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Recuperar la majestad perdida, por Edward Rodriguez

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Esta casa se jod..”, diría la famosa Vieja de la cerca y los mangos para resumir la pérdida de respeto y majestad que han tenido los cargos de los funcionarios públicos en Venezuela, y que constituye, aunque parezca una nimiedad, un gran problema a solucionar dentro del cambio y reconstrucción del país.

Desde hace tiempo me preocupa el tema porque el respeto es la base de la confianza; determinante para el crecimiento, desarrollo, progreso y futuro en cualquier tipo de relación.

Hablar de un Alcalde era referirse con respeto al gobernante de más cercanía a los ciudadanos, compartiéramos o no la ideología o la tendencia política que representara; uno decía: es el alcalde de mi ciudad.

Un diputado o senador tenían un significado distinto, sobre él recaía la función de redactar leyes, controlar y denunciar la corrupción, el narcotráfico y todo lo que anduviera mal. De un gobernador se decía que era aquella figura que uno veía con más mérito para regir los destinos de las regiones.

En el caso de los ministros, había ese toque de admiración y de sentir que tenía méritos para ser el motor de un Gobierno; el de infraestructura hacer carreteras, el de finanza la política económica de la nación, el de minas en el caso de Venezuela la política petrolera.

Los jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos, la ley y la rectitud por sobre todas las cosas, eran los hombres y mujeres “ciegos” para ser justos y con una balanza sobre sus hombros.  Hoy por hoy sentimos que toda esa majestad de perdió.

En la actualidad nos da igual quien sea el alcalde pues ya no goza de nuestro respeto, no nos asombra, ni nos preocupa si nos gobierna un malandro o un corrupto pues decimos: eso no sirve y seguimos. Si nos hablan de un parlamentario, preguntamos, ¿Qué hace fulanito?, ¿Qué denunció?, ¿Qué se logró con eso?. Descalificamos, faltamos el respeto y seguimos.

Valdría la pena reflexionar sobre el tema para rescatar la majestad de los cargos, el respeto al funcionario público designado y electo a través del voto, sino examinamos y reconsideramos al respecto creo que sería difícil volver a creer en esa majestad.

Para esto, el trabajo del político tiene que ser ejemplar, de conocimiento en la materia, de sensibilidad social, de carácter y cercanía para que genere credibilidad en la sociedad. De parte de nosotros, los ciudadanos, la tarea consiste en volver a creer, en confiar, y sobre todo en respetar.

Hay ciudades en el mundo donde la gente no sabe quiénes los gobiernan, pero el sistema funciona. En el caso nuestro el protagonismo personal siempre está presente y por encima del trabajo o responsabilidad que se tiene.

Creo que si de ambas partes se construye esa nueva majestad estaríamos recuperando un valor fundamental en quien nos dirige.

En días pasados conversando con varios venezolanos en el exterior en condición de exilio me impresionó la magnitud de la opinión que se tiene sobre funcionarios públicos en ejercicio o no. “Fulano de tal se vendió, sutano, a ese lo compraron,  perencejo se llenó los bolsillos”, eran los señalamientos que se hacían contra ministros, alcaldes, jueces, gobernadores y cualquier otro funcionario público cuyo nombre saliera a relucir en la tertulia.

En medio de esa especie de fusilamiento colectivo, yo me preguntaba: ¿será que nadie se salva?. Las redes sociales  tienen un papel preponderante en la descalificación, pero no podemos creer que son las responsables de todo cuando el valor fundamental de la majestad del cargo está en manos de quien lo ostenta. 

Tener un cargo para no ejercerlo no tiene sentido, tenerlo y ejercerlo mal es peor todavía, pero tenerlo y no trabajar en que vuelva la admiración y el respeto es algo imperdonable.

Del cargo presidencial lo dejamos para un próximo artículo; sin duda el más devaluado de todos, pero es momento de cambiarlo y salir de este desastre para recuperar la majestad.

@edwardr74

 

Derechos sin revés: La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es respeto

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La tolerancia es una virtud, con una doble perspectiva: moral y política. En realidad es una virtud de la democracia porque el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de la tolerancia. “Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo» (Victoria Camps Virtudes públicas, 1990).

La tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal.

La tolerancia a veces es mal entendida como la necesidad de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, cuando  en realidad el acto de tolerar conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. “La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Michael Walzer, Tratado sobre las tolerancia, 1998).

Lamentablemente, desde la infancia se enseñan y refuerzan nociones ligadas a prejuicios y rigidez en las propias creencias e ideas, vistas como las únicas válidas y que impiden el reconocimiento del otro.  A veces, solo por  ignorancia y por temor a lo desconocido, a otras culturas, religiones y naciones, a distintas formas de pensamiento, se practica la intolerancia.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia, pero la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

De allí que la Organización de Naciones Unidas se comprometiera a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, imperativo presente en la base de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la adoptó la Unesco el 16 de noviembre de 1995, y un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.

La Declaración establece que una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos humanos de las otras personas. El derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los que Venezuela es parte.  

El deber que todos tenemos de respetar los derechos de los demás no le resta responsabilidades al Estado, en el sentido de ser el garante y responsable último de la protección de los derechos humanos.

Por eso es importante que los Gobiernos protejan y promuevan una cultura de respeto por los  derechos humanos, prohíban los crímenes y las prácticas discriminatorias contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

Sin embargo, las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la práctica de la tolerancia y los derechos humanos, aunque la educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.

UE insta a respetar libertades y derechos de marchas de mañana en Venezuela

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La delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela hizo hoy un llamado al respeto de los derechos y las libertades constitucionales de los venezolanos durante las marchas convocadas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que coincidirán mañana 19 de abril en Caracas.

En una declaración, la delegación de la UE en el país expresó que «observa con preocupación la situación de intensa agitación política y social que está viviendo Venezuela».

En este contexto y con vistas a las manifestaciones convocadas para mañana en la capital venezolana, la declaración hace «un llamado para que se desarrollen de forma pacífica y con pleno respeto a los derechos y libertades reconocidas a los ciudadanos venezolanos por la vigente Constitución».

La oposición ha llamado a los ciudadanos a marchar mañana desde 26 puntos de Caracas con destino a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, para pedir la «restitución» del hilo constitucional que, considera, se rompió con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que este asumió las competencias de la Asamblea Nacional.

Los opositores han intentado llegar en otras manifestaciones infructuosamente a la sede de la Defensoría en cinco ocasiones y han sido dispersados por las fuerzas de seguridad.

De los 26 puntos de salida de la marcha de mañana, 19 están ubicados en el municipio Libertador, sede de los Poderes Públicos y gobernado por el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, identificado por el PSUV, quien ha prohibido actos opositores en esa zona de la ciudad.

Para mañana también el oficialismo ha convocado una movilización en el centro de Caracas prevista como una «marcha histórica» para conmemorar los 15 años del golpe de Estado que sacó del poder por unos días al fallecido presidente Hugo Chávez.

La oposición comenzó hace dos semanas una serie de protestas contra el gobierno y la justicia tras la decisión del Supremo de asumir las facultades del Parlamento mientras este persistiera en el desacato al desconocer una decisión de la máxima corte sobre tres diputados opositores suspendidos de sus cargos.

Aunque la decisión judicial fue revocada dos días después, generó una ola de protestas y focos de violencia que han dejado hasta el momento un saldo de al menos cinco muertos, más de doscientos heridos, y casi un centenar de detenidos, según los informes de las autoridades.

CIDH urge a la protección al derecho a protestas en Venezuela y el respeto a la libertad de expresión

 

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un llamado al Gobierno venezolano a brindar protección a los manifestantes que protestan contra el Gobierno de Nicolás Maduro. La CIDH urge al Estado Venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de expresión.

 

Lea aquí el comunicado completo:

 

La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.

De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.

En la manifestación realizada el 4 de abril fueron desplegados operativos policiales y militares para impedir el paso de diputados, líderes políticos y manifestantes que se dirigían a la Asamblea Nacional. La actuación policial y militar desató enfrentamientos entre agentes de seguridad y grupos de manifestantes. Según la información obtenida, seis policías y nueve manifestantes habrían resultado heridos, uno de ellos por arma de fuego. La conducta estatal también habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al gobierno.

Asimismo, se conoció que el 5 de abril funcionarios de la GNB y la PNB incursionaron en la sede de la Universidad de Carabobo, dispararon con perdigones y armas de fuego a estudiantes que participaban en protestas y arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio de la Federación de Centros de Estudiantes. Al menos dos estudiantes habrían resultado heridos por arma de fuego y otros con perdigones. La GNB informó que se ordenó la destitución de los agentes de la GNB que participaron en la operación y que se abrirá una investigación por estos hechos.

Los días 6 y 8 de abril las protestas que se dirigían a la Defensoría del Pueblo en Caracas fueron nuevamente bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por parte de los funcionarios de seguridad. El gobierno habría ordenado el cierre de 17 estaciones del metro de la ciudad. Según la información disponible, se registraron detenciones y decenas de manifestantes heridos. Un joven de 19 años de edad, Jairo Ortiz, murió el 6 de abril en una protesta a las afueras de Caracas. La CIDH insta al Estado de Venezuela a promover una rápida investigación por la muerte del joven, que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial y en consecuencia, aplicar las responsabilidades judiciales correspondientes.

De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. También se registró la detención por parte de autoridades policiales de un camarógrafo a quien se le prohibió cubrir la marcha del 6 de abril. Los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento. También se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. En este sentido, la CIDH reitera la importancia de la más amplia protección a la libertad de expresión de los medios de comunicación en Venezuela especialmente sobre la coyuntura registrada en el país.

La situación de Venezuela es materia de seguimiento tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos políticos de la OEA. Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia. La Corte Interamericana ha afirmado que “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible” y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia.

Preocupa a la CIDH las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales. Asimismo, la CIDH se preocupa por las prácticas de violencia en las protestas.

De otro lado, la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.

La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en Venezuela. Por esta razón, la Comisión reitera su llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de las decisiones del TSJ. En particular, insta al Estado a respetar los siguientes estándares internacionales:

  • Reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política.
  • Abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización.
  • Facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones, y cooperar con los organizadores de las manifestaciones para que desempeñen su función, sin discriminación por razones de opinión política. En el caso que la acción de personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contramanifestantes, tenga el propósito de perturbar o dispersar reuniones, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones  afectadas por estas prácticas.
  • Abstenerse de impedir el paso, registrar o detener a los participantes que se estén dirigiendo a una reunión a menos que exista un peligro claro y manifiesto de violencia inminente.
  • Abstenerse de realizar amenazas y hacer uso arbitrario de la justicia penal en contra de manifestantes, activistas o referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte de grupo o entidad organizadora o convocante.
  • Excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
  • Excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y que no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos.
  • Adoptar e implementar estrictamente protocolos específicos de uso progresivo y proporcional de armas menos letales, y sancionar su uso indiscriminado.
  • Abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas y cumplir con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales en las detenciones que las fuerzas de seguridad efectúen en contextos de protesta social, particularmente para asegurar que las personas detenidas y sus familiares reciban información precisa respecto de los motivos de la detención y del sitio del alojamiento.
  • Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
  • Abstenerse de utilizar medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones, críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
  • Iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Carlos Nieto Palma Sep 23, 2016 | Actualizado hace 8 años
Quiero paz, por Carlos Nieto Palma

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Hablar de la celebración del Día Internacional de la Paz en un país tan convulsionado como Venezuela podría resultar irrespetuoso a mis lectores que viven, al igual que yo, los graves problemas que nos acompañan en nuestro día a día, desligar el tener paz a la inseguridad que vivimos, la falta de alimentos y medicinas, los altísimos niveles de inflación, las terribles condiciones de nuestras cárceles y la grave polarización que vivimos, nos dice claramente que la paz en Venezuela está algo lejana y que debemos de trabajar en su construcción.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de septiembre de 2001 en la Resolución 55/2821 “decide que, con efecto a partir del quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, se observe el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año, fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz”.

La Organización de Naciones Unidas en su Declaración Sobre una Cultura de Paz aprobada por su asamblea general el 06 de octubre de 1999 en su artículo 1º nos dice: “Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras; f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información; i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz”.

En el preámbulo de esta misma declaración se establece “Que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”. Lamentablemente pareciera que en Venezuela estamos muy lejos de este ansiado diálogo que eventualmente podría devolvernos la paz a los venezolanos.

La crisis que vivimos en Venezuela no es nueva, pero con el transcurrir de los años se ha tornado insoportable. Hemos perdido nuestro derecho a tener paz en todos los sentidos. Ya en la Declaración de Caracas sobre el Derecho Humano a la Paz firmada por muchos constructores de paz venezolanos el 18 de noviembre de 2010, se decía: “Habida cuenta de que la sociedad venezolana está inmersa en una profunda crisis política y social, caracterizada por una preocupante polarización social y política, lo que genera una creciente inseguridad ciudadana; por lo que es necesario reafirmar las vías pacíficas de solución de los conflictos que nos aquejan,  que se deben construir sobre la base de la erradicación de la violencia política de todo signo, el respeto a los principios democráticos, el diálogo y la tolerancia entre todas las personas, así como la defensa de los derechos humanos de todas las personas, puesto que son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables”.

Estas palabras del Director General de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, en 1997 nos deberían guiar en nuestra búsqueda del derecho a la paz, “No basta con la denuncia. Es tiempo de acción. No basta con conocer, escandalizados, el número de niños explotados sexual o laboralmente, el número de refugiados o de hambrientos. Se trata de reaccionar, cada uno en la medida de sus posibilidades. No hay que contemplar solamente lo que hace el gobierno. Tenemos que desprendernos de una parte de «lo nuestro». Hay que dar. Hay que darse. No imponer más modelos de desarrollo ni de vida. El derecho a la paz, a vivir en paz, implica cesar en la creencia de que unos son los virtuosos y acertados, y otros los errados; unos los generosos en todo y otros los menesterosos en todo”.

En estos momentos nos toca a todos los venezolanos convertirnos en constructores de paz y crear dentro de los espacios en que acostumbramos a frecuentar, mecanismos para el dialogo, la cooperación y el entendimiento, hay que apoyar las acciones que se propongan como vías para construir la paz y dejar de ser simples observadores de lo que pasa, tenemos que volver a inventar un país, yo quiero paz.

 

 

@cnietopalma

El Nacional

Lecciones para una paz estable y duradera, por María Elena Arcia Paschen

Paz

 

Buscando elementos que nos ayuden a aportar ideas para el venidero proceso de “reconstrucción”, me dediqué en los últimos días, con mucha curiosidad, a revisar el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera recientemente firmado por el Gobierno Colombiano y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

No ha sido fácil para los involucrados en esta negociación poner de lado las diferencias y sentarse a explorar mecanismos para devolver la paz a Colombia luego de más de 50 años de conflicto armado que ha dejado muchas víctimas y heridas en el camino por lo  que se han requerido altas dosis de comprensión, generosidad y consciencia de lo preponderante del fin ulterior.

A lo largo del texto se repiten en innumerables oportunidades que la construcción de confianza y la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general implican un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política.

Para ello se incorpora dentro de las acciones a llevar a cabo el diseño de un programa de difusión que promocione el respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política partiendo desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles incluyendo una campaña de divulgación masiva de la cultura de paz, reconciliación, pluralismo y debate libre de ideas ordenándose la creación de una cátedra de cultura política y reconciliación.

Fue fundamental el reconocimiento por las partes de lo ocurrido y el reconocimiento de la sociedad de la necesidad de aprovechar la oportunidad para la paz.

Es cierto que existen profundas diferencias entre lo que han vivido los colombianos en los últimos 50 años y lo que seguimos transitando los venezolanos, pero las fórmulas de solución al final siempre serán muy parecidas si lo que queremos es lograr una transición estable a un sistema de gobierno dirigido a construir una sociedad inclusiva, moderna, tolerante y de progreso para todos.

Las sociedades que deciden avanzar y dejar atrás los conflictos de la naturaleza que sean requieren congregarse alrededor de un Acuerdo que defina las normas y ajustes necesarios para atender los retos que demande la estabilidad.

Muchas de las críticas a ese Acuerdo recientemente firmado se han centrado en la “impunidad” a los involucrados en el conflicto  y la reparación a las víctimas. En estos puntos concretos en mi opinión el Acuerdo ha procurado hacer una diferencia entre crímenes de lesa humanidad y los delitos políticos, a fin de establecer un régimen que permita la amnistía en ciertos casos, lo que sin duda genera muchas controversias pero al final no es más que un mecanismo para contribuir a cesar un conflicto para poder garantizar el futuro y bienestar de millones de colombianos. En cuanto a la reparación a las víctimas  acuerdan la necesidad de que hayan actividades de reparación individuales o colectivas o con impacto reparador hacia las víctimas teniendo como norte la satisfacción del derecho a la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad de quienes participaron,  la justicia, la reparación y la no repetición.

A fin de evitar que este Acuerdo pueda ser boicoteado por gobiernos posteriores se establece un mecanismo para que una vez refrendado en pleisbicito nacional por el pueblo colombiano, se incorpore a la Constitución y de esta forma adquiera fuerza constitucional que obligue a respetarlo.

La construcción de la confianza en el otro es fundamental y esto no es inmediato sino que requiere de las transformaciones positivas que se vayan generando en la sociedad producto de la implementación de los términos del Acuerdo entendiendo que éste tiene como objetivo construir un mejor futuro sobre la base de la justicia social, el respeto y la tolerancia.

Felicito a los colombianos por este esfuerzo y la maravillosa oportunidad que le están brindando a las nuevas generaciones que únicamente conocerán el conflicto como parte de su  historia.

¡Los venezolanos nos merecemos lo mismo!

El Gobierno de Venezuela participó en este proceso de negociación prestando sus buenos oficios como país acompañante por lo que valdría la pena que esa experiencia se aprovechara para impulsar en nuestro país un proceso que tenga como objetivo alinear las dos visiones de país que pugnan por la supremacía en su dirección intelectual y moral  y de esta forma se pueda dar comienzo a una nueva era de progreso y bienestar para los venezolanos.

No esperemos 50 años….

@malarcia

Henri Falcón: Exigimos al CNE que respete los lapsos del  revocatorio

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El Gobernador Progresista de Lara, Henri Falcón, se pronunció sobre el proceso de activación del referéndum revocatorio, cuyos lapsos establecidos en la ley deben ser respetados por el órgano electoral, en respuesta a la solicitud de los venezolanos que han participado masivamente en la recolección y verificación de firmas.

Henri Falcón afirmó, que “el referéndum revocatorio debe ser este año, porque para el 2017 sería muy tarde; el descontento es mayor con altas posibilidades de un desbordamiento social. El CNE tiene que reflexionar y debe entender que la crisis se está agudizando y necesitamos una salida democrática, para evitar una explosión social”.

Quien en ocasiones ha advertido sobre las intenciones del Gobierno de minar el camino hacia la salida democrática, exhortó al Estado y a los representantes del oficialismo a respetar la voluntad de la mayoría, que hoy demanda entendimiento, acciones y soluciones frente a la crisis social y política que atraviesa Venezuela. “El Gobierno y el PSUV no pueden continuar con las trabas a las elecciones regionales y al referéndum revocatorio. No hay duda de que estamos en un proceso de transición en Venezuela y nadie tiene que molestarse o asustarse por eso”.

Insistió en que ante cualquier medida constitucional para materializar el cambio político, debe constituirse un Gobierno de Unidad Nacional, donde participen todas las fuerzas sociales y productivas del país; que garantice la gobernabilidad, los derechos establecidos en las leyes y se produzca la reinstitucionalización de los poderes públicos.

“Esto lo resuelve es un gobierno de transición democrático, en consenso con todos los sectores, que gobierne para todos, que organice y reactive la economía”.

Agregó que ante la falta de entendimiento y acuerdo político, “la gente puede tomar las arriendas y buscar su propia salida, pasarnos por encima. Los tiempos políticos van lentos, pero el hambre y la delincuencia no se detienen”.

Convencido de que el cambio en Venezuela está en marcha, aseguró que “la historia no la detiene la voluntad de una persona o un grupo, por más poderoso que a veces parezca. Nos toca calle parejo, con la constitución nacional en mano”.

¿Por qué nadie te teme?, por Brian Fincheltub

Temores

 

Deberías preguntarte por qué nadie te teme. Por qué pese a tus esfuerzos por generar miedo nadie te para. Es más, tú situación es tan triste que cada vez que te lanzas una amenaza logras el efecto contrario: impulsar a la gente a que haga eso que buscas evitar. El venezolano te reta diariamente, se te para de frente y te habla de tú a tú. No te tiene ni respeto ni miedo. Algo bastante lamentable para una persona que ocupa un cargo tan importante.

Una vez Maquiavelo, un filósofo italiano que me imagino debes conocer al menos por referencias, dijo que era mejor ser temido que amado. Tú nunca pudiste llenar ni el vacío sentimental de tu propia gente y menos lograr que quienes se oponían a ti te tuvieran temor. No es difícil saber cuál será tu futuro. Tú que siempre condenas a todo el mundo al “basurero de la historia”, no debes tener un lugar privilegiado en las líneas que se tendrán que escribir en los próximos años sobre esta oscura etapa del país… Escribir, pero sobretodo, recordar mucho, para que jamás se repita.

Tenlo claro, no puedes exigir respeto porque el respeto se gana, menos puedes pedir que te teman, porque el miedo desaparece cuando se ha perdido todo. A lo único que los venezolanos le tenemos terror es a la idea de que tú continúes en el cargo, porque has demostrado que tienes una capacidad destructiva sin límites.

Millones no caben en El Helicoide o en la penitenciaría de San Juan de Los Morros, la cárcel no puede ser un castigo para alguien que tiene a su propio país como celda. Tampoco la muerte, esta nos ronda a todos los que nos atrevemos a salir a la calle diariamente. Por eso cuando tus armas nos apuntan, ya nadie retrocede. Estamos claros que puedes causar mucho daño, que puedes seguir destruyendo vidas y familias, pero eso no nos atemoriza, nos impulsa a buscar tú salida del poder por la vía a la que más le temes: La constitucional, electoral y pacífica.

Tu dominio de terror se tambalea, ni gritando logras espantar, el venezolano no se va a paralizar ante tus amenazas, todo lo contrario, te seguirá retando. Cada vez son más quienes te identifican como el responsable de la crisis. 

En otras condiciones quizás hubiésemos visto a miles de arrepentidos por haber firmado, yendo en masa a excluir su firma por miedo a represalias o perder su trabajo. La mayor prueba de que el miedo se acabó, es lo que vimos esta semana en las oficinas del CNE, nadie cayó en tus presiones. Si alguien está arrepentido hoy, es sin duda aquel que votó por ti.

 

@Brianfincheltub

Encontacto@brianfincheltub.com