Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de los cuerpos de seguridad en zonas periféricas
@javiermayorca
EL FIN DE SEMANA, las redes sociales dieron cuenta del video en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.
Posteriormente, la información procesada en cuerpos policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado poco después de las 9 am.
Este caso no figura en las estadísticas oficiales.
En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una voz ahogada por el llanto.
Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.
En la primera semana de abril, un grupo que opera en Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58 años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la intervención del gobierno colombiano.
Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.
Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado Portuguesa.
Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes exigieron el pago de 50 mil dólares.
Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.
El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad que omite el discurso oficial.
Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un experto en negociación de secuestros.
A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente. Algo de esa desconfianza perdura.
Las estadísticas muestran una realidad deformada a conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.
Por otra parte, el secuestro está solapándose con los asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en Colinas de Carrizal.
A menudo, los afectados directamente o sus parientes denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.
Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas. En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente, está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas.
El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si ven que eso les representará una mayor ganancia.
Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales, por ahora.
BREVES
*El 12 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la captura de dos hombres de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de una avioneta identificada con siglas falsas estadounidenses N3995W, que aterrizó de emergencia en la finca Mis Amores, municipio Baralt del estado Zulia. Curiosamente, el funcionario nunca aportó los nombres de los aprehendidos por este caso. Gracias a los pasaportes que llevaban se pudo conocer que se trata de Héctor Jabes Rincón Torres, copiloto de 32 años de edad, y Andrés Vargas Flores, piloto de 40 años. El primero de Xalapa y el otro de Mérida (Yucatán). Ambos están actualmente en manos de autoridades militares zulianas. Habían despegado de tierras aztecas en una Beechcraft 90 y se cree que luego de cargar drogas volarían hasta algún país centroamericano, probablemente Costa Rica, que en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los carteles mexicanos. Pero los aviadores no llegaron a la cita. Aunque las autoridades venezolanas asociaron a Rincón y a Vargas directamente con el cartel de Sinaloa (organización liderada por Juan José Esparragoza, alias el Azul, luego de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán), fuentes mexicanas indicaron que actualmente los pilotos operan de manera independiente, como si fuesen contratistas externos, a cambio de un pago por cada viaje. Un trabajo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá precisó que durante todo 2017 fueron detectados 177 vuelos sospechosos que iban o venían por cielo venezolano. La Fuerza Aérea Colombiana se blindó mediante la incorporación de 62 expertos en la detección de estas aeronaves, y ahora los pilotos de la droga están usando con mayor frecuencia las rutas que pasan por Venezuela, rumbo al Caribe. En menos de seis meses se han detectado 200 vuelos ilegales, más de uno en promedio diario, por el espacio aéreo nacional.
*La victoria de Iván Duque en las pasadas elecciones colombianas traerá diversas consecuencias en materia de seguridad para Venezuela. Una de ellas será la intensificación de las actividades de las bandas derivadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que poseen una especie de santuario en el estado Amazonas. Esto no es nuevo. No se olvide que el Boyaco José María Corredor (enlace entre las FARC y los brokers nacionales como Walid Makled) fingía ser un venezolano nacido en esa región del país, con el nombre de Andrés Yanave. Y por allí pasaba buena parte de la cocaína elaborada bajo la tutela de los líderes de los bloques Sur y Oriental del grupo guerrillero. Ahora, con Duque en el poder, se espera una mayor presión policial y militar sobre estas rutas. Las alternativas para ellos son desplazarse al estado Bolívar para incorporarse a la explotación del Arco Minero (cosa que ya han comenzado a hacer), o reagruparse utilizando la “marca” de la antigua organización subversiva, o usando otra. El problema con el Arco Minero, indican fuentes, es que la relación entre el trabajo y la ganancia no les satisface. Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, en ese estado llegaron a permanecer unos cuatro mil guerrilleros colombianos.
*La historia del último complot contra el presidente Maduro da para todo. En la medida en que ocurren las detenciones se conocen nuevos ingredientes del supuesto plan, bautizado por la Contrainteligencia Militar como Armagedón, una referencia al pasaje bíblico del Apocalipsis, sobre “la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, en la que ocurrían terremotos y tsunamis, además de “un enorme granizo”. Para darle alguna consistencia a esto, los investigadores militares supuestamente advirtieron al Gobierno que una parte de la conspiración consistía en la toma de un cazabombardero Sukhoi 30, emplazado en la base Luis del Valle García de Barcelona, que luego de atacar Miraflores u otro objetivo de importancia huiría hacia la isla de Aruba. Más allá de esto, las aprehensiones han continuado con la estudiante de medicina Arianna Granadillo, de 21 años de edad, quien al momento de la redacción de esta nota no había sido presentada aún ante el juzgado segundo militar en Caracas. En cambio, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien hasta mayo fue segundo comandante de la Brigada de Comandos del Mar con sede en Turiamo, sí fue impuesto de los cargos por instigación a la rebelión y traición a la patria. En el acto estuvo asesorado por un abogado asignado de oficio. Las detenciones probablemente continuarán, pues la Dgcim ha convencido al Gobierno de que Armagedón contaba con la participación de por lo menos siete unidades operativas de la Fuerza Armada: tres de la Guardia Nacional, dos del Ejército, una de la Aviación y la restante de la Armada. Hasta ahora, salvo dos generales sin tropas, la Guardia Nacional no ha sido tocada. En el sector policial, según la Dgcim, este complot contaba con el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.
