente

El 24 de septiembre del 2021, funcionarios de seguridad chilenos desalojaron a decenas de familias de inmigrantes que montaron sus tiendas de campaña en la plaza Brasil en Iquique, quienes vivían en condiciones insalubres y precarias. En este grupo había padres y madres con hijos menores.

El desalojo se dio con incidentes y estuvo marcado por enfrentamientos entre Carabineros y los inmigrantes. Terminó con 14 personas detenidas y cinco policías heridos, reseñó El País de España.

 

Un día después, el 25 de septiembre, un grupo de ciudadanos marchó desde la plaza Brasil hacia el palacio de la delegación presidencial en Iquique, donde gritaron consignas antiinmigrantes y cantaron el himno nacional. Esta manifestación terminó en la quema de las pertenencias de los migrantes, donde además de venezolanos, había colombianos.

-ONU pide atención

La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó «categóricamente» los ataques contra migrantes venezolanos en Chile. “El Sistema de las Naciones Unidas en Chile manifiesta su preocupación por la violencia y los actos de xenofobia que han ocurrido en Iquique y la región de Tarapacá, en el norte del país, que involucran a venezolanos, las comunidades fronterizas y las fuerzas de seguridad”, señaló la organización.

Asimismo, condenaron las “agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos” y pidieron que no se utilicen “hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes” y que se tomen medidas que eviten “que las tensiones se agraven”, reseñó Venezuela Migrante.

– Lo que dice la Cancillería

Las autoridades de Chile y Bolivia informaron a inicios de febrero de 2022 que se reunirían próximamente para abordar la situación migratoria que enfrentan algunas regiones fronterizas, debido al constante flujo de migrantes que ingresan a través de la desértica frontera.

En un comunicado de la cancillería chilena, el ministerio dijo que Santiago y La Paz acordaron “la celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los Ministros de Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos Ministerios de RR.EE (Relaciones Exteriores)”.

 

Según señalaron, el objetivo es “enfrentar las difíciles situaciones de seguridad, sanitarias y migratorias que están produciéndose en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá”.

El 22 de febrero medios de comunicación reseñaron que el gobierno chileno desplegó maquinaria pesada para mantener abierta una zanja que separa a Bolivia de Chile, y así dificultar el ingreso de los migrantes venezolanos. 

Panamá

En octubre del 2021, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, acudió a Colombia en búsqueda de apoyo para darle una solución a la situación humanitaria de los últimos años de su país.

Esta crisis es precisamente el aumento de la migración, especialmente de venezolanos, que cruzan hacia Panamá a través del Tapón del Darién, corredor selvático que divide a Colombia y Panamá, con el objetivo de seguir su curso hacia otros países como EEUU.

Entre las peticiones que le hizo Leblanc al presidente de Colombia, Iván Duque, fue la de militarizar la frontera con soldados del Ejército colombiano. A juicio del funcionario, con uniformados en la zona se van a combatir los “vándalos que tanto daño le hacen hoy en día a los migrantes, y que mañana, cuando no estén, le harán al resto de gente”.

 

Solo unos meses después, el 11 de febrero del 2022, el gobierno de Panamá reforzó la vigilancia en su frontera selvática con Colombia, para intentar frenar la migración irregular, así como combatir el narcotráfico que azota la región, reseñó El País.

«Panamá tiene que tomar sus medidas anticipadas, ya que en el año 2021 transitaron 134.000 migrantes (irregulares) y este año ya llevamos más de 5.000», manifestó a periodistas, desde la zona del Darién el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

– Cifras de venezolanos que cruzan el Darién

En un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el pasado 7 de febrero, señalaron que los migrantes y refugiados venezolanos superaron a los haitianos como el principal grupo que transita por el Tapón del Darién.

Según la organización, en el año 2021 los haitianos representaban casi el 80% de los aproximadamente 130.000 migrantes que cruzaron a Panamá por el Darién. En enero, más de la mitad de los 4.700 migrantes que atravesaron la selva eran venezolanos.

La OCHA recordó, además, que a diferencia de las anteriores oleadas de migrantes venezolanos que llegaron a Panamá (donde hay aproximadamente 121.600 migrantes y refugiados venezolanos), los flujos actuales se componen de migrantes que buscan transitar por el país de camino a los Estados Unidos.

Informe OCHA migrantes y refugiados by AndyDeath on Scribd

Deportaciones

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 20% de la población venezolana (más de seis millones de personas), han salido de su país en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo político en todo el mundo.

Durante los últimos años, a pesar de que muchos países han flexibilizado las medidas migratorias para los venezolanos, se mantienen algunas políticas contra estos como la deportación.

– Estados Unidos

Durante el gobierno de Donald Trump se deportaron a ciudadanos venezolanos desde EEUU a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, esto debido a que las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre ambos países desde el 2019, como parte de las sanciones.

De acuerdo con una nota de El País de España, la medida de Trump fue criticada por el actual presidente de EEUU, Joe Biden, cuando estaba en campaña presidencial. Sin embargo, las deportaciones siguieron bajo la administración del demócrata, a pesar de que el año pasado se aprobó el Estatuto Temporal de Protección (TPS por sus siglas en inglés), para los venezolanos que estuvieran en territorio estadounidense y cumplieran con ciertas condiciones.

Recientemente, el 27 de enero, las autoridades de EEUU deportaron a dos venezolanos que antiguamente residían en Colombia. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado a BBC Mundo.

 

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estas deportaciones se producen basándose en el Título 42, una política instaurada por la administración de Trump y mantenida por la de Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19.

 

En septiembre de 2021, Filippo Grandi, presidente de Acnur, dijo que las expulsiones que se llevan a cabo con base en el Título 42, sin evaluar las necesidades de protección, “son incompatibles con las normas internacionales y pueden constituir devolución”.

Por su parte, tras las deportaciones, la Embajada de Venezuela ante EEUU emitió un comunicado, donde aclararon que dicha institución “no ha autorizado solicitudes que permitan la deportación de ciudadanos venezolanos de territorio americano por razones migratorias, solo de contados casos criminales con decisión de la justicia de EEUU”.

También, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron a Joe Biden cesar las expulsiones de venezolanos hacia Colombia y cualquier otro país bajo el Título 42.

“Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro en primer lugar», indicaron en la carta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, RAICES y Human Rights First.

 

– Chile

Las medidas de las autoridades chilenas contra los migrantes venezolanos aumentan. Además de la reciente militarización de estados fronterizos para frenar el paso de migrantes, en el 2021 ejecutó varias deportaciones de venezolanos.

La primera ocurrió el 6 de junio de 2021. El gobierno de Chile expulsó a 56 migrantes venezolanos a quienes acusó de cometer delitos o ingresar de forma irregular al país, según confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. 

El grupo partió desde el Aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el Gobierno chileno y fueron trasladadas a Caracas, indicó Delgado a la prensa.

 

Luego de esto, organizaciones de defensa de migrantes denunciaron las deportaciones, al tiempo que un grupo de derechos humanos de la ONU indicó en mayo de 2021 que los migrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».

 

Cabe recordar que en febrero de 2021, Chile expulsó a más de 100 extranjeros, muchos de los cuales ingresaron por pasos no habilitados, cruzando el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al COVID-19, reseñó DW.

Meses después, el 4 de noviembre de 2021, el Gobierno de Chile expulsó a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, siendo esta la mayor operación de deportación realizada ese año.

En ese momento, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que hay intentos de organizaciones de detener estas deportaciones, pero el «Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley» y quienes «cometan delitos o entren clandestinamente» serán expulsados.

 

Se conoció que, de ese grupo, al menos 70 personas eran de nacionalidad venezolana y fueron enviadas a su país de origen por entrar a Chile de forma irregular o por haber cometido crímenes que presuntamente iban desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.

Hasta esa fecha, más de 800 extranjeros habían sido deportados de Chile, con base en una nueva ley de migración más estricta que el presidente Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa».

«Queremos que Chile sea un país abierto con las personas que vienen de forma legal (…), pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, a los que entran sin cumplir nuestra leyes», insistió el mandatario al anunciar la ley.

Visas: Una traba más para los venezolanos

Una de las grandes barreras que limitan a venezolanos para viajar a otros países, o emigrar, es la exigencia de visas. Actualmente, 99 países exigen visado a los venezolanos. La lista está conformada por países de todos los continentes del mundo e islas del Caribe.

Los países de América son los que han implementado el requerimiento de visa más recientemente. 

Canadá, Estados Unidos, México, todos los países centroamericanos, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú y Chile son los países que exigen documentos, como visas y permisos, a los venezolanos para ingresar a sus territorios. 

Los países americanos que empezaron a sumarse a la iniciativa de imponer visados a los venezolanos recientemente empezaron a hacerlo desde 2017. Los costos de las visas oscilan entre 25 y 250 dólares. Algunas son gratuitas, por ejemplo, los permisos que deben tramitarse para ingresar a Colombia. 

 

Esto se debe al aumento del flujo migratorio venezolano. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Migración (OVM), hay 5.093.987 venezolanos que emigraron forzosamente de su país. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos. Según el OVM, alrededor de un millón 800 de venezolanos residen en el país vecino.

América está conformado por 35 estados soberanos y 21 dependencias de otras naciones -islas del Caribe-. Para viajar a ellos, los venezolanos deben tramitar visas para 18 países de la región y siete islas.

Costa Rica es el último país que se sumó a la lista de exigir visa a los venezolanos. Según informaron las autoridades de Migración y Extranjería de Costa Rica, esta normativa entró en vigencia el lunes 21 de febrero.

Un mes antes de que entrara en vigencia el visado para Costa Rica, México también decidió solicitar este requisito a los venezolanos. La medida fue aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumentando que existe un creciente flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacía Estados Unidos.

África es el continente con mayor cantidad de países que exigen visa a los venezolanos para ingresar a su territorio. De 54 países que conforman al continente africano, 31 de ellos exigen visado a los venezolanos.

Suramérica intenta frenar flujo migratorio 

Los países de Suramérica son los que han acogido a mayor cantidad de venezolanos en el mundo. Colombia lidera la cifra con 1.825.687 migrantes en su país. Le sigue Perú con 861.049.

Los principales países receptores han impuesto controles migratorios a los venezolanos para tratar de controlar la cantidad de migrantes que ingresan a sus territorios. Aunque David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, aseguró que para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, no habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana.

 

Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son los países suramericanos que exigen visa a los venezolanos. Colombia por ahora solo exige permisos de permanencia. 

Chile solicita a los venezolanos que tramiten la visa de responsabilidad democrática para poder ingresar a su territorio. Esta permite a los venezolanos obtener una visa de residencia temporal. Se otorga por un año (prorrogable por el mismo período). Tiene un costo de $60. 

Según la página web del Gobierno de Chile, esta visa no puede solicitarse en calidad de turista, porque está orientada a quienes desean radicarse en Chile. Es gratuita. Esta ley entró en vigencia el 15 de junio de 2019.

 

Desde el 26 de agosto de 2019, Ecuador solicita una visa humanitaria a ciudadanos de Venezuela. Se tramita a través de la página web habilitada por el gobierno ecuatoriano. El documento solo se entrega en los consulados de Ecuador en Caracas, Lima y Bogotá. Tiene un costo de $50.

Para ingresar a Perú también se requiere visa humanitaria, solo puede ser tramitada en los consulados de Perú en Venezuela, Colombia y Ecuador.

Desde el 17 de marzo de 2018, Guyana también se sumó a la lista de países que piden visa a venezolanos. En este caso es una visa consultada que cuesta 50 dólares.

Visas para Norteamérica 

Los tres países de Norte América exigen visa a los venezolanos. A Canadá y Estados Unidos se sumó recientemente México.

Los venezolanos que deseen viajar a Canadá deben solicitar una visa turística. La visa de turista tiene una duración de 5 años y permite al titular permanecer en Canadá por 180 días seguidos tras cada entrada al país. Esta tiene un costo de $100 canadienses.

En el caso de Estados Unidos, los venezolanos que estén interesados en entrar al territorio deben tener aprobada una visa B2. Tiene un costo aproximado de $160 estadounidenses. Debido a que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dejó de estar presente en 2019, los venezolanos deben tramitar esta visa en cualquier otra embajada del país norteamericano en el mundo. 

Hasta diciembre de 2021, la Embajada estadounidense ubicada en Bogotá informó que sus servicios de visa de no inmigrante siguen restringidos debido a la pandemia del COVID-19. Únicamente tramitan visas de estudiantes, de intercambio y basadas en empleo. 

 

En el caso de México, la nación decidió, desde el 21 de enero de 2022, exigir el documento a las personas procedentes de Venezuela que quieran viajar por turismo, tránsito, negocios, estudios y actividades deportivas. 

México es una de las rutas principales con las que Venezuela ha mantenido vuelo directo desde que se impusieron las restricciones de vuelo como medida contra la pandemia de COVID-19. Muchos venezolanos utilizan esta ruta como conexión a otros destinos para los que no hay vuelo directo.

Centroamérica cierra por completo las puertas a venezolanos

Los siete países que conforman Centroamérica también exigen algún tipo de visado a los venezolanos.

Al igual que en el caso de México, República Dominicana es una de las principales rutas que los venezolanos utilizan para hacer conexión a otros países que no cuentan con vuelo directo. 

Desde diciembre de 2019, los venezolanos requieren visa para ingresar al territorio dominicano. Esta se tramita a través del Consulado de República Dominicana. El trámite tiene un costo de 100 dólares para una entrada al país o de 150 para múltiples entradas.

El Pitazo reseñó que el 27 de enero se acordó en un gabinete imponer visa a los venezolanos para que puedan ingresar a Belice. “Aún se desconocen los términos del nuevo requerimiento y cuándo entrará en vigor. Así, Belice se suma a la lista de países que impone el requisito de visa a los venezolanos”, señaló.

 

Por otro lado, Costa Rica anunció que a partir del próximo lunes 21 de febrero solicitará visa a los venezolanos, para garantizar una migración ordenada y segura. 

El Gobierno de El Salvador también exige visas para los venezolanos. Tiene un costo de 40 dólares y son tramitadas a través del consulado de El Salvador en Caracas. Los pasaportes de los venezolanos deben tener una validez mínima de 3 meses a la entrada así como tener la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla.

Desde el 17 de marzo de 2018, Guatemala también impuso este control migratorio, solicitando a los venezolanos, que para entrar en su territorio, tramiten una visa que tiene un costo de 50 dólares.

Según Proiuris, la Cancillería hondureña implementó en noviembre de 2017 una visa para los venezolanos que deseen entrar al país centroamericano. Se alegó el principio de reciprocidad, puesto que Venezuela también exige visado a los ciudadanos hondureños. Tiene un costo de 100 dólares.

Panamá también es otro destino para el que los venezolanos requieren visa desde el 23 de agosto de 2017. Panamá no presenta opciones de visas humanitarias para los migrantes venezolanos. Según Proiuris el trámite tiene un costo de $60.

Desde el 11 de enero de 2021, los venezolanos deben presentar una visa consultada de categoría “C” para ingresar a Nicaragua.

Madre de bebé asesinado en Trinidad y Tobago fue llevada a declarar en delicadas condiciones de salud
La madre del menor fue operada el pasado jueves, 17 de febrero, en uno de sus hombros luego de que ella también recibiera un disparo

Darielvis Sarabia, madre de Yaelvis Santoyo Sarabia, niño de un año que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, fue llevada a declarar en delicadas condiciones de salud.

Según una nota del medio Trinidad Express, la mujer, en lugar de poder acudir a darle el último adiós a su hijo, fue detenida por la policía para ser interrogada después de ser dada de alta de Hospital Distrital de Sangre Grande.

A juicio de la activista de los derechos humanos Yesenia González, la decisión de la policía de no llevar a la mujer al funeral el viernes fue una “crueldad con un ser humano” cuyo bebé “dio su último aliento en sus brazos”.

También, dijo que se cree que la misma bala que mató al niño fue la que hirió a su madre mientras lo acunaba.

“Ese mismo día que le dieron el alta hospitalaria fue el mismo día que enterraron a su hijo pero en lugar de llevarla al funeral, la llevaron a la comisaría. Eso es crueldad con los humanos”, dijo González.

 

González cuestionó la decisión de la policía de negarle a una madre la oportunidad de asistir al funeral de su hijo y, en cambio, detenerla para interrogarla. Además, recordó que recién el día anterior Sarabia había sido operada.

La madre del menor fue operada el pasado jueves, 17 de febrero, en uno de sus hombros luego de que ella también recibiera un disparo cuando la Guardia Costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra un grupo de migrantes venezolanos.

Declaraciones del padre del niño

Yermi Santoyo, padre del bebé venezolano que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, pidió ayuda a los medios internacionales para que se hagan eco de este hecho.

En un video difundido en redes sociales, Santoyo expresó: «No respetan el dolor que tenemos. La llevaron a Sangre Grande al módulo policial, luego se sintió muy mal y la trasladaron otra vez al hospital».

Dijo que después de aplicarle los medicamentos, la llevarían de nuevo al módulo policial y que esta dormiría en una silla.

«Mi esposa no es ninguna delincuente para que me la tengan así. Más bien nosotros somos agredidos por Trinidad. ¿Qué más quieren ellos? Me mataron de mi hijo. ¿Qué más quieren de mí? Que me maten a mí, a mi esposa y a mi hija y se acaba el problema, porque estamos sufriendo demasiado», acotó.

*También puede leer: Exigen a la OEA que inicie una investigación por el asesinato del bebé en costas de Trinidad y Tobago

Entierran al bebé venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago
«Yoelvis es la mayor expresión del drama migratorio. QEPD», dijo el comisionado David Smolansky

 

Ese viernes, 18 de febrero, el Comisionado de la OEA para la crisis de los migrantes, David Smolansky, informó que hoy sería el entierro del bebé de un año y cuatro meses, Yoelvis Santoyo Sarabia, quien falleció en los brazos de su madre, cuando la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó en repetidas oportunidades a la embarcación en donde se ambos se trasladaban. 

A través de su cuenta en Twitter, Smolansky, indicó que aún la madre del menor sigue recuperándose en un hospital de la isla. 

«Yoelvis es la mayor expresión del drama migratorio. QEPD», dijo el comisionado. 

A través de las redes sociales, se difundieron imágenes del sepelio del bebé. Un pequeño ataúd blanco, con muchos globos blancos, en donde estuvieron presente varios medios locales de Trinidad. 

El feretro fue recibido por el padre del niño, quien en días pasados comentó que había mandado a buscar a su esposa y a su hijo para darles una mejor calidad de vida en dicho país, pero lo que consiguió fue la tragedia. 

Insisten en que fue un accidente

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, dijo este miércoles, 9 de febrero, que la muerte a tiros de un bebé venezolano por la Guardia Costera fue «un accidente».

Rowley afirmó en su cuenta oficial de Facebook que los miembros de la Guardia Costera estaban cumpliendo «órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales». 

La Guardia Costera justificó que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaban en un intento de detener a los migrantes y en «defensa propia», alegando que habían intentado «embestirlos».

Exigen que se investigue el hecho 

Este martes, 8 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades de Trinidad y Tobago a investigar y sancionar a los responsables de la muerte del bebé venezolano causada por la Guardia Costera de ese país.

«CIDH llama al Estado a continuar con una investigación pronta y exhaustiva sobre la muerte de un bebé migrante de Venezuela por disparos durante un operativo de la Guardia Nacional, el 5 de febrero; sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares», dijo la organización a través de su cuenta en Twitter.

El 12 de febrero, el diputado del Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, pidió a la Unión Europea (UE) condenar el asesinato del bebé venezolano por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. 

«¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y su embajador en Trinidad y Tobago para condenar y evitar que hechos como este se repitan?», escribió el eurodiputado a través de su cuenta en Twitter.

Runrunes de Bocaranda: MEDIO – ¿INHABILITACIONES A GUAIDÓ Y SU GENTE?

¿INHABILITACIONES A GUAIDÓ Y SU GENTE?

La Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez está discutiendo una serie de inhabilitaciones a Juan Guaidó y los diputados que participaron en la Asamblea Nacional que él presidió. Es una segunda revancha contra los diputados que fueron electos en la última contienda electoral, la Cuarta Asamblea, democráticamente electa de 2016 a 2021. Un número de 100 diputados y sus suplentes estarían a punto de ser inhabilitados por 10 años. Otra manera de acabar con el ejercicio político de quienes se oponen al madurismo-chavismo. Otra versión tropical del accionar del incestuoso dictador nicaragüense Daniel Ortega en Nicaragua cuando modificó la Asamblea Nacional y apresó a los opositores.

LOS ROQUES

Desde 2004, las construcciones están prohibidas en el parque nacional porque desde ese entonces estaría al límite de su capacidad de carga. Pero en los últimos años se han levantado nuevas edificaciones con la venia de la administración de Nicolás. Aunque existe un marco legal que protege al archipiélago, estos desarrollos turísticos lo han ignorado y ponen en riesgo fauna y flora en mar y tierra. Solo basta ver las imágenes satelitales cualquier fin de semana para apreciar la cantidad de yates y aviones que inundan los otrora protegidos islotes.

RASPAR LA OLLA POR TODOS LADOS

Como dice el viejo refrán popular: “lo que haces con las manos lo destrozas con los pies…”, así pasó con lo que han tachado de “madrugonazo en la Asamblea Nacional”.

Pues sí, el caso es patético y luce como un autogol del gobierno desde esa instancia contra lo que en su momento fue percibido como un signo positivo: la reducción del encaje legal bancario que dio por unos días cierto aire de esperanza a la paupérrima economía madurista.

Los pragmáticos se opusieron, pero fueron derrotados cuando desde la Asamblea propusieron y aprobaron el impuesto a las “grandes transacciones financieras” pechando a quienes utilicen el dólar en sus transacciones comerciales.

En un momento pensaron en imponer el 20 % pero al final se tranzaron por el 3%. Modificaron los primeros bosquejos que así lo contemplaban, pero sin embargo el manejo, de lo decidido como obligatorio, lo que ha traído es confusión y quejas del público consumidor. ¿Puede una simple operación comercial de 20, 50 o 100 dólares considerarse una “gran transacción financiera? Ello demuestra que el gobierno es una colcha de retazos donde se hace permanente una lucha entre pragmáticos y radicales como bien lo ha descrito el economista Socias López desde hace años. El refrán de “raspar la olla” tiene ejemplos diarios en el régimen que gobierna.

Un par de camaradas, venidos del viejo Partido Comunista (PCV) han influenciado a muchos de sus colegas, entre ellos los advenedizos de reciente incorporación (tras aquel regalado viaje a Europa con la muy fotografiada escena a las afueras de una costosa camisería francesa repartiéndose las compras que como premio tuvieron por parte del régimen de Maduro) sin una creíble elección con todas las legalidades del voto.

EL BEBÉ QUE MATARON LOS MILITARES DE TRINIDAD Y TOBAGO

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuatro de sus principales agencias expresaron su “consternación” por el fallecimiento de un bebé migrante venezolano, durante en una interceptación en el mar frente a la costa de Trinidad y Tobago por una lancha patrullera de ese país.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentaron profundamente la tragedia en un comunicado conjunto. “Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

El caso es uno más de los sucedidos en estos últimos años por el masivo éxodo de venezolanos ante el derrumbe de las más precarias condiciones de vida en nuestro país. El gobierno de Trinidad señaló desde el primer momento que su moderno barco patrullero había disparado contra la precaria embarcación cargada de venezolanos “ en defensa propia pues los iban a atacar”. Son ya demasiados los compatriotas muertos buscando “un mejor futuro para sus hijos”.

Así está nuestra Venezuela hoy…

Podcast | Tres en uno: Koki creció alimentado por políticas erradas, la historia de Trinidad contra migrantes y la fiesta en el Tepuy

En el episodio 153 de este podcast informativo, tres grandes reportajes destacaron esta semana por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

 

Por Runrun.es destacó el trabajo “El Koki” creció alimentado por políticas erradas de seguridad. Acusado de homicidios, secuestros, robos, extorsiones y narcotráfico, “El Koki” se convirtió en uno de los delincuentes más escurridizos para el gobierno venezolano.

Mira lo que nos pasó: la historia reciente de Trinidad y Tobago contra los migrantes venezolanos, es el reportaje que destacó por TalCual. La tragedia de Yaelvis Santoyo Sarabia, el niño de apenas 1 año asesinado por miembros de fuerzas de seguridad de Trinidad y Tobago, desnuda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes abandonan Venezuela en busca de un mejor futuro.

¿Cómo se preparó la fiesta en el Tepuy Kusari?, es el reportaje destacado por El Pitazo. La celebración del cumpleaños del empresario Rafael Oliveros Russián en la cima del Tepuy Kusari en Canaima causó indignación entre organizaciones ambientalistas que denunciaron violaciones al ecosistema nombrado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco en 1994.  

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Exigen a la OEA que inicie una investigación por el asesinato del bebé en costas de Trinidad y Tobago
Otra de las exigencias que realizó Tarre Briceño es que se ofrezca una explicación detallada sobre el estado actual de la madre de la víctima, la Sra. Darielvis Sarabia

 

El representante Permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), designado por la Asamblea Nacional electa en 2015, Gustavo Tarre Briceño, hizo un llamado urgente a la Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos del organismo, Tania Reneaum Panszi por el fallecimiento del niño venezolano, Yaelvis Santoyo Sarabia, y  las heridas sufridas por su madre, Darielvis Sarabia, cuando fueron interceptados por parte la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Tarre Briceño enfatizó a través de un comunicado que en la embarcación donde ambos se encontraban fue atacada sin que se tomaran en consideración todas las previsiones de protección a migrantes.

En ese sentido, el representante de Venezuela ante la OEA hizo varias exigencias a Reneaum Panszi por la actuación de la guardia costera de Trinidad y Tobago en el asesinato del bebé venezolano. 

«Se exige que se inicie una investigación que permita esclarecer los hechos que dieron lugar a que se abriera fuego contra la embarcación, especialmente en relación con el uso de la fuerza, los daños a la embarcación y el tratamiento que hayan recibido los demás pasajeros», se lee en el texto.

Otra de las exigencias que realizó Tarre Briceño es que se ofrezca una explicación detallada sobre el estado actual de la madre de la víctima, Darielvis Sarabia.

También le solicita a la CIDH tome nota de esta trágica situación y, si se considera pertinente, emita un pronunciamiento público a través de un comunicado de prensa donde lamente la muerte del niño Yaelvis Santoyo Sarabia.

El representante de Venezuela ante la OEA exhortó a que el comunicado sea oficiado a la Relatoría para Migrantes y Refugiados, la Relatora país para Venezuela y el Mecanismo Especial para Venezuela (MESEVE).

ONSA calificó de desproporcionadas las acciones de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago
La Organización exhortó a las autoridades venezolanas a exigir una investigación que dé con los responsables de la muerte del bebé

 

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela (ONSA), catalogó como desproporcionadas las acciones del buque de guerra «TTS SCARBOROUGH» de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en contra de una embarcación venezolana en la que un bebé falleció producto de un impacto de bala y su madre resultó gravemente herida. 

La ONSA no solo condenó la acción, también exaltó la importancia de que las autoridades venezolanas ejerzan todos los mecanismos para investigar el caso y accionar las responsabilidades correspondientes.

En una rueda de prensa que con la participación del abogado Francisco Villarroel Rodríguez, consultor jurídico de la organización y especialista en Derecho Marítimo e Internacional, explicó que «el buque de guardacostas es, dentro del marco del Derecho del Mar y el Derecho internacional, buque de guerra, tiene los símbolos de ese Estado, está armado, tiene funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la soberanía, y hay antecedentes en el derecho internacional en cuanto a las responsabilidades que pueden surgir en estos casos, de paso inocente, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, porque tiene que haber una proporcionalidad”.

“Lo que dice el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, no tiene asidero en el derecho internacional. Es una irresponsabilidad, porque ya hay decisiones incluso de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, que es evidente en este caso. Era un peñero que, incluso en el reporte que hicieron no indican que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde”, dijo Villarroel.

De acuerdo con Villarroel estos casos no prescriben, por tratarse de acciones que van en contra de los Derechos Humanos, por lo tanto, podrán ser investigados y establecer responsabilidades en cualquier momento.

Corresponde al Estado venezolano, en las relaciones entre Estados, exigir que se abra una investigación, se determinen las responsabilidades y también, como toda responsabilidad cuando no se puede retro traer a un estadio anterior, que paguen los daños que hayan causado, que si bien no constituye un consuelo para los familiares, sí representa un precedente para evitar que se repitan estas acciones.