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Guardia Nacional y derechos humanos, por Eddie Ramírez

«Este joven estudiante, desarmado, es violentado al extremo, mientras le oprimen los ojos, le bajan los pantalones, y uno de los guardias sonríe», señala HRW, ONG de DD. HH. Foto Alí en análisislibre.org

¿Cómo podemos aspirar a que efectivos militares se comporte bien, si gran parte de la sociedad civil de la cual son miembros anda por caminos extraviados? Esto es particularmente grave en el caso de la Guardia Nacional, cuyos integrantes disfrutan de relativa independencia y son fácil presa de sobornos, contrabando y narcotráfico. Además de su proximidad política por el contacto con el ministerio de Relaciones Interiores, gobernadores y alcaldes.

La Guardia Nacional tuvo su origen en 1937. Inicialmente era respetada. La siguiente anécdota ilustra la rectitud de sus primeros días: siendo director el teniente coronel José Briceño Machado, su ayudante le presentó el presupuesto en el que había un faltante de Bs. 0,25, por lo cual el director lo rechazó y ordenó que los buscara “porque las cuentas se reciben y se entregan completas”.

Hoy, al igual que en el resto del país, la corrupción abunda y, además, existe el agravante de que la Guardia recibió órdenes de Chávez, y ahora de Maduro, de reprimir las protestas pacíficas sin importar las violaciones a los derechos humanos.

Siempre con la complacencia de los ministros de la Defensa y de sus comandantes generales.

En organizaciones piramidales como la Fuerza Armada, de la cual la Guardia Nacional es uno de sus componentes, priva la consigna de “superior que manda y subalterno que obedece”. Como principio general ello es válido, porque si un soldado piensa si debe o no obedecer una orden , la FA se derrumba. Sin embargo, hoy los derechos humanos tienen importancia primaria y ningún subalterno debe obedecer órdenes que los violen.

Es lícito que, acatando órdenes del presidente de la República, los guardias utilicen gases y perdigones para dispersar una manifestación violenta. Si esta es pacífica, el delincuente es el presidente, ya que existe el derecho a manifestar. Los guardias cometen delito si utilizan armas de fuego y disparan las bombas lacrimógenas al cuerpo, en medio o detrás de la manifestación, así como perdigones, con la intención de causar daño. Esto sucede en casi todas las manifestaciones desde el 2002.

Hay casos más graves en los que guardias han actuado con saña, asesinando y torturando, frecuentemente en conjunto con paramilitares rojos.

Varios son los ataques feroces a ciudadanos indefensos. Los del 27 de febrero del 2004, los del 2014 y 2017 fueron particularmente violentos en Caracas, Mérida, San Cristóbal y Barquisimeto. Según Informe Anual de Provea 2015, en ese año guardias nacionales asesinaron a 25 ciudadanos y el Ejército a 11. El Informe 2016 reseña que la Fuerza Armada fue responsable de 66 asesinatos.

El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que “entre el 1 de abril al 31 de julio del 2017 hubo 124 asesinados durante protestas, 46 de ellos por miembros de cuerpos de seguridad, 27 por colectivos armados y 51 no establecidos”, además denuncia el encubrimiento por parte de los mandos de la Guardia y del Fiscal espurio Tarek Williams para impedir el enjuiciamiento de los presuntos culpables.

La Fundación Justicia, Solidaridad y Paz del Estado Lara presentó un informe muy completo de los atropellos de guardias nacionales que actuaron directamente y en complicidad con paramilitares rojos, entre febrero y setiembre del 2014 en ese estado. Señala torturas a mujeres en el Destacamento 47.

Hoy se cumplen 15 años de una de  las acciones más abominables cometidas por guardias nacionales, quienes en horas de la madrugada agredieron a residentes en el campo petrolero de Los Semerucos, en Falcón. Entraron al campo con gritos de guerra para atacar al «enemigo» integrado por niños, madres, abuelas y padres de familia. Lanzaron lacrimógenas dentro de las casas y repartieron peinillazos. Amenazaron con violar a las mujeres. Lesionaron a diecinueve residentes, entre ellos varias damas, 36 niños sufrieron asfixia y 26 ciudadanos fueron detenidos.

Además de los citados informes, los demócratas agradecemos los elaborados por el Foro Penal Venezolano, Human Rights Watch, Control Ciudadano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sin Mordaza, Cofavic, Venezuela Awarness, Centro de Estudios para América Latina (Casla). En los mismos, en varios libros y en la prensa se proporcionan los nombres de víctimas y victimarios.

La Guardia Nacional es una organización necesaria. No puede eliminarse, sino depurarse profundamente y aplicar sanciones severas a los culpables. Por no plegarse al régimen, numerosos oficiales de la misma están o han estado presos o exiliados, muchos fueron dados de baja y otros la solicitaron para no ser cómplices. Todos sus comandantes generales desde el 2002 deben ser investigados, así como los comandantes de los CORE y de destacamentos en las áreas donde se violaron los derechos humanos.

Como (había) en botica

* En Pedraza, Barinas, existió el Instituto Tecnológico Simón Bolívar, fundado por Luis Marcano Coello dentro del esquema de los Colegios del Mundo Unidos. Formó unos mil profesionales  de Venezuela y de 42 países,todos becados. Fue un ejemplo de educación para el trabajo agrícola. Luis Marcano González nos recuerda que hace siete años el INTI se apropió sin indemnización de todos los activos. Los bárbaros rojos acabaron con ese novedoso modelo  

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddieramirez@hotmail.com

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Nota actualizada el 2 de agosto de 2020.

Investigarán supuestos sobornos de empresa española en Venezuela

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Foto: cortesía

Un juez español decidió investigar una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra el grupo industrial Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos efectuados en Venezuela y por blanqueo de capitales.

En un auto judicial conocido hoy, el magistrado de la Audiencia Nacional de España Ismael Moreno libra una comisión rogatoria a las autoridades de Suiza a fin de que remitan toda la información relativa a las cuentas que resultaron beneficiadas supuestamente de los pagos de los contratos que están bajo sospecha.

La Fiscalía había advertido de presuntos cohechos millonarios a altos funcionarios venezolanos por parte de esta empresa española con el fin de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

La querella se dirige, además, contra el anterior presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y también forma parte de la causa Nervis Villalobos, vicepresidente de la empresa estatal Energía de Venezuela hasta 2006, quien habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que «usara su capacidad de influencia».

De igual modo, constan como querellados el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y la abogada del Ministerio de Energía del país Julia Van Den Brule.

Ofrecerían hasta 25 mil dólares a funcionarios del MP para que se pronuncien en contra de la Fiscal General

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Fuentes aseguran que quienes se rehúsan a aceptar el soborno son amenazados. “A la Fiscal le queda poco tiempo y ustedes correrán la misma suerte”, les dicen

 

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público (MP) que piden el resguardo de su identidad, dos altos funcionarios del Gobierno -un diputado y un miembro del Gabinete Ejecutivo-, estarían ofreciendo entre 20 y 25 mil dólares a fiscales y demás funcionarios del MP a nivel nacional para que se pronuncien en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en las últimas semanas de protestas se ha desmarcado de la línea oficial. 

 

 

La operación se articularía con la colaboración de un fiscal del estado Miranda, quien sería el responsable de captar a los fiscales a sobornar. Varios gobernadores afines al Gobierno también estarían participando en la búsqueda de funcionarios del MP a ser sobornados.

Además del “incentivo” monetario, los funcionarios del Gobierno estarían ofreciendo cargos diplomáticos y la designación como jueces a quienes “colaboren” y resulten despedidos de la Fiscalía.

Las fuentes aseguran que los funcionarios del MP que se niegan a aceptar el soborno reciben amenazas. “Nos dicen que nos atengamos a las consecuencias porque a la Fiscal General de la República le queda poco tiempo y nosotros correremos con la misma suerte”.

Roberto Rincón se declara culpable en EEUU de sobornos mil millonarios en PDVSA

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El empresario venezolano Roberto Rincón, de 55 años, se declaró culpable en una corte federal en Houston de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Según los reportes, Rincón reduciría su potencial castigo a una pena de 13 años por colaborar con la justicia estadounidense, previamente enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 100 años.

La sentencia de Rincón quedó programada para el próximo 30 de septiembre. El empresario venezolano fue arrestado el pasado 16 de diciembre en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, por pagar más de $1.000 millones en sobornos para obtener contratos con Pdvsa entre 2008 y 2014, según el documento de acusación divulgado en diciembre pasado.

Asimismo, Rincón reconoció que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

El empresario es la sexta persona que en esta investigación se declara culpable por sus vínculos corruptos con PDVSA.

Recientemente, Abraham Shiera Bastidas, de 52 años y residente en Miami se declaró culpable de conspirar para violar FCPA y de cometer fraude en transferencias electrónicas de dinero.

Sin embargo, Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables, pues otros cuatro ciudadanos venezolanos residentes en el área de Katy (tres de ellos exfuncionarios de PDVSA y un exempleado de Shiera) ya lo hicieron.

Rincón es un empresario zuliano nacido un 14 de agosto de 1960. Está ligado al sector petrolero y reside en Houston desde hace varios años. Se sabe que es dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial y que, tras el paro petrolero de 2002-2003, se convirtió en uno de los proveedores confiables de Pdvsa.

En mayo de 2015, Tradequip e Incenter, empresa de servicios de ingeniería, iniciaron una demanda contra el Banco Novo de Portugal por no cumplir presuntamente con la cancelación de 81 millones de euros, invertidos por ambas empresas en la entidad financiera durante 2014.

 

*Con información de AP y Noticia al Día

 

Presos juez y alguacil por solicitar 2 mil dólares a cambio de liberar a un detenido

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El Ministerio Público acusó al juez 3° de Control del estado Miranda, José Luis Chaparro y al alguacil Pedro Molina, por presuntamente haberle solicitado 2 mil dólares a un privado de libertad a cambio de darle la boleta de excarcelación.

Según la investigación, el juez le habría solicitado dicha cantidad de dinero, a cambio de no continuar con el proceso penal y otorgarle la libertad. En vista de la situación, un familiar del hombre presentó la denuncia ante el  Ministerio Público.

Luego de varias investigaciones, Chaparro y Molina fueron aprehendidos el jueves 07 de abril, durante una entrega vigilada de dinero, acordada por el Tribunal 28° de Control del AMC. Los hombres son acusados por concusión y agavillamiento.

Desde septiembre de 2015 la Fiscalía 25ª nacional lleva una investigación contra el juez por presuntamente haberse valido de su cargo para efectuar la venta ilegal de un carro, la negociación la habría materializado los primeros días de junio de 2015, mes en que la víctima denunció a Chaparro tras haberse percatado de que había sido engañado.

 

 

Siete días de terror: turistas panameños padecieron red de corrupción en Venezuela

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Foto cortesía La Prensa

Fueron siete días de terror los que vivieron los esposos panameños Jessica Díaz y Oscar Rivera en Venezuela,  quienes contaron que fueron condenados a 18 años de prisión por el delito de “contrabando de extracción”.

En un reportaje publicado por La Prensa de Panamá, la pareja relata que luego de llegar al país en crucero, fue detenida el 3 de mayo de 2016 en La Guaira por la Guardia Nacional Bolivariana, que la acusó de comprar «productos restringidos». Lo que Díaz y Rivera adquirieron fue artículos para cirugía capilar con queratina para el cabello.

Los esposos contaron que fueron obligados a pagar sobornos a una «red de corrupción en las que participan policías, abogados y jueces. Gracias a la intervención del embajador panameño Miguel Mejía, fueron liberados y se evitó su trasladados a cárceles de alta peligrosidad en Venezuela.

“No vayan a Venezuela, si no quieren pasar la horrible experiencia que yo viví. Allí no respetan los derechos humanos…”, así se expresó ya en Panamá y entre lágrimas, Díaz, quien junto con su esposo, Óscar Rivera, y el taxista venezolano Guillermo Rivas fueron arrestados, extorsionados y sentenciados a 18 años de prisión por supuesto contrabando de extracción.

El viaje en crucero, que tomaron como la “luna de miel” que nunca habían tenido, se convirtió con el peor recuerdo de sus vidas. La joven rompe en llanto cuando rememora lo sucedido, describe la nota.

Lea el reportaje completo en La Prensa de Panamá

Empresario venezolano Abraham Shiera se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa

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FIFA admite sobornos en elección Mundial y pide fondos a EE UU

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Al tiempo que reconoce por primera vez la compra de votos en elecciones para las sedes de los Mundiales, la FIFA quiere reclamar las «decenas de millones de dólares» que percibió por sobornos y que fueron incautados por los fiscales federales de Estados Unidos.

El ente rector del futbol mundial remitió el martes un documento de 22 páginas a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución de gran parte de los 190 millones de dólares ya abonados por responsables del mundo del futbol y del marketing que se declararon culpables en un vasto caso de corrupción.

Es probable que las autoridades estadounidenses recauden decenas de millones de dólares más cuando se conozcan sus condenas, que podrían llegar además de decenas de responsables ahora acusados pero que han negado cargos por soborno o luchan contra los procesos de extradición.

La FIFA dice ser víctima de la actuación de individuos corruptos, a pesar de las críticas extendidas de que el cobro de sobornos formaba parte de la cultura del ente durante las presidencias de Joao Havelange y Joseph Blatter, a quién el escándalo obligó a dimitir tras 17 años en el cargo.