privativa de libertad

Según el TSJ, algunos de los acusados habrían incurrido en los delitos de “traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó privativa de libertad contra un grupo de ciudadanos presuntamente vinculados a la «Operación Gedeón».

A través de una nota de prensa, el TSJ indicó que la medida se dictó por los 2° y 4° de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional.

El máximo tribunal indica que esta medida va en contra de los ciudadanos Erickson Chaya Barroeta, José Alexander Sanguino, Juan Fred Acosta y las ciudadanas Andreina Alemán Castellanos y Yolimar Alemán De Chaya.

Según el texto, los ciudadanos anteriores presuntamente incurrieron en los delitos de “traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”.

Dictaron privativa de libertad contra Juan José Torres y Franklin Durán, por la presunta comisión de todos los referidos delitos, y además el de financiamiento al terrorismo.

Por otra parte, se decretó la privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Leandro Leomar Chirinos Parra, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y rebelión.

Vale acotar que Contra Chirinos Parra también pesa la acusación supuesta sustracción de armas de fuego y/o municiones.

Con información de Prensa TSJ

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Pantoja acudió al tribunal séptimo de primera instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas

El Ministerio Público dictó privativa de libertad para Junior Pantoja, exconcejal de Primero Justicia que detuvieron en Petare el viernes 8 de mayo.

De acuerdo con el abogado Joel García, la Fiscalía solicitó la privativa de libertad tribunal que realizó la audiencia de presentación, la acordó.

«¿Su delito? Ser opositor», sentenció García en una publicación de Twitter.

Pantoja es un exconcejal de Petare, a quien detuvieron en un operativo policial realizado para dar un golpe a las bandas criminales de esta barriada.

Según Tal Cual, Pantoja fue presentado en el tribunal séptimo de primera instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Con respecto a Pantoja, se sabe que fue concejal de PJ y es un líder comunitario del barrio José Félix Ribas de Petare.

Asimismo, es funcionario de la Alcaldía del municipio Sucre y trabaja en una organización que ayuda a los niños de bajos recursos.

En cuanto a su labor con los niños, Pantoja dirige cuatro comedores populares de Alimenta la Solidaridad en el sector en el que al menos 200 niños reciben almuerzos.

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El abogado Alonso Medina Roa informó que el Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas dictó una medida privativa de libertad contra el diputado a la Asamblea Nacional, Renzo Prieto.

La privativa de libertad surge después de que el tribunal tomara la decisión de revocarle la medida cautelar sustitutiva que gozaba desde su excarcelación en junio de 2018, después de pasar cuatro años como preso político encerrado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Prieto se mantuvo libre poco más de año y medio, hasta que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuviesen junto a los diputados Ángel Torres y Zandra Castillo, después de participar en una movilización convocada por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado, Juan Guaidó.

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La detención estuvo plagada de hermetismo, pues aunque los oficiales del FAES liberaron a Torres y a Castillo, mantuvieron detenido a Prieto y no se conocía su paradero.

Más de 48 horas de su secuestro, se conoció que el parlamentario fue trasladado al Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas con la finalidad de iniciar una causa en su contra.

Sin embargo, esta instancia se declaró «no apta» y declinó la competencia al Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados de los Delitos Asociados al Terrorismo, aunque finalmente el dictamen fue emitido por el Tribunal 13° de Juicio.

Voluntad Popular, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que tratarían de imputarle cargos por supuestos delitos relacionados con terrorismo.

LUEGO DE CASI 12 HORAS, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer del área metropolitana, en audiencia preliminar, ratificó la medida de privativa de libertad en contra de los siete imputados por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad asesinada en la Isla La Terecaya de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

A través de las redes sociales los padres de Ángela Aguirre aseguraron que el pase a juicio de las siete personas es “tan solo un paso, pero uno muy importante para ver y creer que habrá justicia”.

Ángel Aguirre  padre de la adolescente dijo que todos los cargos fueron admitidos por las autoridades competentes.

#AudienciaPreliminar #ATENCIÓN
De parte del los padres de #ÁngelaAguirre
Considerando que la cuenta del Sr. Ángel Aguirre @black se encuentra temporalmente bloqueada, acordamos publicar desde la mía en presente comunicado:
@OscarGo29 pic.twitter.com/5EX492uAGy

— MamáDeAdrianaUrquiola (@manuelita1504) July 20, 2019

Los cinco hombres permanecerán recluidos en la cárcel de El Rodeo II y las dos mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Durante la audiencia fueron admitidos los cargos y la acusación en contra de los imputados, el próximo paso es el juicio oral y público.

José Cedeño es imputado por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad; José Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza por omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio.

*Con información de TalCual y El Pitazo

La noche del martes 14 de agosto el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia acordó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el diputado Juan Carlos Requesens, por presuntamente ser autor del supuesto “atentado” contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

Se le acusa de ser autor y partícipe en los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.

Seguirá en el Sebin

En una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia se informó que al parlamentario se le fijó como lugar de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además, se le decretó «la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles  y colocarlos a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la prohibición de enajenarlos y gravarlos; también se decretó medida de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias relacionadas con el imputado».

En la misma audiencia oral, el Tribunal admitió la precalificación de los mismos delitos que hiciera el Ministerio Público a los imputados Alejandro Pérez Gámez, Pedro Javier Zambrano, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz y Yanín Fabiana Pernía, a quienes también decreto medida de privación de libertad. Por otra parte, acordó medida cautelar sustitutiva consistente en presentaciones periódicas cada 15 días y la prohibición de salida del país para los imputados José Gregorio Blanco y Luis Alberto Guerra, por estar incursos como «cómplices no necesarios en el delito de lanzamiento de artefacto explosivo».

Primero Justicia rechazó la medida

El partido Primero Justicia rechazó la medida privativa de libertad contra el diputado, indicando a través de un comunicado que los delitos en cuestión no han sido cometidos por Juan Requesens y que forman parte de la persecución judicial en contra de el diputado por el estado Táchira.

Este es el comunicado del partido:

El día de hoy luego de una larga audiencia en el Palacio de Justicia se le ha dictado al diputado Juan Requesens medida privativa de Libertad con reclusión en la sede del SEBIN, en El Helicoide.

El diputado Juan Requesens fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del Presidente de la República, asociación para delinquir, instigación pública continuada, posesión ilegal de armas y municiones, delitos que no han sido cometidos por Juan Requesens y que forman parte de la persecución judicial en contra de nuestro diputado.

Queremos señalar que Juan Requesens es una víctima del régimen de Nicolás Maduro, quien lo secuestró con los cuerpos de seguridad del estado, lo mantuvo incomunicado por más de 120 horas, le allanaron su residencia, le levantaron su inmunidad parlamentaria de manera ilegal y le violaron su debido proceso.

Desde Primero Justicia queremos ratificar la inocencia de Juan Requesens y queremos alertar nuevamente al mundo de este nuevo atropello a la democracia y la libertad en nuestro país, así como reiterar nuestro compromiso indeclinable con el cambio en Venezuela.

Con información de TalCual

El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro personas, por su presunta vinculación con la muerte de Charles Chacón Rueda, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 28 de julio en el interior de su camioneta, en el sector Francisco de Miranda, municipio Linares Alcántara del estado Aragua.

La víctima era padre de Charyl Chacón, animadora del programa La Bomba, transmitido por Televen.

En la audiencia de presentación, el fiscal 22° de Aragua, Angel Inciarte, imputó a la esposa de la víctima, Oly Ramírez de Chacón, junto a Johffren Oliveros González, Anthony Alonso Rodríguez  y Lennon Tazon Ojeda, por presuntamente incurrir en los delitos de sicariato y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 2° de Control de Aragua dictó medida privativa contra las cuatro personas, quienes permanecerán recluidas en la Penitenciaria General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico.

De acuerdo con la investigación, el citado día, el hombre se trasladó en su camioneta Grand Cherokee hasta el sector Mata Redonda de Maracay, donde pactó conseguirse con su empleado Oliveros González. Una vez en el lugar, tres hombres sometieron con armas de fuego a Chacón Rueda y se lo llevaron en su vehículo con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el cuerpo de la víctima fue localizado con varios disparos en el interior de su camioneta en el barrio Francisco de Miranda.

Este 13 de julio se cumple 161 días de la privativa de  libertad a Manuel Morales, mientras que  el abogado externo de DíaDía, Tadeo Arrieche, lleva 158 días sin que medie delito alguno. Trabajadores de la cadena de supermercados, exigen enérgicamente la liberación de quien ha sido el guía de esta exitosa red, así como la de su abogado externo.

Alfredo Arrieta, Coordinador de operaciones de DíaDía, ratifica que “el principal testigo de la calidad del servicio y profesionalismo que distingue a DíaDía es el propio Gobierno a través de PDVAL, que aún encabeza la ocupación temporal en las diversas instalaciones de DíaDía practimercados”. Continúa diciendo Arrieta: “todo lo que se distribuye y se comercializa siempre ha sido controlado y autorizado por el gobierno, a través de Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), por lo que resulta inexplicable esos más de 150 días de la detención de Manuel Morales y Tadeo Arrieche”. Por último, agrega Arrieta: “quiero enfatizar que DíaDía sólo comercializa algo más del 1% de todos los productos que se distribuyen en Venezuela, por lo que jamás este volumen podría ser la causa para generar las colas que, en cada rincón del país, sufrimos todos los venezolanos”.

Por su parte Laurin Paredes, Gerente de Calidad de DíaDía, destacó: “la falta de producción nacional genera escasez y desabastecimiento; esto, sumado al control de precios, genera el ‘bachaqueo’ y el contrabando de extracción, que son los verdaderos boicoteadores que surgen de una política oficial totalmente equivocada, por lo que ni Manuel Morales, ni Tadeo Arrieche, pueden ser responsabilizados por ello. De allí nuestro clamor para que cese la ilegalidad y nos devuelvan a nuestro compañero de labores y al abogado externo”.

La gente Díadía, con su inquebrantable mística de trabajo, su espíritu de equipo y, sobre todo, el compromiso con sus usuarios, pide al gobierno nacional la liberación inmediata de Manuel Morales y Tadeo Arrieche.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Yonny Eduardo Bolívar Jiménez (37), por su presunta vinculación con la muerte de la intérprete de señas del canal Venevisión, Adriana Urquiola (28), ocurrida el 23 de marzo de 2014, en el sector Los Nuevos Teques del municipio Guaicapuro del estado Miranda, hecho donde también resultó herida Rosalba Pérez (32).

Bolívar fue aprehendido el pasado jueves 11 de junio por efectivos de la Policía Internacional (Interpol), en Barranquilla, Colombia, y fue extraditado a Venezuela el pasado jueves 18 de junio.

En este sentido, los fiscales 59º nacional y auxiliar, Marisol Zakaría y César Alfonzo, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en perjuicio de Urquiola y el mismo delito pero en grado de frustración en detrimento de Pérez.

Adicionalmente, Bolívar fue imputado por los delitos de porte y posesión ilícita de arma de fuego.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 6° de Control del estado Miranda dictó medida privativa de libertad contra el hombre, quien permanecerá recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Vale destacar que la víctima (Urquiola), quien estaba embarazada, y Pérez recibieron disparos luego de bajarse de una unidad de transporte público, la cual no podía transitar por el referido sector, puesto que una barricada obstaculizaba la vía.

Posteriormente, en el mes de abril del año 2014, el Ministerio Público solicitó ante la mencionada instancia judicial que se remitiera la orden de aprehensión contra Bolívar Jiménez a la Policía Internacional (Interpol), para ser incorporado en su base de datos con alerta roja.

La detención del hoy imputado se materializó gracias al trabajo realizado entre autoridades de Interpol de Venezuela y Colombia; así como de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.