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Derechos Humanos en el Sebin y Dgcim, por Carlos Nieto Palma

Foto original: Infobae.com 

@cnietopalma 

El pasado miércoles 22 de abril de 2020, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo, presentó el informe “Situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” el cual es una actualización condensada de dos documentos presentados por UVL en junio y en noviembre de 2017.

El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco fue puesto específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política del régimen venezolano. Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses. En ese periodo se llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, defensores de derechos humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía permanecen detenidas. En oportunidades la comunicación se dio mediante mensajes directos o llamadas a través de sistemas de mensajería. 

Uno de los hallazgos de esta investigación según información suministrada por UVL en nota de prensa fue que “los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019”.

Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.

Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. “Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.

Entre las conclusiones importantes que resalta este informe están que: “Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incrementaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”.

“Llama la atención que durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del Sebin (previo a la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones según las pautas dictadas por un libreto”.

Igualmente “Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un suprapoder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo”. 

De igual manera el informe de UVL concluye:

“No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.

“Durante la realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con un periodista que dio cifras sobre afectados por COVID-19 distintas a las que divulgaban los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas anteriormente por efectivos del Sebin”.

“En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión”.

Informe disponible en la web de Una Ventana a la Libertad

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Dgcim, el organismo de contrainteligencia que pasó a ser centro de torturas
El organismo permanece constantemente en la mira de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales por las continuas violaciones de derechos humanos que se les atribuyen a los funcionarios, dentro o fuera de su sede

La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en la urbanización Boleíta del estado Miranda, se convirtió en el principal centro de torturas del país luego de haber destronado en 2019 al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como el principal cuerpo de seguridad acusado por este delito, tratos crueles, inhumanos y degradantes o desapariciones forzadas.

La Dgcim no solo alberga a militares dentro de sus calabozos y los distintos cuartos de tortura que han reportado las víctimas, familiares o abogados. Un expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Nelson Martínez, estuvo recluido en esas celdas hasta que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció por complicaciones de una enfermedad preexistente que se agravó por las condiciones en las cuales estaba detenido.

También han pasado por Boleíta exdirectivos de Citgo, una clarinetista del sistema de Orquestas y ahora se encuentra detenido Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino, Juan Guaidó.+

Justamente la detención del tío de Guaidó dejó en evidencia una de las prácticas de este organismo de seguridad: El aislar a sus prisioneros durante el primer mes de detención. Romina Botaro, la esposa de Márquez, señaló que funcionarios de la Dgcim le dijeron que no iba a poder ver a su esposo durante 30 días, “que tampoco le llevara alimentos porque ellos se los iban a proveer”.

Sigue leyendo este trabajo de Luisa Quintero en TalCual

La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas al traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público

Para hoy, 21 de noviembre, en horas del mediodía, estaba prevista la audiencia de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de violación y tratos crueles en contra de un joven estudiante en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.

La audiencia fue diferida por séptima vez consecutiva en menos de cuatro meses por razones relacionadas al traslado de los acusados y la falta de comparecencia de los representantes del Ministerio Público. El caso que representa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha sido diferido en anteriores ocasiones por razones similares relacionadas a retrasos judiciales y la inasistencia de los representantes fiscales.

La causa que actualmente conoce el Juzgado Tercero de Juicio, a cargo de la jueza suplente Deisy Hernández, ya tiene un historial de dilaciones procesales. En 2018, la audiencia preliminar ante los juzgados de control fue diferida seis veces hasta que finalmente pudo desarrollarse el pasado mes de diciembre.

Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano es uno de los grandes obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país, siendo además un elemento que promueve la multivictimización, al no poder configurarse la reparación debida ni la sanción a los responsables.

La organización de derechos humanos insiste además que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, y no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.

En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, un hecho documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. Desde el Estado venezolano no ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables. Codhez exhorta que los tribunales nacionales actúen con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.

Argentina entregará informe a la CPI sobre torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas en Venezuela

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de Argentina, Germán Garavano viajará el próximo 15 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene sede en La Haya, Países Bajos, para hacer entrega del informe sobre las torturas, violaciones y ejecuciones que denunciaron haber visto y sufrido decenas de venezolanos que residen en la Argentina.

Garavano tiene previsto reunirse con el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y entregarle el informe completo, con nombres y detalles de la denuncia de unos 40 venezolanos residentes en el país.

También se remitirá a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien elaboró su propio archivo de denuncias de abusos de venezolanos acosados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

A finales del mes de septiembre, El Clarín obtuvo parte del informe que elaboró el Ministerio de Justicia entre julio y agosto de 2019, en donde testimonios de víctimas -sin nombres para preservar las identidades- relataron casos de asesinatos torturas, encarcelaciones y privaciones graves a la libertad física, de violencia sexual, y desapariciones forzadas. También de persecución por razones políticas y en todas se demostraría el uso de la fuerza indebida, también para reprimir manifestaciones. Al menos, 29 de las más de 40 denuncias encuadran dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad bajo el llamado Estatuto de Roma. 

Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el gobierno en julio por decreto para recibir también de manera telefónica los testimonios, que según se afirma disminuyeron tras las PASO del 11 de agosto pasado, en gran parte por temor a un cambio de gobierno.

Este Centro trabajó bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj. Los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que buscaron como primera medida la extrema protección de la identidad.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya confirmó que retirará a la Argentina del Grupo de Lima, una instancia central en la política de alianza de Argentina hoy con Estados Unidos, y que presiona al régimen de Maduro. Igual hay diferencias dentro del albertismo sobre cómo llevar el tema Venezuela: mientras el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró en Nueva York durísimo contra Caracas, en el cristinismo hay quienes desean un vínculo de negocios y política similar al que hubo en el pasado y, lejos de condenar a Maduro, lo consideran una víctima de factores externos.  

En cuanto a los elementos que Garavano le va a entregar al museo de la Corte sobre la dictadura argentina, se trata de un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, un ejemplar del Nunca Más -el emblemático informe sobre las violaciones a los derechos humanos en este país- y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, una serie de fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.

El chavismo en la AN propone pero no vota
Los diputados chavistas proponen modificaciones en el orden del día pero no votan en los acuerdos porque según ellos el Parlamento está en desacato
Los parlamentarios del Psuv se vieron obligados a participar en el minuto de silencio en honor a Fernando Albán

@saracosco

PUNTUALMENTE LA BANCADA CHAVISTA llegó al Palacio Federal Legislativo para la sesión de este martes con la idea de proponer – por tercera vez- el tema de los paramilitares y las fotos del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con miembros del grupo Los Rastrojos.

Sin embargo, en el orden del día ya se contemplaba un proyecto de acuerdo sobre la presencia de estos grupos en el país, que según el diputado Franklyn Duarte (Copei-Táchira) era un tema “anhelado por la bancada del Psuv”.

Duarte, junto a otros diputados de la oposición – casi todos de los estados fronterizos con Colombia – denunciaron la presencia, reclutamiento y adoctrinamiento de grupos guerrilleros a jóvenes venezolanos. También sobre la “permisividad” que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los paramilitares en Venezuela.

Pero el chavismo se concentró solamente en acusar a Juan Guaidó de tener vinculaciones “estrechas” con los paramilitares y Darío Vivas (Psuv-Vargas) agregó que el mismo diputado Duarte también mantiene esos nexos “y debería desvincularse”. 

Aunque la bancada del Psuv aseguró no temerle a ningún debate en ningún terreno, y aseguraron rechazar la presencia de grupos guerrilleros en el país, al momento de la votación – que fue de manera nominal a petición del presidente Guaidó- no alzaron su voz para aprobar o rechazar el proyecto de acuerdo. 

Esto porque, según lo explicó el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba – que sigue asistiendo a las sesiones, a pesar de que la Junta Directiva calificó que perdió su investidura- la AN se encuentra en desacato, pero eso no los ha impedido de proponer modificaciones en el orden del día al comienzo de cada sesión. 

El chavismo regresó a la AN el día 30 de septiembre después de 2 años desincorporados de la actividad parlamentaria venezolana. Ahora, de vuelta en el hemiciclo, proponen pero no votan. Obligados a volver para evitar que Guaidó continúe en la presidencia, participan de un poder en el que dicen no creer. Como en un “efecto microondas parlamentario”, calientan pero no cocinan. 

Un desplante

Con un Hemiciclo de sesiones en silencio y con un ambiente melancólico, los diputados chavistas tuvieron que escuchar el testimonio de la familia de Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, que cayó del piso 10  de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde estaba custodiado por funcionarios policiales. Según el gobierno, se suicidó. 

Su hermana Luz Mariela Albán, expresó que tienen la certeza de que Albán no se suicidó, “a él lo asesinaron y no nos cansaremos de buscar justicia”. Hay dos funcionarios detenidos por este caso, aunque no fueron imputados por violación a los Derechos Humanos.

Para hacerle honor la diputada Adriana Pichardo (VP-Aragua) solicitó a la cámara un minuto de silencio, pero los diputados chavistas se mantuvieron sentados hasta que los mismos invitados al Parlamento empezaron a increparles y gritarles que se levantaran “por respeto”. 

Poco a poco los parlamentarios del Psuv se fueron levantando de sus curules y participaron en el minuto de silencio, aunque posteriormente el diputado Virgilio Ferrer (Representación Indígena-Zulia) solicitó un aplauso para Fernando Albán por ser un “héroe” y en ese momento la bancada chavista no participó. 

Durante todo el debate que dio cuenta de la situación de tortura, tratos crueles a presos políticos, solo participó un diputado del Psuv que fue Juan Marín (Guárico), quien expresó condolencias a la familia de Albán y aseguró que la tortura no es una política de Estado.

Igualmente dijo que los dos funcionarios implicados en el caso de Albán se encuentran privados de libertad y que hay un equipo representando a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el país.

Sin embargo la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) le replicó que esos dos funcionarios del Sebin no fueron imputados por tortura o violación a los Derechos Humanos y tampoco están acusados los jefes que dieron la orden.

“Hablan de instancias internacionales y a los representantes de Bachelet no los dejan entrar a las cárceles para hablar con los presos políticos. Esa es la verdad”, ratificó Solórzano.

Familiares de 105 presos en Valle de la Pascua denuncian torturas

FAMILIARES DE LOS 105 PRESOS que se encuentran detenidos en una comisaría de la Policía del estado Guárico en Valle de la Pascua, están denunciando que los internos son sometidos a torturas y tratos crueles por la fuga de seis reos el pasado 15 de julio. 

Familiares de los detenidos se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para denunciar que los presos que se dieron a la fuga fueron atrapados de forma inmediata, pero que dos de ellos los habían asesinado por un supuesto enfrentamiento que se produjo a cuatro cuadras de la comisaría. Sin embargo, familiares desmintieron el hecho y aseguraron que adentro no hay armas ya que en las visitas “nos revisan hasta el alma”. 

Otro familiar consultado por el OVP aseguró que los presos están siendo castigados por la actuación de quienes se evadieron. Explicó que el pasado 20 de julio fueron corridos por el director de la policía quien les dijo de forma grosera que “a ellos hay que tratarlos como lo que son unos perros”.

Un familiar de un detenido quien prefirió ocultar su identidad, dijo que los 105 presos fueron sacados de sus celdas y los desnudaron en el patio. “les botaron todo y además comenzaron a golpearlos con unas tablas que cargan, con tubos y hasta les han metido corriente, eso ha sido diario y los están torturando”.

Aseguran que al menos 20 reclusos necesitan atención médica urgente, pues les han roto  la cabeza, el rostro y en otras partes del cuerpo, ameritan sutura o una cura y no han sido trasladados a un centro asistencial. 

“Estar con una herida abierta, expuestos a tanta insalubridad como la que ellos conviven es sumamente peligroso”, expone un familiar a OVP. 

Humberto Prado, coordinador general de OVP una vez más advierte sobre la situación de hacinamiento, de maltratos y falta de atención que padecen los presos que se encuentran en los centros de detención preventiva en donde un preso no debería estar un lapso mayor a 48 horas. Prado manifiesta que la principal responsable de esta problemática que se ha generado en calabozos policiales es quien está a cargo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pues es quien niega la entrada de los presos a un penal aun cuando tienen sus respectivas boletas de traslado por orden de un tribunal y así ha creado un sistema carcelario paralelo que ha trasladado los problemas de un penal a una comisaría.

 

*Con información de OVP

Delsa Solórzano denuncia desaparición forzada de tres militares y un civil

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció que actualmente hay tres militares y un civil en condición de desaparición forzada.

En rueda de prensa, la parlamentaria señaló que el Capitán de Navío, Luis de la Sotta; el Teniente Coronel, Ruperto Molina; el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro y el ciudadano Carlos Marrón, estarían en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas (Dgcim), pero que desde hace semanas no se permiten las visitas. 

Solórzano indicó que la última información que han podido obtener es que están siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, lo que puede producir “terribles resultados como lo que ocurrió con el Capitán Acosta Arévalo. Nosotros tememos por la vida de estos cuatro venezolanos”.

También señaló que los estarían obligando a respirar pintura tóxica y gasolina, “imagínense la mezcla de olores. No se ha acatado la instrucción de cesar la tortura y no se aplican los mecanismos previstos en la Ley contra la Tortura”. 

Una fe de vida

Exigió una fe de vida, pero que sea permitiendo las visitas de sus familiares y abogados y no a través de fotos o videos que pueden ser manipulados, “porque sabemos de lo que son capaces aquí”.

Igualmente recordó que los presos políticos de la Dgcim, más los presos comunes, han exigido la visita de los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas y también de los diputados encargados del área de Derechos Humanos. “Insistimos y alertamos al país de nuestro temor por la vida de cuatro venezolanos”, agregó. 

“¿Qué está esperando la satrapía? ¿Entregarnos cuatro cadáveres más? Nosotros tenemos que reiterar, junto al país, que se muestren a estos venezolanos con vida y que cesen las torturas”, advirtió la diputada. 

Foto: Prensa Unidad

Protestaron frente al PNUD en rechazo a las torturas

VARIAS ORGANIZACIONES NO Gubernamentales (ONG) se concentraron la mañana de este lunes en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para rechazar la tortura a la que son sometidos los privados de libertad. 

En el acto, la abogada Ana Leonor Acosta detalló que hay más de 200 militares privados de libertad que han sido brutalmente torturados. 

“Hemos denunciado durante muchos años el tema de la tortura en Venezuela desde diferentes organizaciones. Estamos trayendo una comunicación para el equipo de la alta comisionada con el fin de solicitarle que se active el centro de prevención contra la tortura”, explicó.

Tamara Sujú, directora de Instituto Casla y defensora de los Derechos Humanos, denunció las torturas, tratos crueles y demás irregularidades en el trato a los presos políticos en Venezuela.

Aseguró que las tácticas de torturas se han agravado en los últimos meses y sus implementaciones son más comunes por parte de los cubanos y dijo que utilizan químicos inyectados y hieren físicamente con métodos contundentes a los presos políticos.

El pasado 6 de julio se conoció la noticia de la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo quien falleció producto de fuertes golpes mientras estaba recluído en la sede del Dgcim. 

 

 

 

 

*Con información de El Nacional