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Informe de comisión de DDHH del gobierno de Guaidó registra 22 casos de tortura
Cada uno de los casos cuenta con los relatos de las víctimas, según indicó una integrante del equipo legal del Comisionado 

La oficina del Comisionado para Derechos Humanos (DD. HH.) del gobierno encargado, que preside Juan Guaidó, presentó un informe en el que se evidencia “la flagrante violación al debido proceso y torturas” en 22 casos de militares que documentaron bajo condición de confidencialidad.

Cada uno de los casos cuenta con los relatos de las víctimas, según indicó Daniela Suárez, integrante del equipo legal del Comisionado, este jueves 10 de diciembre.

Asfixia con bolsas plásticas impregnadas de talco, descargas eléctricas, obligado a desnudarse, aislamiento en lugares con baja temperatura y privación del sentido de la vista fueron algunas de las torturas aplicadas a un alto funcionario que era simpatizante del chavismo y que luego se alejó.

Las torturas no solo se las aplicaron a él. También a su esposa, quien sufrió secuelas y actualmente está en el exilio.

Sigue leyendo esta nota de Gabriela González en El Pitazo

Lesa humanidad, por Laureano Márquez P.

Foto: obra del artista ecuatoriano Oswaldo Wayasamín (1919 – 1999), perteneciente a su segunda etapa pictórica, La edad de la ira.

@laureanomar

El componente “humanidad” de la expresión que sirve de título, no requiere de mayor explicación -bueno, dice uno, porque a veces parece  que es el que más explicación reclama-. La palabra “humanidad” oscila entre el cuerpo humano individual – “su maltratada humanidad fue lanzada desde un décimo piso”- y el género humano en su conjunto -“El  papa Francisco ha asegurado que la crisis sanitaria que la humanidad está  experimentando actualmente recuerda la fragilidad del ser humano”-. Humanidad es también sensibilidad, compasión con los semejantes.

“Leso” o “lesa”, por su parte, significa daño; es una palabra que  viene del latín laesus que significa dañar. Leso o lesa indica que se ha recibido un daño, por eso uno lee en las noticias de alguien que ha sufrido un grave accidente que salió “ileso” porque no resultó herido, es decir, no sufrió “lesiones” (nada que ver este último término con “elecciones”, aunque estas, algunas veces, lesionen gravemente nuestros derechos).

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que atentan contra el  género humano, cometidos por un Estado para aplicar sus políticas o por alguna organización al margen del Estado o auspiciada por este.

Contemplan un amplio abanico de situaciones, a saber: homicidio, esclavitud, violaciones, segregación racial, tortura, privación ilegítima de la libertad, deportación o traslado forzoso de la población, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos o crueles. Hablamos de cosas como: mantener a presos en posiciones que causen dolor, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, amenazas de muerte a víctimas o sus familiares y muchas otras formas de torturas físicas o psicológicas (ver informe de la ONU sobre Venezuela). 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice tener bases razonables para creer que:

En Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad.

Que personas del alto gobierno ordenaron o contribuyeron a que se cometieran.

Que direcciones de inteligencia y diferentes cuerpos militares y policiales perpetraron los crímenes mencionados en el informe.

Lo que contiene el informe señalado no es novedad para los venezolanos. Todos sabemos -los autores incluidos- de la magnitud de los crímenes que se han cometido y se cometen. Es importante el informe porque contiene la investigación de un organismo que con rigor ha realizado documentación detallada de los mismos. También era esperable la negación del régimen. Siempre sucede igual con todos los Estados que violan los derechos humanos: niegan la evidencia, descalifican al denunciante y si está bajo su jurisdicción lo persiguen, acosan o silencian.

En la naturaleza de este régimen que desde hace dos décadas nos agobia, estaba la posibilidad de alcanzar este nivel de agresión en contra de su propia población civil; era solo cuestión de tiempo que se llegara a ello. Su vocación política excluyente de toda opinión discrepante estuvo abiertamente presente desde el principio.

La represión, la persecución contra la disidencia se fue incrementando en la medida que la pérdida de popularidad se acrecentaba. La respuesta violenta del poder y su crueldad también fue en aumento.

Un modelo político que sustentó su discurso en el dolor y sufrimiento de amplios sectores de la población, no ha hecho otra cosa que acrecentar ese sufrimiento hasta cotas inimaginables.

Así pues, a los crímenes hay que añadir los dolores colaterales causados a la población como consecuencia de la incapacidad y la corrupción. Un discurso que inicialmente se atribuía a sí mismo el ser un liderazgo con humanidad, devino en un régimen profundamente inhumano, sin sensibilidad, sin compasión y responsable de crímenes de lesa humanidad. Ya el mundo los conoce. La gran pregunta que siempre surge en estos casos es: ¿cómo se detienen?

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estados Unidos: Son “falsas las denuncias de tortura que hizo Álex Saab
El Departamento de estado afirma que tiene “fe y confianza” en el sistema legal de Cabo Verde

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este jueves, 3 de septiembre, que las denuncias de torturas realizadas por el empresario colombiano, Alex Nahim Saab, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, son falsas.

Fuentes del Departamento de Estado han explicaron que “las afirmaciones de Saab de que está siendo torturado son demostrablemente falsas“.

Una carta del empresario colombiano afirmó que “Estados Unidos tiene a cuatro empleados nativos de Cabo Verde, que constantemente entran en su celda por la noche con capuchas y le muelen a golpes“.

Para la diplomacia estadounidense, esas acusaciones son solo un intento de presionar al sistema judicial de Cabo Verde para que los trámites de extradición de Saab a Estados Unidos no prosperen.

“Está bien documentado que tanto Saab como el régimen de Maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y la opinión pública internacional“, afirma el Departamento de Estado, que tiene “fe y confianza” en que el sistema legal de Cabo Verde, al que califica de “modelo en la región por su adhesión al Estado de Derecho”, no se dejará influir.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

 

*con información de El Mundo.es

En 2019 torturas aumentaron 526% en comparación con 2018
El Informe de Provea correspondiente al año pasado desnuda en cifras las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

En seis años el gobierno de Nicolás Maduro casi duplicó el número de torturas que se produjeron en 24. Desde que asumió el poder en 2013 hasta 2019 se registraron 1.170 casos de torturas, mientras que de 1988 a 2012 se contabilizaron 895.

Así se desprende del informe anual de Provea, en contexto con el Covid-19: avance autoritario y crisis social.

Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG para los derechos humanos Provea, dijo que el gobierno actualmente está usando la pandemia para aumentar los mecanismos de control social. “Así lo vimos en los ataques contra la Academia de las Ciencias y la reciente detención del politólogo Nicmer Evans”.

El también coordinador de Provea, Inti Alvarado, dijo que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), siguen siendo el principal brazo ejecutor del gobierno de Maduro. “Las Faes no solo causaron asesinatos en 2019, sino que también reprimieron en protestas”. 

De acuerdo a Provea, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron a partir de 2015, cuando comenzaron las OLP (Operación para la Liberación del Pueblo).  

“La mayoría de las muertes no son el producto de enfrentamientos, son el resultado del despliegue de la fuerza letal”, sostuvo el investigador, Keymer Avila.

El informe tuvo un aparte para la debacle financiera en el país a cargo del economista Manuel Sutherland y otro para la crisis sanitaria por el doctor, Julio Castro, quien dibujó la situación de los centros hospitalarios. 

Uzcategui manifestó que el único mecanismo que poseen los organismos de defensa de los derechos humanos en Venezuela es la visibilización de los atropellos a través de información verificada con las víctimas. “Entendemos que hay miedo a denunciar, pero en la medida en que más denunciemos, más desnudaremos a los violadores de DDHH”. 

Marino Alvarado, igualmente coordinador de Provea, aseveró que mientras las instituciones permanezcan secuestradas será muy difícil ver bajar algunas cifras rojas. “Tenemos un fiscal de facto que no supervisa los centros de detención preventiva”.  

 Cifras

23.688 mil 

Personas murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre 2010 y 2018. “El 69% de los casos registrados se produjo entre 2016 y 2019”, de acuerdo al investigador Keymer Avila. 

574 

Casos de tortura registró Provea en 2019, 526% mas que en 2018

23

Personas asesinadas luego de ser torturadas. “El caso más emblemático fue el del capitán Rafael Acosta Arevalo, que murió en la Dgcim de Boleita”, comentó el coordinador de Provea, Inti Alvarado.

1.170 

Victimas de tortura se produjeron entre 2013 y 2019. 895 se registraron entre 1988 y 2012 

34.135 

Violaciones a la integridad personal entre 2013-2019 y 19.825 de 1990 a 2012

1.033 

Heridos y lesionados, 1.359% más que en 2018

67

Porcentaje de pérdida del Producto Interno Bruto en Venezuela de 2013 a 2019. “Al año 2019, Venezuela tiene el mismo nivel de economía que en 1952”, dijo el economista Manuel Sutherland. 

280.000

Barriles diarios de petróleo producía Venezuela para junio de 2020. “La cantidad de plataformas activas ha caído dramáticamente. Solo tenemos una plataforma de producción activa”, sostuvo Sutherland. 

45

El porcentaje de los hospitales que reportan fallas eléctricas en el país, según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019

 25

Porcentaje de hospitales que tiene agua a diario. “La gran mayoría no tienen disponibilidad de agua sino es por cisternas”, dijo el doctor Julio Castro

500

Horas de fallas eléctricas a la semana en los hospitales de Venezuela

 33 

De 40 hospitales reportaron violencia de familiares a trabajadores, 13 de 40 por parte de fuerzas de seguridad, 13 de 40 robos y 12 de 40 violencia por colectivos o grupos armados

90

Porcentaje de hospitales que no poseen tomógrafo. “La mitad de los hospitales no tienen para hacer rayos X”, sentenció Julio Castro

6.000

Pruebas diarias que debería estar haciendo el gobierno para despistaje de coronavirus. “Y no 600 como hacen ahora. No estamos satisfechos con la información sobre Covid-19, es parcializada y a cargo de gente que no está especializada. Una de las grandes debilidades es el déficit de información epidemiológica desde hace cuatro años”, indicó Castro

$ 800 millones 

Se necesita para poner operativos a todos los hospitales de Venezuela de acuerdo al doctor Julio Castro. Dijo que gracias a la ayuda humanitaria se están inyectando apenas 11 millones de dólares 

 

Lea el informe de Provea en este enlace 

72 personas fueron asesinadas por torturas entre 2013 y 2019
La cifra representa un aumento de 176,92% en comparación con 2018

72 personas fueron asesinadas bajo torturas entre enero de 2013 y diciembre de 2019 de acuerdo a un informe de la ONG Provea.

La informacion se desprende en el marco del día internacional de apoyo a las víctimas de tortura, este 26 de junio.

La cifra representa un aumento de 176,92% en comparación con 2018, lo que representa el registro más alto de los últimos 30 años.

2019 fue el peor año con 23 personas asesinadas.

Faes a la cabeza

1.747 víctimas fueron responsabilidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cuando actuaron en operaciones individuales, mientras que 1.910 murieron en acciones conjuntas con otros organismos de seguridad.

Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue señalado en la comisión de 31 casos que involucraron a 943 afectados, cuando actuó de manera individual, mientras que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó en operativos sin ninguna otra corporación acumuló 53 denuncias que incluyeron a 381 muertes.

Igualmente se encuentran entre los cuerpos que cometen abusos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Policia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y grupos de colectivos.

Un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Nicolas Maduro para aplastar a la disidencia fue el que evidenció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presidida por la chilena Michelle Bachelet.

 

 

 
Derechos Humanos en el Sebin y Dgcim, por Carlos Nieto Palma

Foto original: Infobae.com 

@cnietopalma 

El pasado miércoles 22 de abril de 2020, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo, presentó el informe “Situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” el cual es una actualización condensada de dos documentos presentados por UVL en junio y en noviembre de 2017.

El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco fue puesto específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política del régimen venezolano. Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses. En ese periodo se llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, defensores de derechos humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía permanecen detenidas. En oportunidades la comunicación se dio mediante mensajes directos o llamadas a través de sistemas de mensajería. 

Uno de los hallazgos de esta investigación según información suministrada por UVL en nota de prensa fue que “los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019”.

Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.

Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. “Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.

Entre las conclusiones importantes que resalta este informe están que: “Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incrementaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”.

“Llama la atención que durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del Sebin (previo a la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones según las pautas dictadas por un libreto”.

Igualmente “Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un suprapoder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo”. 

De igual manera el informe de UVL concluye:

“No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.

“Durante la realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con un periodista que dio cifras sobre afectados por COVID-19 distintas a las que divulgaban los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas anteriormente por efectivos del Sebin”.

“En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión”.

Informe disponible en la web de Una Ventana a la Libertad

[email protected]

 

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Dgcim, el organismo de contrainteligencia que pasó a ser centro de torturas
El organismo permanece constantemente en la mira de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales por las continuas violaciones de derechos humanos que se les atribuyen a los funcionarios, dentro o fuera de su sede

La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en la urbanización Boleíta del estado Miranda, se convirtió en el principal centro de torturas del país luego de haber destronado en 2019 al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como el principal cuerpo de seguridad acusado por este delito, tratos crueles, inhumanos y degradantes o desapariciones forzadas.

La Dgcim no solo alberga a militares dentro de sus calabozos y los distintos cuartos de tortura que han reportado las víctimas, familiares o abogados. Un expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Nelson Martínez, estuvo recluido en esas celdas hasta que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció por complicaciones de una enfermedad preexistente que se agravó por las condiciones en las cuales estaba detenido.

También han pasado por Boleíta exdirectivos de Citgo, una clarinetista del sistema de Orquestas y ahora se encuentra detenido Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino, Juan Guaidó.+

Justamente la detención del tío de Guaidó dejó en evidencia una de las prácticas de este organismo de seguridad: El aislar a sus prisioneros durante el primer mes de detención. Romina Botaro, la esposa de Márquez, señaló que funcionarios de la Dgcim le dijeron que no iba a poder ver a su esposo durante 30 días, “que tampoco le llevara alimentos porque ellos se los iban a proveer”.

Sigue leyendo este trabajo de Luisa Quintero en TalCual

La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas al traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público

Para hoy, 21 de noviembre, en horas del mediodía, estaba prevista la audiencia de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de violación y tratos crueles en contra de un joven estudiante en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.

La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas al traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público. El caso que representa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha sido diferido en anteriores ocasiones por razones similares relacionadas a retrasos judiciales y la inasistencia de los representantes fiscales.

La causa que actualmente conoce el Juzgado Tercero de Juicio, a cargo de la jueza suplente Deisy Hernández, ya tiene un historial de dilaciones procesales. En 2018, la audiencia preliminar ante los juzgados de control fue diferida seis veces hasta que finalmente pudo desarrollarse el pasado mes de diciembre.

Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano es uno de los grandes obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país, siendo además un elemento que promueve la multivictimización, al no poder configurarse la reparación debida ni la sanción a los responsables.

La organización de derechos humanos insiste además que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, y no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.

En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, un hecho documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. Desde el Estado venezolano no ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables. Codhez exhorta que los tribunales nacionales actúen con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.