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Javier Tarazona cumplió 914 días detenido, Fundaredes exigió su liberación
La ONG denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero «quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero»

 

Este martes, 2 de enero, la ONG Fundaredes exigió la liberación de su director general, Javier Tarazona, quien cumplió 914 días detenido de forma «arbitraria».

Fundaredes expresó que el Estado «mantiene, de manera ilegítima, privado de su libertad» a Tarazona, un caso que «visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y defensores de derechos humanos».

«Javier Tarazona merece tener un 2024 en libertad», reclamó la organización no gubernamental a través de la red social X (antes Twitter), donde ha compartido imágenes con una fotografía de su director y un mensaje en el que señalan que los «30 meses de detención arbitraria marcan el inicio» de este nuevo año para el activista y defensor de derechos humanos.

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

El pasado 19 de diciembre, Fundaredes denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero «quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero».

Tarazona, según organizaciones y abogados, fue detenido cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

DDHH Olvidados | «Raúl Baduel estuvo secuestrado incluso después de su muerte»
Los familiares del ex ministro de defensa sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte del preso político Raúl Baduel

 

El gobierno de Nicolás Maduro mantiene el ensañamiento a los derechos humanos de los hijos del general retirado Raúl Baduel como si de una herencia se tratara. Dos años después de que el exministro de defensa venezolano falleciera bajo custodia del Estado, su familia aún denuncia una respuesta para tener una investigación forense e independiente. 

«Él fue un preso político por 12 años y medio. Con el pasar del tiempo su salud se fue empeorando. Fuimos a instancias internacionales como la ONU y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que lo atendieran, a pesar de que es público, notorio y comunicacional que el régimen hace caso omiso a todas esas opiniones y recomendaciones», dice Andreína Baduel, una de las hijas. 

El 12 de octubre de 2021 Raúl Baduel falleció en la cárcel subterránea de «La Tumba», un espacio de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. El militar retirado llevaba tres años en ese lugar que la comunidad internacional catalogó como un centro de torturas. 

El fiscal general designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, publicó en Twitter sobre la muerte de Raúl, aludiendo a que fue por las secuelas del covid-19. 

Esa publicación en redes sociales fue toda la información pública que el Estado dio sobre uno de los militares que fue ministro de defensa durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. El general Baduel fue uno de los colegas del expresidente desde la academia militar y uno de los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el año 1982, una campaña ideológica que impulsó a Chávez a la presidencia, aunque Baduel expresó estar en desacuerdo con la toma de poder a la fuerza. Él prefería la ruta democrática. 

Raúl Baduel fue un personaje clave para el chavismo, ya que fue quien protegió al expresidente durante el 11 de abril del 2022, un movimiento político que el gobierno catalogó como un golpe de Estado. Desde allí ascendió al puesto de ministro de Defensa en 2006, pero tres años después se retiró de la carrera militar y de sus funciones públicas. 

«Con la excusa de la pandemia lo fueron aislando cada vez más para que no pudiera decir las torturas que él sufrió. Estuvo más de un año completo sin visitas. Terminamos constatando el estado de salud precario de mi padre el 29 de septiembre, días antes de morir, cuando lo trasladaron de La Tumba al Helicoide. En ese tiempo pedimos una fe de vida porque teníamos información por otras fuentes que tenía un daño orgánico severo», agregó Andreína. 

Cirugía clandestina

El caso de Raúl Baduel se puede dividir en dos periodos: en su privación de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, entre 2009 y 2015, y en su reclusión en la sede del Sebin, entre 2017 y 2021. La primera lo encarcelaron por acusaciones bajo el abuso de autoridad como ministro de defensa y decoro militar: según el gobierno chavista, Baduel había desaparecido cerca de 18,6 millones de dólares de los presupuestos destinados a la compra de material y equipamiento militar. En el segundo periodo lo encerraron por acusaciones por traición a la patria y terrorismo, sin dar mayores detalles.  

En ambos casos las instancias internacionales denuncian una violación al debido proceso judicial. Y sus familiares denunciaron durante todo este tiempo que recibían amenazas por visitar y denunciar la garantía de los derechos humanos de Raúl. 

«Todas las acciones interpuestas por la defensa para desvirtuar la acusación en su contra fueron desestimadas», recuerda Andreína. Incluso, cuando lo llevaron preso ya él se había retirado de sus cargos en la milicia, por lo que la defensa reiteraba que al menos en su segunda ronda de acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro no se debería presentar en un tribunal militar. 

«Esas pocas visitas que tuvimos eran custodiadas y grabadas. En la mayoría él no podía decirnos si fue víctima de tratos crueles e inhumanos, pero cada vez se hacía más evidente», denuncia Andreína. 

Uno de los padecimientos más fuertes que tuvo el general retirado fue un abultamiento en la parte derecha del abdomen por una hernia inguinal y una hiperplasia o hinchazón en la próstata. Estuvo con ese padecimiento varios meses en La Tumba. Pero, un 23 de diciembre del 2020, lo llevaron a Fuerte Tiuna para operarlo. Nadie sabía de la intervención quirúrgica, ni siquiera el propio Raúl. 

«La operación se realizó fuera del hospital en un quirófano instalado en una carpa, muy cerca de un basurero. De nada sirvió que Raúl pidiera explicaciones o que se resistiera. Él me contó que quien más lo maltrató fue el anestesiólogo, porque Raúl le pidió que fuera cuidadoso, pues él era hipertenso. Discutieron sobre colocarle anestesia general o anestesia local y eso fue lo último que recuerda Raúl del procedimiento… Quedó a merced de esos médicos en los cuales, obviamente, no confiaba», contó a la ONG Provea la esposa del general, Cruz María de Baduel.

De acuerdo con Provea, el urólogo Vicente Dieguez Salinas fue quién hizo la intervención clandestina. No hubo una sentencia judicial de traslado. Dieguez, para ese entonces, estaba bajo el Ministerio para el Servicio Penitenciario durante la gestión de Iris Varela. En este momento se encuentra en España y no responde a la prensa. 

«A las 08:00 a.m. lo operaron y tres horas después estaba de nuevo enterrado vivo en La Tumba del Sebin, sin asistencia médica ni las visitas familiares para velar por sus condiciones», afirmó Andreína. «Fue tan tardía la operación que la hernia llegó a pesar un kilo y medio aproximadamente. Eso hizo que se le desplazaran los órganos». 

La tumba custodiada

Después de la operación, Raúl siguió aislado de sus familiares y abogados por nueve meses.  

«Pasó todo el 2021 sin recibir nuevamente atención médica, ni saber porque era esa inflamación, si era consecuencia de la intervención quirúrgica. No tuvo tratamiento postoperatorio, tenía dificultad para caminar, estaba completamente edematizado, completamente hinchado. Tenía retención de líquido», dice Andreína. 

Un mes antes de que Raúl falleciera, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ya había hecho su segundo llamado para que el militar retirado fuera atendido y estuviera en libertad. Pero el Estado volvió a privar las visitas hasta el 2 de octubre, cuando su familia pudo verlo por última vez. 

«Él se caracterizaba por resguardar sus quejas. Pero ese día dijo sus dolores. A él le gustaba leer y hacer servicio social, pero se enfocó mucho en su carrera militar y cuando se retiró no pudo hacer más nada, porque lo secuestraron», reflexiona su hija. 

Cuando se anunció su muerte, la familia y la comunidad internacional no dudó en denunciar un acta forense y que no cremaran el cuerpo de Raúl. Para ese entonces, Baduel tenía 66 años y era el décimo preso político que moría bajo la custodia del Estado venezolano, y en todos los casos las investigaciones se mantienen en opacidad. 

«Hubo una autopsia, pero como no existe una independencia de poderes en el país, no creemos en lo que dice ese documento forense», denunció Andreína. «Ni siquiera en ese documento forense se refleja que él falleció de covid-19 (como lo dijo el Fiscal General): lo escribieron en última instancia y como sospecha. El caso quedó en la Fiscalía 94 de derechos humanos en el ámbito nacional y, hasta la fecha, no hay respuesta de ese expediente. Solo tuvimos acceso a ese expediente una vez». 

Su sepelio fue controlado por los cuerpos de seguridad del Estado. No hubo acceso a la prensa y en la actualidad no se permiten las visitas a la tumba de Raúl Baduel, de acuerdo con fuentes que decidieron guardar su identidad. 

«Hicieron un entierro controlado tal y como a ellos les dio la gana. Fue de 10 minutos y permitieron la presencia de cinco familiares. Todo esto fue totalmente filmado como una especie de burla, de todo el dolor que estábamos transitando en el Cementerio del Este. No nos permitieron ni siquiera hacerle una despedida ni darle una rosa. Y, a dos años de su muerte, aún no nos dan respuesta de las investigaciones forenses», dijo Andreína.

Ensañamiento a la familia Baduel

Pese a que Raúl mantenía relaciones políticas con Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en 2007 la ruptura ideológica detonó la violaciones a sus derechos humanos. El ex ministro de defensa estaba en contra de la reforma constitucional que tenía el partido tenía previsto.

Primero fue víctima de difamaciones por parte de los dirigentes del Psuv en televisión nacional, después fue su primera detención arbitraria. Durante los 12 años que estuvo preso presenció cómo dos de sus hijos también los privaron de libertad por razones políticas. 

Raúl Emilio Baduel Cafarelli, el mayor de los doce hijos del general Baduel, fue detenido el 21 de marzo de 2014, en el Parque Ferial de San Jacinto, estado Aragua, en el contexto de una protesta. Estuvo recluido en el Helicoide hasta el 2018, cuando fue liberado como parte de negociaciones humanitarias. 

El segundo hijo detenido fue Josnars Adolfo, a quién el Estado implica en la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar en mayo 2020. Y sigue preso todavía. A él lo acusan de conspiración, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación para delinquir. 

«Cuando detuvieron a mi hermano tuve que presentar un Habeas Corpus al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La respuesta del tribunal, lejos de preservar la integridad de Josnars, fue solicitarle a la Fiscalía que me abrieran una investigación por supuesto hechos punibles, porque yo supuestamente estaba mintiendo con relación a lo de mi hermano y, además de eso, me impusieron una multa. No sé el estatus de esa investigación porque no nos permiten revisar el expediente», afirma Andreína.

Activistas de los derechos humanos informaron que Josnars necesita cuatro operaciones por un cuadro de salud crítico, producto de las torturas. Necesita una intervención quirúrgica en los ligamentos de ambas rodillas y en uno de sus hombros, así como en la ingle y en los testículos por unas hernias. 

Pero la tortura no ha sido solo física, sino psicológica. Andreína denuncia que su hermano fue la última persona que vio con vida a Raúl Baduel en el Sebin, y hasta ahora no tiene ningún tratamiento para su salud mental. Josnars sería uno de los más de 50 presos políticos que la ONG Foro Penal advierte que necesitan atención médica urgentemente y que el Estado venezolano no provee. 

«Mi hermano rogó, suplicó, imploró y alertó, una y otra vez, que mi papá necesitaba atención médica especializada y oportuna. Lamentablemente nunca le hicieron caso. Mi papá murió en sus brazos», lamenta Andreína. «Nuestro gran temor es que Josnars corra la misma suerte que mi padre».

Juicio de Roland Carreño iniciará el 28 de septiembre
El pasado lunes 4 de septiembre, el activista político cumplió 1.043 días detenido en la cárcel de El Helicoide en Caracas

 

El próximo jueves 28 de septiembre será reanudado el juicio contra el periodista Roland Carreño, “tras una serie de interrupciones y dilaciones que han prolongado su proceso judicial durante más de tres años”, expresó a través de las redes sociales su abogado defensor, Joel García.

“Transcurrido un mes y medio desde la interrupción del juicio al periodista Roland Carreño, el nuevo juez de la causa fijó la apertura a juicio para el 28/09/2023. Es decir, un mes antes de cumplir tres años de la detención arbitraria (26/10/2020)”, reseñó García en su cuenta de X (Twitter).

El pasado lunes 4 de septiembre, el activista político cumplió 1.043 días detenido en la cárcel de El Helicoide en Caracas, imputado por los delitos de “financiamiento al terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas de guerra”.

El abogado y director de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, expresó que “al menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de 3 años o más privados de libertad”.

 

 

Hija del general Hernández Da Costa clama atención médica para su padre
En el mensaje, la joven etiquetó a la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, al gobernante Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab, con el fin de que su llamado sea escuchado

 

 

Loredana Hernández Barboza, hija del general Héctor Hernández Da Costapreso político recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, pidió este domingo, 25 de junio, atención médica especializada para su padre.

A través de su cuenta en TwitterLoredana Hernández detalló que el militar requiere atención médica especializada ante su actual estado de salud y alerta que esto es necesario «antes de que sea demasiado tarde».

En el mensaje, la joven etiquetó a la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, al gobernante Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab, con el fin de que su llamado sea escuchado.

«Alerto a la ministra de Penitenciaría, Celsa Bautista, sobre el estado de salud de mi papá, que es un paciente por síndrome coronario agudo con angina inestable en el corazón, además de haber sido operado del miocardio en el Hospital Militar de Caracas, quien es diabético con medicación prolongada», especificó.

Además, explicó que su padre tuvo anoche (24 de junio) síntomas de un posible accidente cerebro vascular mientras dormía, ante el adormecimiento de la mitad de su cuerpo y malestar generalizado, que la llevó a pedir ayuda a las autoridades pertinentes para que le faciliten atención médica.

Hernández Da Costa ejercía como jefe de Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital al momento de su detención, ocurrida en el año 2018 bajo la acusación de rebelión por estar presuntamente involucrado en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

Desde entonces, familiares y distintas ONG venezolanas se han dedicado a informar sobre la situación de su salud, que se ha mantenido delicado por su condición médica.

Juez de Miami ordenó indemnización de $153 millones a familia de preso político venezolano que denunció torturas
Carlos Marrón fue detenido por la Dgcim en abril de 2018 sin orden judicial a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas

Un juez federal de Miami (Estados Unidos) otorgó 153 millones de dólares a la familia de Carlos Marrón, abogado venezolano que fue preso político y denunció torturas en su contra.

Marrón estaba fuera de Venezuela, pero volvió por el secuestro de su padre y terminó preso durante dos años por cargos falsos de trabajar como “terrorista financiero”, publicó el periodista Joshua Goodman en Associated Press.

El fallo se dio este lunes, 23 de enero, tras casi dos años de que Marrón relatara a la agencia de noticias los episodios de torturas que vivió en Venezuela mientras fue preso político y que denunció tras huir del país.

Lo que vivió el Marrón como preso político provocó una reprimenda del Consejo de DDHH de la ONU, que determinó que lo detuvieron por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del llamado dólar paralelo.

En su demanda, Marrón acusó a Nicolás Maduro de encabezar el “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC.

Supuestamente, el «Cártel de los Soles» envía 200 toneladas métricas de cocaína de Venezuela a los EEUU cada año.

Detención y caso

Carlos Marrón fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en abril de 2018 sin orden judicial a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas.

Tuvo que viajar obligado a Venezuela desde Miami, su hogar durante la década anterior, al enterarse de que su padre había sido detenido por funcionarios estatales.

Pero todo esto era una trampa elaborada para detener a Carlos Marrón por el dominio de un sitio web, dolarpro.com, que había comprado años antes como una perspectiva comercial, pero que dice que nunca desarrolló.

Bajo la dirección de un amigo, el sitio web comenzó a publicar noticias e información sobre el tipo de cambio del mercado negro de la nación, que variaba mucho de las cifras oficiales.

Incluso, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, comparó las acciones de Marrón con un “asesinato en masa”.

Durante el tiempo que fue preso político, Marrón declaró haber sido a «ahogamiento físico, con agua y golpes». Además, dijo que estuvo aislado más de 60 días.

También, dijo que estuvo en el «cuarto de los locos», una celda oscura, sin baños, hacinado, comiendo con las manos.

Carlos Marrón contó que perdió 30 kilos en dos meses y salió de la cárcel con desnutrición, gastritis y anemia.

Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos. 

EEUU se solidariza con preso político Igbert Marín Chaparro y denuncia situación de DDHH en Venezuela
El mensaje de EEUU llega el mismo día en que la madre de Marín Chaparro clamó a Nicolás Maduro que le sean restablecidos los derechos al teniente coronel del Ejército

El gobierno de Estados Unidos se solidarizó este martes, 10 de enero, con el preso político venezolano Igbert Marín Chaparro, detenido desde mayo de 2018.

Mediante la red social Twitter, el Departamento de Estado manifestó que EEUU «apoya al prisionero político de Venezuela, teniente coronel Igbert Marín Chaparro, que cumplió 50 días en huelga de hambre para protestar las condiciones de los detenidos».

Por otra parte, el gobierno estadounidense denunció que la «falta de respeto a los derechos humanos impide que se resuelva la crisis venezolana».

Madre del preso político clama a Maduro que interceda

El mensaje de EEUU llega un día después de que la madre de Marín Chaparro clamó a Nicolás Maduro que le sean restablecidos los derechos al teniente coronel del Ejército.

«50 días cumple mi hijo en huelga de hambre y aunque su fortaleza física y espiritual se mantiene, para el 16 de diciembre que se nos permitió verlo ya mostraba rasgos de deterioro físico», señaló la madre del teniente coronel.

Asimismo, dijo que su hijo pide «que se le permita salir al sol, que pueda hacer actividades para la reducción de pena: religiosas, académicas y deportivas».

“Presidente Nicolás Maduro y señora Cilia Flores, la vida de mi hijo está en sus manos“, clamó la madre del teniente en un video que se difundió en redes sociales.

Marín Chaparro está preso desde mayo de 2018 por exigir mejores condiciones para su tropa armada. También, condenó  la corrupción institucional dentro de la FANB y exigir equipamiento para las unidades.

A pesar de estar preso, dirigentes del chavismo lo acusaron de estar implicado en la Operación Gedeón en el 2020.

Marín Chaparro está imputado por conspiración, traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar.

“La vida de mi hijo está en sus manos”: El mensaje de la madre del preso político Igbert Marín Chaparro
Entre las exigencias del coronel del Ejército están: salir al sol y que pueda hacer actividades para la reducción de la pena

 

Este lunes, 10 de enero, la madre del preso político Igbert Marín Chaparro envió un mensaje a Nicolás Maduro para pedirle que le sean restablecidos los derechos al teniente coronel del Ejército.

“50 días cumple mi hijo en huelga de hambre y aunque su fortaleza física y espiritual se mantiene, para el 16 de diciembre que se nos permitió verlo ya mostraba rasgos de deterioro físico. Me aterra el solo hecho de imaginar cómo debe estar ahora», cuestionó la madre del preso político a través de un video publicado en las redes sociales. 

 

Agregó que el teniente coronel del Ejército pide «que se le permita salir al sol, que pueda hacer actividades para la reducción de pena: religiosas, académicas y deportivas», así como también que se le conceda el derecho a «llamadas telefónicas periódicas a sus familiares» y se concrete el traslado a Ramo Verde «dictaminado por los tribunales”. 

«Se sigue desestimando la acción porque lo ven inquebrantable, pero no hay cuerpo que aguante por tanto tiempo», dijo Nellys Chaparro. 

“Presidente Nicolás Maduro y señora Cilia Flores, la vida de mi hijo está en sus manos“, clamó la madre del teniente.

Preso desde 2018

Marín Chaparro fue detenido el pasado 2 de mayo de 2018 junto a ocho funcionarios luego de exigir mejores condiciones alimenticias para su tropa armada, condenar la corrupción institucional dentro de la FANB y exigir equipamiento para las unidades.

Pese a estar privado de libertad, dirigentes del chavismo lo acusaron de estar implicado en la Operación Gedeón en el 2020. 

Al teniente coronel se le imputaron los cargos de conspiración, traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar. Actualmente, se encuentra detenido en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

¿Lo van a dejar morir?

¿Lo van a dejar morir?

DDHH olvidados | Protestar por los derechos de los trabajadores le salió caro a Eudis Girot
El sindicalista Eudis Girot fue detenido arbitrariamente a mediados de noviembre de 2020, luego de participar en protestas para exigir beneficios salariales y laborales

El mismo Eudis Girot advirtió en redes sociales el atropello que cambiaría su vida para siempre. “Hoy 18 de noviembre a las 5 p.m. se presentaron en mi residencia funcionarios del Dgcim con orden de detención en mi contra. Basta de atropello y criminalización de las protestas”, publicó en su cuenta de Twitter en 2020.

Al día siguiente, los efectivos lo sacaron de su vivienda, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y se lo llevaron detenido.  

El lunes 22 de noviembre, sin haber tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados o familiares, Girot fue trasladado a Caracas para ser presentado ante el Tribunal Especial Tercero de primera instancia en funciones de control con competencias en delitos ascoiados al terrorismo. 

Arelys Ayala, su abogada y miembro de la ONG Foro Penal, informó que Girot había sido acusado de asociación para delinquir, conspiración, divulgación de información confidencial y terrorismo. 

¿Qué hacía Eudis Girot?

Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). El sindicalista emitía semanalmente una actualización del estado de las refinerías e informaba sobre la lucha que llevaba adelante junto a los trabajadores petroleros que claman por mejores salarios y denuncian la crisis de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

En los meses previos a su detención, el sindicalista había encabezado varias manifestaciones regionales y estatales en exigencia de beneficios salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la industria petrolera. También, había denunciado presuntos casos de corrupción vinculados a mafias de combustible de petroleras del país.

En una audiencia el 27 de noviembre, sólo una semana después de su arresto, el fiscal Yorman Flores dijo que los funcionarios de la DGCIM), que investigaban un supuesto complot para desestabilizar la industria petrolera, encontraron tuits de la cuenta de Girot que “reveló información estratégica” de Pdvsa

Flores acusó a Girot de enviar “mensajes para crear conmoción y zozobra en la población en relación a la escasez de combustible”, según una transcripción del tribunal vista por Reuters.

“Sabemos lo sensible que (es) para la población el tema de la falta de combustible”, dijo Flores en un tribunal contra el terrorismo en Caracas, en el que pidió prisión preventiva para Girot. “El ventilar este tipo de información a través de una red social, y dado el cargo que desempeña el ciudadano acá presente (…) podría otorgarle cierta credibilidad”.

Libertad a medias

Eudis Girot fue detenido arbitrariamente y estuvo preso por 17 meses. En ese tiempo, estuvo en cuatro lugares de reclusión distintos: sede de la Dgcim en Puerto La Cruz, luego en la sede de Boleíta en Caracas en la cárcel de El Rodeo II en Guatire y más recientemente en La Planta en Caracas.  

El pasado 7 de abril, en la espera de una audiencia de juicio que fue suspendida en los tribunales del Palacio de Justicia, efectivos de la Guardia Nacional lanzaron una bomba lacrimógena en la celda en la que se encontraba junto al otro preso político Rodney Álvarez, recientemente excarcelado.

Los familiares de Girot denunciaron que estuvo a punto de morir, pues la inhalación de esos gases tóxicos le produjo una arritmia cardíaca severa. “Un guardia nacional lanzó una bomba lacrimógena, poniendo en riesgo su vida. Esta es la segunda oportunidad en que los cuerpos de seguridad ponen en riesgo la vida de Eudis”, señaló su esposa en ese momento.

Diversos movimientos de trabajadores informaron el 25 de abril que el preso político Eudis Girot había sido liberado. El Partido del Trabajo y la organización Democracia Sindical aseguraron que la libertad del trabajador petrolero se dio tras una audiencia del juicio, donde también estaba siendo acusado de porte ilícito de armas.

Al dirigente gremial se le dictó medidas sustitutivas de libertad con régimen cautelar. A Girot le desestimaron casi todos los cargos en su contra, excepto el de instigación. 

“Eudis fue condenado a tres años por esa causa que le queda, más se le dio esa medida cautelar de presentación cada 30 días ante en tribunal y prohibición de salida del país. Como la instigación es un delito más leve, el juez le dio la medida de presentación para que pueda irse a su casa», dijo Rosario Ríos, esposa del sindicalista. 

Asimismo, dijo al día siguiente de su liberación que Girot aún se encontraba “consternado” y convaleciente por varias crisis de salud durante su reclusión, por lo que pronto tendría visita médica. 

“Está esperando para ir al médico y restablecerse por completo; pero fuerte de espíritu y con la valentía que Dios le ha dado, convencido de lo que hemos hecho es correcto. De que luchar por Venezuela es lo correcto”.

Su liberación se dio en medio de una visita de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha solicitado, desde hace varios años, la liberación de todos los trabajadores presos por razones políticas.

La vida ya no es la misma

En una entrevista en el programa “Vladimir a la Carta”, Eudis Girot contó su experiencia como preso político venezolano por más de año y medio. Dijo que luego de una experiencia así, “se entra en un proceso nuevo que transforma la percepción de toda una vida”. 

“La gente ni se imagina”, expresó. Cree que esos 17 meses de detención lo transformaron, dejando atrás la “efervescencia” con la que discutía sobre temas relacionados al rescate de la empresa petrolera y asumiendo actualmente una actitud más reflexiva al respecto.

Girot señaló que toda esa situación le hizo sentir “compungido” debido a que no solo la detención afecta a una persona en específico, sino a toda una familia. “Te consigues con situaciones que te buscan convertir en despojo humano, pero hay que resistir con dignidad”. 

Denunció que en El Rodeo II existe una situación delicada con los reclusos que ahí se encuentran hacinados por problemas de salud como la tuberculosis, por lo que solicitó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que tome cartas en el asunto.

Asimismo, el sindicalista comentó que sufrió malos tratos desde el primer momento en el que los efectivos de la Dgcim fueron a su vivienda para llevárselo detenido. 

“La persona piensa que el maltrato físico es desde el primer golpe. Eso procede desde la primera mirada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad que llegan a tu casa y entran. Que te llevan escoltado a un centro de reclusión. Ahí comienza el maltrato; eso que sientes cuando entra la llave en la cerradura de un candado, entra incertidumbre (…) de si es entrevista o maltrato”. 

A pesar de lo vivido, dijo que este tipo de situaciones lo ayudaron a formar un “temple de hierro” para seguir trabajando en pro de cambios que beneficien a los venezolanos.

Comentó que unos días después de haber sido excarcelado, le fue extendida una invitación de la comisión de encuestas de la OIT para escuchar su caso y conocer su versión de la realidad de los trabajadores desde la perspectiva de una víctima de prisión arbitraria.