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Gobierno estadounidense confisca autos que Raúl Gorrín iba a enviar a Venezuela
Funcionarios dijeron los vehículos iban a ser usados por gente con poder adquisitivo de dudosa procedencia

Agentes Federales de los Estados Unidos (EE. UU.) confiscaron 81 vehículos de lujo que se encontraban en Port Everglades, al sur de Florida. Se presume que serían exportados de forma ilegal a Venezuela.

La Seguridad Nacional de ese país señaló que las investigaciones arrojaron que los automóviles, cuyo costo total sería de unos 3,2 millones de dólares, fueron incautados luego de que intentaran enviarlos a Venezuela. El hecho viola las leyes de exportación de EE. UU. y las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, reseñó el Miami Herald.

Según el medio, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés) detallaron que el intento fallido de sacar los vehículos del sur de Florida fue hecho por una empresa respaldada por el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es buscado por varios países por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y sus asociados.

Se pudo conocer que la mayoría de los vehículos eran de alta gama. Entre los modelos se encontraban una SUV Mercedes Biturbo, cuyo costo es de uno 150.000 dólares. También se reportaron autos de gama económica como un Toyota Corolla.

El agente especial de Anthony Salisbury dijo que los autos confiscados son «una gota en el cubo». Señaló que por ahora no se puede precisar cuántos autos se deslizaron por Port Everglades a Venezuela antes de que el primer automóvil ilegal fuera interceptado.

«Estos autos van a los cleptócratas como Gorrín y sus asociados para vivir su estilo de vida multimillonario mientras la gente de Venezuela muere de hambre«, dijo el funcionario norteamericano.

 

Borges pedirá a EEUU ampliar sanciones a gobernadores, alcaldes y testaferros de Maduro
Las sanciones serían contra aquellos que han violado los Derechos Humanos
Simonovis informó sobre reuniones para aplicar sanciones a aquellos funcionarios que estén involucrados en actividades criminales

El Comisionado para las relaciones exteriores de la presidencia encargada de Juan Guaidó, Julio Borges informó que pedirá a Estados Unidos que imponga sanciones a gobernadores, alcaldes y testaferros del régimen de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Twitter, Borges informó que harán la solicitud en contra de funcionarios que estén involucrados en violación de Derechos Humanos y persecusión política en contra de «los dirigentes democráticos y el pueblo venezolano».

De igual forma el Comisionado de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis indicó que este sábado, se llevó a cabo una reunión técnica con los países firmantes del TIAR. 

«Avanzamos en la identificación de las vías legales que demostrarán la participación del régimen de Nicolas Maduro, así como de sus testaferros, en actividades crimínales», explicó a través de su cuenta de Twitter.

Simonovis aseguró que se formará «una gran coalición jamás vista en el Hemisferio. Esta reunión es una señal inequívoca del compromiso de hacer lo necesario para lograr que se haga justicia en Venezuela»

Los documentos del testaferro de Maduro: 5.600 millones de dólares del dinero público en Suiza

Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero prioritario de los gobiernos bolivarianos, movió entre 2011 y 2013 en cuentas en bancos suizos no menos de 5.600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela. Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, desde 2014, según explican a El Confidencial servicios de Inteligencia y la ex fiscal general de Venezuela, hoy en el exilio en Colombia, Luisa Ortega. «Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores», asegura Ortega a este medio.

Ambos socios diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Estas actividades ilícitas les han enriquecido hasta límites que son inconcebibles para el común de los mortales. También a sus representados.

Todas estas afirmaciones se sustentan en documentación a la que El Confidencial ha tenido acceso en exclusiva. Incluye investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas a los involucrados, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países, entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Todo este caudal de información proporciona por primera vez una mirada pormenorizada a las entrañas de los procesos de corrupción masiva en el seno del chavismo en un contexto en el que se dirime el futuro inmediato de Venezuela.

Más información en El Confidencial.

La batalla de testaferros y representados, por Armando Martini Pietri

EN LA GESTA QUE LOS VENEZOLANOS con coraje y valentía, mantienen a diario en defensa de la libertad y por el retorno a la democracia, subyace una pugna que pocos conocen y aún menos conviene comentar, que puede y está torpedeando subrepticiamente la propuesta de cambio que anhela el colectivo.

Es la que libran ocultos desde otros frentes los llamados testaferros y representados, relacionados en contratos sórdidos e indocumentados por razones obvias, donde el tema del cambio promueve una disputa distinta, en reserva, agazapada entre gritos y murmullos, donde las garantías de retorno del botín al corrupto enajenante son mínimas, a pesar de que el asunto, con todo y su enmarañado engranaje, se ha hecho del dominio técnico de la cleptocracia -desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, clientelismo político y/o peculado-, castro chavista luego de años vaciando las arcas del Tesoro Nacional de manera inveterada, grosera, inescrupulosa y sin ninguna limitación ética ni moral.

El sistema mediante el cual se busca dejar fuera del alcance de cualquier investigación el dinero mal habido es recurrir a la tradicional figura del testaferro, es decir, confiando el producto de la concusión a un tercero que presta su identidad, firma, custodia, capacidad jurídica y, especialmente, complicidad, para esconder o revestir de legalidad la apertura de cuentas en paraísos fiscales y operaciones sobre bienes adquiridos con dinero “sucio”, que de esta forma se pretende “lavar”. Así, el testaferro, que no es más que un vulgar aguantador, administra con ánimo de dueño los negocios del corrupto burócrata, a cambio de estatus y jugosas remuneraciones, mientras éste permanece en funciones de gobierno, contemplando la rentabilidad de “sus inversiones” entre labores buenas y especialmente malas de administración.

Claro está que en estos años dilapidando los ingresos de la cuantiosa renta petrolera en los tiempos de bonanza, los saqueadores optimaron su creatividad con vergonzosa destreza, para crear una ingeniería financiera compleja y sofisticada, que les ha permitido acumular fortunas inexpugnables, maximizando igualmente el riesgo de que esos “aguantadores” se queden o traten de quedarse con todo, ante la mengua evidente que experimentan los factores de poder del castro-madurismo en instancias que, hasta hace poco, dominaban a voluntad y placer, entiéndase “burócratas corruptos”, debido al inocultable resquebrajamiento de la unidad de mando dentro de las FAN y demás cuerpos de seguridad del régimen, a la pérdida de “la calle” por el enorme, cada vez mayor descontento y consiguiente rechazo popular, además de la contrapartida que aporta el repunte vertiginoso de la oposición política que parece reencontrarse.

En palabras más populares, que el testaferro, en circunstancias que escapan al control del encubierto, se torne pícaro, agalludo, mal acostumbrado y decida manejar con exclusiva libertad los atributos del derecho de propiedad de aquel a quien ha suplantado.  

La exposición precedente viene a colación como aperitivo para el tema de la guerra soterrada y que preocupa seriamente, pues existen fundadas sospechas de que estos grupos de testaferros, “bolichicos”, enchufados o comoquiera que se les identifique, financian en la actualidad estrategias que persiguen socavar el cese de la usurpación y el gobierno de transición, asociados con factores de la oposición política colmados de ambiciones inconfesables proclives a la continuidad del período usurpado, en un conato destemplado y antipatriótico por mantener incólumes los intereses crematísticos acumulados en las mal habidas fortunas.

Y es que no siempre todos los apoyos suman. La debacle ético-moral en la que nos sumergió el chavismo castrista constituye una plaga difícil de combatir cuando los ideales libertarios se subordinan al poder económico en detrimento del gentilicio que nuestra historia independentista selló con orgullo, hoy día deshonrado sin el menor escrúpulo por quienes en nombre de Bolívar pisotean nuestra soberanía y se colocan al servicio de chupópteros extranjeros, cual ruines mercaderes.

 Estamos en una encrucijada para sortear con pie de plomo e impedir que las huestes de la traición infiltren con sus tentáculos el floreciente movimiento de la esperanza, den al traste con los avances y logros alcanzados desde el 23 de enero próximo pasado. No es cuestión de soslayar la rebelión de los testaferros motorizada por la inminente y seguro final de la dictadura castrista, porque mientras el burócrata ladrón mantenga el mando o control de sus parcelas de poder, los sustitutos seguirán siendo obsecuentes y sumisos; pero en el supuesto contrario, representados o suplantados pueden sucumbir ante las endebles garantías del “contrato” y quedar “más limpios que talón de lavandera” porque “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”.

No será fácil para los corruptos librarse de futuras investigaciones (o actuales, los peritos han estado trabajando y acumulando montañas de datos y conclusiones). Lo mejor es reivindicarse ante el pueblo que han robado sin misericordia, buscando la manera de devolver lo sustraído de las finanzas públicas con ilícitos negocios malsanos. De lo contrario, les espera el desprecio popular y una «peladera» donde no podrán llamar a «María» mientras el testaferro estará millonario. Interesante estudiar la posibilidad de aplicar una Ley de Amnistía para testaferros, negociadores y parlanchines, no para darles impunidad sino para recuperar los dineros ciudadanos.

Un testaferro que negocie buena información nunca quedará pobre, siempre algo podrá conservar, y es mejor ser un limpio por honestidad, que ser dejado limpio por la corrupta terquedad. Putrefactos, corrompidos y deshonestos, mejor confesarse con autoridades que ser arrasados por sus testaferros.

 

@ArmandoMartini