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Theresly Malavé

Desconocen paradero de Gilber Caro a una semana y media de su detención

LA ABOGADA Theresly Malavé, que integra la defensa del diputado Gilber Caro, indicó este lunes que se desconoce el paradero del parlamentario a una semana y media de su desaparición forzosa por parte de cuerpos de seguridad.

“No se sabe absolutamente nada de Caro, nuestro equipo ha buscado en Caracas y Valencia en distintas sedes penitenciarias pero no tenemos conocimiento alguno después de una semana y media de una presunta detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional”, indicó Malavé en una entrevista para Unión Radio.

Señaló que la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia no recibió la denuncia por parte del equipo de defensa de Caro por la desaparición forzosa del diputado.

“Creemos que está en el Sebin por las fuentes que tenemos, esperamos que así sea. Solo esperamos que las autoridades den la confirmación por nuestra pronunciación no generará repercusión. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si lo hará”, aseveró la abogada.

Anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas exigió al oficialismo que diera a conocer la ubicación de Caro y que se garantice su seguridad e integridad.

Detalló que aún se desconoce cuáles son los motivos de su detención y si se tiene previsto algún enjuiciamiento en contra del parlamentario, además de los delitos imputados en años anteriores por presunta posesión de armas.

Gilber Caro fue detenido durante la madrugada del pasado 26 de abril por motivos desconocidos. Voluntad Popular, partido político en el que participa, rechazó cualquier acción que afecte su integridad y responsabilizó a Nicolás Maduro por cualquier atentado en su contra.

Defensa de presos en el Sebin exigen que se cumplan boletas de excarcelación

 

Los abogados defensores de los presos políticos que se mantienen recluidos dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como El Helicoide, solicitaron la liberación de aquellos detenidos que poseen boleta de excarcelación.

A las afueras de la Defensoría del Pueblo, el abogado Carlos Daniel Moreno recordó que en mayo de 2018 se consignó una comunicación ante ese organismo,  y hasta el momento no han recibido respuesta, por lo que le exhortaron al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz “que cumpla con sus obligaciones constitucionales”.

El jurista aseveró que la toma pacífica que empezaron los presos políticos junto al resto de los detenidos en El Helicoide el lunes 9 de julio “era previsible” debido a las condiciones de aislamiento y violación a sus derechos humanos.

Destacó que los reclusos del Sebin tienen más de 55 días de aislamiento, sin visita de familiares y sin acceso a medicinas y alimentación, po9r lo que exigió a las autoridades judiciales para que atiendan las solicitudes en cada proceso, debido al retardo y la falta de respuesta.

Represalias

Los familiares de los presos políticos también afirmaron que temen que se agudice la represión y las malas condiciones dentro del Sebin “y se ensañen contra quienes protestaron”, indicó a Efe la diputada Adriana Pichardo.

Al jueves 12 de julio, los detenidos cumplieron más de 24 horas sin establecer contactos con el exterior, lo que hace pensar a familiares y defensores que la revuelta “se calmó”, indicó la abogada del preso Lorent Saleh, Theresly Malave.

En tanto que la madre de este, Yamilet Saleh, remarcó a Efe el hermetismo oficial que priva sobre la situación de los amotinados. “Sigue igual que ayer (…), está todo muy hermético ahí, no sabemos nada, ni cuando abren las visitas ni nada”.

De acuerdo con el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, en El Helicoide habitan 11 “presos políticos” y más de 100 detenidos por diferentes delitos, mientras que la ONG Coalición por la Justicia y la Verdad cifra en 18 los detenidos por motivos políticos que permanecen en esa sede policial.

Esta es la segunda revuelta por el mismo motivo que se produce en El Helicoide en lo que va de año, luego de la que se registró entre el 16 y el 18 de mayo pasado, y tras la cual varios detenidos fueron liberados.

 

 

* Con información de Unión Radio

Theresly Malavé: Exigimos libertad plena para los presos políticos acusados durante gestión Ortega Díaz

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Luego de escuchar la declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ofrecida para un medio de comunicación colombiano, en la que manifestó que fue obligada a perseguir penalmente y procurar la condena del dirigente político Leopoldo López, los abogados de la Coalición venezolana de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto.

La abogada Theresly Malavé explicó que esta confesión “nos obliga a hacer una comparación con lo sucedido con el magistrado Eladio Aponte Aponte en el año 2012 cuando aseguró que la condena de 30 años de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y los funcionarios de la Policía Metropolitana habría sido manipulada y que la orden para capturarlos la dio directamente Hugo Chávez”.

Ante esta situación Malavé explicó que lo que corresponde en este caso es anular los expedientes y la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos. “Es lamentable que el Poder Judicial dependa de lo que disponga el Poder Ejecutivo y no de lo que dictan las leyes. Las violaciones a los derechos humanos de nuestros defendidos se repiten demostrando que es una política de Estado inventar crímenes, alterar las actas procesales, presentar testigos falsos, negar las pruebas que usan los presos políticos para demostrar su inocencia, retardo procesal deliberado para perjudicar y torturas que van desde palizas, asfixias, aislamientos y prohibición de visitas “.

Para Malavé este patrón de conducta permite aseverar que todas estas violaciones en los casos de los presos políticos es una política del gobierno. “Por está razón exigimos libertad plena de todos los presos políticos y en especial de aquellos que fueron acusados durante la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz, entre los cuales se encuentran: Alexander Tirado, Raul Baduel, Lorent Saleh, Gabriel Valles, Renzo Prieto, Villa Fernández, Kamel Salam que está preso desde el 2009 y está actualmente grave de salud, los funcionarios de la PM Marcos Hurtado y Arube Salazar que ya tienen su pena cumplida, y los funcionarios Luis Enrique Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain”.

Para Malavé la fiscal fue presionada por el gobierno y que no solo fue ella sino también el fiscal Franklin Nieves. Los abogado de la Coalición venezolana de Derechos Humanos coincidieron en que con el tiempo la fiscal general fue distanciándose de las instrucciones emanadas del poder y detallaron que en esa oportunidad no acusó a Leopoldo López por el delito de homicidio y terrorismo sino que se deslindó y lo acusó por delitos menores que generaron una condena de 14 años y no de 30 años. “Pero esta conducta no sólo fue con Leopoldo López sino que en el caso de Juan Pablo Pernalete es cuando se evidenció un distanciamiento absoluto de ella con el gobierno revelando que lo mataron con una bomba lacrimógena”, concluyó.

Globovision Feb 03, 2018 | Actualizado hace 2 años
Liberaron a Enrique Aristeguieta Gramcko

EnriqueAristeguieta

 

La noche de este viernes fue puesto en libertad el abogado Enrique Aristeguieta Gramcko, conocido historiador y dirigente político -de 84 años- que fue apresado por funcionarios del Sebin en horas de la madrugada.

Tras su detención estuvo recluido en El Helicoide y en horas de la noche se llevó a cabo la audiencia de presentación en un tribunal civil que determinó su libertad plena, según informó la abogada Theresly Malave.

La detención del líder político se produjo cerca de las 4 de la madrugada cuando a la casa de Gramcko arribó una comisión del Sebin que lo trasladó hasta El Helicoide. Él mismo lo informó a través de su red social.

Aristeguieta es un líder histórico de la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Ha sido diputado, gobernador y embajador. Distintos organismos internacionales -incluida la OEA- y personalidades del mundo político y religioso -como el cardenal Urosa- habían solicitado su liberación.

De acuerdo con el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal se prohíbe la detención de personas mayores de 70 años: Aristeguieta Gramcko está próximo a cumplir 85.

Theresly Malavé: De no ser liberados policías metropolitanos pasarán 15 navidades presos y sin sus familiares
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Los funcionarios de la Policía Metropolitana, presos desde el año 2003, cumplirán este diciembre 15 navidades en la cárcel militar Ramo Verde.
“Los funcionarios de la Policía Metropolitana Marcos Hurtado, Héctor Robain, Arube Pérez Salazar, Luis Enrique Molina y Erasmo Bolívar llevan 14 años detenidos en la cárcel militar Ramo Verde. Tener todo este tiempo preso pagando una condena, algunos de 30 años y otros de 16 y 17 años, implica 14 navidades sin estar con sus familias”, denunció la abogada Theresly Malavé.
En el caso de Marcos Hurtados y Arube Pérez Salazar, ya tienen la pena prácticamente cumplida porque ellos durante todo este tiempo han trabajado y estudiado. “Lo que genera según nuestras propias leyes la redención de la pena. Ellos ya deberían estar en libertad, pero pareciera que será otra Navidad que estarán presos con condiciones de salud mermada”, denunció la abogada.
Malavé destacó que Venezuela espera para los funcionarios de la Policía Metropolitana no un regalo ni la piedad del gobierno sino el cumplimiento de la ley. “Si el gobierno cumple la ley todos los PM saldrían en libertad por las fórmulas alternativas del cumplimiento de las penas. Eso lo debe ejecutar el juez que lleva la causa que es el 1ero de ejecución del estado Aragua que hasta el momento no se ha pronunciado sobre todas las solicitudes que le hemos hecho por las libertades que les corresponden a los funcionarios de la policía metropolitana”, concluyó.

 

Theresly Malavé: Al diputado Gilber Caro le dan de comer solo dos tazas de arroz al día

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La abogada y defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, denunció las torturas que está recibiendo el diputado Gilber Caro en la cárcel de Tocuyito donde esta detenido actualmente.

“El pasado 1ero de junio se celebró la audiencia de presentación en el tribunal militar a cargo de la jueza Luz Mariela Santafe. En esa audiencia escuchamos el testimonio de Gilber Caro y ahí denunció que estaba siendo sometido a aislamiento y que no le suministran alimentos”, explicó Malavé.

Según el testimonio de Caro en esa oportunidad solo “le están dando dos tazas de arroz al día o una arepa sin relleno, y no le permiten a sus familiares que le lleven comida. Gilber ha perdido 14 kilos y ya tiene la piel pegada a los huesos. Estos hechos representan una forma de tortura al que están sometiendo a un diputado de Venezuela”, denunció.

Malavé denunció esta situación y destacó que Caro presenta un deterioro acelerado de su salud. “A Gilber lo debe atender de manera urgente un médico y exigimos su liberación inmediata”, concluyó.

 

*Prensa Todos por la Libertad

El 11 de abril de los Policías Metropolitanos: 15 años de injusticia continuada

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La justicia nunca ha estado de lado de ellos. Les ha dado la espalda aunque hicieron carrera apegada a ese valor con uniforme y placa de policía. Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años no ha sido demostrada. Aún así, siguen pagando condenas sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. Para ellos es un derecho negado. Son nueve hombres, los primeros presos políticos del Gobierno que enfrentaron el juicio más largo del país y ahora luchan contra un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.

Todos los recursos legales han sido empleados por sus defensores. Theresly Malavé es una de las abogadas que lleva sus casos. Ella ya perdió la facultad de sorprenderse.Vivir la injusticia tan cerca así lo ha determinado. Para ninguno de estos ex funcionarios ha sido posible apelar al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece en la ejecución de sentencia el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena.

El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina, el sargento Julio Rodríguez, y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 por la jueza Marjorie Calderón. Han pasado 14 años y ya debían gozar “no de un beneficio, sino de formas distintas de cumplir la pena verificando conducta del detenido con exámenes psicosociales y de buena conducta realizada por evaluaciones de equipos multidisciplinarios”.

Cinco veces han sido sometidos a pruebas de ese tipo. María Bolívar recuerda muy bien la que se le hizo a su sobrino, Erasmo Bolívar hace dos años. Fue después de una visita de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. “Ella prácticamente les dijo que ya habían cumplido su condena. Después yo fui a tribunales en Maracay, donde está la causa de ellos, y me dijeron que nada de eso iba a progresar porque faltaba una orden del alto Gobierno”.

Malavé lo explica: Con 1/4 de la pena pueden optar por el destacamento de trabajo, que consiste en salir a diario a cumplir funciones de empleado en alguna empresa y regresar a su centro de reclusión; con 1/3 les corresponde el régimen abierto en el que se le permite vivir en una casa alejada del lugar de los hechos; con 2/3 a libertad condicional con régimen de presentación en tribunales; y con 3/4 al confinamiento por trabajo y estudio.

Laura Molina lleva muy bien las cuentas relacionadas con el caso de su esposo, el subcomisario Marcos Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses. El 15 de junio de 2007 se le venció el destacamento de trabajo, el 5 de noviembre de 2008 el régimen abierto, el 25 de junio de 2014 la libertad condicional, y el 15 de octubre de 2015 el confinamiento. “Tiene más casi dos años en la cárcel de gratis”. Los cálculos del cabo primero Arube Pérez, son similares, la diferencia la marca un año y dos meses — su sentencia fue de 17 años y 11 meses — y le correspondía el destacamento de trabajo el 30 de septiembre de 2007, el régimen abierto el 25 de marzo de 2009, la libertad condicional el 5 de marzo de 2015, y el confinamiento el 30 de junio de 2016.

A Bolívar, Rovaín, Molina y Rodríguez se les han vencido dos fórmulas: Destacamento de trabajo el 15 de octubre de 2010, y régimen abierto el 15 de abril de 2013. Mientras que los comisarios Forero y Vivas han debido reinsertarse al campo laboral el 3 de junio de 2012 y vivir en una residencia asignada desde el 3 de de diciembre de 2014. Simonovis también tiene las mismas dos medidas vencidas: la primera el 22 de mayo de 2012 y la segunda el 22 de noviembre de 2014.

Solo algunas medidas humanitarias se han dado. Pero no han sido suficientes. Rodríguez, Forero y Vivas la recibieron en 2011, y Simonovis en septiembre de 2014. Todos por razones de salud están en sus casas. Pero podrían volver junto a los otros seis ex Policías Metropolitanos, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, si se determina que sus patologías han mejorado.

EL JUEGO DE LOS JUECES

Los familiares de los presos por los hechos del 11 de abril de 2002 ya perdieron la cuenta de la cantidad de jueces que han llevado el caso de los funcionarios. Pero hay uno en particular que recuerdan: Doménico Di Gregorio Rossi, quien fue destituido por el Gobierno como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.

Vea la nota completa en El Carabobeño

 

 

CIDH otorga medidas de protección a activistas de Voluntad Popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución N° 475-15 exhortó al gobierno de Nicolás Maduro que garantice la integridad física y el respeto a los derechos políticos de los activistas de Voluntad Popular. La consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, señaló que la medida cautelar dictada por la CIDH implica que se reconoce que existe una persecución en contra de los activistas de la tolda naranja.
“La medida cautelar implica que la CIDH después de estudiar las denuncias hechas por Voluntad Popular ha concluido que existe una grave situación que pone en riesgo los derechos humanos de los activistas de la tolda naranja y que podría causar daños irreparables a los involucrados. Le medida protege principalmente a Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross, a quienes se les debe garantizar la vida, su integridad física y sus derechos políticos. También se protege con la medida cautelar a Theresly Malavé, defensora de los derechos humanos, y a varios de los presos políticos que mantiene ahora el partido”.
Acosta destacó que la Comisión otorgó estas medidas de protección, puesto que determinó que los beneficiarios son perseguidos por ser activistas o defender los derechos de algún miembro de Voluntad Popular. Por esta razón, argumentó que las medidas cautelares dictadas por la CIDH se extienden a otros dirigentes de la tolda naranja.
“Es muy importante destacar que la resolución de la CIDH reconoce que esta persecución y hostigamiento tiene como fin obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos por ser activistas de Voluntad Popular. Por eso es que exige al Estado Venezolano que garantice el ejercicio de los derechos políticos de todos los activistas de Voluntad Popular. También es muy importante recordar que esta solicitud se hizo como organización política debido al ataque sistemático contra sus miembros, y si bien las medidas cautelares se dieron de manera individualizada, la CIDH se las otorgó por ser miembros de Voluntad Popular. Esto es un respaldo histórico, muy importante por ser un apoyo al sistema democrático” acotó Acosta.
Por su parte, María Huerta, Héctor Fuentes y Bernardo Pulido, juristas de la tolda naranja responsables de la solicitud de protección que se hizo a la CIDH en septiembre del 2015, destacaron que representa un precedente histórico en el hemisferio y representa el reconocimiento internacional de la persecución política que existe en contra de la oposición venezolana y en particular en contra de Voluntad Popular, así como se destaca el talante democrático de la institución.
“Hay que tener en mente que la CIDH jamás emitiría una medida cautelar para proteger a un grupo terrorista o criminal como ha querido mantener el régimen. La CIDH es dentro del sistema interamericano el máximo órgano encargado de velar porque los estados miembros cumplan con todos los tratados de derechos humanos como el Pacto de San José y es una institución que siempre ha tratado de mantenerse muy neutral y alejada del espectro político. Por primera vez dictó una medida de protección para dirigentes de un partido político, a la vez que reconoce como perseguidos políticos a activistas de Voluntad Popular”, destacó Fuentes.
“Desde el punto de vista jurídico hay que insistir en que para el Estado Venezolano es necesario obedecer estas medidas cautelares que son de obligatorio cumplimiento, de carácter completamente vinculante. Hemos demostrado que existe una situación de persecución política en contra de los activistas de Voluntad Popular, una situación que el Estado debe poner fin. La resolución de la CIDH es entonces finalmente un reconocimiento a la labor de Voluntad Popular y un apoyo al papel del partido político como pilar del estado democrático de derecho. No es casualidad que la CIDH otorgara estas medidas cautelares en medio de una nueva arremetida del régimen, con detenciones arbitrarias como la del diputado Gilber Caro o el concejal Roniel Farías”, explicó María Huerta.

*Con información de nota de prensa