poderes públicos archivos - Runrun

poderes públicos

Jun 21, 2019 | Actualizado hace 7 meses
Corrupción y transparencia, por Luis Fuenmayor Toro

NUESTROS GOBIERNOS, a lo largo de la historia, no se han caracterizado precisamente por la honestidad en la administración de los recursos públicos. No somos tampoco en este aspecto ninguna excepción en el continente americano, donde los gobernantes siempre han estado envueltos en grado apreciable en casos de corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Si a ver vamos, con casi toda seguridad ningún país en el mundo está libre de este flagelo, aunque algunos, poquísimos, han alcanzado niveles tan bajos que pudieran ser considerados como libres de esta plaga. Por otra parte, la corrupción no es ajena al sector privado de la economía, como muchos quisieran aparentar, ni en Venezuela ni en ninguna parte ni en ningún período histórico. Es imposible pensar en que todos los empresarios son honestos y trabajadores, en medio de gobiernos que tienen como denominador común condiciones totalmente opuestas. Lo contrario también es cierto.

Lo señalado no constituye ninguna excusa de la existencia del fenómeno, ni tampoco que se pretenda igualar a todos en este aspecto, ni en su extensión ni en su intensidad. Tampoco significa la existencia de una homogeneidad que no permita diferenciar entre quienes lo son y quienes no, y me refiero de nuevo a gobernantes y empresarios. La afirmación de que todos son unos corruptos no es en absoluto válida, no sólo por no ser cierta sino por ser además perversa y contraproducente, pues quienes la pronuncian están, voluntaria o inadvertidamente, excusando su existencia o minimizando su importancia. Si todo el mundo es corrupto, se trataría de una característica indisolublemente ligada a las prácticas gubernamental y empresarial, por lo cual no habría razón ni para alarmarse ni para enfrentarla. De hecho, en un gobierno o una empresa muy corrompida no sólo puede haber sino que de hecho hay gente que no lo es.

Cuando hablo de gobierno no me refiero sólo al Ejecutivo sino a todos los poderes públicos, pues la conducta de los altos funcionarios es idéntica. También hablo de los poderes estatales y municipales, que también participan entusiastamente de la francachela en un nivel acorde con sus recursos y su jerarquía política, pero no por ello menos grosera y dispendiosa. Y esta conducta en absoluto se hace diferente porque un organismo esté en manos de la oposición. Y me estoy refiriendo a los niveles de toma de decisiones, no a los empleados públicos en general o a los trabajadores ordinarios del sector privado. Esos son ajenos, en principio, a los manejos fraudulentos o a la existencia de privilegios cuestionables. Estos últimos constituyen parte de las corruptelas y de hecho las impulsan y terminan haciéndolas legales y “tolerables”, además de constituir gastos importantes, que merman los fondos públicos requeridos para el funcionamiento cabal de la administración.

A lo anterior se une la obscuridad, el secreto con que se manejan estos aspectos, la ausencia de transparencia que siempre está presente en los espacios donde reina el delito, pero que termina por ser conocida por lo menos en sus generalidades a través de distintos medios y, ocasionalmente, explota a través de un escándalo en la prensa nacional e internacional. Si el manejo del presupuesto oficial fuera totalmente transparente, de manera de ser conocido en todos sus aspectos en forma oportuna, probablemente se reduciría su uso ineficiente y se prevendría su malversación y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y de empresarios. Las operaciones de financiamiento estatal deberían ser realmente públicas, lo mismo que las contrataciones dentro y fuera del país, la asignación y el uso de divisas, las inversiones, los gastos de funcionamiento y de representación. Se requeriría también de contralorías independientes en todos los ámbitos y niveles, que nunca deberían estar en manos de quienes son controlados.    

 

@LFuenmayorToro

Consejos de Montesquieu, por Elías Pino Iturrieta

 

 

MONTESQUIEU ESCRIBIÓ EL ESPÍRITU DE LAS LEYES EN 1748, una obra que mantiene vigencia hasta límites insospechados, porque ha influido con sus propuestas a través de las épocas o porque ellas están en la espera de tocar tierra. Planeó una solución para el ataque del despotismo de los gobiernos que llega hasta nuestros días, no solo porque pretendió, según las tendencias de la dominante Ilustración, recetas de orientación universal a través de las cuales se demostraran los atributos de la diosa Razón, sino también porque el examen de las sociedades que conoció en su tiempo, distintas a la francesa de su origen, abrían ancha puerta a lecciones que podían tener general aceptación desde la perspectiva de uno de los movimientos de mayor trascendencia en el mundo moderno, desde entonces y hasta la actualidad: el liberalismo. De allí el predominio de una vocación práctica, de una aplicación de la teoría a los hechos concretos, o de una doctrina nacida de tales hechos, capaz de resistir el paso del tiempo.

Se sabe que el aporte fundamental de su obra radica en la propuesta de la división de los poderes públicos, aceptada progresivamente por las formas de administración que se van imponiendo en adelante, cuando se multiplican los ataques contra el absolutismo, especialmente desde finales del siglo XVIII y hasta hoy: monarquías constitucionales, democracias liberales o relativamente liberales, por ejemplo. La fórmula se puede resumir en el siguiente fragmento: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura está el Poder Legislativo unido al Poder Ejecutivo, no hay libertad; porque se puede temer que el mismo individuo o el mismo Senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si el poder de juzgar no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo”. Estamos ante la esencia de una constitución ideal, de una propuesta orientada a la protección de los derechos de los miembros de las sociedades que, si no ha logrado pleno establecimiento por las maneras que ha tenido el despotismo de permanecer descarnado o embozado, continúa como paradigma digno de aplicación.

Pero hay un aspecto esencial escondido tras el imponente récipe, determinante como sostén de lo que puede quedar como civilizada quimera si no se considera a cabalidad: el equilibrio de las potestades no depende de lo que un pensador proponga desde su cátedra de civilidad ni de lo que se escriba de buena fe en los códigos, sino de la fortaleza que distinga a cada una de ellas hasta convertirla en posibilidad efectiva de contrapeso, en freno concreto de la autoridad que compite con ella en la cumbre de la sociedad. Un poder vacío no puede contener a los otros. Un poder requiere necesariamente de la influencia irrebatible que debe tener en un conglomerado determinado. Pese a las ideas que lo recomiendan y justifican, necesita la posesión y la exhibición de una fortaleza susceptible de convertirlo no solo en respetado, sino también en temido. Cada poder, especialmente cada uno de los que compite con el Ejecutivo, más reverenciado y acostumbrado al mando desde el nacimiento de los Estados nacionales de Europa, debe contar con un soporte social que le permita un desenvolvimiento sin ataduras asfixiantes. De lo contrario, solo será la representación inocua de una formalidad, un accesorio sin consecuencias en la vida de su contorno.

El vínculo entre las influencias que determinan la marcha de la administración de la cotidianidad y la autoridad de quienes la manejan se expresa entonces en las Cartas inglesas de Voltaire y en los Ensayos sobre el gobierno civil de Locke, sillares del pensamiento liberal e interpretaciones que pudieron influir en Montesquieu para insistir en la necesidad de magistrados, diputados, representantes y jueces sostenidos en sus nexos con la colectividad, y dependientes necesariamente de la autoridad que puedan imponer en términos concretos sobre ella. Bien por el prestigio adquirido en el ejercicio de sus funciones, bien por la posesión de herramientas para imponerse frente a los administrados solo cumplen su trabajo de liquidación de hegemonías odiosas cuando son respetados y respaldados por la sociedad debido a la utilidad del papel que representan. Para que lo escrito no sea vana erudición, sugiero que lo relacionen, respetados lectores, con el trance que pasa la Asamblea Nacional ante el continuismo de la dictadura.

 

@eliaspino

El Nacional

Los mejores momentos de la no juramentación de Maduro ante la anc
¿Por qué aplauden tanto a Tibisay? Y otros momentos cumbre de la no-juramentación

 

NICOLÁS MADURO NO SE JURAMENTÓ HOY hoy como presidente de la República para el período 2019-2015. O sí. En un acto que transitó por el hombrillo de la constitucionalidad, la presidenta de la asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez, le tomó juramento para ser acreditado como Jefe del Estado. Pero anunció que sería juramentado en enero de 2019.

La tarde del jueves, cuatro días después de las elecciones y uno de haber recibido las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro asistió al Palacio Federal Legislativo después de haber anunciado a través de su cuenta de Twitter, en horas de la mañana, que se juramentaría ese mismo día.

En el hemiciclo se encontraban los constituyentistas, el alto mando militar, gobernadores del chavismo, ministros, diplomáticos y representantes de los Poderes Públicos del país.

Al inicio del acto, que duró al menos dos horas, Rodríguez hizo jurar a Maduro. “¿Jura usted proteger el carácter anti-imperialista y anti-oligárquico de la revolución bolivariana y hacer cumplir el legado de Bolívar y Chávez?”.

De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el candidato electo tomará posesión del cargo el 10 de enero del primer año de su período. Pero en 2013, cuando Hugo Chávez debió juramentarse por haber sido reelecto en octubre de 2012, la Sala Constitucional del TSJ consideró que la juramentación no era necesaria en caso de que se tratara de una reelección pues había “continuidad”. El fallecido expresidente se encontraba en Cuba después de una operación.

Es decir, ni la no-juramentación de hoy, ni la de enero anunciada por Rodríguez son necesarias.  

El detalle que faltaba

Los momentos más destacados comenzaron incluso antes del acto. Cuando Delcy Rodríguez caminaba junto a Maduro y Cilia Flores para entrar al Hemiciclo, fotógrafos del canal oficial VTV captaron esta imagen.

 ¿Qué está faltando en esta foto? ¿El Poder Legislativo? ¿La pierna de Delcy?

Gracias, rectora

Ya avanzado el acto, Rodríguez fue la encargada de presentar a los representantes de los Poderes Públicos. Al nombrar a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, todo el hemiciclo le dedicó una ovación de pie de unos 35 segundos, a lo que ella reaccionó visiblemente emocionada.  

 ¿Por qué aplauden tanto a Tibisay?

El álbum de los sancionados

La juramentación también ofreció una estampa sobre la situación actual de los funcionarios venezolanos: los representantes de tres Poderes Públicos están sancionados por la comunidad internacional. Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tibisay Lucena y Tarek William Saab están en la lista de Estados Unidos. Y, Delcy Rodríguez, en la de Canadá.

Flores, mazo u hojilla… un, dos, tres

En la primera fila estaban sentados Cilia Flores, Diosdado Cabello y Mario Silva. Al parecer, el polémico audio que dio a conocer la oposición en 2013, pocos tiempo después de la muerte de Hugo Chávez, quedó olvidado.

Hombro con hombro quedaron Silva y Cabello, quienes aparentaron que Silva jamás dijo que Cabello debía salir del gobierno. “Eso que está pasando hoy lo está permitiendo Diosdado Cabello, porque a él no le importa un coño’elamadre”, aseguró Silva en ese momento. Incluso, llegó afirmar que “Maduro está obligado a poner contra la pared a Diosdado Cabello”.

En aquel audio Silva también mostró desconfianza hacia Cilia Flores, a quien consideró cercana al “grupo de los vampiros”.

Pero, ayer, todo fueron aplausos.

Cilia Flores, Diosdado Cabello y Mario Silva; del audio al aplauso hay un paso

Después de “juramentado” y con banda presidencial impuesta, Maduro ofreció un discurso en el que hizo un ejercicio de mea culpa, prometió una renovación del país y no estuvo exenta de perlas:.

– “Aquí estamos sudando como si estuviéramos en un gimnasio (…) Seguro el titular de la BBC será ‘Maduro suda la gota gorda'”

– “No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar a este país, pero tenemos que empezar por nosotros”

“Me lo ha dicho un pueblo: ‘No eres tu Maduro, somos Nosotros’. ¡Qué bello pueblo tenemos! Aquí el Pueblo es la vanguardia”

– “Hoy tenemos que escuchar profundamente al pueblo y sus silencios  (…) por eso creo que se debe hacer una renovación desde cero de la revolución, porque no es un problema sólo de Nicolás Maduro, es un reduccionismo estúpido”

– “Hoy a todos los empresarios les tiendo la mano, nacionales e internacionales”. Una hora después: “Veamos la línea del empresario privado, cuando producen un producto a 100 bolívares y los quieren vender en 1.000.000, ¿eso se llama ética?”

– “Hemos inventado y no vamos a dejar de inventar en la protección al pueblo, en el carnet de la patria”

– “En sexto lugar yo pongo como abrazo el socialismo (…) Este joven obrero, este ser humano que se forjó en los barrios, en las fábricas (…) Luego de pasar las tormentas de estos 5 años de este primer mandato estoy aquí de pie (…)”

El declive de Venezuela hacia una dictadura, por Tamara Taraciuk Broner

manifestaciónvenezuela2017_

 

El gobierno venezolano está intensificando el férreo control que ejerce sobre las instituciones fundamentales de la democracia en el país, a un ritmo aterrador.

En marzo, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro usó al Tribunal Supremo de Justicia, que es completamente servil al poder ejecutivo, para arrogarse las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Luego, orquestó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, integrada exclusivamente por partidarios del régimen, que está actuando como una legislatura paralela. En noviembre, esta nueva asamblea adoptó una ley que concede amplias facultades a las autoridades para prohibir partidos políticos y condenar a penas de hasta 20 años de prisión a los venezolanos que publiquen “mensajes de intolerancia y odio”, incluso a través de redes sociales, una de las pocas vías de libertad de expresión que todavía quedan en el país. También está trabajando con los poderes ejecutivo y judicial para levantarles la inmunidad parlamentaria a algunos legisladores opositores.

Entre abril y julio, la brutal represión en las calles dejó decenas de personas muertas, cientos de heridos y miles de detenidos. Muchos de los civiles detenidos fueron juzgados arbitrariamente en tribunales militares por delitos como rebelión y traición a la patria, y se les negaron garantías básicas al debido proceso. Algunas personas continúan detenidas, y otras fueron puestas en libertad condicional, pero siguen estando sometidas a procesos penales arbitrarios. Los detenidos han sufrido abusos sistemáticos por miembros de las fuerzas de seguridad, y en algunos casos han sido torturados con técnicas como descargas eléctricas y asfixia.

El desmantelamiento de las instituciones democráticas se remonta a la presidencia de Hugo Chávez, el antecesor de Maduro, que inició un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004. Cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, intensificó la fuerte concentración de poder que ya existía en el país y la ha empleado para cometer todo tipo de abusos. Mientras tanto, la economía venezolana está colapsando y la profunda crisis humanitaria le impide a muchas personas alimentar a sus familias o acceder a atención médica básica. Cientos de miles de personas han huido del país.

Sería prácticamente imposible que el progresivo deterioro de Venezuela hacia una dictadura pueda revertirse sin una fuerte presión internacional. Algunas medidas recientes están generando condiciones para que se den acciones multilaterales, y es tiempo de que otros países y organizaciones internacionales actúen sobre la base de estos avances.

Tal vez precisamente porque el mundo está empezando a seguir más atentamente lo que sucede en Venezuela, hace poco el gobierno de Maduro decidió convocar una serie de elecciones. Sin embargo, estas elecciones no han sido más que una parodia de democracia. La elección en julio de los miembros de la Asamblea Constituyente estuvo marcada por señalamientos de fraude hechos por Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para supervisar la votación. La empresa concluyó que se habían alterado las cifras sobre la cantidad de votos escrutados y estimó que la participación real había sido probablemente de por lo menos un millón de personas menos que la informada oficialmente, de 8 millones.

En octubre, el Consejo Nacional Electoral organizó elecciones de gobernadores, y el oficialismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones. La oposición cuestionó los resultados. Al igual que en elecciones anteriores, las condiciones previas a los comicios no fueron para nada equitativas. Se inhabilitó de forma arbitraria a candidatos opositores, incluidos varios líderes de la oposición. Sin un poder judicial independiente, no habrá ningún control efectivo de las irregularidades electorales.

Las autoridades venezolanas anunciaron que llevarían a cabo elecciones municipales el 10 de diciembre. Varios partidos opositores se han negado a participar, y han manifestado que no existen garantías de que las elecciones vayan a ser libres y justas. Incluso si la oposición postulara candidatos y ganara algunas de las alcaldías, la experiencia de los últimos años sugiere que no se les permitirá gobernar.

El 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, a 15 meses de cárcel e inhabilitación para postularse a cargos públicos por ese mismo período. La decisión fue un castigo por no haber cumplido una medida cautelar que el propio Tribunal Supremo había dictado anteriormente, y que ordenaba a Ramos tomar medidas para asegurar que las personas pudieran circular libremente en su municipio; es decir, se lo castigó por no haber impedido que los manifestantes críticos del gobierno instalaran barricadas.

La condena de Ramos fue el resultado de un procedimiento sumario en el cual no se respetaron las garantías más básicas al debido proceso. No participó el Ministerio Público en la acusación. En vez de ello, durante el juicio, que duró unas pocas horas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo se encargó de acusar a Ramos por haber incumplido la medida cautelar que la propia Sala Constitucional había impuesto, y luego de dictarle una condena. La sentencia es inapelable, y ello viola el derecho internacional.

Ramos se enteró de que había sido condenado a través de un tuit del Tribunal Supremo. Inmediatamente después, al menos 20 hombres enmascarados y fuertemente armados ingresaron en su oficina por la fuerza. Se llevaron a Ramos sin mostrarle una orden judicial. No se le permitió ver a su familia ni a un abogado por 26 días, sufrió una crisis hipertensiva y sigue encarcelado.

Ramos es uno de cinco alcaldes opositores a quienes el Tribunal Supremo condenó tras procedimientos sumarios similares, a mediados de 2017. El tribunal parece haber copiado y pegado sus propias decisiones, cambiando únicamente el nombre y número de cédula de identidad de cada alcalde. Los otros cuatro alcaldes huyeron del país, ante la amenaza de ser detenidos. Dos de ellos cruzaron en pequeñas embarcaciones pesqueras hasta una isla del Caribe, donde compraron pasajes aéreos a Estados Unidos. Otro, de incógnito, pasó por varias alcabalas para cruzar a Brasil, y el cuarto consiguió llegar a Colombia.

La persecución de alcaldes por su pertenencia política empezó en 2014 cuando, durante una represión anterior de protestas contra el gobierno, el Tribunal Supremo inició procesos sumarios contra dos alcaldes opositores. Uno de ellos, Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, sigue encarcelado más de tres años después sobre la base de cargos fabricados. Esta semana, su abogada denunció que Ceballos se encuentra en condiciones de aislamiento en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas hace más de 50 días. Al menos otros tres alcaldes opositores han sido procesados entre 2014 y 2016, entre ellos el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien pasó más de dos años en arresto domiciliario antes de huir del país, a mediados de noviembre de 2017.

Entre mayo y julio, el Tribunal Supremo dispuso que al menos otros nueve alcaldes opositores levantaran las barricadas en sus municipios, tal como se le había ordenado a Ramos. Esto podría provocar otra ronda de persecuciones penales en cualquier momento. Uno de los nueve alcaldes es Omar Lares, del municipio de Campo Elías en el estado Mérida. El 30 de julio, decenas de miembros de diversas fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno irrumpieron en su vivienda. Lares y la mayoría de su familia pudieron escapar, pero su hijo Juan Pedro, de 23 años, fue capturado. Los agentes obligaron a Juan Pedro a arrodillarse en el piso, lo esposaron y le dijeron que podían dispararle en cualquier momento “porque nadie nos estaba viendo”, según lo contó un empleado de la familia que presenció los hechos. Amenazaron con rociarlo con gasolina y prenderlo fuego, y luego se lo llevaron en un vehículo oficial.

Omar Lares se encuentra actualmente en Colombia. Su hijo permanece detenido en la sede del SEBIN en Caracas.

Las medidas adoptadas en los últimos meses por gobiernos de la región y en el marco de la ONU sientan las bases para una respuesta multilateral decisiva a la crisis en Venezuela. En el plano regional, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido clave para exponer los abusos cometidos en el país y ejercer presión sobre líderes de la región para que aborden estos hechos.

El “Grupo de Lima” —integrado por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá que se reunieron por primera vez en agosto en Lima— ha condenado la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. El grupo manifestó que sus miembros no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni sus resoluciones, expresó preocupación por la presunta negativa del gobierno venezolano a aceptar la asistencia humanitaria internacional y acordó imponer un embargo sobre la venta de armas a Venezuela.

El 13 de noviembre, algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU celebraron una reunión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela. Ese mismo día, la Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela y acordó imponer sanciones específicas a funcionarios venezolanos, que consisten en inmovilizar sus bienes y cancelar sus visas. Estas sanciones siguieron a otras que habían sido adoptadas previamente por Canadá y Estados Unidos.

Estas acciones deberían ser la base para que otros gobiernos mantengan la presión sobre Venezuela y exijan que funcionarios venezolanos rindan cuentas por los abusos cometidos. Los gobiernos deberían implementar las sanciones vigentes y los miembros del Grupo de Lima deberían también imponer sanciones dirigidas contra autoridades venezolanas específicas implicadas en abusos. Si el gobierno venezolano no está en condiciones o no tiene intención de exigir que los responsables rindan cuentas en el país, la comunidad internacional debería explorar formas para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el extranjero.

Sin medidas más enérgicas por parte de gobiernos influyentes, los daños sufridos por las instituciones democráticas venezolanas y las víctimas de la violencia estatal, que ya son enormes, podrían volverse irreparables. Todavía no es demasiado tarde para impedir que eso suceda.

El Juez Marcano Salazar: reconocimiento en el exilio, por Milos Alcalay

ManuelMarcano

 

Qué vergüenza cuando ilustres Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -electos legalmente por los diputados de la AN- se ven obligados a buscar refugio en otras tierras para protegerse de los atropellos de quienes se aferran al Poder! Pero que orgullo cuando constatamos que sus valores intelectuales son reconocidos en el exterior! Uno de esos casos exitosos es el Magistrado Luis Manuel Marcano Salazar cuya obra “Derecho Internacional Público” con cinco ediciones en nuestro país, ha sido seleccionada para su publicación por una prestigiosa Universidad de Santiago de Chile. Con ello mientras en el país se niega su contribución a la Ley, fuera de nuestras fronteras se reconoce la densidad de su aporte al estudio de las relaciones internacionales.

Chile ha sido históricamente tierra de asilo de muy ilustres venezolanos. Don Andrés Bello, que tantos aportes dio al Derecho Internacional, produjo extensas obras sobre temas internacionales en Chile, y el reconocimiento fue su designación como Ministro de Relaciones Exteriores de ese pais. El destacado Canciller Chileno Gabriel Valdes Soublette, hijo de otro reconocido Canciller del mismo nombre, es descendiente directo del prócer y héroe de la independencia de Venezuela, el General Carlos Soublette: dos veces Presidente de la Republica y gran Canciller venezolano. A ellos se suman destacas personalidades que en momentos difíciles durante la época de Marcos Perez Jimenez han sido recibidos con los brazos abiertos. Hoy -debido al colapso de las instituciones y a la pesadilla política, económica, social y ética que vivimos- Chile acoge a miles de compatriotas que han optado por buscar nuevos caminos, al igual que durante la dictadura de Pinochet, millares de refugiados y exilados dieron sus aportes intelectuales en Caracas y otras ciudades.

El Manual de Derecho Internacional Público que se imprime en la Tierra Austral de Luis Manuel Marcano Salazar es sin duda uno de los mejores que me ha tocado analizar, ya que indaga la esencia misma del tema internacional. Como Profesor de Derecho Internacional en la Universidad José María Vargas, era el libro de referencia que le recomendaba a mis alumnos y a mis colegas profesores no solo por la profundidad de los temas tratados, sino por la forma didáctica de su presentación, adaptada tanto a las exigencias de los estudiantes de Derecho como a los investigadores internacionalistas que procuran respuestas en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Todos encuentran respuestas con ideas claras como acertadamente destaca en su prologo José Guillermo Andueza, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Jose Maria Vargas, cuando afirma que “aborda los fundamentos teóricos e históricos de esa disciplina”

El jurista Marcano no solo resalta los alcances teóricos del Derecho Internacional, sino que aplica su amplia experiencia diplomática, cuya excelencia pude constatar como Embajador de Venezuela en la ONU cuando recibí de él un apoyo lucido y permanente del entonces joven profesional de carrera. Como reconocimiento a esa hermosa segunda Patria para muchos, podemos recordar la conocida tonada “Si vas para Chile, te ruego le digas a ella que de amor me muero”.

@milosalcalay

El Nacional Nov 01, 2017 | Actualizado hace 2 años
AN retomará discusión para renovar el CNE

Guaidó_

 

Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, dijo este miércoles que en los próximos días se debatirá en el Parlamento cómo poner fin al “secuestro” del Consejo Nacional Electoral por parte del oficialismo.

“No se puede centrar el debate solamente en la designación de rectores. Tenemos que ir muy específicamente a las condiciones justas y necesarias para poder elegir libremente hoy en Venezuela, llevarlas a la comunidad internacional y presionar internamente a través de ella”, indicó en rueda de prensa.

Señaló que la necesidad de renovar el Poder Electoral parte de que el sistema es fraudulento. “Hay un sistema que no permite que la voluntad del pueblo sea expresada. Estamos en un dilema: elegimos al TSJ y hoy sesiona desde el exilio. Presumimos que algo similar pasaría si elegimos a los rectores del CNE”, dijo.

“Este debate será llevado en los próximos días al seno de la Asamblea Nacional, de la Unidad. Es parte de la agenda de lucha. Debemos enfocarnos en eso porque aquí están secuestradas las libertades de los ciudadanos”, agregó.

Advirtió que el Poder Electoral está “secuestrado” por el oficialismo, lo que le permite desmotivar al electorado con la no sustitución de candidatos y la reubicación de centros de votación.

Guaidó señaló que también tiene que haber presión por parte de la comunidad internacional. “Aunque algunos digan que el régimen no le para a la comunidad internacional. Eso es mentira, porque son sus prestamistas”.

Ortega Díaz hizo un llamado a votar a este domingo #15Oct en las regionales

LuisaOrtegaDíaz-

 

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, hizo un llamado a los venezolanos a votar este domingo 15 de octubre en las elecciones regionales.

Durante su intervención en la conferencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, expresó que a pesar de las condiciones desfavorables para la oposición y ante un Consejo Nacional Electoral (CNE) “desacreditado y parcializado”, es importante que los ciudadanos no retrocedan en la lucha por la democracia.

Afirmó que es un derecho ejercer el voto, el cual es parte de la democracia y una forma de que el pueblo se exprese, pues es quien elige a sus gobernantes.

En ese sentido, hizo un llamado a los venezolanos a mantener la esperanza, a tener confianza en que se superará la crisis que atraviesa el país y a no retroceder ante las amenazas del Gobierno Nacional.

Ortega Díaz denunció las violaciones a los derechos humanos en el país, así como las irregularidades en los procesos judiciales de personas detenidas durante las protestas de abril a julio, las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Culminó su intervención aseverando que continuará luchando por el país y por el retorno de la democracia, pues reiteró que se rompió el hilo constitucional con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la instalación de la ANC, a la cual calificó de “Constituyente presidencial, porque es para satisfacer los caprichos del presidente de Venezuela”, dijo.

La amnistía como dilema, por Gonzalo Himiob Santomé

presos

 

El pasado 4 de octubre, a través de Delcy Rodríguez, el gobierno anunció que la ANC discutirá en los próximos días un proyecto de Ley de Amnistía. Poco más se dijo, más allá de que supuestamente se trataría de un trabajo adelantado por la “Comisión de la Verdad”, que ya habría entrevistado a algunos presos políticos y sería, al parecer, el motor de la propuesta.

Así, a vuelo de pájaro, parece una buena noticia. En primer lugar, cualquier amnistía supone desde el gobierno el reconocimiento de la verdad de la persecución injusta y por motivos políticos. Además, ¿quién puede oponerse a cualquier iniciativa que suponga la libertad de al menos algunos de los más de 400 presos políticos que tenemos al día de hoy? ¿Quién puede negarse a que la mayor cantidad de ellos vuelva a sus hogares? Nadie, al menos no de buenas a primeras, pero este régimen nos ha enseñado a evaluar con calma y recelo en cualquiera de sus anuncios, incluso los que podrían tener repercusiones positivas, al menos a corto plazo. Los oficialistas no dan puntada sin dedal, y en toda jugada, jamás lo olvidemos, colocan siempre su propio beneficio por encima de cualquier otra consideración. Y en esta movida, hay que reconocerlo, han movido sus piezas de manera magistral.

¿Por qué? Porque para quienes están encarcelados, algunos de ellos ya por muchos años, y para sus familias, cualquier medida que los acerque a la tan anhelada y merecida libertad es bienvenida, y no se les puede pedir, sería inhumano, que se detengan mucho en los daños colaterales que aceptar esta amnistía, así como en principio está planteada, acarrea. Esto, de alguna manera, nos y los acorrala, y nos y los pone en la incómoda posición de sopesar las opciones no desde la racionalidad o la mesura, sino desde la desesperación.

El primer daño colateral es a la vez el más grave: Aceptar una Ley de Amnistía nacida de la ANC, y promovida por una “Comisión de la Verdad” que no puede ser llamada así porque no respeta ninguno de los parámetros internacionalmente aceptados para su validación y solo ve una cara de la moneda, es a la vez aceptar que la ANC es legítima y que puede legislar, es decir, que la ANC puede crear y aprobar leyes, usurpando descaradamente las funciones que le corresponden, según la Constitución vigente (Art. 187, numeral 1º), a la Asamblea Nacional. Si esto es así, es decir, si se le acepta el dislate, no solo se legitima a la ANC y a la “Comisión de la Verdad”, con todo lo que esto implica (recordemos que, por ejemplo, la ANC ya “dictaminó” que la GNB y los Cuerpos de Seguridad habían actuado “con absoluto respeto a los DDHH” durante las protestas recientes), sino además se le da la estocada final a un órgano del Poder Público que en este momento tiene plena legitimidad de origen y que tiene asignada en nuestra Constitución la competencia de la elaboración de las leyes y, muy especialmente, la de decretar amnistías, que es la Asamblea Nacional.

Si se le acepta a la ANC una Ley de Amnistía, ¿cómo no aceptarle luego cualquier otra de sus “decisiones”, la “Ley Contra el Odio” o cualquier otra represiva y absurda “ley constitucional” –que no existe en ninguna parte- que emita de allí en adelante? Si admitimos que las funciones de la AN ahora pueden ser asumidas por la ANC, ¿cómo evitamos que usurpe otras funciones que no tiene asignadas, no solo de la AN sino de cualquier otro órgano del Poder Público? ¿Cómo evitamos que el presupuesto nacional, entre otras cosas, sea evaluado y aprobado por un órgano francamente incompetente (la ANC) que no por la AN? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que sea la ANC, que no la AN, la que autorice al Poder Ejecutivo a suscribir los contratos internacionales que le vengan en gana o que la ANC dicte cualquier otra medida dirigida a mantener “como sea” en el gobierno a los que hoy nos abusan desde el poder?

Validar a la ANC como órgano legislativo, pasando por encima de la AN, usando para ello a los presos políticos que, con justos motivos, están desesperados, y desconociendo además que una ANC, en última instancia, solo puede ocuparse, porque así lo dispone nuestra Carta Magna vigente, de discutir una eventual reforma constitucional que además luego debe ser aprobada por el pueblo en referendo, es peligrosísimo. Por una parte, se obliga a las fuerzas opositoras, y a los venezolanos en general, a aceptar, contra lo que ya fue objeto de consulta y ya fue decidido por casi ocho millones de electores, a la ANC como un órgano legítimo en origen y desempeño y, lo que es peor, no sujeto a límites de ningún tipo en sus actuaciones. Por otro lado, mirando a la comunidad internacional, significa una falta de coherencia inexcusable, una trompetilla en la cara de los más de cincuenta países y organismos internacionales que, en apoyo al pueblo venezolano, han expresado su más absoluto rechazo contra la ANC, a la que no reconocen ni validan de ninguna manera. Corremos el grave riesgo de quedarnos solos en esta dura cruzada, de perder el terreno ganado, pues ningún país u organismo internacional serio va a apoyar a una ciudadanía o a unos líderes políticos que un día les dicen una cosa y, al día siguiente, les dicen otra completamente diferente.

Además, el gobierno y sus voceros obtendrían otro beneficio: Se deslastran de la pesada carga de los presos y perseguidos políticos, que mucho daño les ha hecho a nivel internacional, con miras a evadir las eventuales responsabilidades que, hoy por hoy, ya se debaten en importantísimos foros como la OEA y el Parlamento Europeo. Varios presos políticos entrevistados por la “Comisión de la Verdad” ya nos han informado que al parecer uno de los requisitos que les están planteando para que se les favorezca con la amnistía propuesta por la ANC (y no es raro que así sea, pues las experiencias previas han sido similares) es que “acepten su responsabilidad” en supuestos crímenes cometidos o, lo que es lo mismo, que acepten que nunca fueron inocentes, que jamás fueron presos por motivos políticos sino vulgares criminales. Si esto se admite, se acaba con toda posibilidad de que quienes se dieron por años a la tarea de encarcelar y perseguir a miles de personas sean juzgados, cuando corresponda, por las graves violaciones a los DDHH y los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos. Al final la impunidad vencería a la verdad.

Así las cosas, puede sonar cruel, sobre todo conociendo de primera mano el drama y la tragedia diaria de los presos y perseguidos políticos en nuestra nación, pero a la larga este remedio, la amnistía nacida de la ANC, terminaría siendo mucho peor que la enfermedad. Además, nada garantiza la “no repetición”, o lo que es igual, que a los que eventualmente resulten beneficiados por esta “amnistía”, que como toda mentira es de patas muy cortas, al cabo de muy poco tiempo los sustituyan (por aquello del efecto de “puerta giratoria”) otros presos o perseguidos políticos, con el agravante de que además de tener que lidiar en ese momento con esas nuevas persecuciones  y encarcelaciones injustas, tendríamos que aceptar y manejar también a la misma írrita ANC, pero vestida ahora con la legitimidad que nosotros mismos le concedimos.

¿Qué hacer entonces? La respuesta no es sencilla. Cada preso político, cada perseguido y cada exiliado se enfrenta individualmente a un grave dilema, y la decisión sobre lo que se acepta o no para obtener la libertad es absolutamente personal, como personales son también las consecuencias y las responsabilidades con el país que de ello derivan. Si en mis manos estuviera, le pediría a la Asamblea Nacional que, visto el reconocimiento expreso e indiscutible de la realidad de la persecución injusta que supone la reciente propuesta del gobierno, les “picaran adelante” decretando de inmediato, como les fue sugerido por el Foro Penal Venezolano en enero de 2016, una amnistía plena, amplia y sin condiciones, haciendo uso de las facultades que le concede el numeral 5º del Art. 187 de nuestra Constitución vigente, abarcando no solo a los presos políticos, sino también a los miles de perseguidos y exiliados de los últimos lustros. Si el gobierno ya propuso una amnistía no puede negarse, al menos, a que la misma sea decretada por el órgano que tiene la competencia incuestionable para ello, y si se niega, muestra claramente las costuras y las verdaderas intenciones de su propuesta. Es más, podría discutirse esta amnistía en la AN incluyendo en los debates a los que hasta ahora, del otro lado de la acera política, han promovido la amnistía que supuestamente decretaría en pocos días la ANC, de manera que se escuche a todos los interesados y, sobre estas bases, se llegue a un acuerdo sin sesgos, distinciones obtusas ni cartas bajo la manga. De esta forma, no solo reivindicaría la AN su legitimidad como Poder Legislativo y su competencia exclusiva y excluyente en este tema, sino además se desmantelaría, de cara a propios y a ajenos, cualquier pretensión de conceder a la ANC una legitimidad y unas competencias que jamás ha tenido.

 

@HimiobSantome