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Protestas 2019

Aberraciones del socialismo del siglo XXI, por Luis Fuenmayor Toro

Foto @Steffdcv

QUE UN NIÑO DE 16 AÑOS, estudiante del último año de bachillerato, por estar ayudando a su madre en la compra de dos bombonas de gas domiciliario, pierda su visión en ambos ojos debido a una acción brutal de la policía, que le disparó perdigones directamente a la cara, a quema ropa, es algo, además de inmensamente lamentable y escalofriante, abominable y condenable tanto o más que un asesinato y que pone en evidencia, sin lugar a dudas, la política represiva anti popular del régimen vigente, dejando completamente desnuda su esencia cruel, tanto interna como externamente. No existen excusas ni explicaciones que puedan siquiera hacer entender la acción bárbara sucedida, como consecuencia de una agresión inhumana de unos agentes policiales contra niños y mujeres, que trataban de procurarse un servicio indispensable en los hogares venezolanos y que aparentemente protestaban sin violencia ninguna al no recibir ninguna respuesta a sus requerimientos.

¿Qué pudo transformar en unos monstruos a estos agentes del orden público, cuya función es la de proteger a la ciudadanía y garantizarle el libre ejercicio de sus derechos? ¿Cómo llegaron a este tipo de depravación, que descubre el mal estado de sus mentes y de la institución policial como un todo? ¿Qué tipo de entrenamiento reciben para llevarlos a cometer este tipo de delitos? El lavado de cerebro tiene que haber sido muy intenso y efectivo, de manera de convertir en hienas a seres humanos, que dejan ciego a un adolescente que no sólo ayudaba a su madre y que no podía significar ningún peligro para nadie. Tampoco era peligroso su hermano de 14 años, quien también fue agredido por la depravación hecha fuerza pública. A Rufo Chacón le desgraciaron la vida, al igual que hicieron con su madre y toda su familia. Su tragedia no tiene nombre, es inaudita y es imposible llegar a sentirla como la sienten ellos… Como la seguirán sintiendo por mucho tiempo y tal vez por toda la vida.

Pero hacía muy pocas horas, otro venezolano, no tan joven, había sido vilmente torturado hasta morir en ese antro de perversiones criminales y de delincuentes depravados, que llaman pomposamente el DGCIM. Esta vez un militar, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muere, como consecuencia de las lesiones generadas por los aberrantes castigos recibidos, enfrente de toda la cadena represiva militar venezolana: torturadores, carceleros, alguaciles, fiscales, abogados y el propio juez militar. Hasta el tribunal llega en silla de ruedas al no poder caminar y sólo atina a pedir auxilio y a denunciar que fue torturado, como últimos actos conscientes. Es tan deplorable su estado, que el juez ordena su urgente traslado al hospital correspondiente, donde muere en forma inmediata. Y no se entiende cómo es que sus torturadores y carceleros lo envían a su audiencia en estado semicomatoso, ni cómo lo reciben y trasladan quienes lo hicieron.

¿Es este torturador despiadado y asesino el hombre nuevo de que tanto hablaba Chávez? ¿Son también los monstruos policiales producto de esta aberración que llaman socialismo del siglo XXI? La podredumbre humana de los cuerpos de seguridad, de sus efectivos, de sus jefes inmediatos y mediatos es claramente generalizada, tiene carácter nacional, ocurre en Caracas, pero también en Táchira y en el estado Bolívar y en prácticamente cualquier sitio de Venezuela. Las políticas de quienes nos subyugan de manera indolente han extendido sus realizaciones a todo el país y a todas las instituciones policiales nacionales, regionales y locales. La putrefacción es en el DGCIM, órgano represivo del sector militar; pero también está presente en el SEBIN, la policía política del régimen, quien fue hace 8 meses estremecido por el homicidio “suicidizado” del concejal Fernando Albán, cuya investigación quedó como promesa cobardemente incumplida por todo el alto gobierno.

Pero es también la muy represiva policía del Estado Táchira, responsable del primer caso relatado; son las FAES ajusticiando jóvenes venezolanos diariamente y delante de sus familiares, en los barrios pobres de pueblos y ciudades; es el CICPC y sus bandas extorsivas y asesinas, la PNB, organismo que ha dejado en pañales las acciones de la tristemente célebre Policía Metropolitana; las policías municipales, la GNB, involucrada cotidianamente en hechos delictivos siniestros. Y todo ello bajo la mirada indiferente o incluso complaciente de sus jefes inmediatos, así como de viceministros y ministros y el Ministerio Público hasta llegar a la propia Presidencia de la República. Todos ellos son parte de este tinglado de descomposición social, producto de una dirección política completamente indolente y enceguecida por mantenerse en el poder a como dé lugar.

Es insólito que quienes en el pasado fueron víctimas directas de actuaciones también aberrantes de los organismos de seguridad del Estado, y que las enfrentaron, denunciaron y combatieron, hoy las permitan, las justifiquen y traten de garantizarles impunidad o castigos leves a sus ejecutores materiales, torciendo la justicia y demostrando una indolencia sólo vista en gente seriamente afectada en su raciocinio. No sé si se darán cuenta de lo que están haciendo o permitiendo; no sé si sabrán cómo serán vistos históricamente. Pero del país, ni de ellos, quedará nada si siguen con esta siniestra conducta. Bastaría un poquito de amor por Venezuela para evitar estos hechos funestos, pero pareciera que este sublime sentimiento humano ya los abandonó por completo. Este ha sido uno de los peores fraudes políticos de la historia de Venezuela.

#MonitorDeVíctimas | Rodolfo Álvarez era jubilado y murió mientras escapaba de las bombas lacrimógenas el 1º de mayo
Rodolfo Álvarez corría para escapar de los gases, se tropezó con una acera y cayó sobre un tubo que le partió la tráquea. Seis personas murieron entre el 30 de abril y 2 de mayo en contexto de manifestación. Tres de ellos eran menores de edad

 

RODOLFO ÁLVAREZ ASPIRABA PUBLICAR UN LIBRO  sobre las especies marinas de Venezuela. Por más de 30 años trabajó en el Instituto de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), donde se dedicó a documentar distintos ejemplares acuáticos.

No obstante, tantos años como empleado público no le fueron remunerados de forma suficiente en su jubilación. A sus 64 años, dependía económicamente de su hija Catherine, de 26 años, quien vive en Irlanda. Por esta y otras razones Rodolfo como otros centenares de empleados públicos manifestaba el 1° de mayo, Día del Trabajador, respondiendo al llamado de quien se proclamó como presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

A las 2:00 pm, Rodolfo estaba junto a su hermano, Luis Álvarez y su sobrina de 15 años en la Avenida Victoria, protestando de manera pacífica, de acuerdo a vecinos que participaron en la jornada de ese día. Pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersaron la concentración con bombas lacrimógenas. Mientras Rodolfo corría hacia la Calle Colombia para escapar de los gases, se tropezó con una acera y cayó sobre un tubo que le partió la tráquea.

“¿Cuál es la labor de la policía?”, se pregunta Luis Álvarez, “se supone que proteger a los ciudadanos”, acota. Sin embargo, cuenta que eso no ocurrió el 1° de mayo en la Avenida Victoria. Luego de que su hermano resultó herido, los funcionarios continuaban reprimiendo y no prestaron auxilio a Rodolfo y otros heridos. Quince minutos después del incidente fue que Luis pudo llevar a su hermano hasta el Hospital Universitario. Al poco tiempo, Rodolfo Álvarez murió por un derrame interno.

“No hay nada que justifique la arremetida desmedida de los efectivos de seguridad”, expresó Luis Álvarez.

Rodolfo vivía con su esposa en Punto Fijo, estado Falcón. En enero se mudó a Caracas para atender a su mamá, quien está en condiciones complicadas de salud. Distintos vecinos se aglomeraron la mañana de este sábado 5 de mayo para recordar a Rodolfo. En la Calle Colombia dibujaron la silueta de un hombre y lo acompañaron con una escrito en el que se lee “Insigne empleado público que pidió libertad”.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, lideró la actividad de esta mañana y calificó de criminal la actuación de la PNB.  “Solo entre el 30 de abril y 1° de mayo, parroquias como La Candelaria, San Pedro, La Vega, El Paraíso, San Juan o El Recreo, han sido víctimas de una represión brutal por parte de escuadrones de la muerte de la tiranía. Esos miles de dólares con que compraron balas y gases, se pudieron invertir en medicinas o comida para el pueblo que se muere de hambre”, dijo.

Por otro lado, el también integrante de la Plataforma de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre señaló que Nicolás Maduro está tratando de “parar a plomo limpio” la “rebelión popular” que se ha desarrollado en distintos barrios de la capital. “Sea a través de cuerpos de seguridad del Estado o colectivos armados la tiranía busca sembrar el terror en la población”, acotó.

La mayoría de los asistentes de esta mañana eran personas de la tercera edad, quienes expresaban que querían una Venezuela libre y sin violencia. “El mejor homenaje que podemos darle a Rodolfo es que dejemos el miedo atrás. Seguimos en las calles”, dijo una vecina.

A finales del año pasado Rodolfo conoció a su primera nieta. Pasó las navidades con ella y su hijo mayor Kevin en San Cristóbal, estado Táchira. Luis Álvarez cuenta que otro motivo por el que protestaron ese día fue para exigir un futuro digno para sus hijos y nietos.

Entre el 30 de abril y 2 de mayo de este año, seis personas murieron en contexto de protesta por el uso abusivo de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo al Observatorio de Conflictividad Social (Ovcs) y Provea. Tres de ellos eran menores de edad. Las muertes ocurrieron en Miranda, Distrito Capital, Mérida y Aragua. Estas muertes se suman a las 53 que han documentado las organizaciones a lo largo de 2019, es decir, en total, 59 venezolanos perdieron la vida mientras protestaban de manera pacífica.

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7 aspectos que han variado entre las protestas de 2017 y 2019

Un discurso más apegado a los derechos constitucionales de parte de la dirigencia opositora, mayor represión, incorporación de sectores populares, complicado acceso para medios de comunicación y la promesa de una eventual amnistía a policías y militares diferencian las manifestaciones de calle de hace dos años y el presente

 

EN APENAS CUATRO DÍAS DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO en enero de 2019 se produjeron 33 muertos, la misma cantidad en 25 días de manifestaciones entre abril y julio de hace un par de años. Una represión con mayor contundencia, ahora con el foco en zonas populares se experimentó en el primer mes del año.

En 2017, los líderes políticos enfocaban el discurso antigubernamental en el bloqueo al referendo revocatorio y el desconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y el TSJ, par de años después los objetivos de la oposición venezolana son aún más específicos: cese de usurpación de funciones por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres.

Amparados en la proclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado de la República el pasado 23 de enero y el reconocimiento de 44 países al presidente de la Asamblea Nacional, la oposición ha trazado una estrategia más frontal para desmontar el gobierno de Maduro. Conjugando actividades de calle con presión internacional, aunado a la posibilidad de atraer a funcionarios militares y policiales con una Ley de Amnistía y la apertura de un canal humanitario en las fronteras, la coalición contraria al chavismo pretende generar un cambio en la estructura de poder.

A continuación enumeramos las diferencias más notables en las protestas y estrategias de 2017 y 2019:

 

1.- Espontaneidad en sectores populares

A juicio del consultor político, Oswaldo Ramírez, la principal diferencia entre las protestas callejeras de 2017 y 2019 radica en la espontaneidad. “Hace dos años tenías a los líderes de los partidos políticos convocando para marchas a diario hacia el centro de Caracas, en esta ocasión la población salió a la calle en las zonas populares como una respuesta a ese hartazgo que sienten por la precaria situación económica por la que atraviesan”, dijo. En la ciudad capital, hace dos años el epicentro de las concentraciones y protestas era en el este, en 2019 se trasladaron al centro y oeste de Caracas. “Incluso en partes cercanas al Palacio de Miraflores como La Pastora, El Amparo, El Cuartel, avenida Fuerzas Armadas y Altavista. Gente que suele recibir bonos, cajas y bolsas Clap del gobierno reclamando porque estos mecanismos de distribución ya no les satisfacen o simplemente ya no sirven para comprar su voluntad política”, dijo Ramírez. En 2019 hubo una especie de aprendizaje y las marchas ya no se dirigen a una institución gubernamental en el casco central de la capital con regularidad, ahora se hacen con mayor espacio y en sitios con aparente seguridad para los manifestantes.

2.- Discurso directo

Para Ramírez el discurso político de la oposición es ahora más institucional que el de hace dos años. Se ha apelado a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para desconocer al gobierno de Maduro.“En 2017 el discurso estuvo enmarcado en levantar la voz para denunciar todas las violaciones que cometió el gobierno, la gente atravesaba por una depresión porque le habían robado el referendo revocatorio en octubre de 2016, parte de la oposición se enfrascó en una negociación que no rindió frutos en República Dominicana y después todo explotó con las sentencias 155 y 156 que anulaban las funciones de la Asamblea Nacional”.

Ahora la dirigencia opositora no centra el grueso de sus alocuciones en las víctimas de las protestas sino que coloca el foco en los planes futuros. Hay una visión más de lo que se puede alcanzar a posteriori que antes.

El analista político indicó que el discurso de la dirigencia opositora en esta oportunidad es similar al de 2014 antes de las protestas que generaron la muerte de 43 venezolanos según el Ministerio Público que conducía la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Discurso protagonizado en aquel entonces por el dirigente encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, María Corina Machado de Vente Venezuela y el alcalde metropolitano exiliado, Antonio Ledezma.“Si uno revisa lo que se dijo antes de febrero y las muertes de Bassil Da Costa y otros tantos, la ruta era ir a las calles y hacer cabildos abiertos para escuchar las propuestas de la gente, además de perseguir el apoyo internacional”.

3.- Mayor represión en menos días 

En las protestas de 2017, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado fue de menos a más. El primer muerto se produjo luego de cinco días de manifestaciones. En 2019, para el segundo día ya habían ocho asesinados y apenas en la tercera fecha (23 de enero) se contabilizaron 20 muertos a nivel nacional. La Guardia Nacional, encargada de la represión en 2017, tuvo escaso protagonismo en esta oportunidad. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) se encargaron de contener el reclamo social en las barriadas caraqueñas.

“El Faes es un organismo policial que ha sido entrenado para matar, su formación es para intervenir en casos de terrorismo y secuestro. No son los indicados para problemas de orden público”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG de derechos humanos, Provea. “Fue un ataque cruel y selectivo. El gobierno sabe que tiene que reprimir fuerte a la gente en esos sectores, porque si ese descontento se desborda va a generar una situación de alta ingobernabilidad. Un aspecto importante es que el costo de la impunidad en los barrios es menor porque la gente no denuncia, la gente es amenazada no solo por funcionarios, sino también por colectivos y patriotas cooperantes”.

 

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4.- Difícil acceso para medios de comunicación

En 2017, las víctimas de la violencia uniformada en las marchas contaban con los medios de comunicación impresos, digitales y de televisión por suscripción. Algunas de las agresiones fueron documentadas por periodistas o usuarios de la redes sociales como el asesinato de Neomar Lander el 7 de junio en la parte baja de la Avenida Libertador o el de David Vallenilla, 15 días después en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota. Dos años después las características de las manifestaciones hicieron menos visibles a los afectados. “Algunas muertes de 2017 fueron documentadas casi en vivo. Las protestas de este año se hicieron de noche y no tuvieron mayor exposición”, dijo Oswaldo Ramirez.

 

5.- Ausencia de Ministerio Público

La mayoría de los 157 asesinatos (cifras de la base de datos de Runrunes)  que se registraron en las protestas de 2017 fueron documentados por el Ministerio Público entonces liderado por la hoy en día Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Con Tarek William Saab, ahora al frente del despacho por mandato de la asamblea nacional constituyente, ni medios de comunicación ni organizaciones no gubernamentales han podido corroborar las estadísticas. “Ha sido muy cuesta arriba para nosotros. A eso hay que sumar que la Defensoría del Pueblo ha estado absolutamente ausente”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui aseguró que la principal misión de organismos independientes es darle un rostro a cada de una de las víctimas. Alertó que el gobierno ha querido hacer ver a los muertos en las manifestaciones de enero como delincuentes. “Al menos 10 de esas víctimas podrían haber estado involucradas en situaciones de saqueo y de allí se aferran para engordar esa tesis”.

 

6.- Se le habla de otra forma a los militares

En 2017, la dirigencia política opositora, ONG y sociedad civil denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fuera y dentro de las fronteras venezolanas. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en el exilio entregó un documento en la Corte Penal Internacional en La Haya donde acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

En el expediente también figuraron los nombres del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ex director del Sebin, Gustavo González López y el ex Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres.

Ahora en 2019, diputados de la AN liderados por el presidente interino Juan Guaido planean otorgar amnistía a aquellos que desistan de reprimir a los ciudadanos y acompañen el proyecto de renovación democrática. “Están en la mesa esas garantías para todos aquellos que quieran ponerse del lado de la Constitución”, dijo Guaido en una entrevista de televisión. Se ha hecho especial hincapié en que la Ley de Amnistía promovida este año por la Asamblea Nacional no beneficiará a aquellos funcionarios que hayan cometido atropellos a los derechos humanos.

 

7.- El encuentro de todos en la calle

Desde abril de 2002, cuando las protestas llegaron al clímax en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la clase media siempre había tenido un papel preponderante en las manifestaciones de calle. Durante el mandato de Maduro, las expresiones de inconformidad pública han permeado otros estratos.      

En 2017, el principal aliciente de la oposición era penetrar los municipios con alcaldes chavistas para manifestar o hacer entrega de un documento en una institución. Se pretendía conquistar un quiebre de la burocracia con la protesta masiva de calle y el costo fueron decenas de muertos, centenas de heridos, encarcelados y exiliados. El gobierno y el ímpetu sin brújula definida de algunos opositores hizo caer a la sociedad civil en una pelea callejera estéril y desigual con funcionarios del Estado. Par de años después hay una aparente lección aprendida. No se aplaude la violencia, no hay escuderos ni encapuchados a la vista.

“La estrategia del gobierno siempre fue la de separar a los sectores sociales, crear una especie de sectarismo. Ahora ese encuentro se está dando en las protestas”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui comentó que en 2018, pese a que no hubo llamado formal a la protesta política, se inoculó en los sectores populares un sentimiento generalizado de frustración. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2018 se estableció un récord con 12 mil 175 protestas a nivel nacional, un promedio de 35 por dia. “Ya no era una protesta política, era gente reclamando por sus derechos sociales, económicos y también laborales. Un aspecto simbólico fue el pernil en diciembre pasado, la gente pagó y el gobierno los estafó, allí hubo un quiebre. Los sectores populares siente que ya no obtienen respuesta y están cansados”, dijo Uzcátegui.

 

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Foro Penal: El 23 de enero rompió el récord de detenciones de los últimos 20 años
Muchas de estas acciones se ejecutan “en coordinación con grupos irregulares armados”, destacó Rafael Uzcátegui de Provea

@loremelendez

El pasado 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente de la República, no solo rompió el récord de muertes durante protestas antigobierno (al menos 20), sino también el de detenciones: hasta la mañana de este lunes, 28 de enero, 696 habían sido registradas y ese número seguramente superará las 700, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

Desde el 21 de enero, y en un plazo de una semana, 850 personas fueron arrestadas. De este grupo, 100 son mujeres y otros 77 son adolescentes.

“Detuvieron a una muchacha indígena en Amazonas, una niña de 14 años. En Yaracuy, 11 niños fueron detenidos y una niña. Quedaron privados de libertad por orden de un juez sin justificación alguna”, denunció Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal.

En este grupo de adolescentes está un joven de 16 años que salió de su casa –en Mamera, al suroeste de Caracas– hacia una bodega cercana en el callejón Bucare a las 8:40 pm del 22 de enero. Allí lo arrestaron junto a cuatro menores de edad y varios adultos.

Según sus familiares, el expediente del joven fue falseado. Allí se señala que lo detuvieron el 23 en la madrugada con un escudo de madera, explosivos y carteles que decían “Fuera Maduro”. “Dicen que estaban lanzando piedras, pero estaban en una bodega”, aseguró un pariente.

Con la cifra de 850 detenidos, el número de presos políticos en Venezuela se incrementa a 976. Distrito Capital, Aragua y Zulia encabezan, en ese orden, la lista de estados en donde se han registrado mayor cantidad de arrestos recientemente.

“Es un patrón agravado de lo que ya hemos venido señalando, de lo sistemático de las detenciones que conlleva, evidentemente, a crímenes de lesa humanidad”, declaró Romero, quien agregó que la lista de arrestados será llevada al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

“Esto se produce por una instrucción que da Nicolás Maduro en canal de televisión donde señala la pena máxima para todas estas personas que fueron detenidas en protestas y esa orden fue llevada a cabo el 23 de enero. Y siguen llevándose a cabo detenciones”, añadió el director ejecutivo de Foro Penal.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, informó que la organización ha documentado 35 muertes en el contexto de las protestas en 10 estados de Venezuela. Distrito Capital, con 10 víctimas; Bolívar, con 8; y Portuguesa, con 4, son las entidades que más reportan decesos.

La mayoría de las víctimas, tal como ocurre con las detenciones, provienen de zonas populares. Y es allí, según Uzcátegui, donde también suceden operativos que buscan a los manifestantes luego de que termina la protesta.

“Estamos consolidando una base de datos de situaciones que ocurren después de las manifestaciones, es decir, no solamente en el contexto de protestas, sino que cuando finaliza una protesta comienza un operativo para detectar, seguir y ubicar a las personas que han participado en estas movilizaciones y en este momento tenemos a 9 personas ajusticiadas luego de las protestas”, acotó.

Uzcátegui apuntó que el principal responsable de este tipo de procedimiento es la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

“Este no es un ente que ha sido entrenado para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza sino que su lógica es la del ataque letal (…) Toman territorialmente un sector y allí dan de baja a una serie de individuos en una lógica de guerra de extermino”, condenó Uzcátegui.

El coordinador de Provea afirmó que muchas de estas acciones se ejecutan “en coordinación con grupos irregulares armados”, es decir, con los colectivos que viven en estas zonas.

Protestas de 2019: Represión en manifestaciones nocturnas dejan más muertos en menos días
De acuerdo con cifras registradas por Runrun.es, el balance de víctimas asciende a 33 personas. Distrito Capital encabeza la lista con nueve caídos

@loremelendez

Entre el 21 y el 24 de enero, al menos 33 personas murieron en Venezuela en medio de la represión a las manifestaciones de calle que repudian el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra comprueba que el amedrentamiento y los ataques a quienes protestan han sido más letales que en 2017, cuando ese número de víctimas solo se alcanzó luego de 25 días de conflicto. En este caso, solo pasaron 4 jornadas.

Buena parte de las muertes ocurrieron en la noche, momento en el que se desatan las protestas en las zonas populares. Así ha sido en Distrito Capital, donde todas ocurrieron después de las 8:00 pm.

En la capital del país, los últimos casos reportados son los de los mototaxistas Kevin Antonio Cárdenas y Luis Alberto Martínez, de 22 y 32 años de edad, respectivamente. Ambos recogían agua en la calle la noche del 23 de enero, cuando un grupo de jóvenes que protestaba comenzó a correr por la represión de los cuerpos de seguridad. Un comerciante de la zona. que tenía su local abierto, pensó que la muchedumbre venía hacia él para saquear su negocio y así comenzó a disparar. Los hombres cayeron al suelo con varios impactos de bala.

Bolívar es el segundo estado con más muertes: 7 en total, todos ocurridos en medio de la noche. A las cuatro víctimas reportadas anteriormente, se sumaron los caso de Yeskarly José Gil Martínez, de 25 años, y Adán Pérez, de 45, quienes murieron durante saqueos en Ciudad Guayana entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero. En Ciudad Bolívar, capital de la entidad, cayó Luis Pérez, un adolescente de 16 años.

Las cifras recolectadas por Runrun.es fueron extraídas de reportes de la prensa nacional y de organizaciones no gubernamentales, así como información policial y testimonios de los familiares de los caídos.

En Barinas, tercer estado con mayor cantidad de homicidios en las movilizaciones contra Maduro, la manifestación del 23 de enero dejó cuatro víctimas fatales. Mientras, en Portuguesa dejó tres: Juan Rafael Medina Torres y

Enmanuel Zambrano, de 19 años, y Jhonny Jesús Pacheco Vega, de 23. Los tres murieron durante las marchas del 23 de enero en Guanare.

Amazonas, Táchira y Monagas tienen, cada una, dos víctimas. En esta última entidad murió el único uniformado de la lista: el sargento segundo de la Guardia Nacional, Pedro Díaz. En Miranda, Sucre, Vargas y Yaracuy se registra, hasta el momento, un caído por estado.

Foro Penal: Nocturnidad y ataque a zonas populares caracterizan la nueva oleada de represión en Venezuela.

Del 21 al 24 de enero de 2019 han detenido a 369 personas y 22 hasta ahora, han sido asesinadas durante manifestaciones antigubernamentales en Venezuela, informó el director presidente de Foro Penal (FP), Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones en los últimos 20 años.

“En cuanto a detenciones, el 23 de enero pasa a ser un día histórico con 328 personas detenidas en todo el país hasta ahora verificadas con nombre y apellido, de las cuales Foro Penal representará a la mayoría. Zulia es el estado con mayor número de detenciones, con 85, luego Aragua con 63 personas detenidas y Monagas con 45 personas detenidas. Desde el 21 de enero, si sumamos las detenciones verificadas, estamos hablando de 369 arrestos por protestas. Hoy todavía estamos verificando arrestos, ayer, 24 de enero siguieron dándose estos hechos y seguro el número sobrepasará las 400 personas. Por ejemplo, ayer hubo una cantidad importante de detenidos en El Junquito”, alertó.

Alfredo Romero resaltó que la mayoría de estos casos de detenciones se han dado en zonas populares, en la noche y la madrugada y sin orden o justificación alguna. “Personas han sido retiradas de sus casas, de manera arbitraria. Zonas importantes como Petare, donde la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional) ha ingresado de forma violenta en casa de personas para detenerlas; José Félix Ribas, Catia, El Valle, El Junquito, Cotiza, el barrio El Limón, San Martín, por mencionar algunos de Caracas. Los cuerpos de seguridad además han abusado del uso de la fuerza con los detenidos al someterlos a descargas eléctricas y golpizas que incluso han sido denunciadas ante tribunales. Aquí hacemos un llamado a los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, que sepan que se está haciendo vigilante en cuanto a las violaciones de los derechos humanos”, señaló.

Detalló que solo el 21 de enero se registraron 8 arrestos en Distrito Capital. Mientras, el 22 de enero se registraron 6 en Bolívar, 8 en Distrito Capital, 5 en Monagas, 13 en Nueva Esparta y 1 en Vargas para un total de 33 detenidos. “A los pocos que han presentado del 21 y 22 de enero se les imputan delitos como terrorismo, instigación al odio, alteración del orden público y desacato a la autoridad, los últimos dos se han vuelto los más comunes. Han retirado los cargos de terrorismo, por ejemplo, y en el caso de los de Caracas a algunos se les dio medida cautelar previa fianza. Todavía faltan por presentar en tribunales a más de 300 detenidos”, expresó Romero durante una rueda de prensa de este viernes.

Asimismo, el abogado defensor de derechos humanos aclaró que en este registro preliminar no se encuentran personas detenidas por saqueo, pues consideran esta acción como un acto vandálico.

En cuanto a los asesinados en protestas, Romero dijo que hay diferencias en cifras, sin embargo, verificadas por el Foro Penal hay 22 personas asesinadas desde el 21 de enero. “3 en portuguesa, 2 en Táchira, 2 en Barinas, 2 en Amazonas, 7 en Bolívar, incluyendo 2 menores de edad, 5 en Caracas, y 1 en Mérida”, precisó.

Sobre Bolívar en particular dijo que hay asesinados en medio de saqueos, “5 de las 7 fueron asesinadas en un saqueo”, acotó.

Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal explicó que en este momento “es difícil establecer el patrón de actuación de los tribunales ya que solo han presentado a menos del 10% de los detenidos. No obstante, aseguró que en el caso de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado “hay detenciones que son selectivas y el motivo es porque las protestas en esta oportunidad son en zonas populares y humildes de Venezuela”.

Himiob Santomé alertó que la represión no es solo de los cuerpos de seguridad, también han intervenido cuerpos de violencia informales como colectivos armados que incluso, se han atrevido en algunas zonas como ocurrió en estos días en el 23 de enero a dictar toque de queda. “Esto es completamente irregular y es una gravísima violación a los derechos humanos”, dijo.

Al día de hoy Foro Penal contabiliza 273 presos políticos, a los que deben sumarse los detenidos de enero de 2018.

Ataque de colectivos a marcha en San Cristóbal dejó dos muertos y más de 15 heridos

Crédito: @eli.maestro

EN LA CAPITAL DEL ESTADO TÁCHIRA, los ciudadanos se reunieron la mañana de este miércoles en cuatro puntos para marchar hasta la 7ma avenida, en el centro de la ciudad: los 1,36 kilómetros que componen una de las vías principales de la ciudad estaban repletos de punta a punta.

Aunque la manifestación fue pacífica durante toda la mañana y el recorrido hasta el punto central, de acuerdo a varios manifestantes consultados por Runrun.es, camiones con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvieron patrullando las calles todo el tiempo.

Sin embargo, la presencia de cuerpos de seguridad cesó cuando, cerca de la 1:30 pm., cuando los manifestantes esperaban para ver por la pantalla en la tarima al presidente de la Asamblea Nacional hablar ante miles de personas en la concentración de Caracas. En ese momento, un grupo de cerca de 20 miembros de colectivos en moto se aproximó al extremo de la concentración y empezó a disparar armas de fuego, según relató una manifestante.

“Yo estaba ahí cuando los colectivos llegaron. Empezaron a disparar al aire y todos empezamos a correr. Me salí de la Séptima avenida hacia el viaducto viejo. Luego, ellos cruzaron hacia el viaducto, se devolvieron, y empezaron a disparar a lo loco”, dijo a Runrun.es.

Videos difundidos por redes sociales muestran cómo un joven herido e inconsciente era arrastrado por los manifestantes y cómo lo subían a una moto para ser trasladado al Hospital Central de San Cristóbal.

Junto a él, otras cuatro personas arribaron al hospital antes de las tres de la tarde, todos con heridas de arma de fuego. Un sexto herido, un médico traumatólogo que se encontraba manifestando, fue llevado a la Clínica El Samán también por herida de bala.

Dos de los heridos ingresaron en condición crítica y fallecieron a los pocos minutos de su llegada al centro asistencial. La gobernadora de la entidad, Laidy Goméz, informó que uno de los asesinados fue Edwar José Marrero, de 21 años de edad. El joven presentaba heridas de bala a nivel de tórax y de la región axilar.

El segundo asesinado fue Luigi Ángel Guerrero Ovalles, un joven de 24 años que estudiaba 4to año de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes, informó la periodista Omaira Labrador.

Después del ataque, en las pequeñas calles que conforman el centro de San Cristóbal los colectivos continuaron persiguiendo, enfrentando y disparando a manifestantes, de acuerdo a reporte de medios locales y redes sociales.

Manifestaciones en Venezuela dejan 15 muertos en las últimas 24 horas
En Bolívar y Barinas se registraron la mayor cantidad de víctimas: 4 en cada estado. Todas las muertes se han producido por arma de fuego

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Foto: @Francojuanky

 

Entre la noche del 22 y el mediodía del 23 de enero, 15 personas han muerto en medio de las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en cinco estados del país. Como presuntos victimarios, familiares y testigos han señalado tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a miembros de grupos paramilitares del chavismo (colectivos).

A las 9:00 pm de este martes, Franklin Alexander Figuera fue ingresado a la emergencia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas. El joven llegó muerto tras haber recibido dos disparos durante una protesta en el Kilómetro 14 de El Junquito, al extremo noroeste del Distrito Capital. Uno de los proyectiles lo impactó en el tórax y otra en la mano derecha.

Una hora después llevaron el cuerpo de Alixon Dos Santos Pizani, de 19 años, al Hospital Periférico de Catia. Según información extraoficial, le dispararon agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta en el sector Cutira de la parroquia Sucre del Distrito Capital. El hecho ocurrió en las adyacencias del Liceo Gustavo Machado.

En Catia, ya en la madrugada del 23 de enero, también murió Stefany Maholy Jajoy Natera, de 20 años, a quien las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional (PNB) le dieron cuatro balazos por la espalda mientras manifestaba en el sector El Cuartel. Era madre de dos niñas.

Esa misma noche, los saqueos que se desataron en Ciudad Bolívar durante las protestas antigobierno dejaron 4 muertos. Uno de ellos fue identificado como Carlos Alfredo Olivares Bonalde, de 30 años, a quien le dispararon desde un carro cuando saqueaban el establecimiento “Comercial Hermanos Los Próceres”, en el barrio Bello Monte de la parroquia Agua Salada. Junto a él cayeron dos personas más que aún no han sido identificadas.

También en la misma capital del estado Bolívar mataron a Yeimbert José Rangel Lereico, de 24 años, durante un intento de saqueo a la tienda Makro de la avenida Paseo Simón Bolívar, en la parroquia Marhuanta.

Los muertos del 23 de Enero

Ocho personas murieron en las manifestaciones convocadas en todo el país para este miércoles por la Asamblea Nacional, como una muestra del desconocimiento popular del gobierno de Maduro.

En Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, la Guardia Nacional disparó contra Yhonny Alejandro Hernández Ojeda, de 27 años, y Efrén Sandalio Castillo, de 47, de acuerdo con reportes de Fe y Alegría en esa entidad. Este último trabajaba en la Alcaldía de Atures y era activista del Frente Amplio Venezuela Libre en esa región.

En la Séptima Avenida de San Cristóbal, estado Táchira, murieron Eduardo José Marrero, de 21 años, y Wilmer Antonio Zambrano, de 28. Según reporteros de la zona, los victimarios fueron miembros de colectivos armados.

En Barinas, una balacera contra los manifestantes que se concentraron en la avenida Cuatricentenaria de la capital, dejó cuatro víctimas fatales: Wilmer Mendoza, de 25 años; Gustavo Ramírez, 30 años; Iván Antonio Álvarez Fernández, de 21 años, y una persona que todavía no ha sido identificada.

A esta lista se suma el nombre de Nicar Bermúdez Muñoz, la ingeniero de 32 años que fue asesinada la noche del 21 de enero por presuntos colectivos. El suceso ocurrió en el Callejón 11 de Agosto de Cotiza. Familiares dijeron que, en medio de las protestas que se desarrollaban en la zona, salió a la calle a botar la basura en un contenedor cercano cuando fue abordada por motorizados que la atracaron para quitarle su celular. Al resistirse, le dispararon en la cabeza.

Con Bermúdez Muñoz serían 16 las víctimas caídas en las manifestaciones que comenzaron hace apenas tres días. En ese mismo período, durante las protestas de 2017 no se registraron homicidios, sino que estos ocurrieron a partir del sexto día, mientras que en 2014 hubo tres muertes en los primeros tres días.