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Tocorón

Presos de cinco penales denuncian que no tienen alimentos
La crisis se vive en el Centro Penitenciario David Viloria, la Comunidad Penitenciaria Fénix, Tocuyito, Tocorón y El Dorado 

 

Las denuncias por la falta de alimentos se reciben a diario y son repetitivas en varios centros penitenciarios del país. El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha estado evaluando y monitoreando la situación, y aparentemente están aplicando las mismas acciones en cada uno de los recintos carcelarios como si fuera parte de una política de Estado.

“No tenemos comida. Nos dan una arepa tan delgada como un CD y sin nada. Nos dan agua de caraota o agua de pasta”, este parece ser el menú que dan en las cárceles que están bajo régimen penitenciario en Venezuela, según lo denunciado por los presos y sus familiares al OVP.

A través de fotografías y videos, los privados de libertad han demostrado cómo es su alimentación diaria, por lo que se tienen pruebas suficientes para presentar ante los organismos internacionales.

En el Centro Penitenciario David Viloria y la Comunidad Penitenciaria Fénix, ambos ubicados a escasos metros entre sí en el estado Lara, se conoció que la situación actual es crítica, los reclusos tienen semanas denunciando la falla en la distribución de alimentos. La primera afectada fue Fénix y desde David Viloria, conocida como cárcel de Uribana, les pasaron alimentos para tratar de solventar ese día, pero las fallas continuaron y el alimento ha sido muy escaso en ambos penales.

“Una sola comida al día nos dieron hoy aquí en Fénix”, expresaron los presos este fin de semana, mientras en Uribana denuncian que supuestamente funcionarios les están cobrando por darles una ración de comida. 60 mil bolívares sería el monto mínimo para ello, según explicaron al OVP.

Entre Fénix y Uribana existe una población de al menos 4.500 reclusos, contabilizando a las mujeres que se encuentran en los anexos. Esta sería la población afectada, aunque los internos saben que existe un grupo de presos con más privilegios que otros, pero se trata de pequeños grupos que no representan la mayoría de la población penal.

En el área de mínima del Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, conocida también como cárcel de Fénix o Tocuyito, pues se encuentra en el mismo complejo penitenciario ubicado en el estado Carabobo, también han hecho llegar denuncias de la mala alimentación.

Los presos afirman que les han dado agua de pasta o arroz, además de que no tienen gas para cocinar.

En el Complejo Penitenciario de Aragua (Tocorón), específicamente en la torre administrativa, es el único lugar donde esta implementado el régimen penitenciario y es precisamente donde falta la comida.

Agua de pasta, un pedazo de auyama o patilla serían los alimentos que recibieron la semana pasada estos presos. Las mismas denuncias se extienden al estado Bolívar, pues los reclusos del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel de  El Dorado, hicieron la misma denuncia sumado a que les siguen suministrando agua del río Cuyuní, el cual está contaminado.

Son cinco penales en total desde donde los presos han alzado sus voces para pedir auxilio, pues aseguran que los están matando de hambre. Según lo que han relatado al equipo de OVP, se sienten desesperados, son muchos que están débiles debido a la inadecuada alimentación, situación que ha generado quebrantos de salud y proliferación de enfermedades como la tuberculosis.

Cada vez que los visitan, las madres, esposas y hermanas de los reclusos los describen como unos zombis, porque han rebajado de 10 a 30 kilos en pocos meses.

Carolina Girón, directora del OVP, manifestó que la situación es preocupante. “Esto pareciera que se ha convertido en una política de Estado. Mienten al decir que los presos tienen sus tres comidas al día y una alimentación balanceada, porque no es así, una arepa pura, un agua de pasta, caraota o arroz no se le puede llamar una alimentación balaceada”, recalcó.

Una vez más la directora de OVP hizo un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que investigue qué está pasando. Ahora son los presos de cinco penales distintos que alzan sus voces, pero recordó que la semana pasada los privados de libertad del Rodeo III en el estado Miranda iniciaron una huelga de hambre por falta de comida.

Días atrás pasó en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) I en el estado Táchira, quienes denunciaron a través de videos que les escondían los alimentos.

Por último, Girón lamentó que ninguna situación ha sido investigada hasta ahora, tan solo se han efectuado traslados de un penal a otro, pero ninguna autoridad ha sido objeto de investigación.

Una Ventana a la Libertad: Figura del pranato femenino gana fuerza en retenes y calabozos

LILA (NOMBRE FALSO), de 30 años de edad, está bajo régimen de presentación por el delito de homicidio calificado en grado de cómplice. Esta mujer estuvo presa tres años y nueve meses en el Retén de El Marite, en el estado Zulia. Sus familiares y ella sufrieron el acoso de la “pran” de ese centro de reclusión.

Los parientes de Lila asumieron las primeras semanas de su aprehensión, que fue a mediados del año 2013, el pago de un millón de bolívares diarios en efectivo a la pran del penal para que el resto de las reclusas no la golpearan.

Desde la primera noche a Lila le alquilaron un espacio en el retén, le entregaron un teléfono y contaba con la protección de un grupo de presas. “Por llamadas telefónicas nos suplicaba que le lleváramos el dinero, que no la dejáramos morir, que la querían matar”, comentó una de las hermanas de esta ex reclusa a Una Ventana a la Libertad.

La ex reclusa que fue “escudera” de una pran en Tocorón para sobrevivir 

Alicia (nombre falso), de 28 años de edad, estuvo seis años presa por homicidio y tenencia de droga en el anexo femenino de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. La ex reclusa contó cómo su familia gastaba dinero para su protección semanal, lo que en ese submundo es conocido como la “causa” que se le paga a los pranes, pero en el caso de la familia de Córdoba le pagaban a una pran llamada “La Gruesa”.

“Mis familiares pagaron hasta dos millones de bolívares cada viernes que debían depositar en la cuenta particular de esa reclusa. El pago incluía protección para no ser golpeada, privilegios para poder estar en la cocina y, además, quienes hacen este pago tienen el beneficio de que los funcionarios de la Guardia Nacional se mantengan alejados de las internas”, relató la mujer.

Sobre su estadía dentro de la prisión, Alicia menciona varios aspectos: “Al año de caer presa mis hermanos y mi madre dejaron de visitarme. Mi mamá cayó enferma. El dinero comenzó a fallar, así que me gané una paliza brutal. No me violaron porque dos compañeras se metieron a defenderme, esa vez eran los funcionarios de la Guardia Nacional que querían dinero a cambio de no abusar de mí. Tras recuperarme, debía pagar mi deuda. Así que por espacio de tres meses fui como una especie de un “escudero” para la presa conocida como “la gruesa”. Limpiaba su celda, atendía a sus amigas y manejaba la logística de algunas fiestas. Un buen día sólo me quería morir y sencillamente decidí no hacer nada más. Ese día llegó una visita con Defensa Pública y empezó a ser estudiado mi caso. Estuve detenida seis años por unos delitos que no cometí. Mi familia se fue del país y yo trabajo en lo que aprendí en la cárcel: a cocinar y limpiar”.

Una Ventana a la Libertad también confirmó que en el centro de detención preventiva de la sede principal del Cicpc de Mérida, que está ubicada en la avenida Las Américas, quien controla la rutina penitenciaria es una pran, pese a que en ese lugar de reclusión hay presos y reclusas. De acuerdo con cifras extraoficiales, en esa sede policial hay 150 privados de libertad. Debido al hacinamiento los presos fueron ubicados en un área administrativa de la policía científica.

 

Con información de Una Ventana a la Libertad 

InSight Crime: Gobierno de Maduro fortalece sus nexos criminales

Maduro-Constituyente

Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.

Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.

“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.

El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.

“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.

Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.

La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.

 

“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.

La ‘mano dura’ de Maduro

Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.

De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.

La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió  Vigil, en la entrevista con InSight Crime.

Sanciones no afectaron economías ilícitas

En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).

El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.

Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.

Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.

El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.

Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.

El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.

Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.

Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.

Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.

También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.

En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.

“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.

Aumenta el control militar 

La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.

En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.

“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.

Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.

La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.

La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.

Ataque desde cárcel de Tocorón deja tres Cicpc heridos

tocoron

Tres funcionarios del CICPC resultaron gravemente heridos, luego que fueran atacados con disparos desde la cárcel de Tocorón, justo cuando una comisión policial pasaba frente al penal rumbo a la población de Magdaleno, municipio Zamora, para brindar apoyo a otros funcionarios que más temprano escenificaron un fuerte enfrentamiento con delincuentes de la zona.

Los internos apostados en una garita, efectuaron varias detonaciones con armas largas e impactaron la unidad policial e hieren a dos de tres tripulantes de la comisión, quienes trataron de salir de la linea de fuego. La patrulla quedó accidentada producto de los impactos de bala y es cuando los funcionarios piden ayuda a un conductor que traslada a los heridos hasta un centro asistencial. Los internos rodearon la unidad policial accidentada y la incendian.

Minutos después llegaron al lugar unidades de apoyo de la División de vehículos Aragua, donde se produce el segundo enfrentamiento, en el que resulta herido otro policía.

Los funcionarios heridos fueron identificados como detective jefe Yourdi Lugo, adscrito a la Division de Investigaciones de Vehículos del estado Aragua, herido en la región occipital con sutura de seis puntos, cuyo estado de salud es estable.

Sigue leyendo esta nota de Gregoria Díaz en Crónica Uno

Libertad plena para los tres periodistas detenidos en Tocorón

PeriodistasDetenidos

Foto: Eleazar Urbaez

El periodista de Dolar Today, Jesús Medina, y sus colegas Filippo Rossi (suizo) y Roberto Di Matteo (italiano) obtuvieron libertad plena tras ser detenidos entrando a la cárcel de Tocorón para realizar una investigación periodística, confirmaron grupos gremiales y sus abogados.

Los reporteros fueron llevados al Tribunal 5to de Control del estado Aragua en horas de la tarde para su audiencia de presentación donde la jueza Alfonsina Vega no les imputó ningún delito y les otorgó la libertad plena.

A su salida de los tribunales, los periodistas aseguraron que “teníamos permiso para realizar los trabajos periodísticos dentro del Penal de Tocorón. No sabemos el porqué fuimos detenidos”.

Los profesionales de la información estuvieron en el destacamento 421 de Aragua; y se les acusó de ingresar equipo audiovisual a la cárcel sin autorización.

Medina, Di Matteo y Rossi fueron detenidos el viernes 6 de octubre por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando se disponían a realizar un trabajo de investigación sobre la cárcel de Tocorón.

 

Fiscal Ortega Díaz rechaza detención de periodistas que entraron a Tocorón

LuisaOrtegaD

La Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, rechaza la detención del periodista venezolano Jesús Medina y los corresponsales extranjeros Roberto Di Mateo y Filippo Rossi quienes ingresaron a la cárcel de Tocorón, estado Aragua, para realizar un reportaje sobre la situación penitenciaria del país.

La Fiscal expresó su rechazo a la aprehensión de los reporteros, ocurrida el sábado 7 de octubre, a través de su cuenta Twitter.

 

Los periodistas serían imputados por  “ingresar equipo audiovisual sin autorización” al centro penitenciario de Aragua, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Se encuentran detenidos en el Destacamento 421, en Tocorón, para ser presentados el domingo 8 de octubre en la Fiscalía 14 de Aragua.

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.

beneficio

La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

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Lea más: Ministerio de Servicio Penitenciario confirma que el pran Wilmito tiene beneficio de Régimen de Confianza que le dio Iris Varela

 

Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”
Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio
“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

 

@ronnarisquez

“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

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A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.  

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.  

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

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–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

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No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

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La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.