torturas

Según la ONU, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia, violando derechos humanos con actos de torturas y violencia sexual

 Palizas, descargas eléctricas, asfixia y otros métodos de torturas son aplicados por el Sebin y la Dgcim, según la Misión de la ONU

Este martes, 20 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), organismos de inteligencia del Estado, fungen «como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad». 

La Misión en su informe analizó las cadenas de mando y las responsabilidades por las violaciones y los delitos cometidos y en ambos centros de detención, se determinó que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir y violar derechos humanos a través de torturas y violencia física y sexual. 

A continuación,  las claves del informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos dos organismos de seguridad: 

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM entre 2017 y 2019. Los períodos de mayor incidencia de estos actos fueron 2018 y 2019.

Según el informe de la Misión, Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, «ordenó torturas tanto físicas como psicológicas«, manteniendo a las personas detenidas en completo aislamiento, lo que se conoce internamente en la DGCIM como la “psicología del olvido”.

Esto consistía en proporcionarle a la persona detenida una hidratación y alimentación mínimas, prohibirle el contacto con sus familiares y ordenarle que durmiera en el suelo bajo una iluminación constante.

El informe señaló que casi todos los actos de tortura se llevaron a cabo en la sede de la DGCIM en Boleíta durante los interrogatorios. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Algunas personas detenidas también fueron torturadas en períodos posteriores de detención en Boleíta, generalmente con el fin de extraer nueva información o para castigarlas.

La Misión informó que no solo se realizaban actos de tortura para demostrar el control de la DGCIM sobre las personas detenidas, sino también para «extraer una confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar».

Los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM también maltrataban a las personas detenidas para extraer las contraseñas de sus teléfonos, redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias, a veces para robarles dinero.

El documento detalló que, en casi todos los casos, las personas detenidas permanecían encapuchadas durante las sesiones de tortura, pero en ocasiones podían reconocer a sus torturadores por la voz o por el olor.

En algunos casos, las víctimas fueron testigos presenciales de actos de tortura infligidos a otras personas detenidas, pudiendo observar estos actos a través de las grietas bajo las puertas de las celdas. 

Violencia física 

La Misión tiene información sobre patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la DGCIM, tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

• Fuertes golpes con bates y objetos punzantes.
• Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo.
• Asfixia con sustancias tóxicas y agua.
• Cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas.
• Esposas excesivamente apretadas.
• Posiciones de tensión conocidas como “el pulpo” y “crucifixiones”.
• Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.

Violencia sexual y de género

• Violación con objetos.
• Amenazas de violación.
• Desnudez forzada, incluso durante actos de tortura.
• Golpes dirigidos a los genitales.
• Descargas eléctricas en los genitales.

Condiciones de detención

• Privación de alimentos y agua.
• Comer del suelo.
• Iluminación constante u oscuridad constante.
• Calor o frío extremos.
• Falta de acceso a los aseos.
• Denegación de tratamiento médico.
• Alimentación forzada de heces y vómitos.

Violencia psicológica y otros

• • Amenazas de muerte y de violación hacia la víctima y a sus familiares.
• Simulación o tortura real de otras personas detenidas.
• Períodos prolongados de aislamiento y confinamiento solitario.
• Administración de drogas supuestamente para obtener confesiones.
• Amenazas con animales vivos, incluso con perros.

Celdas de torturas

La sede de la DGCIM se encuentra en Boleíta Norte. Según la Misión,  todos los sectores del Sótano 1 de la DGCIM, eran totalmente herméticos y no tenían luz natural.

Las celdas no tenían ventanas, sino un agujero en la puerta por donde se pasaba la comida. A través de ese agujero, los detenidos podían ver a otros detenidos, encapuchados, que eran llevados hacia o desde las sesiones de tortura.

La celda 4, denominada el “Cuarto de los Locos”, se utilizaba como zona de castigo y tortura. La celda mide unos 2 x 2 metros y no tiene fuente de luz ni de agua, mientras que sus paredes están cubiertas con colchones. Varios testigos le dijeron a la Misión que las condiciones en la celda eran extremadamente duras.

La Misión también recibió información sobre una celda a la que se referían como la “Nevera”, donde constantemente soplaba aire acondicionado muy frío, y donde al menos, un detenido pasó varios meses.

La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1: el “Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados.

El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También, se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta.

Otros abusos y sus consecuencias

La Misión informó en su más reciente informe que estos tratos crueles de torturas han provocado lesiones físicas graves y permanentes en las víctimas.

Los casos identificados por la Misión incluían la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas (tales como daños permanentes en los testículos), un embarazo perdido, sangre en la orina y costillas rotas, entre otros. 

Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión. Las personas detenidas declararon sufrir estrés postraumático y tener pesadillas recurrentes. Al menos tres personas intentaron suicidarse durante su detención.

En varios de los casos investigados por la Misión, las víctimas no fueron llevadas a un profesional médico antes de su comparecencia inicial ante el tribunal. Los profesionales médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) evaluaron a las personas detenidas y certificaron que estaban en buen estado físico, a pesar de que tenían lesiones visibles.

En algunos casos, las evaluaciones forenses se hicieron días o meses después de que se llevara a cabo la tortura y cuando las heridas ya se habían curado. Esto incluye a un detenido que no recibió atención médica hasta varios meses después de haber sido torturado.

En otros, las personas también fueron sometidas a castigos severos mientras esperaban el juicio, incluidas represalias en caso de que se quejaran. Las personas detenidas también sufrían este tipo de maltrato si otras personas eran sorprendidas infringiendo las normas.

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Entre enero 2021 y enero 2022, el Instituto Casla reseñó 18 nuevas incidencias de personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, torturas, violencia sexual

El instituto Casla, organización dedicada al estudio de América Latina y la observación de los derechos humanos en la región, presentó en el mes de marzo un informe enfocado en el registro de los hechos ocurridos durante el año 2021, el cual reseñó tratos crueles, torturas y violaciones a los derechos humanos en al menos 55 personas detenidas en Venezuela. 

Este 18 de mayo, la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju y el expresidente español Felipe González, presentaron el informe en ese país.  En el marco de la exposición, insistieron en que el régimen de Maduro sigue cometiendo delitos de lesa humanidad.

En el período comprendido entre enero 2021 y enero 2022, el Instituto Casla reseñó 18 nuevas incidencias de personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, torturas, violencia sexual «en el marco de la represión sistemática que el Estado venezolano lleva a cabo contra la población civil y contra oficiales de la fuerza armada que se han manifestado de alguna manera en contra de la opresión».

El informe apuntó que han recibido testimonios de víctimas cuyas edades oscilan entre los 13 y los 70 años, que han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas para inducir su confesión.

Entre los nuevos métodos de torturas que expone el informe destacan:

• Azotes con una cabilla (barra de metal) en las piernas, pies, zona lumbar y costillas, azotes con cables de electricidad en todas partes del cuerpo, en especial en los pies y en las costillas.
•  Sujetar a la víctima con una cuerda, cable o soga, atándolo de pies y manos, y en algunos casos del cuello a un punto fijo, como una columna, de tal manera que si la víctima trata de sentarse o agacharse se puede asfixiar.
• Sumergir a la víctima desnudo en un pozo helado por tiempo prolongado hasta causarles síntomas de congelamiento.
• Introducir una cuchara en la nariz y en las orejas que les causan lesiones sangrantes
•  Uso de sustancia irritantes aplicada a la piel, incluyendo en heridas abiertas y sangrantes, que causa quemaduras y descamación de la piel
• Inyecciones de sustancias desconocidas que provoca alucinaciones, alteración del ritmo cardíaco, descritas por exfuncionarios como sustancias que alteran el sistema nervioso que hacen que las víctimas comiencen a sudar, a decir cosas sin sentido, o repetir palabras que los victimarios los inducen a decir.
• Juegos de guerra y simulacros de fusilamiento: víctimas sometidas a lo que han descrito como juegos de guerra, para el goce y disfrute de quienes las ejecutan.
• Arrastrarlos atados de pies y manos como rehenes encapuchados y desnudos, mientras permanecen esposados y encapuchados, para simular una ejecución; jugar a la ruleta rusa con ellos mientras los demás funcionarios observan sonrientes.

Cuerpos de seguridad victimarios

Durante el año 2021, el informe indicó que 55 personas (32 civiles y 23 militares, de los cuales, 43 eran hombres, 10 mujeres y 2 menores de edad) fueron víctimas de torturas físicas y/o psicológicas, torturas blancas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El informe también señala que, en al menos 12 incidencias, los crímenes fueron cometidos por funcionarios de la Dgcim, en tres de ellas, que involucra a siete víctimas, intervino la GNB, 13 fueron víctimas del Sebin y en al menos seis casos intervino el Cicpc y las Faes. 

El informe también expone que las víctimas «han sido esposadas fuertemente y encapuchadas por horas o días». Han recibido golpes y/o puntapiés en todo el cuerpo. Han sido colgadas de una polea o barra fija y asfixiadas con bolsas plásticas que contenían productos tóxicos, como polvo de gases lacrimógenos, insecticidas o amoniaco.

En al menos diez incidencias, las víctimas fueron objeto de descargas eléctricas realizadas con cables y baterías de automóviles o con picañas eléctricas. También, han sido sometidas a temperaturas extremas, bien sea porque fueron continuamente bañadas con agua muy fría durante horas o días o para no dejarlos dormir.

Entre los funcionarios señalados como los jefes inmediatos y los ejecutores de crímenes de lesa humanidad descritos en este informe destacan: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, Carlos Terán Hurtado, Manuel Christopher Figuera, entre otros. 

*Puede leer el informe completo AQUÍ

La ONG detalló que en la audiencia de presentación, el capitán denunció las torturas y se declaró inocente, pero la respuesta de la jueza fue que esos tratos no eran de su incumbencia

La ONG Defiende Venezuela denunció que han pasado cuatro años desde que la División de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”) detuvo al capitán de navío Luis De la Sotta por los delitos de instigación a la rebelión y traición a la patria.

Defiende Venezuela afirmó mediante un comunicado que el capitán De La Sotta es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. 

«Desde su reclusión en el DGCIM de Boleíta, fue aislado, con restricción de alimentos, sin aseo personal y presentado a los tribunales cuatro días después de su detención sin que la familia tuviera conocimiento de dónde estaba», se lee en el texto.

La ONG detalló que en la audiencia de presentación, el capitán denunció las torturas y se declaró inocente, pero la respuesta de la jueza fue que esos tratos no eran de su incumbencia y fue devuelto a los sótanos de la Dgcim. 

El capitán de la estuvo aislado 32 días en el “cuarto de los locos”, durante este tiempo «fue golpeado con palos de madera entre cuatro torturadores, quienes además le aplicaron asfixia mecánica con una bolsa plástica, electrocución y polvo lacrimógeno en los ojos», denunció Defiende Venezuela.

Según la ONG, el capitán  pasó tres meses en una celda hincado, con la puerta cerrada, «recibiendo escaso alimento a través de una ventanilla, sin ver la luz del sol, sin actividad física ni intelectual, con una luz artificial encendida día y noche». Añadueron que hasta el mes de septiembre, cuando le facilitaron acceso diario al baño, solo le permitían asearse los sábados.

Defiende Venezuela enfatizó que el capitán Luis de la Sotta necesita atención médica especializada, pues a más de tres años de su detención, un médico forense, sin practicarle los exámenes de laboratorio para su evaluación, determinó que se encontraba bien. 

Actualmente,  como consecuencia de las torturas recibidas y las condiciones insalubres de detención, el Capitán De La Sotta se contagió de COVID19, sin que le fuera suministrada atención médica.

Solicitudes ignoradas

El Instituto Casla denunció la persecución, detención arbitraria, desaparición forzada temporal, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del funcionario militar.

El Cónsul del Perú en Caracas ha enviado numerosas notas consulares al régimen venezolano, reiterando su preocupación por De La Sotta y solicitando su respectiva repatriación al Perú.

La Organización de los Estados Americanos se pronunció sobre el caso en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicadas el 3 octubre del 2018, exigiendo la libertad del capitán.

La organización @COPPPAL solicitó información a las Oficinas de La Alta Comisionada y el Presidente de la Asamblea Nacional, sin respuesta, demandan protección para su integridad física y mental. #LibertadParaDeLaSotta pic.twitter.com/lf9HLUhje0

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) March 11, 2022

La @OEA se pronunció con el caso del Capitán De La Sotta en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicadas el 3 octubre del 2018, exigen al igual que nosotros #LibertadParaDeLaSotta pic.twitter.com/BixzE8Q4KI

— Defiende Venezuela (@DefiendeVE) March 11, 2022

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Carlos Marrón Colmenares fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes luego de ser detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dgcim, quienes lo torturaron

Foto: AP

@ValeriaPedicini

Una llamada lo cambió todo. Carlos Marrón Colmenares estaba en Florida, Estados Unidos, cuando un familiar se comunicó con él para decirle que su padre había sido secuestrado. No hubo mucho que pensar. El teléfono había sonado el 10 de abril de 2018 y ya al día siguiente estaba pisando el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela, con la intención de lograr la liberación de su padre. 

Al principio, la familia Marrón pensó que el secuestro se trataba de un acto delictivo ordinario; que negociar una liberación segura y pagar un rescate sería suficiente para tenerlo de vuelta. Pero al llegar a Maiquetía, tras siete años fuera del país, Carlos entendió que las cosas no serían como había planeado. 

Según el acta de investigación de la Dgcim, Marrón era el propietario de DolarPro.com, un portal web que se encargaba de publicar el tipo de cambio del bolívar por dólares en el mercado negro. Pero para el cuerpo de seguridad del Estado el sitio web estaba “encargado de desestabilizar la economía del país con precios irreales del papel moneda dólar”. El informe llegó a la conclusión legal de que el abogado estaba violando la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

Tras varias horas en el lugar, el Director de Operaciones Especiales de la DGCIM comenzó con el interrogatorio alrededor de la medianoche. Al abogado le exigían que declarara su vinculación con Dolarpro por supuestos ilícitos cambiarios. 

Carlos se negó. Y ahí vinieron las torturas. 

Le dieron puñetazos, patadas, golpes con tablas de madera mientras tenía los ojos vendados. Con una porra de metal también le golpearon los hombros, las rodillas y en la planta de los pies. 

Lo asfixiaron con una bolsa de plástico; le pusieron una capucha en la cabeza y la empaparon con agua para crear la sensación de que se estaba ahogando. 

Al día siguiente, las torturas seguían. Después de varias horas de golpizas y maltratos, Carlos accedió a firmar un documento en el que aceptaba la responsabilidad por los hechos que se le habían imputado. Los efectivos también lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias. Durante los días siguientes retiraron más de 100 mil  dólares de varias de sus cuentas.

La noche del 12 de abril, al día siguiente de que se produjera la detención del abogado, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, declaró por televisión para asegurar que Marrón era el propietario de una “página al margen de la ley”. Se refirió a él como “un verdadero delincuente” a quien “no le ha importado poner el dólar paralelo a precio casi terrorista”. 

William Saab dijo que el “objetivo central” de la página web era promover el “terrorismo financiero” y la “especulación cambiaria” para “destruir la moneda venezolana”.

En unas de las sesiones de interrogatorios, a Carlos le preguntaron si su padre necesitaba una medicina especial porque parecía estar al borde de la muerte. Ahí fue cuando supo que su padre había sido secuestrado por la Dgcim para obligarlo a regresar al país. Su padre fue liberado cuatro días después de su arresto. 

Los dos primeros días fueron los más duros. Pero luego Carlos fue trasladado a una celda conocida como “el cuarto de los locos” y recluido en un espacio de menos de 2 x 2 metros, sin acceso al baño, que compartía con otros dos presos. Él lo describió como una “tortura suave”, confinamiento en una celda estrecha con varias personas. 

Tras más de un mes, fue trasladado de nuevo a la sede de Boleíta y permaneció incomunicado durante unos dos meses, sin acceso a abogados ni familiares.

Ahí estuvo detenido en una celda subterránea que tenía iluminación artificial las 24 horas del día, sin ventilación ni ventanas. En ese tiempo, solo lo dejaron salir al exterior en dos ocasiones.

Crímenes de lesa humanidad 

El caso de Carlos Marrón Colmenares fue mencionado en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado en septiembre de 2020, en el que los expertos dictaminaron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El documento señala que se investigaron casi 3.000 casos y se analizaron más de 5.000 asesinatos. Fue así como concluyeron que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia venezolanas.

Específicamente, la Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas. Y en unos pocos casos, los agentes arrestaron, detuvieron y torturaron a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación”, reza el documento. 

Su testimonio también fue incluido en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021. 

Irregularidades

Carlos Marrón fue presentado ante la jueza del Tribunal Tercero de Control Penal de Caracas para la audiencia de presentación el 13 de abril de 2018. Antes de salir de la sede en Boleíta, agentes de la DGCIM le obligaron a firmar un documento en el que indicaba que no había recibido maltrato físico, verbal o psicológico.

En la audiencia de presentación, la fiscalía acusó a Marrón de tres delitos: difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, asociación ilícita y legitimación de capitales.

Los expertos especificaron que la fecha de la orden de aprehensión era el 10 de abril de 2018, aunque las cartas que transmitían los documentos de sustento tanto del Ministerio Público como de la Dgcim, tenían la fecha del 12 de abril de 2018. 

La acusación del Ministerio Público del 28 de mayo de 2018 no presentó pruebas con respecto a los cargos de legitimación de capitales y asociación. La audiencia preliminar fue cancelada 22 veces y nunca se celebró.875 

El 2 de agosto de 2018 fue derogado el Decreto de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que tipifica el delito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Días después, la defensa de Marrón presentó una solicitud para su libertad inmediata, argumentando que había desaparecido el fundamento jurídico para su detención. 

Aunque en 2019 le desestimaron los cargos de legitimación de capitales y asociación por falta de fundamento, le mantuvieron los cargos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Así que la Corte de Apelaciones mantuvo la orden de prisión preventiva, ya que el tribunal señaló que el informe de investigación de la Dgcim aportaba pruebas suficientes para sostener esa acusación. 

Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos. 

El abogado le contó a la agencia de noticias AP que no sabe por qué los funcionarios lo dejaron en libertad. Aunque las autoridades lo obligaron a entregar su pasaporte y aceptar no salir del país, Carlos escapó de Venezuela. Manejó hasta la frontera con Colombia, donde funcionarios de Estados Unidos lo reunieron con su esposa y sus dos hijos en Florida. 

El director del FPV aseguró que se sigue materializando las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de provisión de asistencia médica oportuna

El director del Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob Santomé, ofreció el balance del año 2021 sobre la situación de los derechos humanos y de los presos por motivos políticos en Venezuela.

En entrevista con Román Lozinsky para el Circuito Éxitos, Himiob informó que, en materia de violaciones continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos, pero que con la llegada de la pandemia las posibilidades de traslados de las personas eran limitadas y no se han producido manifestaciones políticas, por lo que no se han producido detenciones masivas. Lo que predominó en 2021 fueron las detenciones selectivas.

En ese sentido, resaltó que «la máquina represiva se ha dirigido selectivamente a personas en particular para neutralizarlas en un momento determinado”.

El director del FPV aseguró que se sigue materializando las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de provisión de asistencia médica oportuna.

«A principios de año murió Salvador Franco, el indígena pemón, porque no se le dio atención médica debida, lo mismo habría pasado con Raúl Baduel y otros presos todavía vivos, pero en delicadas condiciones de salud pero no reciben atención médica que necesitan. Es el caso de Javier Tarazona, que tiene cardiopatías importantes, amerita control de insulina y nada de eso le ha sido permitido ahora, por lo que está en situación precaria”, dijo Himiob.

Los números del Foro Penal 

Gonzalo Himiob indicó que desde 2014 hasta la actualidad se han registrado 15.750 arrestos arbitrarios por motivos políticos y tenemos 245 presos políticos al día de hoy: 14 mujeres y 231 hombres. 132 de esos presos políticos son militares y 113 civiles.

«Sigue llamando la atención que de este número, solo 35 están condenados y 210 personas siguen arbitrariamente presas sin haber sido condenadas, es decir, están bajo detención preventiva, lo cual es una grave violación a su derecho. En nuestro país, según las leyes, las personas tienen derecho a ser investigadas en libertad”, señaló. 

El director del FPV afirmó que ha habido una «especie de apuro» por finalizar los pocos juicios abiertos con relación a presos políticos, presionándolos incluso a admitir los hechos.

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«Más del 80% de los condenados han sido llevados a admitir los hechos, bajo la promesa de una supuesta libertad anticipada. Hemos visto un empeño en finalizar esos juicios para mostrar a la comunidad internacional que no eran presos políticos», explicó.

Himiob también aseguró que ha habido una serie de condenas muy puntuales en algunos casos de asesinos significativos políticos de oficiales subalteranos para mostrar que en Venezuela sí se puede hacer justicia contra crímenes y violación de Derechos Humanos, con una intención muy clara: evitar que la investigación de la Corte Penal Internacional prospere.

«Aún así, la situación del sistema de defensa de derechos humanos en Venezuela es muy pobre, en las cárceles tanto los presos políticos como los comunes están en condiciones verdaderamente inhumanas».

Gonzalo Himiob concluyó que en Venezuela sigue estando limitado el derecho a la manifestación. «Por pequeñas que sean las protestas, son inmediatamente reprimidas, hay ataques graves a las organizaciones gubernamentales (…) siguen las torturas, la impunidad sigue siendo la regla en los casos de torturas, desapariciones forzosas, asesinatos, más allá de que haya habido una u otra condena disfrazadas de delitos comunes (…) nunca habíamos estado como estamos ahora en materia de violación de DDHH”, aseveró.

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María Lourdes Afiuni fue detenida de manera arbitraria, recluida en el INOF, enjuiciada y condenada tras haber ordenado la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño

@ValeriaPedicini

La mañana del jueves 10 de diciembre de 2009 parecía igual al resto. La agitación de las primeras horas era la habitual en la casa de María Lourdes Afiuni: levantarse temprano, vestirse sobre la marcha con una taza de café en la mano, intercambiar palabras con sus padres o su hija, ver los minutos que faltaban para salir hacia el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas. 

Lo que la jueza venezolana no sabía es que horas después tomaría una decisión que cambiaría su vida. No sentía un mal presagio, solo una ligera angustia porque sabía que no la esperaba un caso sencillo. 

Afiuni era la titular del Tribunal 31 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas. Esa mañana tenía la audiencia preliminar de un preso por el cual el entonces presidente Hugo Chávez se decía que tenía un interés personal. 

El polémico expediente del banquero Eligio Cedeño tenía 15 días en sus manos, tiempo en el que había estudiado todas las 278 piezas y se había percatado que estaba lleno de vicios e irregularidades. 

La jueza llegó justo a tiempo a los tribunales. Ahí estaban los abogados de la Procuraduría General y de la defensa, pero no los representantes de la Fiscalía. Minutos después, fueron registrados sus ingresos al Palacio, pero no se dirigieron a la sala prevista para la audiencia. 

A los fiscales los ubicaron en el piso de los tribunales de ejecución. Para Afiuni, que estuvieran en un sitio inusual y no presentándose para la audiencia, significaba que se estaban escondiendo. Dio un lapso de espera hasta las 11:30 de la mañana. 

Llegada la hora, se trasladaron a la sala para dejar constancia de que los representantes del Ministerio Público no se habían presentado, así que no se podía llevar a cabo la audiencia. 

Pero la audiencia de Cedeño le pidió a Afiuni que se pronunciara sobre una medida cautelar en razón de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que señalaban que su detención era arbitraria e instaba a juzgarlo en libertad.

Pedían una medida menos gravosa, ya que llevaba dos años y 10 meses en la cárcel sin siquiera haber llegado a una audiencia preliminar. Para esa decisión no era necesaria la presencia de los fiscales. Su defensa argumentó que el retardo procesal era una pena anticipada. 

Cuando se disponían a sacar copias de la acta firmada para que fueran entregadas a las partes, aparecieron los fiscales. Pero ya era tarde: la jueza les dijo que la decisión ya estaba tomada y, si querían, tenían tres días para apelar. La defensa de Cedeño preguntó varias veces si el banquero podía retirarse y la respuesta siempre fue sí. 

Minutos después de haberle dado la libertad condicional, efectivos de seguridad allanaron la sede del tribunal y entraron al despacho de Afiuni para decirle que estaba detenida, junto a todo el personal del tribunal. Algo que no había ocurrido en 50 años de democracia. 

Los funcionarios alegan que actúan por órdenes superiores. Afiuni fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado. Fue esposada, la montaron en unas camionetas negras con vidrios ahumados y la llevaron hasta el Helicoide, sede del Sebin.

Al día siguiente de su detención, el fallecido presidente Chávez calificó a la jueza de “bandida” y exigió una condena de prisión de 30 años, la máxima pena que se impone en el país, por haber “facilitado la fuga” de Cedeño. 

Afiuni fue presentada en tribunales y fue imputada con los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. La fiscal general para ese momento, Luisa Ortega Díaz, declaró que Afiuni habría actuado de manera ilegal y en desconocimiento de la ley al otorgar la libertad condicional a Cedeño.

El 17 de diciembre fue trasladada hasta el Instituto de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.

María Lourdes Afiuni se convirtió en uno de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana. Su caso permite mostrar la ausencia de independencia del sistema de administración de justicia venezolano, así como también la falta de separación de poderes y los abusos en los que incurren los funcionarios de seguridad del Estado. 

La jueza fue recluida en una celda de cinco por cinco metros. No la dejaban recibir sol y sus visitas eran severamente controladas, restringidas y, en ocasiones, prohibidas. 

Por todas estas razones, su salud física y mental se vio comprometida, sobre todo al habérsele negado en principio el derecho a la asistencia médica. 

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza era “arbitrario”, por lo que pidieron su liberación inmediata. Asimismo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni. 

A principios de 2011, la fiscal Luisa Ortega Díaz recomendó dar arresto domiciliario a Afiuni tras inspeccionar el centro de reclusión donde estaba detenida. En junio de 2013, se pidió una medida menos gravosa y la jueza obtuvo libertad condicional con prohibición de salida del país, de hablar a los medios de comunicación internacionales y nacionales y de utilizar sus redes sociales.

El proceso judicial de María Lourdes Afiuni se había iniciado en 2012, pero fue el 16 de mayo de 2019 que se celebró la audiencia de juicio. Sin prueba alguna, el juez Manuel Antonio Bognanno condenó a la jueza a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”. Para ellos, a pesar de no haber dinero a cambio de la liberación de Cedeño, Afiuni aplicó medidas cautelares como un “acto de placer”. El 8 de noviembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena. 

La Dgcim y el Sebin figuran entre los organismos de seguridad responsables de señalamientos por torturas, presiones, agresiones y tratos crueles

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet detalló en un nuevo informe difundido este jueves, 1 de julio, que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro a la población sigue vigente pero, sobre todo, a la disidencia opositora en Venezuela.

Basado en un reporte que abarca desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de abril de este año, el informe resalta que los patrones relacionados con la tortura y los malos tratos por parte de cuerpos de seguridad del Estado persisten, esto tras recibir denuncias creíbles sobre ese tipo de casos e incluso la recepción de informes sobre golpizas, descargas eléctricas, amenazas de violación y violencia sexual.

«El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021», detalló el informe en el apartado relacionado con casos de tortura y malos tratos, en el bloque titulado Derecho a la integridad física y moral.

En la publicación también resaltan que la dinámica y las practicas observadas en informes anteriores sobre tortura o malos tratos generan preocupación.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) figuran entre los organismos de seguridad responsables de señalamientos por torturas, presiones, agresiones y tratos crueles.

De igual manera el informe alude situaciones denunciadas de desapariciones forzadas, detenciones e incomunicación. «En nueve casos documentados por el ACNUDH, las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos».

*Vea el informe completo AQUÍ

*Con información de EP e Infobae

Al hijo de Raúl Baduel, quien presenta «graves lesiones», se le acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria

El opositor Josnars Adolfo Baduel, detenido por la llamada operación Gedeón hace más de diez meses, ha sido sometido a «fuertes torturas» y presenta «graves lesiones», denunció este 11 de marzo su familia.

«(Reitero) las denuncias de las graves lesiones que presenta mi hermano a raíz de las fuertes torturas a las que es sometido», dijo en un video difundido en Twitter la hermana del opositor, Andreína Baduel.

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«Todo lo que suceda (con la familia Baduel) es responsabilidad del régimen de (Nicolás Maduro)», añadió la mujer.

La joven también dijo que la familia recibió en días pasados una fe de vida que tenía como único propósito «intentar demostrar a los organismos internacionales una realidad (de respeto a los derechos humanos) que solamente el régimen se cree».

Además, aseveró que un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) reconoció que Josnars presenta «graves lesiones», pero solo tras apuntar que «son viejas».

«Cosa que es falsa», dijo Andreína. «Si eso es así (que las lesiones son viejas) ¿Por qué nosotros como hermanos no conocíamos de las mismas y por qué la negativa a una atención médica?», prosiguió.

Josnars Baduel fue detenido a inicios de mayo pasado por su participación en un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, ha dicho el Gobierno venezolano.

Se le acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

Según el Ejecutivo, Baduel ya era prófugo de la Justicia tras haber participado en «dos o tres intentonas golpistas» entre los años 2018 y 2019.

Josnars es hijo de Raúl Baduel, un general que fue aliado de Hugo Chávez y está considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002.

Este militar también fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007, pero en 2009 fue enviado a prisión tras ser acusado de corrupción.

Las denuncias de las torturas contra Josnars Baduel se hacen la misma jornada en la que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, aseveró que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela.