Precisaron la presencia de 3 grupos armados irregulares que mantienen el control del paso migratorio y el tráfico de personas desde el oriente del país
La ONG Fundaredes denunció el 17 de abril que los estados Delta Amacuro, Falcón y Sucre se han convertido en los puntos donde se evidencia las redes de tratas de personas que afectan a los migrantes venezolanos.
«Desde el Caribe los traficantes enlazan con otras redes internacionales que operan en América del Norte y Europa. (…) En marzo de 2023, las autoridades de España liberaron a mujeres venezolanas menores de 25 años de edad que fueron engañadas para llegar a ese destino», recopiló la ONG en su boletín #43 publicado el lunes pasado.
Afirmaron que el Sindicato de Barrancas, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Los Pata de Gomas son los grupos armados irregulares que controlan el tráfico fluvial desde el desde el sur del estado Monagas hasta el Delta del Orinoco y el paso fronterizo marítimo hacia Trinidad y Tobago.
«El Sindicato de Barrancas opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror». Los Pata de Gomas actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar. Su forma operativa comienza con el reclutamiento, seduciendo con dinero rápido y teléfonos celulares a jóvenes y niños; también ofrecen incentivos económicos a las familias, al tiempo que los coaccionan para que no revelen los hechos», precisó el documento.
La ONG denunció que los funcionarios públicos tienen conexiones con los grupos armados en las zonas costeras fronterizas ya que «hacen el trasbordo de las víctimas en pleno altamar sin medidas de seguridad para evitar ahogamientos o naufragios».
Desamparo estatal
La ONG denunció que el Estado ha mostrado una «gran indiferencia» ante las denuncias que se realizan sobre redes de trata y tráfico de personas en el país, especialmente, en los estados fronterizos.
«El Estado venezolano ha mostrado una gran indiferencia ante el tráfico de personas que a diario suceden en los estados costeros o con salida al mar, así como en las entidades fronterizas, pues a pesar de las denuncias realizadas ante las diferentes instancias, la respuesta ha sido prácticamente nula», señaló.
Reiteraron que las instituciones del Estado están en «la obligación constitucional, humanitaria y en correspondencia con los estándares internacionales de impedir que estos crímenes sucedan».
«La movilización (migratoria) masiva de personas ha sido aprovechada por grupos organizados y bandas criminales para cometer todo tipo de delitos, entre ellos la captación de migrantes, bien sea bajo engaño o intimidación, para ofrecerlos a redes de tráfico de personas», añadió el documento.
Fundaredes denunció que la comunidad internacional ha presionado al Estado venezolano de disminuir las redes de tráfico de personas en su territorio desde el 2019.
«Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos que operan en su territorio de manera impune y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a profesionales médicos cubanos en busca de indicadores de tráfico o trata de personas», cita la ONG a la Embajada de EEUU en Venezuela.
«Los tratantes de personas han cometido delitos de explotación contra víctimas venezolanas en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Macao, México, Panamá, Perú, España, Surinam y Trinidad y Tobago. Tanto mujeres como niñas venezolanas fueron particularmente vulnerables al tráfico sexual en Colombia y Ecuador», agregó.
Mujeres y niñas, las más vulnerables
La ONG Mulier Venezuela reveló que un total de 1.390 venezolanas, entre ellas 284 niñas y adolescentes, fueron rescatadas de redes de trata de personas en 2022 en un informe publicado hace 3 semanas.
De acuerdo con la organización, la cantidad de menores rescatadas se duplicó en 2022. Estos hechos dejaron un saldo de 502 detenidos, entre ellos dos funcionarios policiales, según Mulier Venezuela.
