La víctima de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana es Marcos Rafael Guevara Iriarte de 35 años
El fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que su despacho investigará el presunto ajusticiamiento a un hombre por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en La Guaira.
Por medio de su cuenta en X, el funcionario expuso que la Fiscalía 10 adscrita a derechos humanos tendrá la misión de investigar la supuesta ejecución de Marcos Rafael Guevara Iriarte de 35 años a manos de un funcionario de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB durante un procedimiento llevado a cabo en el cerro Colorado del sector Las Cadenas en Naiguatá.
Según la versión policial, Guevara Iriarte pertenecía a una banda delictiva que se dedicaba a traficar droga y tenía antecedentes penales.
De acuerdo con un informe de la ONG Provea y la Fundación Centro Gumilla de marzo de este año, los cuerpos de seguridad del Estado fueron responsables de 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2022, una cifra que representó 590 menos que en 2021.
Según la investigación, del total de víctimas, 806 eran hombres y 18 mujeres. La mayoría eran jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años pertenecientes a sectores populares.
De acuerdo con la investigación, el organismo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguido del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías estadales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Según cifras recolectadas por Monitor de Víctimas, 94 ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos policiales se llevaron a cabo durante 2022 en el área metropolitana de Caracas, y de enero a julio de este año se contabilizaron 62.
En una carta enviada al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Vulker Türk, la ONG Cofavic informó sobre 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2012.
En una trocha que comunica Venezuela con Colombia, dos hombres murieron en un supuesto enfrentamiento con funcionarios de la PNB
@anggyp / Foto: Cortesía
En la primera semana de abril se suman otras dos muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas. Esta vez fue en la trocha Centeno, entre Táchira y Norte de Santander.
Trascendió que comisiones mixtas de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) realizaban investigaciones de campo en el paso irregular fronterizo ubicado en San Antonio, municipio Bolívar, en la madrugada del viernes 8 de abril, cuando se produjo el supuesto enfrentamiento.
Fuentes policiales indicaron que los hombres portaban armas de fuego y efectuaron varios disparos a la comisión; además, aseguraron que habían detonado un artefacto explosivo.
Los hombres habrían resultado heridos y fallecieron luego de ser ingresados al hospital de San Antonio.
Solo uno de los occisos fue identificado. Era venezolano y respondía al nombre de Edward Daniel Betancourt Prasca, de 34 años de edad.
Las autoridades regionales señalaron a los fallecidos como presuntos miembros del Tren de Aragua. Hasta el momento de publicación de esta nota no se había acercado algún allegado o familiar a la morgue a reclamar los cadáveres.
Con estos dos, sumarían un total de cuatro personas muertas en presuntos enfrentamientos con autoridades venezolanas en las últimas semanas.
En el último semestre de 2019 se han producido en el Zulia varios casos de sicariato con la particularidad de que las víctimas pertenecen al sector de la política: un director general de alcaldía, un alcalde, tres concejales y carios dirigentes vinculados a estas víctimas.
En diciembre de 2018 sicarios asesinaron en el sector Lo de Doria,del municipio Jesús Enrique Lossada, a David Mujica (22 años), sobrino del alcalde de ese municipio e hijo del diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, Edgar Mujica. En el hecho también ultimaron a su chofer Melesio Mapari.
Según la hipótesis del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el móvil del suceso fue una represalia de la mafia local debido a las estrategias de seguridad implementadas por el alcalde Junior Mujica con el apoyo del diputado regional, padre de la víctima. Estrategias que, entre otros aspectos, contempla la creación de una sede de la policía científica en el municipio.
El 15 de febrero de este año fue asesinado por sicarios Adalberto Melean Sánchez, de 19 años, chofer del alcalde Mujica e hijo de la concejal del municipio Jesús Enrique Lossada, Verimar Sánchez, quien también fue herida de un disparo en la mano. El hecho ocurrió en el mismo sector del suceso anterior.
El 22 de abril sicarios asesinaron de dos impactos de bala en la cabeza y otros dos en el pecho a Jaime Navarro Ramírez, de 32 años de edad, director general de la alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar. En el suceso resultó herido Abismaer Echeverría, escolta del funcionario. El hecho se produjo en la parroquia Simón Rodríguez del mencionado municipio.
En el primer día del mes de mayo de este año, en el mismo sector, se produjo un atentado en contra del alcalde Junior Mujica del municipio lossadeño. El vehículo en el que se trasladaba fue emboscado por hombres armados que abrieron fuego en contra del primer mandatario municipal, quien salió ileso. En esta acción resultaron heridos tres de sus escoltas, los cuales lograron repeler con éxito el intento de magnicidio.
El 6 de junio, hombres armados ingresaron a la residencia de la concejal Milagros Bedoya, de 36 años, y la asesinaron a disparos en horas de la tarde. El hecho ocurrió en El Guayabo, municipio Catatumbo.
Apenas cinco días después del asesinato de la edil, nuevamente en el municipio Jesús Enrique Lossada se produjo un hecho de violencia en contra de políticos de esta entidad municipal con resultados fatales. El 11 de junio fue asesinado a balazos por la espalda el concejal Michael Padrón, de 28 años de edad, en el barrio Chicho Troconis de la parroquia La Concepción.
El alcalde Junior Mujica señala como responsable de todos esos hechos a El chamut, líder del crimen organizado en esa entidad. Las distintas hipótesis que maneja el Cicpc incluyen desde retaliaciones de la mafia, hasta crímenes asociados a razones políticas.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia Zulia se hace un llamado de alerta a las autoridades, a las organizaciones civiles y a la sociedad en general, a mirar con atención estos hechos de violencia criminal vinculados al mundo de la política. Se deben esclarecer estos crímenes y establecer medidas de control urgente para evitar que se convierta en un nuevo patrón de violencia que se expanda a grandes saltos a los ya altos niveles de violencia presente.
EL ASESINATO Y VIOLACIÓN de una adolescente en el sur de Venezuela conmocionó a un país que vive una emergencia humanitaria que le deja poco espacio para impresionarse, y sin embargo, el caso de Ángela Aguirre inundó las redes sociales y las calles de Puerto Ordaz, donde los ciudadanos salieron a pedir justicia.
Ángela Aguirre, de 16 años, había acudido a una fiesta de cumpleaños el pasado 23 de marzo, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz, estado Bolívar. De allí salió en una lancha junto a otras siete personas a las seis y media de la tarde, pese a la prohibición de salida de las embarcaciones. Dos días después su cadáver fue encontrado en extrañas circunstancias en las riberas del río Caroní.
El caso llamó la atención de los ciudadanos desde que se conoció la noticia por la forma en que se sucedieron los hechos, pero posteriormente, tras los rumores de corrupción y las contradicciones entre las dos autopsias realizadas, la ciudadanía empezó a presionar por una correcta aplicación de la justicia.
La primera autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) indicó que “Ángela Aguirre fue violada vaginal y analmente. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial, tras haber sido golpeada con un objeto contuso. Luego, aún viva, fue arrojada al agua”, pero una segunda autopsia, ordenada días después (el 29 de marzo), por la fiscal Emily Hernández, indica que “se trató de sexo consensuado, que el ahogamiento fue accidental y que los golpes fueron por la corriente del río Caroní”, según datos recopilados en la zona por el periodista German Dam.
Emily Hernández, Fiscal 10° del Ministerio Público del estado Bolívar fue la asignada para llevar adelante las investigaciones.
El 12 de abril, el periodista Dam, que actualmente se encuentra en Portugal, denunció que la funcionaria habría recibido un soborno de parte de los parientes de los detenidos. Habló de un total de “100.000 dólares y tres kilos de oro -así como de bienes muebles e inmuebles-, que fueron distribuidos entre la fiscal, funcionarios del CICPC y jueces para favorecer a los responsables del homicidio de Ángela Aguirre y a sus cómplices”, cita una nota de Efecto Cocuyo.
Del mismo modo, la realización de una segunda autopsia en la que se eliminaban elementos clave de la situación, como la violación, e incluso ponía en duda la ocurrencia del propio homicidio, como lo informó la misma fuente, confirmaban las sospechas sobre la existencia de graves irregularidades en la investigación del caso, a pesar incluso de la existencia de una nota de voz atribuida a la víctima, en la que declaraba que había sido violada.
En vista de esto, la familia de Aguirre recusó a la fiscal y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó en el caso al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal en Bolívar.
Este juzgado confirmó la detención de las siete personas que se encontraban con la joven en la lancha e inició la investigación del caso.
Más de setenta organizaciones no gubernamentales exigieron, a través de un comunicado, una investigación imparcial y transparente en el asesinato de la adolescente.
“Exigimos una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género a fin de esclarecer los hechos, que atienda a estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres y a protocolos especializados, tales como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”.
A la exigencia de las ONG se sumaron las protestas en la ciudad donde ocurrió el asesinato, decenas de personas salieron a las calles y la etiqueta #JusticiaParaÁngela se convirtió en trending topic en Venezuela.
El tema de la corrupción en el sistema judicial ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Recientemente un informe de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que en “la situación de los derechos humanos en Venezuela, Honduras, Guatemala y México, la Comisión identifica a la corrupción como uno de los factores que inciden en la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos en esos países”.
Para Acceso a la Justicia la falta de independencia del sistema de justicia se incrementó de manera abismal con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, hasta llegar hoy en día a su sumisión absoluta al poder político y económico, según explica en un informe presentado ante la CIDH en su período de audiencias 171º, en el marco de una audiencia regional solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) sobre justicia y corrupción.
La activista y documentalista venezolana Alejandra Laprea destacó que la presión en redes sociales respaldó que la justicia actuara en distintos casos de femicidios ocurridos recientemente en el país.
En el crimen contra Ángela, Laprea señala que “atajamos a tiempo una maniobra de los criminales y de las personas que los apoyan para recibir beneficios que no les corresponden y hubo un movimiento fuerte en redes, que dio un alto y dijo: esto no va a pasar aunque sea en Ciudad Guayana estado Bolívar”, dijo Laprea a Radio Sur.
Así como la citada, todas la voces de la sociedad han pedido y piden justicia con independencia de ideologías, como debe ser cuando se trata de derechos humanos, por lo que desde Acceso a la Justicia alertamos sobre la importancia de no bajar la guardia, pues aunque los imputados están detenidos, el juicio no ha terminado y no ha habido sentencias condenatorias, por lo que debemos estar pendientes para que la voz de Ángela Aguirre pidiendo justicia sea finalmente escuchada.
GENERAL RETIRADO, cónsul de Venezuela en Aruba desde enero de 2014 y ex director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), entre 2004 y 2011. Dentro de ese periodo, en 2006, salieron del aeropuerto de Maiquetía 5,5 toneladas de cocaína, cuya propiedad se le atribuye a Walid Makeld.
Antes, Carvajal también se desempeñó como jefe de investigaciones de la DIM en 2002 y trabajó en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en 2004. “El Pollo”, como también se le conoce, fue sancionado en 2008, junto a Henry Rangel Silva –gobernador de Trujillo- y Ramón Rodríguez Chacín –gobernador de Guárico- por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta colaboración con las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero colombiano. “(…) armaron, asistieron y financiaron a las FARC, incluso cuando éstas aterrorizaban y secuestraban a inocentes”, dijo Adam J. Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Una investigación publicada por la revista Semana, de Colombia, reveló que Carvajal facilitó protección y documentos a los guerrilleros, y participó en la tortura y asesinato de efectivos del Ejército colombiano que perseguían a miembros de las FARC en Venezuela.
Según Semana, la prensa estadounidense ya lo había señalado en 2007 como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa. La relación entre Carvajal y la guerrilla también se confirmaba en las cartas encontradas en la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes. Además, en 2009 estuvo vinculado al pago de sobornos en la Aduana de Miami.
En 2012, sin embargo, fue nombrado director nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ese año también fue designado viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, tras la creación de este cargo responsable de administrar el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
En abril de 2013 asumió como director general de Contrainteligencia Militar. Nacido el 1 de abril de 1960 en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, pertenece a la promoción “Pedro Camejo” de 1981 de la Academia Militar. Su hermana, Wilma Carvajal, es alcaldesa de Caicara de Maturín (municipio Cedeño), en el estado Monagas. Participó -según un perfil publicado en el portal poder360- en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, junto al ex presidente Hugo Chávez. Éste, durante su gobierno, desestimaba las acusaciones de narcotráfico contra militares venezolanos: “Narco-generales los llaman. Si alguien tiene pruebas, pues apórtelas”, declaró en enero de 2012 ante la Asamblea Nacional.
El 23 de julio de 2014 Carvajal fue detenido en Aruba tras una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos como conspiración y ejecución de tráfico de drogas, legitimación de capitales, obstrucción de la justica y asistencia a las Farc, grupo que figura en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.
El canciller holandés Frans Timmermans afirma que Carvajal no tiene inmunidad. El gobierno de Maduro envió a Aruba al viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega.
Se suspenden vuelos de Caracas a Aruba por 24 horas y el Tribunal Supremo de Justicia dicta un amparo en contra de la “detención ilegal y arbitraria” de Carvajal.
Casi 72 horas después de su detención, el canciller Elías Jaua anuncia la liberación de Carvajal. Indica que el Reino de Holanda reconoció al gobierno venezolano que la detención se produjo al margen de los tratados internacionales como la Convención de Viena para el personal diplomático.
Carvajal es recibido en el aeropuerto de Maiquetía por Tarek El Aisami, Elías Jaua y Cilia Flores. Es trasladado directamente al Teatro Teresa Carreño donde se celebra el II Congreso del Psuv. Maduro lo recibe y declara que Carvajal “le dio los más grandes golpes al narcotráfico, 75 capos de la droga, récord mundial le entregamos a Colombia y a los Estados Unidos”.
Maduro acusó al ex presidente colombiano Alvaro Uribe de estar detrás de la detención de Carvajal. Que el conflicto fue creado por el “intervencionismo de los halcones imperialistas de Miami y las mafias miameras”.
El 21 de febrero de este año, Carvajal hizo un pronunciamiento público en un vídeo en favor de que Nicolás Maduro abandone el poder, de que los militares se rebelen contra el presidente y se celebren elecciones libres. Asimismo, se puso al servicio de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela el pasado mes de enero, y le dijo: “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.
En el texto de la declaración, el mayor general Carvajal Barrios exhorta al alto mando militar y a Maduro a poner fin a “la más profunda crisis republicana y humanitaria de nuestra historia moderna”. “No puede ser posible que ese mismo ejército (ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a lineamientos cubanos) se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial, diseñado para plagar al pueblo de miserias”, añadió.
“El orden comenzó a perderse con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (en contra de la cual me expresé en su momento), que luego pasó por la realización de unas elecciones amañadas, y se terminó de echar por la borda el pasado 10 de enero con la usurpación del poder de Nicolás Maduro”, dijo Carvajal Barrios en su declaración.
El manifiesto firmado por el general Hugo Carvajal clama la situación deplorable del ejército venezolano: “El día de hoy, técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo. El que diga lo contrario, miente. La fuerza armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas, sin munición y con la mayor parte de los equipos bélicos obsoletos, canibalizados y con partes robadas”.
Este viernes 12 de abril, Carvajal fue detenido en España a petición del gobierno de los Estados Unidos y podría ser extraditado para ser juzgado en suelo americano.
Mensaje al Pueblo Venezolano, en especial a la Fuerza Armada Nacional. Todos me conocen por haber cumplido con mis deberes en una carrera militar de más de 30 años, dentro de la cual, me tocó dirigir la inteligencia y contrainteligencia militar por más de una década. pic.twitter.com/FTrbb2YTsx
Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres… pic.twitter.com/bMGEcVm2Vp
La fecha de las elecciones, la conformación del Consejo Nacional Electoral y el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente son los tres nudos que tiene la mesa de negociación entre laMesa de la Unidad Democrática y el Gobierno.
En sus declaraciones desde República Dominicana, Jorge Rodríguez, como representante de la delegación del Gobierno, presentó un borrador titulado «Acuerdo de diálogo convivencia democrática en Venezuela». Allí se detalla que las elecciones presidenciales se harían en 2018, segundo semestre, sin especificar mes, según detalló la agencia AFP. La oposición ha pedido elcambio completo de los rectores del Consejo Nacional Electoral, mientras que, y de acuerdo a lo que se lee en el documento, el oficialismo estaría dispuesto a cambiar a dos de ellos, que ya tienen el período vencido.
Con este texto, presentado por los cancilleres y mediadores del proceso de negociación y fechado del 2 de diciembre de 2017, se desecha la teoría de que podría haber un adelanto de elecciones aprovechando los triunfos del Gobierno en las elecciones regionales y municipales y las pugnas internas de la oposición.
Uno de los miembros de la delegación política de la MUD reveló a El Pitazo que la misma oposición había propuesto que los comicios se hagan en el segundo semestre, a fin de que se pueda elegir el candidato unitario. No obstante, este escenario es apenas una propuesta y un borrador de todas las exigencias y especificaciones de la MUD, así como de las contrapropuestas que hace el Gobierno venezolano.
Para Jorge Rodríguez, el documento está acordado “casi en su totalidad”, según afirmó este 18 de enero, y acusó a la oposición de buscar excusas fútiles para sabotear las elecciones presidenciales.
Continuarán en la negociación
La cita prevista para este 18 de enero en República Dominicana fue pospuesta, en primera instancia por la no coincidencia en la agenda de los cancilleres de los países acompañantes y después porque la oposición rechazó las acusaciones del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien dijo que desde la mesa de negociación se habían dado algunas señas para dar con el paradero del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez. La reunión se canceló y no hay una fecha oficial para el próximo encuentro. No obstante, trascendió que sería en la semana entre el 24 y 28 de enero.
“Hay que terminar un proceso que ya se inició, que tiene avances en algunos aspectos. Para nosotros era fundamental que se aclarara lo que dijo (el ministro de Interior, Justicia y Paz) Néstor Reverol y que estuviesen los cancilleres de todos los países”, afirmó el diputado Luis Florido, representante político de la delegación de oposición, en entrevista con la emisora Unión Radio.
Uno de los integrantes del equipo político de la MUD aseguró que las declaraciones de Rodríguez contradiciendo a Reverol son un buen signo. “Nosotros nunca nos hemos reunido con ellos (Gobierno) fuera de la vista de los acompañantes y era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a flote y afortunadamente, y en pro de la negociación, fue de boca de ellos”, precisó el informante.
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad 10 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dos policías del estado Aragua, un trabajador del Ministerio del Poder Popular para la Salud y dos hombres más, por estar presuntamente vinculados con el tráfico de 298 panelas de marihuana.
El hecho fue detectado el pasado sábado 8 de abril cuando resultaron detenidas las 16 personas mientras se trasladaban por la carretera La Victoria – Guasdualito, estado Apure, a bordo de cinco unidades pertenecientes a la PNB.
En la audiencia de presentación los fiscales 70º nacional y 12º de esa jurisdicción, Gustavo González y Rolnar Flores, respectivamente, imputaron a la supervisora agregada de la PNB Marlin García; los oficiales jefes Hugo Rico y César García; el oficial supervisor Francisco Silva Montero; la oficial agregada Elizabeth Peñaloza, los oficiales Gustavo García, Freddy Márquez, Wilmer Velásquez, Jerry Gil y Harold Navarro por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, legitimación de capitales, peculado de uso y aprovechamiento de vehículo proveniente del robo.
Asimismo, fueron imputados por esos tipos penales los funcionarios de la Policía del estado Aragua Omar Lucena y Yorman Rojas, además del exfuncionario del Cicpc Pedro José Gómez.
Los representantes del Ministerio Público también imputaron al empleado del Ministerio de Salud Jorge Chirinos López; a Luis Contreras Pérez y Santiago Mora, de nacionalidad colombiana, por los mismos delitos con excepción del peculado de uso.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 1° de Control de Apure dictó la medida privativa de libertad contra las personas, quienes permanecerán recluidas en las instalaciones de la brigada 92 de Caribe del Ejército venezolano.
La tarde del pasado sábado 8 de abril, efectivos del Ejército Nacional Bolivariano, quienes estaban de guardia en el punto de control Mata Larga de la citada carretera, detuvieron a los hoy imputados, tras conseguir 298 panelas de marihuana, las cuales sumaron 164 kilos con 900 gramos, en los cinco vehículos.
En el procedimiento también se incautaron 541 mil 750 bolívares y un millón 361 mil 300 pesos colombianos, cuya procedencia no pudieron justificar.
De igual manera, los militares incautaron pistolas, escopetas, chalecos antibalas, cartuchos, municiones, equipos radiales de comunicación y celulares.
Cabe destacar que Mora y Contreras Pérez estarían vinculados al tráfico de drogas, mientras que el exfuncionario del Cicpc estaba solicitado por el delito de homicidio.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se suma a las labores de resguardo que adelanta el Gobierno Nacional en el Metro de Caracas, informó este jueves el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
“Colocaremos una oficina del CICPC en el Metro de Caracas para atender de manera inmediata los casos de robo y hurto”, publicó el sistema en el usuario @metro-caracas, en la red Twitter, donde también se detalló que próximamente llegará un conjunto de paletas detectoras de metales que serán utilizadas por los funcionarios activados en las estaciones del sistema de transporte.
De las 48 estaciones, 28 estarán resguardadas por la Policía Nacional Bolivariana y 20 por la Guardia Nacional Bolivariana, esto como parte del Plan Patria Segura.
“Hemos incluido a las policías municipales en el resguardo de los alrededores de las estaciones del Metro de Caracas”, destacó Reverol, luego de informar que también se realizarán patrullajes continuos por los subsistemas del BusCCS, Metro Cable y Cabletren.
