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Foro Penal Venezolano tiene 78 presos políticos registrados

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“No hay peor castigo para un preso político que el olvido”. Palabras del abogado Gonzalo Himiob, que aparecen en la página de la organización no gubernamental de la que es director: el Foro Penal Venezolano, que tiene registradas, en este momento, a 78 personas detenidas por motivos políticos.

Hoy el proyecto de amnistía entrará en la Cámara Plena de la Asamblea Nacional. Dos amnistías promulgó el fallecido presidente Hugo Chávez. La primera se realizó en 2000 para exonerar a los militares golpistas de 1992. La segunda se hizo en 2007, y su objetivo fue perdonar a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, a excepción de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

De los 78 presos políticos, 28 están detenidos por protestar, 19 por rebelión militar, cuatro por uso de redes sociales, uno por rebelión civil y 26 por otros motivos. Están distribuidos en los siguientes centros de reclusión: Santa Ana (Táchira), INOF (Miranda), La Pica (Monagas), Penitenciaría 26 de julio (Guárico), Penitenciaría de Cumaná (Sucre), DGCIM de Boleíta (Caracas), PNB de La Yaguara (Caracas), Policía Militar de Fuerte Tiuna (Caracas), Ramo Verde (Miranda), Rodeo II (Miranda), Sebin Helicoide (Caracas), Sebin de Maracaibo (Zulia), Sebin de Plaza Venezuela (Caracas), Yare II (Miranda), El Marite (Zulia) y Tocuyito (Carabobo). También hay un grupo de privados de libertad que están bajo régimen penitenciario, entre los que se encuentra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El caso más reciente fue el de Humberto Yusuino, presidente del centro de votación Bambu Lucera (Amazonas), que está detenido en el Sebin Helicoide por presuntamente haber coaccionado a electores a votar por la MUD en los comicios legislativos, realizados el 6 de diciembre de 2015. Fue acusado por delitos de sabotaje o daños a programas informáticos, instigación pública, corrupción y asociación para delinquir.

Es, precisamente, el Sebin Helicoide el centro de reclusión donde hay más privados de libertad por motivos políticos, con 25. De allí pueden mencionarse los casos de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, los tres están detenidos por manifestar y fueron electos diputados suplentes. Parlamentarios de la bancada opositora han mostrado en la Asamblea Nacional carteles, en los que exigen que sean liberados por inmunidad para que ejerzan sus cargos.

Víctor Ugas es otro caso particular, debido a que fue detenido por presuntamente haber difundido fotos del cadáver de Robert Serra a través de Twitter. Aunque tiene boleta de excarcelación, no ha salido de la prisión.

En el INOF está recluida la TSU en procesos químicos Araminta González, acusada por José Pérez Venta (asesino de Liana Hergueta junto con Carlos Trejo) de fabricar explosivos. Sobre ella pesan los cargos de delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la rebelión, aunque su audiencia ha sido diferida más de 20 veces.

Dentro del Sebin de Plaza Venezuela, donde hay un lugar que llaman “La tumba”, hay solo tres privados de libertad considerados presos políticos: Juan Miguel de Sousa, Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Saleh.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en Computación de 51 años de edad, fue detenido tras ser acusado de manejar la cuenta de Twitter @enyukote, a través de la que se enviaban mensajes desastibilizadores. Motivado a la baja temperatura del lugar, ha sufrido de infecciones pulmonares, además de una infección odontológica que afectó su oído.

Gabriel Valles es ingeniero en Sistemas y tiene 27 años. Fue detenido por el gobierno colombiano y deportado a Venezuela en septiembre de 2014. El Ministerio Público le imputó por presuntamente cometer el delito de conspiración a la rebelión. Motivado a las violaciones de sus derechos humanos en el centro de reclusión, que denunció su defensa, hizo una huelga de hambre que duró 18 días, y logró mejoras, como salir por cuatro horas semanales.

Por otra parte, a Lorent Saleh también lo deportó el gobierno colombiano. Se le imputó el delito de conspiración a la rebelión. Su defensa denunció, en reiteradas oportunidades, violaciones a sus derechos humanos, pero después de que realizó una huelga de 18 días, mejoraron sus condiciones en el lugar.

Decreto o ley de amnistía

El Foro Penal entregó, el 11 de enero, el proyecto de amnistía a la Asamblea Nacional que, de aprobarse, beneficiará tanto a presos como a exiliados políticos. Para la propuesta se consultaron organizaciones no gubernamentales como Provea, Espacio Público, Proiuris, Observatorio Venezolano de la Justicia, Fundepro, Fundeci, Colegio de Abogados de Nueva Esparta, Un Mundo Sin Mordaza, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Academia de Ciencias Jurídicas del Zulia, Justicia y Proceso Venezuela, Centro Popular de Formación Ciudadana y Justicia Venezolana.

Existen dos mecanismos judiciales: el decreto legislativo y la ley de amnistía. Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que ambos tienen el mismo objetivo. La diferencia es que la ley puede tardar más tiempo en ser promulgada.

“El decreto legislativo, por ser un decreto, es un acto de la Asamblea Nacional y no una ley”, dijo Romero.

Añadió que con el decreto solo debe realizarse una discusión: “Levantan la mano y al día siguiente estará publicado en Gaceta. Así que los familiares pueden ir con su Gaceta al tribunal y solicitar la liberación de las personas”.

El abogado indicó que la ley de amnistía tiene cuatro pasos: discusiones, aprobación, promulgación y publicación. Afirmó que este procedimiento podría tardar, por lo menos, un año, aunque acotó que las leyes no tienen un tiempo predeterminado.

El artículo 12, tanto del decreto como de la ley, establece a quién beneficiará la amnistía, en base a sucesos determinados, entre los que se mencionan los hechos de abril de 2002, el paro petrolero y las protestas de 2014.

“No aceptaré ninguna ley de amnistía”

El presidente Nicolás Maduro dijo, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones parlamentarias, que no aceptará una ley de amnistía. “Me podrán enviar 1.000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”, manifestó.

Acerca de esto, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que si el mandatario nacional se negaba a aprobar la amnistía, la aprobará y la promulgará el Parlamento.

 

Un café con la oscuridad  Por Gonzalo Himiob Santomé

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Al “Conejo” lo conocí hace un tiempo. Tuve que visitar en el penal de San Antonio a un cliente y apenas pude entrar en la prisión uno de sus “luceros”, armado hasta los dientes, se me acercó y me indicó que al terminar mi visita, había alguien que “quería hablar conmigo”. Lo miré con suspicacia. Era la primera vez que iba a ese penal y no estaba seguro de cómo sería la dinámica ni creía que las autoridades me dejarían deambular libremente por ahí. Así se lo hice saber al sujeto.

 

“No se preocupe –me dijo el individuo- acá nos ocupamos de todo”.

 

Hizo una seña casi imperceptible y en un instante me habían instalado una cómoda mesa en el patio del penal, rodeado de instalaciones a los lados, que con sus hamacas colgando, sus perros echados y hasta con las mujeres y niños que por ahí andaban, pudieran pasar perfectamente por un caserío humilde. Al poco rato me habían servido un café y hasta almuerzo me ofrecieron mientras hablaba con mi cliente. A nadie se le ocurrió molestarnos. Solo un joven que por allí pasó con una bandeja hizo un aventurado intento de venderme unas empanadas (sí, además de todo lo que se ha visto en las redes, en el penal de San Antonio hay hasta vendedores ambulantes) pero bastó una gélida mirada de mi “custodio” para frenarlo en seco.

 

“Estas van por la casa doctor” –me dijo, mientras me ofrecía la bandeja que, sin mucha ceremonia, le había quitado al incauto vendedor. El joven forzó una sonrisa y se fue sin decir nada más. Estuvo a punto de “comerse la luz” y lo sabía. Más le valía simular amabilidad y aceptar la pérdida.

 

Al despedirme de mi cliente me advirtió que anduviera con cuidado. Era el “Pran” del penal el que quería verme.

 

Tras entrar a un pasillo que en una de sus paredes tenía pintada la conocida imagen del “conejito” de Playboy (ese era el símbolo de “El Conejo”), me anunciaron en un cuarto que más parecía una oficina grande que una celda. Tenía aire acondicionado, nevera, televisión con cable y una cama grande a un lado, pegada a la pared. A poca distancia había un escritorio mediano con una computadora. No vi armas, pero sí me sorprendió ver allí no menos de seis teléfonos celulares.

 

“Buenas tardes doctor –me saludaron- siéntese por favor”.

 

Volteé y vi detrás de mí a un sujeto gordo, de estatura regular y con un aire a lo “Tony Soprano”, entre afable y muy peligroso, que me extendía su mano. “Teófilo, mucho gusto”. Estreché su mano y me senté.

 

“¿En qué puedo ayudarle?” –le pregunté, al cabo de unos segundos en los que su mirada me recorrió como un scanner.

 

“Tú no sabes quién soy yo pero yo sí sé quién eres tú –me dijo, y de inmediato gritó, llamando a uno de sus “luceros”. “¿Ya le ofrecieron café al doctor?” –preguntó apenas entró el hombre, que sin dar respuesta salió y de inmediato volvió con otra taza de café. Durante ese breve silencio, no era para menos, algún atisbo de inquietud debí mostrar. “El Conejo” lo captó de inmediato.

 

“No te preocupes, ni acá ni en la isla te va a pasar nada –soltó- yo sé a quién viniste a visitar y también sé que te ocupas de los derechos humanos. Te he visto en la televisión. Solo quiero mostrarte cómo acá se mantiene la paz y ponerme a tu orden si necesitas cualquier dato de esta cárcel. Aquí no tenemos problemas”.

 

Hablamos cerca de media hora de las “mejoras” que él había hecho en la prisión. Me explicó cómo lo controlaba todo y también, sin entrar en detalles que tampoco le pedí, me contó que era él el que mantenía “derechito” a todo el mundo. Era evidente que la autoridad en el penal no la tenía el gobierno. “El Conejo” era el que mandaba.

 

“Acá nada pasa sin que yo lo sepa –me dijo, y luego, ya insinuando su despedida, culminó- y así es mejor”.

 

Mientras salía me di cuenta de que no habíamos hablado sobre cómo se comunicaría conmigo. Así se lo hice saber al “lucero” que me acompañaba hasta la puerta.

 

“Tranquilo –me dijo- nosotros sabemos cómo ubicarte”.

 

Nunca me llamaron. Menos mal.

 

@HimiobSantome

Reportan intervención militar en cárcel de Margarita

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Pasadas las 8:00 de la noche de este miércoles, se produjo una supuesta toma del penal de San Antonio, en Margarita, por un grupo de funcionarios del Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana, el Sebin y el Ministerio Público, según versiones extraoficiales.

Una de las fuentes que ofreció la información fue la periodista Carolina Isava, corresponsal de RCR 750 AM en Nueva Esparta, quien escribió vía Twitter que hay una tensa calma en el recinto penitenciario y familiares de los reos se encuentran fuera del lugar.

Isava informó además que preparan el traslado de un grupo de reclusos.

Tuiteros, entre los cuales se cuentan algunos periodistas de Sucesos y un medio de comunicación, también reportaron la situación.

Instalarán fiscalía exprés 

Fuentes extraoficiales informaron que hasta ahora han desalojado al personal administrativo y que un grupo de funcionarios llevan a cabo una requisa y conteo de los presos. Sacaron al patio a los reclusos y están ”desarmando” a la población carcelaria.

Las mismas fuentes señalaron que se prevé que mañana un grupo de jueces, abogados y fiscales instalen una fiscalía exprés en el penal para revisar casos y esperarán a la ministra Iris Varela.

Cerca de las 10:00 de la noche todavía se encontraban familiares fuera de la cárcel.

#NoticiaEnDesarrollo #Margarita Colapsa la Av Juan Bautista Arismendi, y se preparan traslado de reclusos @RCR750

Noticia en desarrollo.

Lorena Meléndez Nov 13, 2015 | Actualizado hace 1 año
Las joyas que salen del TSJ
Todos los magistrados designados llegaron al TSJ en medio de la controversia. Su designación fue rechazada por los diputados opositores, quienes se retiraron de la sesión de la Asamblea Nacional que los nombró
La mayoría de los magistrados detentó cargos directivos dentro del máximo tribunal
En sus manos estuvieron los casos de Globovisión, Afiuni, Ceballos, Machado y López

 

@loremelendez

EL ÚLTIMO MES DE 2004 dejó en Venezuela un nuevo capítulo de desazón. Cerraba el año del referéndum revocatorio al Presidente Hugo Chávez, el mismo en el que fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, responsable de las investigaciones del golpe de Estado de abril de 2002, con la designación de 17 magistrados en un Tribunal Supremo de Justicia que había incrementado su número de miembros de 20 a 32. La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional se retiró de la sesión en la que fueron nombrados por considerar que su llegada confirmaba “la destrucción del poder judicial”. Todos los jueces, de acuerdo con el Presidente del Comité de Postulaciones de entonces, Pedro Carreño, eran afectos al chavismo.

De aquel grupo de flamantes togas, a doce se les aprobó su jubilación en octubre pasado. Otro magistrado, que el mismo año había entrado como suplente al TSJ, se unió a la petición. De esta manera, trece sillas de la Sala Plena quedan vacías un año antes de lo estipulado: tres en la Sala Constitucional y en la de Casación Civil; dos en la Penal, en la Político Administrativa y en la Electoral; y una en la de Casación Social.

Interactivo: Las decisiones más controversiales de los magistrados jubilados

  “Lo que pretenden es tener magistrados nuevos que los hayan nombrado ellos (los oficialistas), una mayoría que garantice doce años de magistrados favorables al régimen”, afirma la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, jubilada de la Sala Penal del TSJ en 2012 y una de las críticas más férreas del sistema judicial venezolano. Durante su paso por los tribunales fue testigo de cómo las sentencias se inclinaron hacia los dictámenes del Gobierno, cómo se ignoraron las peticiones de quienes adversaban al Ejecutivo y, más tarde y desde afuera, de cómo los magistrados de la Sala Constitucional apelaron a las ponencias conjuntas para preservar el anonimato de sus decisiones más polémicas, y también se convirtieron en “penalistas sobrevenidos” al asegurar que podían privar de libertad a los ciudadanos, como hicieron con el alcalde de San Diego (Carabobo) Enzo Scarano, a quien enviaron a prisión por no haber evitado en su municipio las protestas contra Nicolás Maduro del año pasado. “Lo que yo apreciaba era que, a la hora de votar, había apoyo al régimen. Nadie quería contrariar o buscar inconvenientes”, señala Mármol de León, quien agrega que la solicitud de jubilación de los trece magistrados apunta a una falta de autonomía o de independencia del más alto nivel del Poder Judicial si se comprueba que, tal como lo han denunciado voceros de la oposición, varios jueces dejan su cargo bajo presión.

Las salas de la polémica

Hacer un repaso por la actuación de los magistrados que parten es toparse con sentencias de escándalo. Allí están, por ejemplo, las sanciones con cárcel a los alcaldes Scarano y Daniel Ceballos, la aprobación del desafuero a María Corina Machado, la ratificación del cierre de RCTV y la entrega de sus equipos a Conatel, la suspensión de múltiples elecciones universitarias, las decisiones sobre el caso de María Lourdes Afiuni y el haber descartado la necesidad de que el presidente Hugo Chávez se sometiera a un examen médico antes de los comicios de octubre de 2012. Sala por sala, juez por juez, se muestran las costuras de un sistema de justicia que favoreció al poder.

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Sala por sala: ¿quiénes se van?

Sala Constitucional. Puertas adentro de los tribunales, a esta sala se le conoce como “la todopoderosa”. Las decisiones más controversiales han pasado por esta instancia. Fue aquí donde se admitió que el presidente Hugo Chávez asumiera su nuevo período como mandatario sin haberse juramentado en persona. La sentencia sentó un precedente, no sólo por el principio de “continuidad administrativa” que citó la Sala para permitir la ausencia, sino porque que se firmó como una “ponencia conjunta”, en lugar de atribuir el documento a un solo magistrado.

Este último instrumento, que entrega la redacción de las decisiones al anonimato, se ha utilizado en otros momentos de polémica como el desafuero a la diputada María Corina Machado y el encarcelamiento de Daniel Ceballos que, junto al de Scarano, sembró otro hito en la Sala: por primera vez envió a un ciudadano a prisión, acción que anteriormente era exclusiva de la Sala Penal.

Luisa Estella Morales, expresidenta del TSJ

“No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”. La declaración la dio Luisa Estella Morales en diciembre de 2009, cuando era presidenta del TSJ, en una entrevista de  VTV. Afirmaba, entonces, que dentro de la Constitución Nacional había elementos “que contradecían al régimen”. El principio de la “separación absoluta” de los poderes públicos, por ejemplo, estorbaba.

Varias veces, Morales fue el centro de la polémica, sobre todo durante el período en el que llevó las riendas del máximo tribunal del país, entre 2007 y 2013. En 2011 indicó que el modelo de justicia de Cuba era una referencia para Venezuela, mientras que en enero de 2013, se encargó de leer la decisión de “continuidad administrativa” que eximía a Hugo Chávez de tomar posesión de un nuevo período constitucional.

Al margen del TSJ, sobre ella pesan dos escándalos: su foto durante la votación en el referéndum de la reforma constitucional, solicitada por Chávez, en el que su papeleta mostraba un “no”, y la detención de su sobrino, Esau Alba Morales (fiscal décimo del Ministerio Público en Yaracuy), con ocho kilos de cocaína y 25.000 dólares.

Francisco Carrasquero López, vicepresidente de la Sala Constitucional

El magistrado zuliano, exrector del Consejo Nacional Electoral, llegó al TSJ en medio de la polémica. Varios expertos en materia legal cuestionaron que siendo miembro del organismo comicial se autopostulara a la máxima corte judicial, cuando la ley establecía que si una persona se relacionaba hasta en cuarto grado de consanguinidad con algún miembro del Poder Electoral no podría arribar a resta instancia. Desde marzo de 2008, se desempeña como vicepresidente de la Sala Constitucional.

En diciembre pasado, durante el Diálogo Internacional sobre Justicia que conmemoró los 15 años de la Constitución, Carrasquero declaró que “Venezuela es la nación que más ha potenciado el contenido de la Carta Magna”. Pero la afirmación, a juzgar por varias de sus decisiones, choca con varias de las órdenes que ha girado gracias a su investidura.

Marco Tulio Dugarte Padrón

Es el único del grupo que no comenzó como magistrado en 2004, sino como suplente. Es hermano del exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y ha sido señalado por haber metido a varios integrantes de su familia en cargos dentro del TSJ.

En 2006 sustituyó Luis Velásquez Alvaray en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el organismo que administra 80% de los fondos del Poder Judicial y que cancela los salarios de los jueces. Allí, su asesora era su esposa, mientras que en el departamento de Recursos Humanos estaba una de sus sobrinas.

“Cuando llegas a una institución donde tienes que hacer profundos cambios y no conoces en los empleados, en quién más puedes confiar sino en tu esposa para que te ayude. Si no fuera esposa mía, nadie diría nada (…) Si me dijeran que tengo a 20 familiares lo entiendo, pero eso no es así, sólo son casos puntuales”, comentó en una entrevista en 2006 cuando se le cuestionó por ello. En ese despacho estuvo hasta 2007.

Uno de los mayores escándalos surgidos durante su gestión al frente de esta institución, fue la supuesta renuncia que varios magistrados le habían solicitado pocos meses después de haber asumido el cargo en la DEM, debido a las decenas de contratos a dedo que él había entregado y de haberse encargado de nombrar a los miembros de la Comisión de Licitaciones del organismo, designación que anteriormente le correspondía al TSJ. En una entrevista concedida a El Universal, lo negó todo.

Luego de la página de la DEM, Dugarte volvió a primera plana cuando su esposa, Subgey Saab, abogada y notaria pública en Chacao, fue acusada junto a otras trece personas de ser miembro de una notaría paralela que falsificaba documentos. A ella le fueron imputados los delitos de Peculado de Uso, Corrupción Propia y Asociación Ilícita para Delinquir en grado de continuidad. Su causa fue sobreseída en 2012.[/accordion]

Sala Penal. Se trata de una de las salas más mencionadas en los titulares de los medios de comunicación. Las decisiones sobre el caso de la exjueza María Lourdes Afiuni, acusada de abuso de autoridad por dar libertad al empresario Eligio Cedeño, se aprobaron aquí. También se han refrendado decisiones relacionadas con el asesinato del diputado Robert Serra, y se negó que el proceso judicial que se le seguía al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, tuviera vicios.

Deyanira Nieves Bastidas, segunda vicepresidente del TSJ

Cuando el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray huyó de Venezuela, en 2012, el nombre de Nieves Bastidas salió a relucir. En una entrevista concedida en Miami, el hombre la señaló como una de las fichas de José Vicente Rangel en el Poder Judicial y, por tanto, una de las miembros de la Banda de los Enanos. Según Velásquez Alvaray, la cercanía entre Rangel y la magistrada ha sido alimentada por la madre de la abogada, quien lleva años trabajando como secretaria del periodista y otrora vicepresidente de la República.

Otra fuga que puso el nombre de Deyanira Nieves en el tapete fue la del exfiscal Franklin Nieves, quien en octubre pasado se refugió en Miami. En una entrevista publicada en el diario El Nacional, el “verdugo” de Leopoldo López admitió que había falsificado pruebas y que la jueza del caso, Susana Barreiros, recibió órdenes directas de Daniel Ramírez, asistente de la magistrada que fue presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Héctor Manuel Coronado Flores (Maturín), vicepresidente de la Sala de Casación Penal

El magistrado, actual vicepresidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, fue entrevistado en Maracay en abril de 2006, justo durante la semana en la que se conocieron dos de los casos de asesinato más estremecedores de la historia reciente del país: el de los hermanos Faddoul y el del empresario Filippo Sindoni. “Una vez que se compruebe de una manera plena quiénes son los responsables, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos”, dijo en una alocución, poco antes de pedir a los venezolanos que confiaran en sus magistrados. Sin embargo, el crimen de los muchachos halló justicia nueve años después, cuando el victimario fue apresado en Aragua. [/accordion]

Sala Administrativa. En los últimos meses, esta instancia declaró inadmisible la demanda que Transparencia Venezuela formuló contra el presidente del BCV, Nelson Merentes, por ocultar las cifras económicas del país. Desde allí se argumentó que la ONG no presentó ninguna prueba que acreditara las gestiones para solicitar los números. También fue esta sala la que ratificó las multas millonarias contra Globovisión.

Emiro García Rosas, presidente de la Sala Político Administrativa

“No todas las constituciones que protegen las derechos sociales son socialistas pero, ciertamente, algunas naciones latinoamericanas que han acuñado el término muestran su carácter revolucionario y su inseparable vinculación con el pensamiento de izquierda”. Con estas palabras, el magistrado aplaudió que la carta magna venezolana integrase la frase “Estado Social”, ya que esta era una declaración del pro-socialismo de la misma. Todo ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando fungió como orador de orden en la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales de este año.

García Rosas, quien hoy preside la Sala Político-.Administrativa, fue Procurador General del Estado Anzoátegui (1999-2000) cargo al que renunció e ingresó al TSJ en 2000, como suplente, y fue primer conjuez de la Sala Político-Administrativa en 2004, año en el que también pasó a ser magistrado.

Evelyn Margarita Marrero Ortiz, vicepresidente de la Sala Político Administrativa

Cuando la magistrada se hizo con una de las sillas de la Sala Plena del TSJ, las alarmas saltaron. Hasta la Asamblea llegó un informe de un abogado que aseguraba que la designación de Marrero -quien venía de la Gerencia de Procedimientos Jurídicos de la Contraloría Interna de Petróleos de Venezuela- no era legal porque no cumplía con uno de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional: el de ser venezolana de nacimiento. Según el escrito, la magistrada era natural de Jayuya, en Puerto Rico. El documento, al final, fue rechazado. Sin embargo, el lugar de donde es oriunda no aparece ni siquiera en la biografía del site del Tribunal.[/accordion]

Sala Electoral. Desde aquí se dictó la suspensión de una decena de elecciones universitarias entre 2010 y 2011, lo que puso en entredicho la autonomía de las casas de estudio. De aquí también salió la orden de exigir a los venezolanos, que vivían en el exterior, la consignación de un comprobante de residencia para poder votar.

Fernando Ramón Vegas, primer vicepresidente del TSJ

Quizás el momento más célebre del magistrado ocurrió en mayo de 2013, cuando el gobernador de Miranda y excandidato a la Presidencia, Henrique Capriles, puso en duda su imparcialidad. Afirmó que Vegas era compadre del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres y que, por esa razón, difícilmente podría tomar una decisión equilibrada con respecto a las impugnaciones que desde diversos sectores se hicieron contra las elecciones presidenciales de abril de 2013, cuando perdió frente a Nicolás Maduro por sólo un punto porcentual.

Anteriormente, su nombre había salido a relucir en 2007, cuando se pronunció contra el “reintegro” de dos meses de salario a los magistrados y demás empleados del TSJ, medida aprobada por la Sala Plena de acuerdo con el acta de reunión del 13 de diciembre de 2006, la cual buscaba que los beneficiados recuperaran parte de lo cancelado de impuesto sobre la renta.  “Esto va a lucir como una picardía, incluso pudiera ser calificada como de evasión fiscal”, dijo a El Nacional.  

Juan José Núñez Calderón, vicepresidente de la Sala Electoral

El magistrado, nacido en Maturín, llegó al TSJ luego de ser juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nororiental. Del grupo de los trece, es uno de los que ha preservado un perfil más bajo.[/accordion]

Sala Civil. Junto a la Social, es una de las salas menos controvertidas. Se encarga de conocer los juicios civiles, mercantiles y marítimos, y también de ejecutar las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras. Sin embargo, sus magistrados han estado envueltos en varios escándalos.

Luis Ortiz Hernández

No había transcurrido su primer año en el Tribunal Supremo de Justicia cuando el magistrado Luis Ortiz Hernández fue el centro de un escándalo. Luego de estar seis meses frente a la Inspectoría General de Tribunales, organismo encargado de evaluar a los jueces, decidió renunciar a su cargo luego de que, según él, recibiera presiones internas para hacerlo. Las versiones extraoficiales que circularon señalaban que Ortiz Hernández había asumido posiciones extremas y que actuaba de acuerdo con intereses personales, lo que había despertado el rechazo de su entorno.

En una entrevista publicada en el diario El Universal, Ortiz Hernández, quien hasta entonces había insistido en que su partida respondía a razones personales, dio una pista más sobre aquello que lo motivó a tomar tal decisión: “yo lo venía haciendo todo bien, hasta hace 15 días, cuando me metí con Belkis Cedeño (la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas) y con Juan Carlos Cuenca (juez superior IV en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas) a quienes llevé ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que fueran suspendidos. A partir de allí comenzaron los rumores y los señalamientos de que estaba actuando mal, y como no tengo ansias de poder ni quiero crear tribus presenté mi renuncia”, dijo.

La Contraloría General de la República le impuso en 2008 una multa de 3.000 bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio.

Yris Peña de Andueza, presidenta de la Sala Político Administrativa

La magistrada estuvo al frente de la Inspectoría General de Tribunales entre 2005 y 2011. Su designación para este cargo llegó cuando su colega, Luis Ortiz, dimitió por supuestas presiones internas. En 2007, varios trabajadores de los tribunales denunciaron ser víctimas de inspecciones de carácter intimidatorio comandadas por Roxana Gómez Marcano, una juez que trabajaba como asistente de la magistrada. Ese mismo año, Peña de Andueza fue señalada de ser parte de una red de espionaje dentro de los tribunales que involucraba a su esposo, el ex comisario de la Disip, José Manuel Andueza, y Luisa Estella Morales, quien era entonces la presidenta del TSJ.

Isbelia Pérez Velásquez de Caballero, vicepresidenta de la Sala de Casación Civil

En 2013, durante la Sesión Solemne de apertura de actividades judiciales, la magistrada y vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, soltó una frase que causó asombro. Tras referirse a las formalidades de los actos jurídicos, dijo que “esta visión de las cosas hace que el ejercicio del poder público termine siendo un ámbito de elegidos, de decisiones tomadas en oficinas cómodas con aire acondicionado, y alejado cada vez más de los ciudadanos”.

Antes de arribar al máximo tribunal, fue juez Superior Provisorio en lo Civil de Aragua y había asesorado legalmente a la Gobernación de esa entidad en temas relacionados con la transferencia de competencias. 

Sala Administrativa. Otra de las instancias menos polémicas del TSJ. En esta se resuelven los asuntos de los juzgados y tribunales de orden social, es decir, aquellos relacionados con trabajo, familia, de protección del niño, niña y adolescente y agrarios.

Carmen Elvigia Porras, vicepresidenta de la Sala de Casación Social

Antes de llegar al máximo tribunal había sido noticia. Su designación como juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira fue criticada, pues surgieron denuncias sobre lo amañado que estuvo el concurso que ganó. Tiempo después, fuente judiciales aseguraron que la abogada tenía más de 70 denuncias en la Inspectoría de Tribunales. Además, de acuerdo con el diario El Universal,  varios abogados del Táchira la señalaron de “haber intentado adquirir, mediante documento autenticado en notaría, un vehículo propiedad de un hermano que había muerto cinco días antes; comprar un terreno propiedad de un narcotraficante detenido en Brasil, mediante documentos no muy confiables, y de haber salido ‘raspada’ en los exámenes practicados por una comisión del Consejo de la Magistratura para acceder al cargo de juez superior y por ejercer presiones ‘indebidas’ sobre algunos colegas”. 

Iris Varela:  Resuelta situación en el Rodeo II

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La Ministra del Sistema Penitenciario, Iris Varela informó que la situación que se había gestado por varios días en el centro penitenciario Rodeo II se resolvió totalmente “estamos limpiando la torre”, escribió a través de su cuenta en twitter.

Igualmente, Varela invitó a los medios de comunicación a una rueda de prensa para el próximo lunes.

 

Poco a poco se van desvaneciendo las ansias de poder que tiene Francisco Antonio Medina Sivira, de 20 años, alias “El Pollo”, líder de la toma del penal El Rodeo II, desde la mañana del viernes 16 de octubre.

Su exigencia fue directa: que le cedieran el control del penal para él administrarlo mejor. No cree en el nuevo régimen penitenciario impuesto por la ministra Iris Varela.

Eso manifestaron fuentes extraoficiales del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que se mantienen en las afueras del centro de reclusión formando parte de la mesa de negociaciones que se lleva a cabo, además, con funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El antisocial también ha pidido que se realicen traslados masivos a otros centros penitenciarios del país, y que se implemente un Plan Cayapa.

Las bajas

Desde que se inició el alzamiento el viernes, dos reos han perdido la vida y siete funcionarios resultaron heridos.

Hasta la tarde de ayer quedaban cuatro trabajadores del penal como rehenes. Luego de las negociaciones, los reclusos liberaron a dos.

Mientras tanto, “El Pollo” usa un emisario para comunicarse vía telefónica con los representantes del Gobierno nacional. “Aún no se siente derrotado”, destacó la fuente desde el penal.

Más de 500 internos permanecen bajo el mandato del joven, quien en su haber tiene 19 homicidios cometidos en el estado Lara, entre los meses de abril y agosto de 2013.

De ese total, solo trece le fueron reconocidos en expediente penal. Está recluido en El Rodeo II desde diciembre del año 2013, cuando se recuperó tras haberse disparado con un FAL en el rostro.

Intentó quitarse la vida, la madrugada del 17 de noviembre, en un rancho que utilizaba como guarida ubicado en la población Quebrada Grande del municipio Jiménez, a una hora y media de Quíbor.

 


Esa decisión la tomó, según él mismo relató a las autoridades que lo rescataron vivo, porque todos sus compañeros de fechorías habían sido asesinados por las policías y solo quedaba él. Se sentía acorralado.

Una vez interno en El Rodeo II, manifestó que se sentía tranquilo y que estaba “estudiando la palabra de Dios”. Se calificó como cristiano y portaba una Biblia bajo el brazo.

Sin embargo, detallaron fuentes extraoficiales, el sujeto se alzó cuando organizó un grupo de reclusos y comenzó a demandar una mejor alimentación, pues la requiere porque perdió la dentadura y parte del paladar cuando se disparó.

 

*Con información de Unión Radio

Ordenan juicio contra exdirector de penal de México por fuga de

chapo

 

MEXICO (AP) — Un juez federal ordenó que el exdirector de la prisión de máxima seguridad de la que escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán permanezca en prisión hasta la celebración del juicio en su contra.

La Procuraduría General de la República no identificó al acusado pero en un comunicado de prensa refirió que el exdirector de la prisión del Altiplano será juzgado por colaborar en la fuga del capo del narcotráfico.

El gobierno mexicano arrestó el viernes a 11 hombres y dos mujeres en relación con la fuga. Con anterioridad se había identificado al director de la prisión como Valentín Cárdenas Lerma, a quien se le pidió que dimitiese tras la fuga.

Guzmán escapó de prisión a través de un túnel que unía su celda con una casa en construcción fuera del perímetro de seguridad de la prisión.

Además de Cárdenas, el viernes también fue detenida Celina Oseguera Parra, quien era responsable de las prisiones federales y fue obligada a presentar su renuncia tras la fuga. Los otros 10 detenidos son trabajadores del sistema penitenciario.

Además ya había un proceso abierto contra la persona encargada del cuarto de control y dos guardias carcelarios.

La fuga de julio fue la segunda del líder del Cártel de Sinaloa, quien había escapado de otra prisión en 2001.

17 muertos por incendio en penal de Tocuyito

tocuyito

Con información de Panorama

Un incendio en el Centro Penitenciario de Tocuyito la madrugada de este lunes, dejó al menos 17 reos muertos y 17 heridos con quemaduras.

A través de un contacto telefónico el corresponsal de Globovisión en la zona confirmó el hecho.

Usuarios también informaron que el incendio que se habría generado por un corto circuito de acuerdo con versiones preliminares.

“Hasta el momento el incendio se encuentra controlado por los bomberos y organismos de seguridad en el sitio, se continúa procesando. Se pudo conocer que aparentemente hubo un corto circuito en el cableado del pabellón que produjo el incendio” informó un usuario.

Además agregó “8 de los muertos eran femeninas que estaban de visita y pernoctaban en el penal. Van 17 heridos aun por identificar, 8 son femeninas que también se encontraban de visita en la cárcel”.

Aseguraron que los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Enrique Tejera de Valencia.

Estos son algunos de los fallecidos identificados hasta los momentos:

1-Damaris Hernández
2-Ariannys Gricel Farias Flores
3-Maria Alejandra Nieto Pacheco
4-Blanca Luisana Ramos
5-Alejandro Mateo Barros Maita
6-Wilfredo Moreno
7-Adriana Tibisay Muñoz Galindez
8-Mariana Moncada Arvelo
9-Yamelley del Carmen Chirinos Lara
10-Yoise Escalona Pedexu
11-Audis Carolina Marquez
12-Malis Beatriz López

 

 

Defensa de MCM: No pueden iniciar antejuicio usando como prueba audio ilegal

joseamalio

 

El abogado defensor de María Corina Machado, demandó a conductores de programa de VTV

El Ministerio Público no puede iniciar un proceso penal contra la diputada María Corina Machado, porque el audio esgrimido para solicitar su juicio fue obtenido en violación de sus derechos constitucionales y normas legales.

Así lo advirtió el abogado José Amalio Graterol, quien a cargo de la defensa de la parlamentaria denunció ante la Fiscalía General de la República a los conductores del programa Zurda Conducta, que transmite VTV, por divulgar una conversación personal de Machado.

“El sábado 15 de marzo transmitieron una comunicación telefónica privada entre la diputada y el señor Germán Carrera Damas que en principio no revela ningún delito, quienes cometen delitos son esos tres ciudadanos. Esto violenta el artículo 21 de la Ley de Telecomunicaciones y el artículo 48 de la Constitución nacional, que establece la privacidad de las comunicaciones personales”, manifestó.

El abogado acusó a los conductores del espacio televisivo, Pedro Carvajalino, Miguel Rivero y Ricardo González.

Por otro lado, advirtió a la titular de la vindicta pública sobre la imposibilidad de usar el registro audiovisual como evidencia válida para solicitar un antejuicio de mérito de Machado, tal como se lo demandara la bancada oficialista de la Asamblea Nacional la noche del martes pasado.