Tocorón

La Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, rechaza la detención del periodista venezolano Jesús Medina y los corresponsales extranjeros Roberto Di Mateo y Filippo Rossi quienes ingresaron a la cárcel de Tocorón, estado Aragua, para realizar un reportaje sobre la situación penitenciaria del país.

La Fiscal expresó su rechazo a la aprehensión de los reporteros, ocurrida el sábado 7 de octubre, a través de su cuenta Twitter.

Rechazo la detención de dos periodistas extranjeros y uno venezolano por ejercer el derecho a informar la verdad sobre las cárceles

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) October 7, 2017

 

Los periodistas serían imputados por  «ingresar equipo audiovisual sin autorización» al centro penitenciario de Aragua, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Se encuentran detenidos en el Destacamento 421, en Tocorón, para ser presentados el domingo 8 de octubre en la Fiscalía 14 de Aragua.

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como «Wilmito», el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: «…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir».

La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de «Wilmito», pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario «filtraron» unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a «Wilmito» en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que «Wilmito» había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que «Wilmito» también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que «Wilmito» había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

 

Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio

“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

 

@ronnarisquez

“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.  

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

–¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.  

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.

Luego de 52 días sin verlo, la noche del martes 14 de febrero el basquetbolista Juan Manaure recibió la mala noticia de que el cadáver de su hijo, Dereck Manaure, había sido hallado en la población de Chuspita, en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda.

El cuerpo del menor de 15 años fue localizado un metro bajo tierra en una zoca boscosa, a orillas de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho sentido Guatire-Caucagua.

Hasta ese sitio los llevó Ángel Miguel Heredia González, quien fue detenido en horas de la mañana del martes y tras un interrogatorio guió a las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) al lugar punto. Le incautaron varias prendas de la víctima y una escopeta.

Carlos Alberto Almarza, director nacional de la Unidad contra Extorsión y Secuestro del Ministerio Público, detalló que cuatro presuntos implicados en el secuestro, quienes estaban presos en la cárcel de Tocorón y Tocuyito, fueron asesinados en extrañas circunstancias dentro de la prisión. Se cree que es debido a su vínculo con la banda involucrada. Asimismo, los hechos coinciden con el aumento del número de detenidos implicados en el plagio.

Sigue leyendo esta nota de Yohana Marra en Crónica Uno

EN EL ÚLTIMO CAMBIO DE GABINETE MINISTERIAL, el presidente Nicolás Maduro designó como nuevo vicepresidente de la República a Tareck El Aissami, quien era gobernador del estado Aragua desde 2012.

En la misma cadena del 4 de enero, el Jefe de Estado se refirió además a algunas de las metas de su gobierno para 2017 y destacó la búsqueda de la paz y la seguridad ciudadana como uno de los principales objetivos de su gestión en el año que comienza.

Sin embargo, hay algunas contradicciones llamativas entre el «currículum» del vicepresidente y los «deseos» del Primer Mandatario de acabar con la inseguridad en 2017. Aunque El Aissami es criminólogo, egresado de la Universidad de Los Andes, el combate a la delincuencia y la reducción de la violencia no han sido su fuerte. Aquí algunos datos y cifras que lo demuestran:

Pranes

1. En 2010 durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores y Justicia nace la figura del «PRAN», delincuentes presos en cárceles venezolanas que asumen el liderazgo y control de los recintos penitenciarios y que lograr mantener su actividad criminal aún estando en prisión. «Wilmito», «El Oriente» y «El Yoifre» se convirtieron en noticia durante la administración de El Aissami.

El motín más largo

2. En 2011, durante su gestión como MRIJ se registró el motín más largo en la historia penitenciaría de Venezuela. 27 días permaneció la cárcel del Rodeo II bajo el control de dos pranes, quienes forzaron al gobierno a negociar la entrega del recinto. La incapacidad mostrada por El Aissami para lograr la resolución del conflicto obligó al presidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Homicidios y secuestros crecieron

3. El Aissami fue ministro de Relaciones Interiores entre 2008 y 2012. Durante su gestión el número de homicidios en el país aumentó en 60%, pasó de 13.156 en 2008 a 21.692 en 2012, según estadísticas del OVV.

Ejecuciones extrajudiciales

4. Siendo gobernador de Aragua se difunde la grabación de una ejecución extrajudicial cometida por funcionarios de Poliaragua. El Aissami reconoce que se trata del cuerpo de seguridad bajo su mando y orden la destitución de los funcionarios. Sin embargo, luego de este evento inédito en el país ese cuerpo de seguridad no fue intervenido, ni investigado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los toque de queda

5. Como gobernador de Aragua se registra el primer toque de queda impuesto por delincuentes en una ciudad del país: Maracay. Estos «toques de queda» continúan repitiéndose en esa entidad. Los delincuentes prohíben -a través de cadenas de whatsapp o por panfletos- el libre tránsito de los ciudadanos en horas y zonas establecidas por ellos.

Tocorón es un Spa

6. Como gobernador de Aragua, la cárcel de Tocorón se convirtió en Spa con piscina, zoológico, campos deportivos, restaurantes, supermecados y bancos. Todo bajo la mirada de las autoridades y «el reinado» del pran Héctor «el Niño» Guerrero. El poder de Guerrero traspasa incluso los barrotes de la prisión y alcanza casi todo el estado Aragua.

Aragua con el título de estado más violento

7. Al cerrar 2016, Aragua pasó a ser el estado más violento del país con una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes. Superó así a Miranda y Distrito Capital, según proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia.

Terrorismo y narcotráfico

8. Al momento de la publicación de esta nota solo se tenían versiones difundidas por medios de EE.UU. que relacionaban a El Aissami con presunto tráfico de drogas y supuestos vínculos con grupos terroristas. Pero este lunes 13 de febrero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló formalmente a Tareck El Aissami de presuntos nexos con el narcotráfico y anunció sanciones para el funcionario venezolano y para uno de sus más cercanos colaboradores, Samark López. Ambos fueron incluidos en la lista OFAC y sus bienes fueron congelados. 

 

 

 

 

Lo veníamos sospechando desde que se pusieron en marcha las llamadas “zonas de paz” en Barlovento y en los Valles del Tuy. El primer ensayo lo realizó el presidente colombiano Pastrana cuando liberó durante un largo tiempo amplias extensiones territoriales de su país de la intervención del ejército y de la policía entregándoselas a la guerrilla para que iniciaran un supuesto proceso de pacificación. El experimento fracasó rotundamente pues la subversión aprovechó la oportunidad para todo lo contrario, esto es, para reorganizar y perfeccionar la guerra, o el conflicto como eufemísticamente ha preferido decir el gobierno colombiano.

Con tales precedentes la prudencia aconsejaba no repetir la experiencia en otros lugares. La sorpresa llegó cuando con bombos y platillos, en cadenas de televisión y con la bendición y apoyo de los poderes del Estado se nos anunció la creación de dichas “zonas de paz”, espacios liberados de toda intervención policial y militar para que en ellos grupos de delincuentes supuestamente deseosos de cambiar su criminal conducta desarrollaran bajo el control de sus comunidades programas de producción agrícola y actividades culturales del más variado tipo para lo cual recibirían financiación oficial adecuada.

¿Ingenuidad? ¿Idealismo? ¿Ignorancia de lo que quienes conocemos al malandro por dentro y por fuera sabemos?

Como en Colombia, en Venezuela el experimento sirvió para todo lo contrario. Esas zonas, además de ser utilizadas como refugio para criminales de unos y otros lugares, dado el espacio de impunidad, y para acopiar sofisticados armamentos adquiridos con el financiamiento de los supuestos programas de recuperación, han dado origen a muchas de las macrobandas que hoy pululan por campos y ciudades.

Nuevas sorpresas. Los pranes, que sí existen, existieron y existirán, contra lo dicho por la ministra, viendo disminuidos sus ingresos porque fueron liberados algunos detenidos con lo que la extorsión de hasta 5.000 bolívares por semana, llamada causa, que le cobran a cada preso para semigarantizarle la vida, se reduce, secuestran funcionarios para presionar pidiendo les envíen a sus dominios carcelarios nuevos extorsionables. Y el gobierno cede. A la PGV 1.443 nuevos, a Tocorón otros 2.000, un número similar a Tocuyito; y no hemos acabado. Ahora no se financian programas sino que se negocian esclavos.

En uno y otro caso, siempre ha actuado el mismo viceministro. ¿Por qué será?

¿Podemos dudar de que este régimen no solo protege la violencia sino que la fomenta y hasta la financia?

 

ciporama@gmail.com

El Coronel de la Aviación Miguel Ángel Ontiveros López de 49 años edad, fue puesto en libertad luego que sus familiares pagaron divisas por su rescate a presos de la cárcel de Tocorón, según reseñó La Patilla.

El funcionario fue secuestrado el viernes 19 de agosto en la noche cuando circulaba por la Urbanización El Orticeño, calle 25, sector Palo Negro Estado Aragua. La víctima fue liberada en carretera nacional La Villa-Magdaleno, Sector Yuma, estado Aragua.

De acuerdo con la información publicada en La Patilla, los reclusos de Tocorón se comunicaron con los familiares del Coronel para solicitar el pago de su rescate.

 

Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los primeros días de este mes, los “pranes” de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en Guárico, dejaron claro que el verdadero control de los penales lo tienen los privados de libertad.

A través de una nota de prensa, el director de OVP, Humberto Prado, advirtió que el sistema penitenciario de Venezuela se quiebra entre “pranes”, motines, secuestros, chantajes, fugas, sobrepoblación y alrededor de 1.622 muertes en los últimos cinco años, durante la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien hasta la fecha no ha cumplido con los compromisos adquiridos para responder a un creciente número de reclusos, y además asegura que los penales están totalmente controlados.

Prado refirió que desde el lunes 1 de agosto, los “pranes”, “principales” o “líderes” mantuvieron secuestrados a 46 trabajadores del ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos el subdirector del recinto carcelario, Ramón Hernández. La solicitud de este par de “pranes” es que se trasladara a ese penal a 2.000 reclusos que se encuentran en otras cárceles.

Estos sujetos cobran la “causa” de 2.500 bolívares semanales a un estimado de 2.900 privados de libertad, aunado a los 2.800 del Internado Los Pinos y 290 del anexo femenino, lo que les genera una ganancia mensual de 14 millones 975 mil bolívares. No obstante, los “pranes” exigen incrementar la población penal para aumentar sus ingresos a 19 millones 975 mil bolívares.

 

Indiferencia oficial 

Un familiar de uno de los reclusos de la PGV aseguró que “los internos están solicitando que les envíen detenidos de Poliguárico, comisarías y del centro 26 de julio, que están pasando hambre y humillaciones ahí. Estamos esperando que se avoquen los entes competentes, sobretodo la ministra Iris Varela, que venga a dar la cara en la PGV para que dialogue con los presos, que hable con todos, eso es lo que ellos quieren”.

En tanto, sin que la ministra se pronunciara al respecto y con miles de familiares angustiados por la situación, medios de comunicación reseñaron que el jueves liberaron a 23 de los secuestrados, el viernes al subdirector Ramón Hernández y este sábado al resto de los trabajadores.

Los “pranes” acordaron el ingreso de la visita el sábado, luego de dialogar con la Defensoría del Pueblo y el viceministro José Vicente Rangel Ávalos; mientras que, hasta la fecha, han sido trasladados hasta la PGV 1.443 reos provenientes de policías municipales, estadales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

De esta cifra, se conoció que 135 detenidos son provenientes de la Policía de Guárico; 22 de la subdelegación del Cicpc en El Paraíso, Caracas; y 73 del Cicpc de Caraballeda, estado Vargas, y comisarías de la misma entidad.

“La irregularidad de estos traslados pasa por aprobarlos y que efectivamente se realicen, tomando en cuenta que son recibidos desde todas las localidades sin la autorización de un juez. El silencio que guardan las autoridades los hace cómplices de esta situación que incumple con todos los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos y tratamiento de las personas privadas de libertad”, declaró Prado.

El 26 de mayo de este mismo año, estos mismos “pranes” secuestraron a tres sargentos y a un capitán de la Guardia Nacional porque no les permitían que pasaran motos y vehículos, donde se trasladaban sus respectivas parejas durante la visita conyugal.

Tras 40 minutos de perpetrado el secuestro, un capitán de la GNB accedió a la petición de los «pranes» y dejó pasar varios carros y motos. Finalmente, los sargentos fueron liberados sanos y salvos.

 

Siete muertos y 52 heridos en Alayón

Un total de siete internos fallecidos y otros 52 heridos fue el saldo de un ataque perpetrado en el Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua, donde un grupo sin identificar detonó dos granadas tras una riña carcelaria, por un presunto “cambio de gobierno” entre los líderes del recinto carcelario.

Tras la reyerta, siete reclusos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como “Tocorón”, entre ellos uno de los líderes apodado como “El Luis”, hijo de un ex alcalde del municipio Ribas de esta entidad.

Familiares de algunos reos aseguraron que la disputa por el control del penal se originó entre “El Luis” y otro interno de San Vicente, pero fue el primero de éstos quien detonó las granadas. El caso es investigado por Fiscales del Ministerio Público, quienes se trasladaron hasta el sitio para verificar el estado de salud de varios internos que presentaron lesiones leves.

 

Huelga de hambre en Tocuyito

El miércoles 3 agosto, cientos de familiares permanecieron en las adyacencias del Internado Judicial de Carabobo, conocido como cárcel de Tocuyito, donde la población penal se declaró en huelga de hambre.

Funcionarios de la GNB reforzaron la seguridad perimetral del penal, pero hasta la fecha ninguna autoridad se ha pronunciado.

Los familiares informaron que los reos exigen mejoras en la infraestructura, y protestan por la insalubridad y el maltrato constante al que son sometidos por parte del director Juan Pérez, quien suspendió las visitas.

En este penal, los presos también deben pagar una “causa” semanal, según denunciaron los parientes, incluso para ser trasladados a los tribunales. Recientemente, el 18 de julio, un grupo de reclusos de la Mínima de Tocuyito secuestró a dos guardias nacionales, 12 funcionarios del ministerio de Servicios Penitenciarios y a la subdirectora del recinto carcelario. Este penal alberga alrededor de 650 reclusos, tanto procesados como penados.

Este domingo 7 de agosto se conoció sobre el ingreso del cadáver del recluso Freddy Ramón Hidalgo Ortiz (58), proveniente de la cárcel de Tocuyito, a la morgue del hospital de Valencia, Carabobo.