De acuerdo a sus familiares, Isaac Mata, de 14 años de edad, estaba volando un papagayo en el barrio Metropolitano de Coche el pasado viernes 17 de abril cuando una comisión del Cicpc llegó disparando al lugar. Al escuchar las detonaciones el menor de edad empezó a correr, pero fue alcanzado por un proyectil.
Los funcionarios se lo llevaron malherido y, posteriormente, su cadáver fue localizado en la morgue de Bello Monte.
Los parientes acusan al Cicpc no solo de haber asesinado a Mata sino de acusarlo de delincuente. “Dijeron que era un criminal. El cadáver tiene marcas de que estuvo esposado”, señaló una tía de la víctima en la morgue de Bello Monte.
Mata estudiaba primer año de bachillerato en el liceo Pedro Emilio Coll, de Coche. Vivía en el Barrio Metropolitano con sus padres y un hermano menor.
Lo mataron en una fiesta
En medio de la cuarentena social, Enyer Flores, de 20 años de edad, asistió a una fiesta en el Bloque 8 de Propatria en la madrugada de este domingo 19 de abril. Al finalizar la reunión terminó muerto.
Flores estaba compartiendo con allegados cuando de pronto se formó una discusión en medio de la cual fue apuñalado y arrojado al vacío.
Familiares dicen que desconocen la razón que pudo haber detonado tal reacción del victimario de Flores quien, según ellos, ya está detenido.
Flores era bachiller y trabajaba como obrero.
Funcionario del Ministerio de Asuntos Penitenciarios fue asesinado
Jetsander Alexis Pulido Gordillo, de 21 años de edad, iba a llevar un medicamento a un familiar que estaba recluido en el hospital Periférico de Catia, cuando de un carro, un hombre accionó un arma de fuego que lo mató.
Versiones de la familia indican que Pulido iba de parrillero en una moto con su padre cuando se toparon con un vehículo blanco cuyo conductor les cedió el paso en las primeras de cambio, y después les disparó en varias oportunidades. Uno de esos proyectiles impactó en el rostro de Pulido.
“No sabemos por qué le hicieron eso, a Jetsander lo llevaron al Periférico, pero ya no había nada que hacer”, dijo un familiar.
Pulido era funcionario del ministerio de Asuntos Penitenciarios. Deja a una pareja con tres meses de embarazo.
El sistema subterráneo no presta servicio entre las estaciones de Los Dos Caminos y Palo Verde
La cuenta oficial del Metro informó que el corte de servicio se debe a trabajos de sustitución de aparatos de vía
Foto: El Estímulo
Este sábado, 2 de noviembre, se informó a través de la red social Twitter que la línea 1 del Metro de Caracas solo funciona entre Los Dos Caminos y Propatria.
La cuenta @MetroComunidad – conformada por trabajadores actuales y antiguo del sistema subterráneo – indicó que habilitaron una «ruta de contigencia» con unidades de metrobús entre Los Cortijos y Palo Verde.
ATENCIÓN LÍNEA 1.
No hay servicio de trenes entre las estaciones Los Cortijos (COR) y Palo Verde (VER), por lo que habilitaron una «Ruta de Contingencia» con unidades de Metrobús entre VER y Los Dos Caminos (DOS).#02Noviembre@metroinforme#MetroDeCaracas
Las razones del corte de servicio entre estas estaciones no se ha aclarado, aunque en la misma cuenta de Twitter señalan que es probable que se deba a problemas de inundación en la vía férrea.
Debe haber problemas de inundación en la vía férrea, pero no estamos seguros. En lo que tengamos información confiable se la transmitiremos.
En la cuenta oficial del Metro de Caracas se informó que la situación se debe a que iniciaron los trabajos de sustitución «de aparatos de vía y cambio derecho de la zona de maniobra de Palo Verde».
Sin embargo no se informó con antelación de estos trabajos y tampoco la duración de los mismos.
#ATENCION Se informa a nuestros usuarios que se encuentra activa una VUT desde #DOS–#VER, ya que desde la madrugada de este viernes iniciaron los trabajos de sustitución de aparatos de via y cambio derecho de la zona de maniobra de Palo Verde #TrabajamosParaMejorElServiciopic.twitter.com/xCtw3hYYWn
El fin de semana pasado también se registró una falla en el Metro de Caracas, cuando los usuarios registraron que un tren se quedó detenido entre las estaciones de Capitolio y Caño Amarillo.
Las personas que quedaron varados en ese trayecto tuvieron que caminar por los rieles del sistema.
Cuando tres niños subieron a la azotea del bloque 10 en Propatria a tempranas horas de la mañana para jugar, se tropezaron con lo que muchos menores de edad deben observar en su día a día en Venezuela: la violencia. El cuerpo de José Alberto Botinis Lugo, de 33 años, reposaba bajo el sol caliente sobre un charco de sangre. Los chicos bajaron corriendo las escaleras a anunciar la noticia.
El joven, de acuerdo con testimonio su hermana y las posteriores investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue apuñalado en el tórax el pasado viernes 7 de diciembre. Esa fue la última vez que lo vieron sus allegados. Vivía solo en este edificio. Los mismos funcionarios lo trasladaron directamente a la medicatura de Bello Monte.
En los últimos años Botinis se desempeñaba como obrero. Deja a cuatro hijos menores de edad. Dos de ellos viven en La Guaira, estado Vargas y los otros en El Junquito, estado Miranda. De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas, en los últimos 12 meses, de los 120 homicidios ocurridos en la capital, 114 fueron hombres, es decir, 95 %. Y, del total de asesinatos con víctimas masculinas, 41 tenían entre 25 y 45 años, esto representa 35 %.
Dos tiros por una moto
Al menos tres años tenía Cándido Texeira laborando como mototaxista. Su sede de trabajo se ubicaba en la redoma de Petare. El pasado martes a las 11:00 a. m., cuando dos clientes solicitaron sus servicios por el mismo barrio, fue asesinado por un grupo de delincuentes con dos tiros: uno en el cara y el otro en el costado. Los hechos sucedieron cuando regresaba nuevamente a la redoma, por el sector Nazareno, Petare.
Según testigos, el joven de 29 años se resistió en primera instancia a los antisociales y acto seguido estos accionaron sus armas.
Era el menor de cuatro hermanos. Las hermanas mayores dicen que no piensan poner la denuncia ante el Ministerio Público porque “vivimos en un país sin ley”. Texeira vivía también en Petare, pero en el sector El Morro, junto con sus dos niños de 2 y 5 años. Este sería el cuarto homicidio en Petare en menos de cinco días, considerando que el sábado hubo untriple asesinato de unos hermanos y el pasado 12 de diciembre murió un funcionario de Polisucre a manos del hampa. El reciente informe de Amnistía Internacional publicado en septiembre de este año revela que Venezuela se posiciona entre los países más violentos del mundo con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes para el 2017.
Benito Antonio Rivas Graterol,de 47 años, se encontraba en su casa junto a su esposa e hija de 9 años de edad, cuando recibió un tiro en el pecho que le quitó la vida en el barrio Brisas de Propatria, sector Fe y Alegría de la parroquia Sucre, municipio Libertador.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde, luego de que su presunto victimario un vecino identificado con el nombre de Jostin tocara a la puerta de la vivienda para cobrarle a Benito una deuda de hacia ocho años.
Parientes explicaron que el dinero que le adeudaba era producto de la compra de un reloj de marca.
Su cónyuge, Marietzi Ortega indicó que en ese momento la venta se efectuó por 300 mil bolívares. De los cuales Benito llegó a pagar 200 mil.
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Jostin le recordó a la víctima que estaba esa deuda vigente, pero que por el tiempo transcurrido y debido a la marca del reloj ya no serían 100 mil la diferencia sino 3 millones de bolívares. “Él le dijo que no podía cancelar ese monto que no tenía. Fue entonces cuando éste se molestó discutieron y sacó el arma, le disparó y salió huyendo del lugar”, dijo Ortega entre lagrimas.
“Como pude tomé a mi esposo y lo lleve con ayuda de algunos vecinos y familiares hasta el hospital de Los Magallanes de Catia, pero llegó muerto”, acotó.
La víctima se ganaba la vida como comerciante de repuestos en Chiveras
Violencia ha dejado 79 víctimas en la parroquia Sucre
Según los datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre mayo y octubre de 2017 al menos 79 personas han sido asesinadas en la parroquia sucre del municipio Libertador.
De estos casos 23 encabezan la lista con hechos relacionados con cuerpos policiales en casos de ajusticiamientos y resistencias a la autoridad. Los robos con 17 muertes. Casos a determinar con 16 fallecimientos en los cuales familiares no supieron decir cuál era la causa del crimen. Seis casos en que la muerte está relacionada por situaciones de venganza y ajustes de cuentas. Hubo otros seis casos en que las víctimas quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y otros seis homicidios vinculados a secuestros, linchamientos y crímenes de odio. Mientras que la violencia de género, política y arrollamiento agrupa los últimos tres reportes.
Gilber Sosa Arellano no verá crecer a su hija. No la llevará a pasear en la moto con la que se ganaba la vida, ni cantará en ninguno de sus cumpleaños. Al joven de 20 años lo asesinaron unos policías vestidos de civil en Brisas de Propatria, kilómetro 1 de El Junquito el 6 de junio de 2017, cuando la bebé tenía apenas 4 meses. Salía en motocicleta a trabajar cuando lo interceptaron unos policías vestido de civil que lo buscaban por supuestamente haber matado a un conductor de jeep, un cargo por el cual nunca presentaron pruebas los agentes que amedrentaban constantemente a su familia. Su mamá, de 18 años y sin empleo fijo, ahora tiene que hacerse cargo de ella a duras penas.
La hija mayor de Maikel Jordan Padilla Puerta sigue llorando por su papá, asesinado el primero de julio de 2017 por agentes de Policía Nacional Bolivariana en Roca Tarpeya, Caracas, donde vivía alquilado con su segunda pareja. La niña de 6 años, con la tristeza intacta, siempre había sido muy pegada a su padre, aunque seis meses antes se había separado de su mamá y ya no vivía en la misma casa con ella y su hermanito de 4 años. Cuando su mamá, que es peluquera, salió embarazada, Maikel abandonó sus estudios universitarios penitenciarios para trabajar como mototaxista y atender a su hija. Nunca dejó de hacerlo hasta el momento de su muerte, que lo sorprendió con ropa de dormir a media mañana de aquel sábado por dos tiros en el pecho que dispararon los policías que entraron sin orden de arresto a su casa de una sola puerta y sin ventanas.
«Cuando a uno le matan a un hijo, lo único que podemos hacer es vivir con el dolor. Si pido justicia, lo que puedo lograr es que me maten a los otros que me quedan», dice la abuela de la hija de Maikel.
Son apenas dos casos de los 520 niños y adolescentes que han perdido a sus padres por causa de la violencia entre mayo y septiembre de 2017 en el área Metropolitana de Caracas, registrado por el Monitor de Víctimas.
Del total de 755 personas que murieron violentamente durante cinco meses en Caracas, 280 padres (37% del total) dejaron huérfanos menores de 18 años. Lo que se traduce en que cada día la violencia dejó 4 niños y adolescentes sin padres durante 5 meses en Caracas.
El número de casos de padres asesinados guardan proporción con los municipios más violentos de Caracas. 68% de los homicidios de personas que dejaron huérfanos ocurrió en el municipio Libertador entre mayo y septiembre de 2017. Le siguen Sucre (25%); Baruta (5%); Chacao (1%) y El Hatillo (0,7%).
En investigaciones sobre violencia se suele registrar quien murió pero no quienes dependían de ellos y quedaron desastidos. Los hijos son víctimas indirectas a las que esa pérdida afectará su manutención, estabilidad emocional, escolaridad, en definitiva toda la vida, resalta el educador y terapeuta Oscar Misle.
Esta investigación de Monitor de Víctimas pretende visibilizar con datos precisos y nombres a esas víctimas invisibles de los homicidios que ocurren en Caracas. En su mayoría niños y adolescentes que no reciben ninguna asistencia del Estado, para quiénes no existen políticas públicas destinadas a darle protección.
El aumento del número de homicidios en Venezuela está directamente ligado al crecimiento del número de huérfanos de la violencia, si se tiene en cuenta la edad promedio de esos hombres, analiza Misle. El director de Cecodap recuerda que en 2016, según el Ministerio Público, se registraron 21 mil homicidios, de los cuales 55,48% tenían entre 15 y 30 años, es decir, dentro del rango de ser padres.
La mayor proporción de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 eran jóvenes: dentro de franja entre los 19 y 30 años (57,8% de las muertes). Mientras, 8 menores de edad de un total de 280 tenían hijos menores de 18 años.
El incremento de la cantidad de número de niños y adolescentes que pierden a sus padres por la violencia debe ser atendido como un problema de salud pública, sostiene Misle. “Reviste un impacto no solo individual, sino también comunitario y nacional que puede inscribirse dentro de un espiral de violencia”.
“Se tiende a pensar en los huérfanos por la violencia como casos individuales cuando en realidad representan un impacto colectivo. El proceso de duelo por asesinato puede ser complejo y tarda en elaborarse”, observa el psicólogo e investigador Manuel Llorens. “Es necesario pensar en personas afectadas y su entornos. Hay que ayudar no sólo al individuo con terapia sino ofrecer contención a toda una comunidad y sociedad”, enfatiza.
La muerte de un padre que es el principal y/o único proveedor trastoca aún más la vida de una familia. Es el caso de Darwin José Valera, asesinado la madrugada del primero de septiembre de 2017, cuando cumplía su turno como vigilante de una construcción en el este de Caracas. El dolor de su esposa Joselyn y sus cuatro hijos menores de edad es tan grande que ninguno quiere estar más en la pequeña casa prestada de un solo ambiente donde vivían en el barrio Unión de Petare.
Valera era muy pegado con sus 4 hijos de 19, 12, 7 y 4 años y se rebuscaba “como sea” para conseguirles comida, lo que se había convertido en el principal problema del último año en el que acostarse a dormir sin haber comido comenzaba a ser una angustia frecuente. Hasta vendió algunas de sus herramientas de albañil para comprar alimentos. Como cristiano, procuraba ser el mejor ejemplo para sus hijos.
Las niñas de 7 y 12 años lloran cuando hablan de su papá, están distraidas en clases. El más pequeño de 4 años (que tiene que ser operado de una hernia) también lo extraña. El mayor de 19, que sufre de pérdida de masa muscular, se fue a vivir con su familia en Trujillo para aligerar las cargas de la familia.
Ahora no solo Joselyn y sus 4 hijos tienen que bregar con el dolor de la pérdida de Valera sino también buscar como mantenerse. Hasta ahora, solo reciben una parte de la insuficiente pensión de su mamá como ayuda.
Pero también deben soportar la impunidad. La primera versión sobre su muerte causada por el impacto cuando iba con un compañero de trabajo en moto quedó descartada con el acta de defunción, que certifica que murió por “shock hipovelico (hemorrágico) causado por herida por arma blanca al tórax”. Se presume que fue por “ajuste de cuentas” contra su compañero de trabajo, quien estuvo en una cárcel y tiene antecedentes penales.
Tanto Llorens como Misle coinciden en que los duelos por la violencia son los más difíciles de procesar. Observan que no será lo mismo la muerte natural o enfermedad, incluso la causada por un accidente de tránsito, que también es súbita, que la producida por un asesinato -por una tercera persona- lo que produce una mezcla de dolor, rabia, impotencia y resentimiento.
Llorens considera que el proceso de duelo de esos huérfanos dependerá de la edad: no es lo mismo un bebé (que puede ser amortiguado por la disposición de los cuidadores) que un niño de 5 o 10 años. “En todo caso, se trata de una pérdida traumática que genera consecuencias difíciles en sus vidas. Hay que tener en cuenta el nivel de afectación de círculo familiar – madre, abuelas, tías- que quedan a cargo de esos niños. Puede que no haya adultos disponibles para ayudar a tramitar su dolor. Muchas familias, que son a su vez víctimas, no pueden prestar ayuda”.
La muerte del proveedor del hogar implicará un impacto socieconómico enorme que afecta desde la nutrición hasta la escolaridad, dice Llorens. «El chamo queda desamparado por la muerte súbita producto de la violencia que le arrebata a su principal sustento, lo cual se complica aún más en un contexto de grave económica como el venezolano», agrega Misle.
Cuando muere el padre o la madre, la custodia es asumida por un familiar o entidad, que no está preparada para atender este tipo de población, observa Misle. «Muchos se ven obligados a dejar la escuela para conseguir recursos y adopta estrategias de sobrevivencia, desde el bachaqueo hasta el microtráfico de drogas y prostitución».
El mayor número de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 en Caracas eran proveedores del hogar: comerciantes (33 de 280), seguido por obreros (32); mototaxista (20); desempleado (18) y otro (18); albañil (12) y comerciante informal (11).
La mayor proporción de las personas asesinadas que dejaron huérfanos eran bachilleres (43,9%). 40% habían terminado la primera mientras que 6,7% tenían estudios universitarios; 1,8% ningún nivel académico y apenas 0,7% alcanzaron cuarto nivel educativo.
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Muchos de los niños huérfanos tienen que vivir otro duelo: mudarse a la vivienda de algún familiar que asume su cuidado, perdiendo ya no solo su casa, sus amigos, su entorno conocido. Incluso la escuela que le quedaba cerca de su casa. “En el mejor de los casos, se mudan con parientes. En el peor, a la calle”, dice Misle. «El aumento de muertes de proveedores del hogar también podría tener relación con el incremento de los niños en situación de calle.»
También existe mucha migración de familias que huyen de criminales a otras zonas o ciudades buscando “un sitio más seguro”, lo cual implica una dramática seguidilla de pérdidas para el niño, observa Llorens.
Ninguna clase social está exenta del peligro de perder la vida en Venezuela. “Cada vez se observan más casos de huérfanos en colegios privados cuyos padres han sido víctimas en robos o secuestros. Sin embargo, en los sectores populares resulta más rudo”, apunta Misle.
El duelo
El proceso de duelo por muerte violenta pasa por las etapas de negación, rabia, culpa y aceptación, y puede durar entre 1 y 2 años. Existen duelos prolongados que inhabilitan a la persona a retomar su vida, o vuelven a la cotidianidad pero sin la misma energía.
En el caso de los niños que pierden a sus padres, puede expresarse en depresión (más común en las niñas) o en hostilidad, agresividad y violencia -que en realidad tiene que ver con angustia, miedo, ansiedad- lo que muchas veces es incomprendido en la escuela y comunidad, que no tienen herramientas o plan de contingencia para atender a los huérfanos por violencia, advierte Misle.
Un duelo prolongado puede traer consecuencias psicosociales como dificultades para vincularse y pérdida de la empatía y confianza hacia la vida y al prójimo, produciendo un repliegue hacia el círculo más íntimo. «Se rompe el tejido social, se reducen los espacios para la convivencia y salidas consensuadas para los problemas comunes», analiza Llorens.
También puede generar un sentimiento de venganza que deriva en la transmisión transgeneracional del trauma. «Esa herida a próximas generaciones instaurando ciclos de violencia que se mantienen en el tiempo».
La manera como fueron asesinados impactará a los hijos, observan los especialistas. Los cuatro principales móviles de los homicidios de los 280 padres registrados entre mayo y septiembre de 2017 en la zona metropolitana de Caracas fueron: robo (77 casos); ajusticiamiento (56); causa indeterminada (44) y ajuste de cuentas y/o venganza, conflicto del pasado (19).
También influye en los hijos quien asesinó a los padres. Civiles o personas independientes son los principales victimarios (106 de 280 casos). En segundo lugar, bandas criminales (63); luego PNB (44) y agentes del Cicpc (42), según datos de Monitor de Víctimas.
Resalta que la vía pública es el lugar más común donde ocurrieron los asesinatos de padres (199 de 280 casos, es decir 71%). La vivienda de la víctima se ubica en el segundo lugar (65 casos), 23% del total. El resto (5,7%) corresponde a establecimientos comerciales, instalaciones educativas y trabajo.
Muro de contención
En Venezuela no existen políticas públicas para atender a la población vulnerable de los huérfanos por la violencia del cual es responsable el Estado, que debe velar por la vida y protección de los ninos y adolescentes, defiende Misle.
Para el director de Cecodap, «el Sistema Nacional de Protección debe garantizar programas de resguardo a los huérfanos, involucrando a los consejos municipales de derecho, universidades y escuelas. Esta labor no puede dejarse únicamente a las familias y comunidades, que no cuentan con las herramientas. Se requiere un apoyo sistemático integral para atender a las víctimas de la violencia».
Trauma psicosocial
Más allá de considerar la muerte violenta como una experiencia traumática individual – entendiendo por trauma a una vivencia extrema que afecta a los niños dejándole una marca desfavorable para su vida- los homicidios y su correspondiente número de huérfanos en Venezuela debe ser entendido como un trauma psicosocial, considera Llorens.
El psicólogo venezolano se remite a este término elaborado por el jesuita y psicólogo Ignacio Martí Baró, quien estudió las heridas que dejó en la población la guerra civil de El Salvador y que tiene muchas resonancias con lo que está ocurriendo en Venezuela.
La experiencia prolongada de la guerra en El Salvador repercutió en sus habitantes afectando la manera de ser y actual de los habitantes del país centroamericano. Quizás no tuvo un efecto uniforme de toda la población, aunque si condicionado por la extracción social, grado de participación en el conflicto y características personales.
“Visto así, la violencia prolongada en Venezuela podría estar generando un trauma psicosocial entre los venezolanos, incluidos los niños”, sostiene Llorens.
Pero el mismo Martin Baró plantea que el sufrimiento de la guerra – la violencia, en el caso venezolano- , ofrece a algunas personas la oportunidad de crecer humanamente. Puede dar la oportunidad de desarrollar virtudes humanas como el altruismo y la solidaridad”.
José Rafael Montilla Portilla, de 25 años, fue asesinado la madrugada del domingo de un disparo en el abdomen luego de informarle a su mamá que iba a una fiesta en el sector Brisas de Propatria, en la parroquia Sucre del municipio Libertador.
La mamá del joven, Leticia Portilla, relató que la noche del sábado ella y su hijo compartieron en la peluquería que tienen en el centro comercial Propatria. Comieron una pizza y la acompañaron con un par de botellas de cerveza. Después de cenar, José Rafael le dijo que saldría a una fiesta.
En efecto, se fue, pero como a las 11:00 de la noche se comunicó con ella y le pidió una transferencia de 70 mil, dado que necesitaba efectivo para reunir con sus amigos el monto de una botella. Sin embargo, la madre le dijo que no podía porque no sabía cómo ingresar al banco y ejecutar la operación. El joven aceptó y colgó.
Alrededor de las 11:10 de la noche, la madre recibió nuevamente una llamada en la que José Rafael le dijo: “Ya resolví. Estoy con unos amigos. En un rato me voy a la casa”. Pero no cumplió lo que dijo, pues el domingo en la madrugada fue ingresado de un tiro en el abdomen en el hospital Periférico de Catia.
Leticia narró que, aproximadamente, a las 7:00 am la llamaron del hospital, pues José Rafael le dio su número a la doctora que lo atendió para que supiera que había sido baleado. La médica aprovechó la oportunidad y le dijo que buscara como trasladarlo a otro hospital porque no tenían insumos.
Aunque no tuvo éxito, Leticia encontró un contacto de una ambulancia y se fue al hospital para constatar el estado de salud de José Rafael. Llegó al Periférico a las 8:00 de la mañana, pero ya estaba muerto tras fallecer de un paro respiratorio.
Se conoció que la víctima vivía con su madre, no tenía hijos y tampoco trabajo estable, sino que de vez en cuando vendía verduras en un puesto informal.
Ya los caraqueños están acostumbraron a que cuando hay convocatorias de la oposición, no hay Metro de Caracas. El argumento siempre suele ser el mismo: resguardo de usuarios, personal e instalaciones.
La empresa alega que cada vez que hay protestas opositoras se producen destrozos. Poco importa que millones de usuarios no puedan desplazarse
El pasado jueves santo se produjo un hecho inédito en la historia del Metro; 27 estaciones suspendidas hasta altas horas de la noche. La Línea 1 prácticamente no existió el 13 de abril; solo funcionaron Propatria, Pérez Bonalde, Plaza Sucre, Gato Negro y Agua Salud.
De acuerdo con un trabajador del Metro que pidió no ser identificado por razones obvias, en la Línea 1 estarán cerradas las estaciones de Caño Amarillo, Capitolio, La Hoyada, Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Chacaíto, Chacao, Altamira, Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California y Petare. “Eso es algo seguro”, declaró a El Nacional.
En la Línea 3 con seguridad estará cerrada Ciudad Universitaria, aunque podrían agregarse más. De Línea 2 no funcionarán Capuchinos y El Silencio; en la Línea 4 Teatros, Nuevo Circo, Parque Central y Zona Rental no prestarán servicio y de la Línea 5, Bello Monte. El empleado aseguró que ninguna ruta de Metrobús estará operativa.
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Osmar Ysidro Parejo Sánchez (42) y su pareja Deisy del Valle Chirinos Fuentes (32), por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de siete años de edad, ocurrida el pasado 27 de febrero en la urbanización Francisco de Miranda de Propatria, municipio Libertador del Distrito Capital.
Por este mismo hecho también quedaron privados de libertad la abuela y los tíos de la víctima: Mirna Lucía Fuentes Landaeta (62), Deiby Alarcón Fuentes (20), Desiree del Carmen Chirinos Fuentes (34) y Urimare Esperanza Prada Fuentes (25).
Los fiscales 98º y 104º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Renny Amundaraín y Elaine Domínguez, respectivamente, imputaron a Parejo Sánchez como autor en el delito de homicidio calificado ejecutado en la persona de su descendiente, además de abuso sexual agravado y continuado.
Mientras que Alarcón Fuentes, madre del niño, fue imputada por omisión en los referidos delitos.
Por su parte, la abuela y los tíos de la víctima fueron imputados como cooperadores en los delitos de homicidio calificado y abuso sexual agravado y continuado.
Luego de evaluar los elementos de convicción y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 4º Control del AMC dictó la medida privativa de libertad para los dos hombres, quienes fueron enviados al Internado Judicial Rodeo III; mientras que las mujeres permanecerán detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos ubicados en el estado Miranda.
En horas de la tarde de ese día, el niño fue trasladado al Hospital Elías Toro, donde ingresó sin signos vitales. Sus padres y demás familiares argumentaron que la víctima sufría de asma y se había asfixiado.
Sin embargo, la autopsia arrojó que el niño murió por asfixia y debido a los múltiples maltratos a los que fue sometido.
Los ahora imputados fueron detenidos en el referido centro asistencial por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.
