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Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de Foro Penal, denunció que se instaló “una maquinaria de represión al sur del estado Bolívar”, tras los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2019 en el batallón 513 del sector Luepa, municipio Gran Sabana.

Himiob precisó 13 de las 18 personas detenidas, son miembros de la comunidad indígena Pemón. Uno de ellos un adolescente, cuatro militares y otros tres civiles, por confirmar. Todos fueron sacados violentamente de su jurisdicción y trasladados a Caracas, violando la Constitución.

“En el estado Bolívar, desde diciembre, se han realizado muchos actos de represión. El 22 de diciembre se condujo detención de por lo menos de 18 personas (…) en el caso de los indígenas detenidos, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución, y fueron trasladados a Caracas para ser procesados como terroristas”, indicó el abogado en rueda de prensa.

Por otra parte, Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal de pueblos indígenas, denunció la violación de trasladar a estas personas de forma arbitraria a la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la capital venezolana sin pasar por el debido proceso.

«Todos estos hechos ocurrieron en tierras indígenas, específicamente en el municipio Gran Sabana, dónde, de acuerdo a la Constitución en su artículo 260, los indígenas debieron ser juzgados en tribunales de la jurisdicción indígena, ante un tribunal con jurisdicción especial indígena reconocida además, por el Tribunal Supremo de Justicia y es donde deben ser juzgados nuestros hermanos Pemones».

Ortíz alertó que los 13 Pemones, señalados de presunto terrorismo, los mantienen incomunicados desde hace casi un mes. *Los han obligado a declarar en contra de ellos mismos, sin la presencia de sus abogados. Ya han pasado más de 25 días y siguen incomunicados”, expresó.

Venezuela pasó a ser el Estado más represor

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, actualizó la cifra de presos políticos hasta la fecha, indicó que durante diciembre de 2019 aumentó a 392 el número de detenidos.

“Solo en diciembre, se generaron 22 nuevas detenciones. Hay tres nuevos presos políticos durante enero de 2020. El año cerró con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392, se sigue produciendo el efecto puerta giratoria, mientras se excarcela a algunos, se detiene a otros”, detalló.

En este sentido, aseguró que no hubo una disminución real de presos políticos. Romero confirmó que de las excarcelaciones anunciadas y confirmadas en enero, no todos eran detenidos por causas políticas.

Durante el balance ofrecido, Romero resaltó que durante 2019, Venezuela pasó a ser el Estado más represor de América Latina. “Hay más presos políticos que en Cuba“, refirió.

Por último, informó que se espera una resolución en el Parlamento Europeo, que se discutirá el próximo 22 de enero, sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

8 pemones imputados por su presunta participación en la Operación Aurora
En la denominada operación un grupo de personas asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana

 

Este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acusó de “terroristas” al grupo de militares que realizó el asalto al Batallón 513 de la Gran Sabana bajo el nombre de Operación Aurora.

“Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón”, dijo en declaraciones a la prensa.

Afirmó que durante el asalto robaron 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. También, 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; también 6 pistolas.

Por el caso se imputaron a 18 personas, de las cuales 6 son militares y 12 son civiles, entre ellos hay 8 indígenas de la etnia pemón.

Por este caso, fueron imputados Edgar Valdés, Alex Caldera, Miguel Reyes, Ismael Guerra, Luis Tovar, Wilfredo Heredia, José Rondón, Edgar Verdú, Salvador Franco, Julio Delgado, Carlos García, Oscar Albenis Pérez, Amilcar Pérez, Lisandro González, Frederick Fernández, Fiasencio Mella, Carlos Fernández y un adolescente.

“Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Vale señalar que hay otros 15 implicados pendientes por capturar”, expresó Saab.

Ante ello, solicitó al fiscal general de Brasil iniciar el proceso de extradición contra los cinco militares que el gobierno acusa y que se encuentran en el territorio brasileño.

“Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado».

La denominada Operación Aurora tuvo lugar el 22 de diciembre, cuando un grupo de militares, acompañado por pemones, asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana.

En la toma murió un agente, y otro que lideraba la operación resultó herido y detenido.

Todos los demás militares e indígenas escaparon de la escena. Brasil informó que cinco de los funcionarios venezolanos involucrados en el alzamiento estaban en su territorio.

Los agentes iniciaron el proceso para que los acojan como refugiados.

Capitán general del Sector VI del Pueblo Pemón exigió el cese de las hostilidades
Líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón

Morelia Morillo Ramos // @moreliamorillo

Acompañado del consejo de ancianos, que es la instancia de mayor peso entre las autoridades indígenas y de alrededor de 200 personas más entre hombres y mujeres, todos ellos habitantes de las 28 comunidades que agrupa el Sector VI-Akurimú del Pueblo Indígena Pemón, el capitán general Jorge Gómez, se pronunció este lunes 30 de diciembre contra los atropellos que -dijo- está sufriendo su gente, especialmente los jóvenes, en el contexto de las investigaciones vinculadas al asalto contra el Batallón de Infantería de Selva “General Mariano Montilla”, localizado sobre la Troncal 10, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

La Gran Sabana, el último municipio venezolano en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del Pueblo Indígena Pemón, un grupo de origen caribe conformado por alrededor de 30.148 personas de acuerdo con el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011. El Sector Pemón VI-Akurimú es el de mayor población, con al menos 19 mil habitantes según los registros de sus autoridades tradicionales.

En el comunicado que sirvió de guía a sus declaraciones, los líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón tras un hecho en el cual habría participado un grupo de sus jóvenes y el señor Ricardo Delgado, ex alcalde del del municipio Gran Sabana e indígena pemón, quien a través de dos entrevistas de prensa habría asumido su responsabilidad.

Al respecto, en el escrito los líderes del Sector VI manifestaron su rechazo a los sucesos ocurridos en el Batallón de Infantería de Selva “Mariano Montilla”:

Estando conscientes de que bajo ninguna circunstancia se debe autorizar ni fomentar acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado Venezolano”.

 

E igualmente expresaron su rechazo a los actos discriminatorios contra las comunidades y sus habitantes de parte de las instituciones militares y civiles; el rencor y ensañamiento hacia aquellos que han presentado sus denuncias por los abusos y la tardanza en las investigaciones con respecto a las incursiones armadas en las que han muerto integrantes de este pueblo.

Desde los hechos del 22 de diciembre pasado, según denunciaron algunos de los presentes, se desconoce la identidad de los dos indígenas fallecidos en las cercanías de Paraitepui de Roraima; se produjo el allanamiento no autorizado en la comunidad de Kumakapay y aparentemente este lunes también en la comunidad de Wará; se desconoce el paradero de los tres detenidos el día 28 de diciembre en la comunidad de San Luis y se siguen reportando malos tratos en las alcabalas contra los indígenas, especialmente cuando visten de negro o usan botas de aspecto militar.

El propio Gómez dijo no saber si es cierta la información, que circula en redes sociales, según la cual el Tribunal Militar 17 de Control, a solicitud de la Fiscalía Militar, ordenó su aprehensión por el caso “Mariano Montilla”.

Desde el 13 de marzo de 2018, fecha de la desaparición de Oscar Mella, el territorio pemón, una región conocida por sus incomparables bellezas escénicas y por su tranquilidad a pesar de la violencia generalmente asociada al resto del país, se convirtió en escenario de una serie de hechos violentos, estos aparentemente provocados por la existencia de grupos vinculados a las mafias mineras y la determinación de los grupos armados institucionales de controlar sus acciones. Así ocurrió en Canaima el ocho de diciembre de 2018; en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén el 22 y 23 de febrero de 2019 y en Ikabarú el 22 de noviembre de 2019.

En referencia a esa seguidilla de sucesos violentos, Gómez se mostró preocupado ante la posibilidad de que existan intereses personales, vinculados al Gobierno, interesados en apoderarse de los territorios indígenas y en ese sentido hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales a amparar a esa población indígena que representa, siempre de acuerdo a las leyes vigentes nacional e internacionalmente.

Por todo lo anterior, la Capitanía General del Sector VI decidió convocar a las capitanías generales de los sectores 3, 5, 7 y 8 del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón a la resolución del conflicto; así como la activación del Tribunal “Mayín Nonkanín” de Jurisdicción Especial Indígena del Sector VI para atender la situación actual.

Acciones violentas en el estado Bolívar involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales

 

Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional (AN) denunció este lunes 25 de noviembre que, desde el año 2016 hasta la fecha en el estado Bolívar se han registrado más de 40 masacres de pemones, relacionadas con la fiebre del oro impulsada por el Arco Minero del Orinoco.

En rueda de prensa Medina precisó que todos los cadáveres presentaban disparos en el cráneo. “Es importante saber con qué armas fueron asesinados, de qué calibre eran las armas; tener y hacerle la autopsia legal a los cuerpos y los procedimientos legales necesarios para hacer justicia”, agregó.

 

 

El parlamentario dijo que activistas de derechos humanos y dirigentes indígenas aseguraron que habían pasado 48 horas después de la masacre y las autoridades no habían retirado los cuerpos para realizar las autopsias de rigor.

Ángel Medina manifestó que se trató de una arremetida violenta con armas de fuego de alto calibre que busca tomar por la fuerza el pueblo pemón para seguir con la explotación minera en Guayana.

 

 

Afirmó que estas acciones involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales, que en la zona se hacen llamar sindicatos o sistemas. También señaló la actuación violenta de miembros del Ejército de Liberación nacional para controlar el territorio.

 

Foro Penal: Represión de Maduro desplazó a más de 900 indígenas

DESDE PRINCIPIOS DE AÑO, cuando comenzó la represión de Nicolás Maduro contra el pueblo Pemón que abogaba por el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, se han desplazado más de 900 indígenas de 14 comunidades fronterizas.

“Luego de un recorrido de más dos meses por Boa Vista, pude constatar que al menos 900 pemones se encuentran desplazados en tres comunidades de Brasil, tras el ataque sistemático de cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos armados registrado en Kumarakapay el pasado 22 y 23 de febrero”, afirmó Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal en el estado Bolívar.

Desde esa fecha Kumarakapay, comunidad ubicada en el municipio Gran Sabana, fue militarizada. “Siete personas, entre ellos cuatro indígenas, fueron asesinados. Otros 57 resultaron heridos y hubo 62 detenidos, la mayoría en allanamientos entre el 22 y 28 de febrero, cuando los perseguían por tener fotos y videos de lo ocurrido en sus celulares (…) El pueblo Kumarakapay ha sido vilmente masacrado”, denunció Ortiz.

Recordó que las violaciones de derechos humanos al pueblo pemón datan del año 2006, cuando grupos armados irregulares llegaron al municipio Gran Sabana. “Esta comunidad era la que le hacía el frente por más de 10 años a la explotación minera”, dijo.

Adicionalmente, Ortiz alertó que las condiciones de los indígenas desplazados son precarias, pese al apoyo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brinda a un grupo de ellos.

“Kumarakapay es una comunidad turística que pese a la situación de Venezuela estaba trabajando para sustentarse, pero ahora están desplazados en una zona en la que se encuentran a la intemperie. Aquí hay albergados 46 indígenas, de los cuales 26 son niños con traumas por lo que están viviendo”, apuntó.

Mencionó el caso de Cliver Pérez, de 24 años, asesinado en Kumarakapay, cuya familia tuvo que abandonar sus comunidades tras los hechos. “También hay indígenas afectos al oficialismo que están amenazando a nuestros hermanos pemones”, señaló en rueda de prensa este lunes.

Ortiz informó que en la Procuraduría General de Roraima reposa un expediente sobre este caso para que el Estado brasileño realice las investigaciones pertinentes.

El pasado 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó una serie de medidas cautelares de protección para los pemones de Kumaracapay y para el propio Olnar Ortiz, por solicitud del Foro Penal. “El próximo 9 de mayo se llevará a cabo una audiencia sobre este caso en Jamaica”, agregó el coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Más de mil arrestos en lo que va de año

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, insistió en que este año ha sido el peor en las últimas dos décadas en cuanto a la detención de personas por motivos políticos. Al día de hoy, la ONG registra 775 presos políticos, y desde el 1 de enero registra 1.683 personas detenidas arbitrariamente.

“Se ha llevado a cabo una persecución muy particular (…) por un lado hemos visto personas que prestan el sonido o las tarimas a Juan Guaidó (…) hemos visto más de 10 personas por lo menos que han detenido por montar sonido, técnicos de sonido y de tarimas. También de Roberto Marrero y Gilbert Caro. Los trabajadores de Corpoelec y otras industrias básicas”, manifestó.

Por último, Romero denunció la aparición de un nuevo centro de reclusión conocido por policías y detenidos como el “inframundo”, ubicado en zona 7 de Boleíta norte, estado Miranda, donde se practican torturas y violaciones a los derechos humanos.

No hay detenidos por los siete asesinatos en la Gran Sabana

SIETE MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar apresado.

Este miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les dispararan.

“El día 22 de febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez), hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.

Fueron al menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero), Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del 22 de febrero.

Rolando García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día. Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado para comprar un repuesto del carro.

“A los indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión, sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón. Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.

La diputada Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo una pantomima”.

“Quieren destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el diputado Ángel Medina.

Mientras la frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a la espera de poder ingresar a Venezuela.

Dos muertos en la Gran Sabana por ataque de la Guardia Nacional

ESTE 22 DE FEBRERO a las 7:00 a.m. una alcabala de indígenas del grupo Aretauka trató de impedir el paso de seis convoyes de la Guardia Nacional por la troncal 10, a la altura de Kumaracapay, que iban con destino a Santa Elena de Uairén. Los pemones fueron repelidos por los militares con armas de fuego y bombas lacrimógenas, acción en la que resultaron asesinadas dos personas y otras 15 heridas.

La fracción opositora de los pemones, liderada por el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, y el exalcalde Ricardo Delgado, había anunciado desde este jueves 21 de febrero que impedirían el paso de los militares y lucharían por mantener abierta la frontera con Brasil para el paso de la ayuda humanitaria. Esta acción le costó la vida a dos personas.

Sucedió en la comunidad de San Francisco de Yuruaní. Los dos fallecidos fueron identificados como Zoraida Rodríguez, de 46 años, y Rolando García, de 51. Rodríguez recibió tres impactos de bala de FAL en el pecho, tres decirle a los funcionarios de la GN que desistieran de su actitud. Estaba junto a su esposo, amasando maíz para las empanadas que vendía en su casa. Era madre de cinco muchachos.

García quedó herido de gravedad y fue trasladado primero al hospital de Santa Elena de Uairén. Por falta de insumos lo llevaron en unidades de Protección Civil a un centro de salud en Pacaraima, pero no lograron salvarle la vida.

Los lesionados fueron identificados como Alfredo Perez, 48 años, herido de bala en el tórax; Onégimo Fernández, 48 años; Ever Pérez, 21 años; Fidel Pulido, 36 años; y Neil Fernández, 26 años; Cliver Pérez, de 24 años; Evencio Soca, 44 años; Alfredo Pérez (48), Alberto Delgado (42), Juvencio Pulido (39), Oliver Pérez (21), Regina Pérez (47), Yoenci Fernández (22), Yuman Fernández (24) y Emiliano Pérez.

Hay otros heridos tanto en Pacaraima (Brasil) como en el hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén y en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Akurima (Venezuela). En redes sociales, pobladores de la Gran Sabana pidieron apoyo de vehículos a los operadores turísticos ya que no había suficientes ambulancias para transportarlos.

En el mismo mensaje solicitaban donaciones de gasas estériles, guantes quirúrgicos, solución fisiológica, yelcos números 18 y 22, bebidas con electrolitos, agua, betadine, alcohol y hasta algodón para poder atender a los heridos en los centros asistenciales.

Los indígenas colectaron los cartuchos de las balas y bombas lacrimógenas usadas para reprimir su alcabala.

Tras la arremetida, los pemones detuvieron al general de brigada José Miguel Montoya Rodríguez, comandante zonal de la GN en el estado Bolívar (comando zonal Nº 62), y cuatro oficiales: el teniente de fragata Roselino Jose Leal Contreras, primer teniente Jose Antonio Gómez Sifontes, teniente Grecia del Valle Roque Castillo y el sargento Carlos Alfredo Chirvita Marino.  Permanecen retenidos en Kumaracapay a la espera de un pronunciamiento las autoridades nacionales sobre la arremetida armada contra el pueblo pemón. También retuvieron un rústico chasis largo de la GN y una planta eléctrica portátil.

 

*Vea la nota completa en El Pitazo

Pemones lograron abrir paso vehicular en Santa Elena de Uairén para ayuda humanitaria

PORTANDO ARCOS Y FLECHAS los pemones salieron a las calles en Santa Elena de Uairén para exigirle al ejercito venezolano el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

De acuerdo a la ONG Kapé Kapé, el Ejercito cerró la vía que conecta Venezuela con Brasil, pero indígenas presionaron a las autoridades y lograron abrir el paso vehicular.