torturas

En la Plaza de Callao, en Madrid, España,  y en la Plaza Francia, en Chacao, Gran Caracas, activistas de los derechos humanos protestaron este 19 de maro por la libertad de las 20 presas políticas en Venezuela y el cese de las torturas en el país. Miembros de la iniciativa Realidad Helicoide y de las ONG venezolanas crearon unas esculturas y pancartas inspiradas en «Las meninas» del artista venezolano Antonio Azzato. 

La manifestación se replicó en Mérida, en Guárico, en Táchira, en Trujillo y en Zulia. Con «meninas» de cartón negro decorado con esposas y los retratos de las presas políticas, lo manifestantes gritaban el lema «Hasta que la última sea libre». 

“Hasta que la última sea libre”

Familiares, activistas y ONG protestamos hoy #19Mar frente a la Plaza Altamira, Caracas, exigiendo libertad para las 20 mujeres presas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas la defensora Rocío San Miguel.

Cierren los centros de tortura… pic.twitter.com/Pmhx7RejMA

— PROVEA (@_Provea) March 19, 2024

«Hoy fuimos a cinco instituciones para pedir la libertad de las presas políticas», dijo Melania Leal Rosales, hermana de la presa política Emirlendris Benítez. «Mi hermana necesita libertad, está mal de salud. Se encuentra en silla de ruedas y no puede caminar más de dos metros. (…) Tiene una hernia en la columna, fibromialgia, está hipertensa, tiene migración de biopolímeros… De hecho, ayer estuve en la visita con ella y se me desmayó, sin saber qué le causó la descompensación».

«(Las presas políticas) son más vulnerables y, así sean mujeres, igual las golpean y las maltratan», agregó.

#19marzo La Alianza de Mujeres Políticas en Venezuela, en los edos Mérida, Táchira, Dtto. Capital,Trujillo,Zulia, Lara y Guárico, exigimos la libertad de las 20 mujeres presas políticas y de los más 300 presos políticos en Vzla#HastaQueLaUltimaSeaLibre#SinMujeresNoHayDemocracia pic.twitter.com/TYr9KtsXSt

— Maria Luisa Ortega Lopez | TSU Forestal🌳ULA (@MaLuisaOrtegaL) March 19, 2024

Desamparadas por el Estado

La defensora María de Jesús Pérez denunció que se cumplieron cinco años de la detención arbitraria de María Auxiliadora Delgado Tabosky, acusada de ser la presunta financista de una conspiración. La activista destacó que el Ministerio Público no tiene pruebas de su culpabilidad más allá de ser la hermana de uno de los supuestos involucrados en un presunto intento de asesinato a Nicolás Maduro en el año 2018. 

Pérez reiteró que María Auxiliadora sufre de cáncer de mama y el Estado no le permite ver a un médico especialista para su tratamiento. 

«La situación de las mujeres presas políticas es realmente grave. Muchas de ellas no tienen las condiciones que debe tener una persona en prisión (…). Muchas de ellas ni siquiera pueden recibir visitas. Hoy exigimos su libertad inmediata y sin condiciones», dijo la defensora de DDHH.

#CierrenLosCentrosdeTortura en #Venezuela , es el mensaje de la MENINA De las presas políticas de MADURO en MADRID. Hay 20 mujeres PRESAS POLÍTICAS y 4 son Españolas. La Organización @vocesdelamemori hizo una protesta muy creativa . #Hastaquelaultimasealibre pic.twitter.com/iXPnEgOkiX

— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) March 19, 2024

Mientras tanto, el abogado Eduardo Torres indicó que los familiares de las presas políticas acudieron a la embajada de España, a la sede de la Unión Europea en Caracas, a la sede de ONU Mujeres para expresar la «preocupación» por «la persistente persecución y arremetidas hacia los disidentes» del gobierno de Nicolás Maduro, «que se ha materializado en la detención arbitraria de más de 15.000 personas desde el año 2014».

#19Mar Eduardo Torres, abogado: "Familiares de estas 20 mujeres presas políticas en Venezuela acudieron a distintos lugares, entre ellos la Embajada de España, la Unión Europea, ONU Mujeres, algunos medios de comunicación de señal abierta, para expresar su preocupación". pic.twitter.com/kFMdTP2UPa

— Vanessa García (@vanessajgarcian) March 19, 2024

Se reactiva la represión en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó este 20 de marzo en la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Maduro reactivó su fase de represión más violenta de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, advirtió que los representantes de la ONU pudieron constatar que las autoridades venezolanas invocan «conspiraciones reales o ficticias» para «amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», lo que a su juicio pone en evidencia las graves dificultades que existen para que las elecciones se desarrollen con normalidad.

Por el momento, las ONG dedicadas a los derechos humanos de los presos políticos y los familiares de las víctimas seguirán exhibiendo a «Las Meninas en Dictadura» como una denuncia para respetar y reparar los derechos humanos de las presas políticas. 

Hoy estuvimos acompañando para exigir la libertad de todas las presas políticas, el respeto de sus derechos y el cese de la persecución política. ¡Liberen a todas las presas políticas! 🕊️🇻🇪#MujeresVíctimas #JusticiayLibertad pic.twitter.com/gh9kmlxeIE

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 19, 2024

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Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: «Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad»

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela FCU-UCV, Jesús Mendoza, exigió este jueves, 28 de septiembre, al fiscal designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, que responda ante el caso de la detención y torturas en el caso del estudiante John Álvarez.

A través de un video publicado en redes sociales, Mendoza en representación de la comunidad estudiantil de la UCV, afirmó que están angustiados y consternados luego de que el abogado de John Álvarez, informara sobre el estado de salud del estudiante detenido el pasado mes de agosto. 

«John es un estudiante como yo y como todos los que estamos aquí. Es un estudiante que colaboraba con todas las dinámicas de las reivindicaciones estudiantiles y fue arbitrariamente detenido y víctima de torturas, y a consecuencia  de eso perdió la visión en el ojo izquierdo y tiene una inflamación en el riñón. ¿Dónde esta el fiscal Tarek William Saab? La comunidad universitaria exige que se pronuncie y dé una respuesta ante lo que está pasando un muchacho de 24 años», dijo Mendoza. 

Consideró que es «indispensable» que haya una actuación contra los funcionarios que arremetieron contra John Álvarez: «Es indispensable que el defensor del Pueblo se acuerde que es defensor de John y de todos los jóvenes, es indispensable que se respeten los derechos humanos y el debido proceso», sumó el presidente de la FCU. 

Jesús Mendoza reiteró la exigencia al fiscal y al defensor del pueblo: «Acuérdense que hoy un chamo está detenido sin visión en un ojo y con poca movilidad».

ÚLTIMA HORA | Jesús Mendoza, presidente de la FCU- UCV: «Por las presuntas torturas, John Álvarez perdió la visión en un ojo. ¿Dónde está la Fiscalía? https://t.co/60L59kpK1P pic.twitter.com/Id5Bd50NVl

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 27, 2023

Piden a organismos internacionales pronunciarse

Por su parte, Víctor García, secretario de relaciones Internacionales de FCU-UCV, exigió a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien ante el caso del estudiante John Álvarez.

#EnVivo Víctor García, secretario de relaciones Internacionales de FCU-UCV, exigió a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien ante el caso del estudiante John Álvarez #27Sep pic.twitter.com/pPLsmpfM5m

— TalCual (@DiarioTalCual) September 27, 2023

La ONG Provea detalló que a Álvarez lo arrestaron por una supuesta implicación en planes conspirativos en el caso de los seis luchadores sociales (Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés) condenados a 16 años de cárcel. 

Durante su audiencia de presentación, John denunció haber sido golpeado y sometido a torturas, descargas eléctricas y golpes.

El miércoles 6 de septiembre, los familiares y abogados de John, instaron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, a realizar una investigación sobre las acusaciones de torturas que el joven sufrió mientras estuvo detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana.

Provea afirma que las torturas a John forman parte de una política de Estado de persecución a la disidencia o a quienes son percibidos como disidentes, ya denunciado en informes por la Misión de Naciones Unidas sobre Venezuela.

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De acuerdo con García, el estudiante fue «torturado» por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana

Este martes, 26 de septiembre, el abogado Joel García informó que el estudiante universitario John Álvarez, detenido en agosto y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, perdió «la visión del ojo izquierdo» a causa de las «torturas de la que fue víctima» por parte de policías.

De acuerdo con García, el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue «torturado» por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Hoy, 22 días después de que el estudiante John Álvarez denunciara la tortura de la que fue víctima por parte de la DAET, fue llevado al servicio forense de la Fiscalía y le diagnostican pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación riñón izquierdo y lesión en pierna derecha

— Joel García (@joelgarcia69) September 27, 2023

ONG, activistas, familiares y abogados han denunciado que Álvarez fue «golpeado con un bate» y recibió «descargas eléctricas», por lo que han exigido a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a la Fiscalía General la apertura de una investigación.

El abogado Zair Mundaray afirmó en su cuenta en la red social X que dichas torturas fueron cometidas por funcionarios de la DAET de la Policía Nacional, «el mismo FAES con otro nombre»

Cabe recordar que el nombre de las Fuerzas de Acciones Especiales fue cambiado en el año 2020 para evadir la recomendación de Michelle Bachelet y la misión de Determinación de Hechos de la ONU de disolver las Faes.

Tras denunciar torturas: Estudiante John Álvarez diagnosticado con pérdida de la visión del ojo izquierdo, inflamación del riñón izquierdo y lesión en pierna derecha. Hechos cometidos por funcionarios de la DAET de Polinacional, el mismo FAES con otro nombre.…

— Zair Mundaray (@MundarayZair) September 27, 2023

El más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el pasado 20 de septiembre, indicó que la DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES, a quien habían señalado en informes anteriores de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de DDHH.

“Además, de manera preocupante, la nueva Dirección (DAET) cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que están identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad», señaló el documento.

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Víctima de torturas

Según Wendelin Peña, madre de Álvarez, este fue víctima de una desaparición forzada por más de 24 horas.

“A él lo detuvieron injustamente, estamos destrozados como familia, pero en pie de lucha porque sabemos que es inocente”, dijo Peña.

“Cuando logré hablar con él tras ser detenido de manera extraña me dijo que le pusieron electricidad en su testículo, porque tiene uno solo. También le dieron golpes”, agregó Peña en un video de Youtube grabado por Provea.

García denunció que no conforme con torturarlo, a Álvarez le robaron sus pertenencias (moto, prendas, reloj, pulsera y otros objetos), además de vaciarle su cuenta bancaria.

A Álvarez lo vinculan con los seis sindicalistas condenados a más de tres lustros de prisión y le acusan de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Álvarez aseguró que funcionarios del Departamento de Inteligencia Policial (DIP), junto con un oficial del Departamento de Asuntos Especiales (DAE), lo obligaron a hacer una declaración frente a una cámara en la que implicaba al sindicalista Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal, Carlos Julio Rojas.

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La transmisión de los videos se realizará el próximo martes 19 de septiembre a las  18:00 hora local

Este 19 de septiembre, las pantallas de Times Square, en New York, Estados Unidos, mostrarán las torturas a las que han sido sometidos centenares de personas disidentes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 

En la famosa avenida se proyectarán una serie de videos que buscan denunciar las torturas ejecutadas en contra de presos políticos, estudiantes, sindicalistas y activistas por los derechos humanos. 

El proyecto «Realidad Helicoide« contará con 15 cascos de realidad virtual que los visitantes podrán usar durante cinco minutos y vivir de cerca la realidad de estar dentro de El Helicoide y en muchos otros centros de tortura en el país. 

«Esta experiencia de realidad virtual fue creada por la organización Voces de la Memoria, con el objetivo de visibilizar lo que viven las víctimas de tortura del gobierno venezolano», indicó el periodista Melanio Escobar a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter. 

EL PROYECTO REALIDAD HELICOIDE:@HelicoidReality

Este próximo 19 de septiembre en Times Square, New York, se proyectará en las pantallas de la gran avenida una serie de videos que buscan denunciar las torturas ejecutadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra los presos… pic.twitter.com/uh9vDZA1DB

— Melanio Escobar (@MelanioBar) September 17, 2023

Según reseñó el portal web Infobae, la transmisión de los videos se realizará el próximo martes 19 a la hora 18.00 local. Los manifestantes se congregarán en la 1570 Broadway Nueva York  para exigir el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos.

 También habrá manifestantes nicaragüenses y cubanos que piden que también se termine con la tortura en sus países, según explicaron los organizadores.

“Decidimos escoger como escenario Nueva York y Times Square porque es de los lugares de mayor trafico de todo Estados Unidos y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se reúnen mandatarios de todo el mundo a discutir asuntos de interés global”, dijo a Infobae Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela.

La organización Voces de la Memoria, liderada por el periodista y expreso político, Víctor Navarro, creó esta experiencia de realidad virtual para poder mostrar a los usuarios al menos una pequeña parte de lo que les tocó vivir y sentir a los presos políticos torturados en El Helicoide.

En base a testimonios de tres hombres y mujeres que estuvieron detenidos entre 2014 y la actualidad, Navarro y su equipo diseñaron una experiencia de realidad virtual para que con un Oculus se pueda apreciar cómo es el centro de torturas ubicado en Caracas. 

Puede ver el video haciendo click AQUÍ Times Square

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«Realidad Helicoide» es el proyecto que busca visibilizar la situación de los detenidos por motivos políticos

La Asociación Voces de la Memoria denunció con realidad virtual las torturas que sufren los presos políticos en Venezuela. 

20 minutos fueron suficientes para que con gafas, unos mandos y auriculares de realidad virtual, se transmitiera el horror de la tortura, se escucharan testimonios y se pudiera observar las condiciones infrahumanas en las que viven los presos recluidos en el Helicoide, en Caracas. 

Víctor Navarro, fundador de la asociación y víctima durante cinco meses de torturas en este centro penitenciario, presentó ante medios españoles esta iniciativa que quiere exponer ante organismos, foros de Derechos Humanos y universidades, las atrocidades que viven los presos políticos.

Cada uno de ellos, de los que en algún momento fueron un grito ahogado en la profundidad de las mazmorras, hoy alza su voz para denunciar las atrocidades vividas. #EstanTorturandoEnVenezuela pic.twitter.com/D7QWbbm7GZ

— Realidad Helicoide (@HelicoidReality) June 24, 2023

«Queremos ir a la Asamblea General de la ONU y al parlamento europeo, donde se toman las decisiones porque esto es denuncia, pero también a universidades porque esto es memoria y la memoria está viva porque sigue pasando», denunció en una presentación a medios del proyecto en Madrid.

Navarro, refugiado hoy en Argentina, explicó que por motivos de seguridad aún no pueden colgar el material en una web, pero que llevarán esta experiencia creada gracias al testimonio de 30 personas que pasaron por el penal «a todos los lugares a los que haya que ir para denunciar que (el presidente Nicolás) Maduro tortura».

Es necesario denunciar 

Navarro tiene claro que aunque remover los recuerdos produzca dolor y ansiedad, es necesario «denunciar lo que hoy sigue pasando en Venezuela».

«Los gobiernos tienen que repudiar la tortura, ningún gobierno democrático debe olvidar que Maduro tortura, ya sea por gas o por petróleo, es un mensaje para los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos», dijo en referencia a la reciente relajación de sanciones de la administración del presidente estadounidense Joe Biden ante la necesidad de hidrocarburos por la guerra de Ucrania.

«Los Derechos Humanos no pueden ser banalizados, no tienen un color político, ni se pueden cambiar por recursos, el que piense distinto en Venezuela puede ser víctima de tortura, no se pueden sentar a negociar con él (Maduro) hasta que no cierre los centros», dijo. 

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*Con información de EFE

La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

Según el medio oficialista Misión Verdad, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante. 

La versión que ofreció el medio oficialista cuenta que la operación estuvo supuestamente integrada por efectivos militares, civiles, así como también por Oswaldo Álvarez Paz, del partido Copei, y la dirigente política de Vente Venezuela, María Corina Machado. Aseguran también que contó con el financiamiento de Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, esto nunca se llegó a comprobar.

En contraparte, Molly de la Sotta, hermana del capitán de navío, afirmó que el caso de su hermano es una venganza por haber denunciado a su jefe. 

“Mi hermano denunció a su jefe, Edwar Ojeda Sojo, porque utilizaba al personal militar para construir su casa en la playa, también reclamó que le robaba la comida a la tropa y lo acusó de ladrón”, dijo. 

Junto a De la Sotta, otros 32 militares resultaron detenidos e imputados sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

El Capitán de Navío Luis De La Sotta se encuentra detenido desde el 18 de mayo del 2018. Ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos. Se encuentra recluido en la sede de la DGCIM, Boleíta.#PresosPoliticosEnRiesgo pic.twitter.com/nHAIkOhPsI

— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) September 7, 2021

Víctima de torturas

Cuenta la hermana del capitán Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, que desde el primer día que lo detuvieron en Turiamo  fue golpeado por cuatro hombres con palos de madera, asfixiado con una bolsa plástica, y que le aplicaron descargas eléctricas en los pies y polvo lacrimógeno en los ojos para que confesara más detalles del supuesto plan. 

Luis de la Sotta llegó a su audiencia de presentación con la misma ropa que lo detuvieron: sucio, ensangrentado, con olor a orine y con evidentes signos de tortura. Aún así, se declaró inocente y además denunció que había sido torturado, acusación que el juez desestimó.

Desde el 21 de mayo, la familia del capitán de navío duró 32 días sin saber nada de él. Lo mantuvieron aislado, incomunicado, con prohibición de visitas de sus familiares o de un abogado. 

“Mi hermano duró 32 días en una total oscuridad, durmiendo en el suelo, evacuando en bolsas plásticas, con poco alimento y agua”, dijo Molly de la Sotta. 

La hermana del capitán detalló que De la Sotta ha conocido todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataud” y la “Casa de los sueños”. 

A los recluidos en la “Casa de los sueños” no se les permite ningún tipo de electrodoméstico, no tienen permiso siquiera para leer o escribir. Las celdas tienen un tamaño de 2.50 x 1.90 metros y, por lo general, hay más de dos detenidos en cada una. “El espacio es el mismo para todas las actividades: donde evacúan, ahí mismo comen y duermen”, aseguró la hermana del capitán. 

El 16 de septiembre del 2020, el Informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reseñó que en los centros de detención en Venezuela se aplican métodos de tortura a presos políticos y opositores al gobierno. 

“Después de conocerse y hacerse público los resultados del informe de la ONU, la Dgcim encerró a mi hermano en un cuarto de 60 x 60 centímetros llamado ‘el Ataúd’, con las manos esposadas hacia atrás, en donde solo se puede estar de pie, y con prohibición de alimentos, agua y aseo personal”, dijo Molly de la Sotta. 

Según un estudio publicado por la ONG Provea, la Dgcim fue el organismo que más torturó en 2018. A pesar de la poca información y de la censura que reina en el país, la ONG logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas desde 2013 hasta 2018. 

Desde marzo de 2022, Luis de la Sotta se encuentra detenido en las instalaciones de la Dgcim en Fuerte Tiuna, Caracas, aislado en una celda de 2×2 sin actividades recreativas, deportivas ni religiosas. “Pasa sus días sin hacer ningún tipo de actividad, el radio y el televisor que les pusieron cuando fue la Misión de la ONU, se los quitaron”, dijo la hermana del capitán de navío.

#ATENCIÓN | Familiares del preso político Luis de la Sotta denuncian que tiene 7 días confinado en celda 2×2 mts en #DGCIM Fuerte Tiuna. También reportan que su abogado no ha podido verlo para verificar su estado de salud. Exigimos #FeDeVida @MollyDeLaSotta pic.twitter.com/eT1NnMPajK

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 23, 2022

Cinco años sin juicio 

De la Sotta no ha tenido ninguna otra audiencia, ni ningún otro juicio desde que lo detuvieron en el 2018 en las costas de Aragua. Aunque se han presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, no se obtuvo ninguna respuesta. 

Cuando el capitán cumplió dos años y nueve meses en prisión se introdujo un amparo constitucional para solicitar el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad debido a que la salud de De la Sotta ya estaba bastante comprometida, por lo que solo se le practicaron unos exámenes por un médico forense. 

La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), realizada en septiembre de 2021, indica que el tiempo máximo para una “detención preventiva” es de hasta tres años, pero a pesar de esto y de las solicitudes realizadas por el abogado del capitán, el tribunal militar ha desestimado dichas solicitudes y ha ratificado la privación “preventiva” de libertad, y su custodia bajo el Dgcim.

El fiscal militar Israel Echenique y el Juez Luis Galavis González, conocen que no hay prueba contra #LuisDeLaSotta y aún así mantienen la detención más allá del límite máximo previsto en la ley, son los primeros responsables de esta violación de DDHH. https://t.co/sMcsq1AmBL

— Zair Mundaray (@MundarayZair) April 28, 2023

Molly de la Sota precisó que a consecuencia de todas las torturas, las condiciones insalubres de reclusión y la falta de atención médica, la salud del capitán está seriamente comprometida. 

“En diciembre de 2022 un médico forense lo evaluó y determinó que mi hermano sufre de hipertensión, deficiencia renal crónica grado 1, vértigo y mareos, depresión, insomnio, pérdida de audición en un oído debido a los golpes recibidos, cálculos renales, problemas respiratorios por secuelas del COVD-19 e infecciones dermatológicas, entre otras”, dijo Molly de la Sotta.

#LuisDeLaSotta esta PRESO SIN JUICIO hace 5 años.El @MinpublicoVEN,el Juez y los fiscales SON CÓMPLICES al no cumplir las leyes NI la decisión del @UNHumanRights q solicitó SU #Libertad. Lo mantienen encerrado como un animal SIN ATENCIÓN MÉDICA.Y la Ofic de @volker_turk en #Vzla? https://t.co/llvbR29g2u

— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) April 28, 2023

La hermana del capitán, quien vive en Estados Unidos, comentó que la única que puede ver al capitán de navío es su madre, una señora de 83 años, y su abogado, cuando se lo permiten. 

Agregó que solo en contadas ocasiones se le ha permitido hablar con su esposa y sus hijos a través de Zoom, quienes por miedo se fueron del país desde hace algunos años. 

Organismos internacionales silentes 

Molly de la Sotta es politóloga y desde que detuvieron a su hermano se ha dedicado a luchar para lograr la liberación del capitán. Asegura que le ha tocado la puerta a todos los organismos internacionales, pero no ha obtenido respuesta.

“Los organismos internacionales de derechos humanos me han dejado sola. Nadie ha hecho nada por mi hermano, uno grita y denuncia, pero no pasa nada”, dijo. 

#VenezuelaEnDesobediencia #NoSonPresosPoliticosSonRehenes
Abogada @MollyDeLaSotta quien es hermana del Capitán de Navío Luis de la Sotta, que continúa secuestrado por el régimen de Maduro!!! pic.twitter.com/vuf0eTmEgk

— #𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥𝘖𝘕𝘢𝘥𝘢 #CapCaguaripano (@OsloVzla) January 27, 2023

El caso de Luis Humberto de la Sotta Quiroga no solo ha sido reseñado por la Misión de la ONU. El Grupo de Trabajadores sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también se pronunció sobre el caso y consideró que la aprehensión del militar es ilegal, por lo que instó al gobierno de Maduro a que lo liberara “inmediatamente”. 

El 3 de octubre del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que hasta la fecha no se han cumplido. 

El 27 de agosto de 2018, el cónsul de Perú (De la Sotta tiene doble nacionalidad) envió numerosas notas a la Cancillería de Venezuela solicitando la libertad de De la Sotta y solicitando su repatriación al Perú, pero no ha recibido respuesta. 

El 10 de enero 2023, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos del Ministerio Público del Perú, inició una investigación por las torturas y detención arbitraria de Luis De La Sotta en base a la Justicia Universal. 

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Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura

El Instituto Casla de Praga denunció en su informe anual que  los crímenes de lesa humanidad continúan ocurriendo en Venezuela. Entre enero de 2022 y enero de 2023, la organización evidenció que el Estado venezolano continúa realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura y violencia sexual.

“La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta”, indicó el documento.

En 2022, la lista de presos políticos creció, tras las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y civiles, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados del sector salud. 

Dentro de su informe, el instituto incluyó una lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe. Entre ellos destacan: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Tarek William Saab, fiscal general de la República, Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM sede de Boleíta. 

Por otro lado, el informe detalla que la población venezolana vive su día a día con la ausencia total o parcial del Estado. El Instituto denunció que la presencia de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación del Pueblo (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes.

“La presencia de grupos paramilitares demuestra la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden”, aseguró el informe. 

Ocultar la verdad a la comunidad internacional

Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. 

El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura. 

Tal es el caso de las celdas que están ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta. La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como «la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras enfocando todos los lugares de las celdas.

“El objetivo es utilizarlas para presos políticos que se encuentran en ese lugar, sean castigados, incomunicados, aislados  completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”, denunció el informe.

Además de deshabilitar algunos espacios para torturar, el estudio indicó que el Estado venezolano apresuró juicios cuyos detenidos ya tienen entre tres y siete años esperando la audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se declararan culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, poniéndolos a grabar videos para que dijeran que no fueron torturados.

Estado venezolano perfecciona su mecanismo de tortura

El informe anual explicó que a través de nuevos testimonios y denuncias obtenidos entre enero 2022 y enero 2023, se pudo conocer la utilización sistemática de las torturas que no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran en las cárceles de los organismos de seguridad. 

“El gobierno muestra su talante perverso y cruel, torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas”, afirmó el Instituto Casla.

De acuerdo al estudio, el Estado venezolano aplica los siguientes métodos de tortura en sus centros de detención:

Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad: Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de personas detenidas o buscadas por el régimen, el dolor de otros detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, y la del SEBIN en el Helicoide, la falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos e hidratación, Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las llamadas telefónicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia.

Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad: Aislamientos de sus familiares y abogados desde 72 horas hasta seis meses; tortura visual, con el fin de impedir su capacidad visual; privación sensorial, método de tortura que implica el encierro en solitario y que tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos aplicada a uno o varios sentidos.

Torturas físicas: como descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado, azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo, desprendimiento de uñas de las manos y/o pies, arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados, ruleta rusa y descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y costillas, atadas de pie a una columna u otro objeto fijo, ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas plásticas llenas de agua, fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes o temporales, asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos e inyecciones con producto desconocido. 

Violencia sexual: las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban torturando al mismo tiempo. Al menos dos de ellas fueron amenazadas con violarlas. 

Los señalados de torturar

Además de identificar los tratos crueles que ejecuta el Estado venezolano, el instituto identificó a aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe: 

• Nicolás Maduro Moros. 
• Diosdado Cabello 
• M/G Vladimir Padrino López 
• M/G Iván Hernández Dala, Director de la DGCIM 
• Tarek William Saab. Fiscal General de la República 
• G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director de la DGCIM Boleíta. 
• Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN. 
• G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN. 
• C/B (Ej) Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero del 2020. 
• Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM. 
• G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares 
• Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM 
• Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM 
• Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN) 
• Comisario Angel Flores (SEBIN) 
• Comisario Hemis Cermeño (SEBIN) 
• Comisario Joel Cacique 
• T/Navio Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy dia ZOCIM Carabobo 
• T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy dia ZOCIM Barinas 
• Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, Boleita. 
• Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM 
• Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM 
• Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI 
• Fiscal: Farib Mora 
• Fiscal Dinora Bustamante

El documento reiteró que los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad por entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguen actuando libremente y sin que se conduzca una investigación por parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, para identificar a los altos y medios responsables. 

*Puede leer el informe completo aquí.

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Ariana Granadillo fue arbitrariamente detenida en tres oportunidades en menos de tres meses por cuerpos de seguridad del Estado. Fue víctima de tratos crueles, torturas y violencia de género

@ValeriaPedicini 

No una, ni dos. Ariana Granadillo ha sido desaparecida y arrestada tres veces por cuerpos de seguridad del Estado. ¿Su delito? Ser familiar del coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Oswaldo García Palomo y encontrarse en su vivienda cuando efectivos fueron tras él. 

La joven de 21 años era estudiante de cuarto año de Medicina y hacía sus pasantías en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda. Al ser oriundos de Monagas, los familiares del coronel le ofrecieron su vivienda en San Antonio de Los Altos para que pudiera asistir a sus prácticas en el centro de salud. Ariana apenas tenía una semana viviendo en la quinta cuando todo en su vida se vino abajo. 

Eran alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando entre 20 y 30 hombres encapuchados, algunos uniformados con el logo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entraron a la casa. Buscaban al coronel, acusado de delitos de terrorismo, conspiración y rebelión militar, pero se había ido dos días antes a una finca. En la residencia solo estaban la esposa de García Palomo, sus hijos, una prima de Ariana y ella. 

Ariana Granadillo es una estudiante de 21 años detenida por cuerpos de seguridad

Mucho después de 48 horas de detenida su familia pudo verla

Las autoridades venezolanas siguen siendo responsables de la integridad personal de Ariana Granadillo #3Julhttps://t.co/qRm1nh1MMS pic.twitter.com/JWw9m1gLk7

— Marcos Gómez 🕯 (@GomezMarcos) July 3, 2018

Inmediatamente, arremetieron contra la esposa y el hijo del coronel. “Los golpearon delante de nosotras, nos hicieron quedarnos en la sala de la casa y también empezaron con el interrogatorio”, cuenta Ariana. A su prima y a ella también las golpearon para que dieran información sobre el paradero del coronel. “Nos informaron que se le acusaba de terrorismo y traición a la patria. Les dimos las respuestas que teníamos: que no sabíamos por qué se les estaba acusando de eso”. 

Se llevaron detenidos a la esposa y al hijo del coronel. También sacaron pertenencias de la casa: ropas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos. En la vivienda se quedaron la hija del coronel, su prima y Ariana. Antes de irse, los efectivos les dijeron que debían quedarse en la casa, que no podían salir; tampoco le dieron otra opción: dejaron un vehículo afuera de la vivienda para que no salieran. 

Pero lo que parecía ser algo rápido, pronto se convirtió en el principio del terror que le tocaría vivir. “Nos pusieron una capucha a mitad de camino. Nos dijeron que desde ese momento, las cosas ya eran distintas, que ellos eran dueños de nuestras vidas y que teníamos que hacer todo lo que ellos nos pidieran”, dijo Ariana. 

Las obligaron a bajarse en un lugar, las hicieron subir tres tramos de escaleras y las tiraron en el piso de un baño, todavía encapuchadas y con las manos atadas detrás de la espalda. 

Uno de los efectivos que se quedó cuidándolas se acercó a Ariana, le puso una navaja en la cara y le dijo: “Te voy a quitar la capucha. Si me ves la cara, te voy a cortar”. La joven se quedó con los ojos fuertemente cerrados. El hombre comenzó a tocarle el pelo, el cuello y su pecho. 

[#AHORA] Así fue recibida por sus familiares la estudiante Ariana Granadillo luego de ser excarcelada por un Tribunal de Control Militar #FOTOS https://t.co/R44ZM8qx0E pic.twitter.com/tVKrepenoT

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 3, 2018

En la madrugada, fueron a interrogarlas varias veces entre distintas personas. “Querían información del coronel, dónde estaba. Por nosotras vivir en la casa, ellos suponían que teníamos información de las reuniones, de las personas con las que se encontraba, de todos los planes que él tenía y realmente no. No teníamos ninguna información, pero eso no evitó que nos torturaran y que se hicieron muy difíciles todas las horas en ese lugar”. 

Ariana estuvo desaparecida por dos días, sus padres no sabían de su paradero. En aquella oportunidad la torturaron física y psicológicamente. La golpearon, le propinaron descargas eléctricas en las costillas, en las piernas, en el pecho y en la espalda. Hasta para ir al baño y cambiarse tenía que hacerlo frente a los hombres que estaban ahí. Uno de ellos fue quien la había tocado la primera vez. “Nos halaron por el cabello, nos dieron golpes por el abdomen. De eso quedaron hematomas de los golpes. Fue en repetidas ocasiones y de distintas maneras”. 

La pesadilla se hizo realidad

La segunda detención ocurrió el 24 de mayo. Los familiares del coronel salieron del país y, debido a las secuelas psicológicas por la primera desaparición, los padres de Ariana viajaron de Monagas hasta San Antonio de los Altos para hacerle compañía. “Los estudios se me hacían muy complicados, el trauma, la paranoia de volver a pasar por una situación similar. Y como me encontraba en el mismo sitio, el miedo seguía latente”. 

En esa oportunidad, Ariana estaba durmiendo cuando los efectivos fueron por ella. Obligaron al vigilante de la urbanización a tocarles la puerta para que el padre de Ariana abriera. Lo apuntaron y le preguntaron dónde estaban. “Nos buscaron sin despertarnos y nos hicieron bajar hasta la sala. Yo entré en un momento muy difícil cuando veo que eran las mismas personas, cuando veo que iba a volver a pasar por algo igual, algo que todavía no había superado”. 

Estuvieron siete días en una casa ubicada en Fuerte Tiuna, una urbanización militar. “Fue más rudo que la anterior. El interrogatorio fue más fuerte. Hubo asfixias en dos oportunidades. La primera sí la pude soportar, pero en la segunda perdí la conciencia”. De las cosas más duras fue escuchar cómo interrogaban y golpeaban a sus padres. 

El Foro Penal realizó la denuncia ante fiscalía el 29 de mayo por la desaparición de la familia. Y el 31 de mayo fueron liberados bajo amenazas, incluso no les permitieron volver a la casa en San Antonio ni sacar sus pertenencias.

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Huir

Al liberarlos, sabían cuál era el siguiente paso: salir de Venezuela. Planearon todo para emigrar de forma regular en julio, pero por tercera vez detuvieron a la joven. “Iba con mis papás en un (autobús) Expreso. Cuando nos acercamos a la frontera en San Antonio del Táchira nos detuvieron en una alcabala. Nos hicieron entregar las identificaciones a todos y en ese momento, me llamaron a mí, me dijeron que había una orden de captura en mi contra”. 

Le explicaron que Ariana estaba acusada por instigación a la rebelión militar y traición a la patria, además de estar solicitada por un tribunal militar, a pesar de que ella es una civil. Por consejo de los abogados del Foro Penal, organización que llevaba su caso, los padres de Ariana cruzaron la frontera mientras ella fue llevada a Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

“Tenía una orden de captura del 27 de mayo, de cuando ella se encontraba desaparecida. Nosotros denunciamos su desaparición en la fiscalía y llevan a esa causa”, explicó Romero.

“Estuvo unos ocho o nueve días en ese transcurso. Me llevaron a dos puntos del Cicpc, que fue el organismo que me detuvo. Tenía que compartir el espacio de celda con presas comunes. No me dieron derecho a ducharme o al alimento. Fueron días muy difíciles”, señala Ariana. 

Al quinto día después de su detención llegó a Caracas, al sitio donde la iban a recluir, mientras esperaba el juicio en tribunales. La liberaron con medidas cautelares, bajo régimen de presentación cada ocho días. 

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#3Julio Hoy luego de 10d salió de la prisión política la estudiante de medicina Ariana Granadillo (21). Tiene medidas restrictivas a su libertad pero al menos está con su familia. Esta es nuestra recompensa @foropenal : el #abrazodelibertad . Gracias @marielsuarez @MaferTorresA pic.twitter.com/uiM9NHf2CE

— Alfredo Romero (@alfredoromero) July 4, 2018

Ariana ni lo pensó dos veces: salió del país. Emigró de forma irregular, sin ningún documento de identidad que le permitiera volver a estudiar. Sin sus papeles de secundaria, su partida de nacimiento o cédula. “Yo salí de Venezuela sin absolutamente nada, porque todo ellos se lo llevaron en el allanamiento”. 

Para ella, haber abandonado su carrera ha sido una de las cosas más duras de haber pasado por esta situación. “En 2020 me hubiera graduado de Medicina y tuve que dejarlo todo. Se ha hecho muy complicado continuar con mis estudios, a pesar de que las ganas las tengo, por lo menos empezar una carrera desde cero. Pero no se ha podido porque obviamente al no contar con los papeles, no se puede”.

El caso de Ariana y su familia fue documentado para el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, donde se recopilaron actuaciones del Estado venezolano que formarían parte de una política de represión y conducta sistemática que constituiría crímenes de lesa humanidad.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que Ariana Granadillo, Argenis Granadillo, Sorbay Padilla y al menos otros cinco familiares fueron objeto de detenciones arbitrarias, desaparición forzada a corto plazo y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que se perpetraron actos de violencia sexual contra Ariana Granadillo y Argenis Granadillo en forma de agresión sexual, amenazas de violación a familiares y amenazas de mutilación genital, como parte de la tortura perpetrada contra ellas”, reza el informe. 

«Le administraron 8 descargas eléctricas en sus costillas, piernas, pecho y espalda. Le agarraron la cara, arrancándole una corona dental (…) Lo golpearon con palos, lo asfixiaron» Caso Ariana Granadillo y familia, Misión de la ONU sobre Venezuela https://t.co/OZhthMRCDO

— PROVEA (@_Provea) May 27, 2022